Sentencia Social 310/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 189/2023 de 09 de abril del 2025

PRIMERO.- 1.El debate litigioso radica en determinar cómo se calcula la carencia específica de la pensión de jubilación de una trabajadora a tiempo parcial que presentó su solicitud de jubilación el día 2 de diciembre de 2020.

El art. 205.1.b) de la de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS) exige un periodo específico de cotización de dos años dentro de los 15 años anteriores al hecho causante. El art. 247 de la LGSS, en la redacción vigente en la fecha del hecho causante, aplicaba un coeficiente de parcialidad para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las pensiones de jubilación.

En este pleito se discute si debe aplicarse el coeficiente de parcialidad o si debe computarse cada día trabajado a tiempo parcial como un día cotizado.

2.La sentencia del Juzgado de lo Social desestimó la demanda en la que se reclamaba la pensión contributiva de jubilación. La demandante interpuso recurso de suplicación que fue desestimado por la sentencia recurrida, dictada por el TSJ de Castilla y León con sede en Valladolid 1791/2022, de 9 de noviembre (recurso 2548/2021). El TSJ argumenta que las sentencias del TJUE de 8 de mayo de 2019 y del TC 19/2019, de 3 de julio, invocadas por la parte recurrente, no resuelven la controversia litigiosa porque no abordan la controversia relativa al cómputo de los períodos de cotización que son necesarios para el acceso a la pensión de jubilación, que es el objeto del presente litigio. La sentencia recurrida considera que sería contrario a lo dispuesto en el art. 247 de la LGSS transformar o computar el número de días cotizados a tiempo parcial en el mismo número de días a tiempo completo a efectos carenciales.

3.La parte actora interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina con un único motivo en el que denuncia la infracción de los arts. 247.a) y b) y 205.1.b) de la LGSS en relación con el art. 14 de la Constitución Española, del art. 4.1 de la Directiva 79/7/CEE y de los arts. 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como de la jurisprudencia del TJUE que cita. Alega que el art. 247 de la LGSS, en la redacción vigente en la fecha del hecho causante, constituía una discriminación indirecta por razón de sexo. Solicita que se estime íntegramente la demanda.

4.El Ministerio Fiscal informó en contra de la estimación del recurso.

La demandada presentó escrito de impugnación del recurso de casación unificadora en el que solicita la desestimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.En primer lugar, debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 de la LRJS en relación con la sentencia de contraste, dictada por el TSJ de Galicia en fecha 29 de octubre de 2021, recurso 1793/2021.

2.En la sentencia recurrida, en el periodo de 15 años anteriores al hecho causante la actora había cotizado 815 días naturales. Al haber prestado servicios a tiempo parcial, la aplicación del coeficiente de parcialidad supuso que el INSS únicamente le computara 494 días, razón por la cual le denegó la pensión de jubilación porque no reunía la carencia específica de dos años exigida por el art. 205.1.b) de la LGSS. La sentencia recurrida argumenta que el tenor literal del art. 247 de la LGSS, en la redacción vigente en la fecha del hecho causante, impedía computar los días naturales cotizados.

3.En la sentencia referencial, la trabajadora a tiempo parcial había prestado servicios durante 1078 días naturales dentro de los 15 años anteriores al hecho causante. La aplicación del coeficiente de parcialidad hizo que el INSS le computara solamente 291 días a estos efectos, razón por la que le denegó la pensión de jubilación. La sentencia de contraste argumenta que las sentencias del TJUE de 8 de mayo de 2019 y del TC 19/2019, de 3 de julio se refieren al cálculo de la pensión y no a la carencia. Pero ambos tribunales rechazan ese sistema de acceso a las pensiones de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. Por ello, considera que la regla aplicable debe ser la misma que se aplica en el trabajo a tiempo completo: cada día, mes o año cotizado equivale a un día, mes o año de carencia en los mismos términos del trabajo a tiempo completo. El TSJ estima el recurso de la trabajadora y le reconoce el derecho a percibir la pensión de jubilación.

4.Concurre el requisito de contradicción. En ambos pleitos, sendas trabajadoras a tiempo parcial solicitan la pensión contributiva de jubilación por no alcanzar la carencia específica. Se discute el cómputo de los periodos de cotización necesarios para acceder a la pensión de jubilación. Se analizan las sentencias del TJUE de 8 de mayo de 2019 y del TC 19/2019, de 3 de julio en relación con el art. 247 de la LGSS. Las soluciones a las que llegan son diferentes porque la sentencia recurrida niega que se pueda computar el número de días cotizados a tiempo parcial con el mismo número de días a tiempo completo a efectos carenciales, mientras que la sentencia de contraste alcanza la solución contraria.

TERCERO.- 1.El Derecho de la Unión Europea prohíbe la discriminación por razón de sexo. Los arts. 3 y 4.1 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, disponen:

«Art. 3.1. La presente Directiva se aplicará

a) a los regímenes legales que aseguren una protección contra los siguientes riesgos: [...] vejez [...]».

«Art. 4.1. El principio de igualdad de trato supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, en especial con relación al estado matrimonial o familiar, particularmente en lo relativo a:

- el ámbito de aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos [...]».

2.En el Derecho interno, la prohibición de discriminación está regulada en los siguientes preceptos:

A) El art. 14 de la Constitución Española establece: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

B) El art. 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, titulado «[i]ntegración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas», regula el que suele identificarse como principio o canon hermenéutico de perspectiva de género: «La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas».

C) El art. 15 de la citada Ley Orgánica 3/2007, bajo el epígrafe «[t]ransversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres», incardinado en el Título II: «Políticas públicas para la igualdad», dispone que el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos.

3.El art. 247 de la LGSS regula el cómputo de los periodos de cotización de los trabajadores a tiempo parcial.

A) En la redacción inicial, vigente en la fecha del hecho causante, acordaba:

«A efectos de acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación [...] se aplicarán las siguientes reglas:

a) Se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos.

A tal efecto, el coeficiente de parcialidad, que viene determinado por el porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, se aplicará sobre el período de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el número de días que se considerarán efectivamente cotizados en cada período [...]

c) El período mínimo de cotización exigido a los trabajadores a tiempo parcial para cada una de las prestaciones económicas que lo tengan establecido, será el resultado de aplicar al período regulado con carácter general el coeficiente global de parcialidad a que se refiere la letra b).

En los supuestos en que, a efectos del acceso a la correspondiente prestación económica, se exija que parte o la totalidad del período mínimo de cotización exigido esté comprendido en un plazo de tiempo determinado, el coeficiente global de parcialidad se aplicará para fijar el período de cotización exigible. El espacio temporal en el que habrá de estar comprendido el período exigible será, en todo caso, el establecido con carácter general para la respectiva prestación».

B) Con posterioridad al hecho causante, el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, modificó el citado art. 247 de la LGSS, que quedó redactado del siguiente tenor:

«A efectos de acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación [...] se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos».

C) El Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, modificó nuevamente ese precepto:

«1. Para los trabajadores a tiempo parcial, a efectos de acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación [...] se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos [...]».

CUARTO.- 1.La STS 167/2025, de 5 de marzo (rcud 1238/2023) resolvió la misma controversia litigiosa. Reiteramos sus argumentos en esta litis.

A) El cómputo de los periodos de cotización ( art. 247 de la LGSS) y la cuantía de las prestaciones económicas ( art. 248 de la LGSS) están estrechamente relacionados porque la cuantía de la pensión depende, entre otras cosas, de los periodos de cotización que legalmente se requieren para causarlas, hasta el punto de que si no se reúnen esos periodos no se causará derecho a la correspondiente pensión.

B) La sentencia del TC 91/2019 se refiere expresamente a los periodos de cotización. Esa sentencia declara la inconstitucionalidad del coeficiente de parcialidad previsto en la legislación aplicable por razones temporales. Ese coeficiente de parcialidad estaba contemplado no solo en la redacción entonces vigente del art. 248 de la LGSS, sino principalmente en la del art. 247 de la LGSS. La actual redacción de la LGSS intenta acomodarse a la jurisprudencia constitucional eliminando toda referencia al coeficiente de parcialidad no solo en art. 248 de la LGSS, sino también en el art. 247 de la LGSS.

C) La sentencia del TC 91/2019 declaró que la regulación de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial aplicable por razones temporales no se adecuaba al principio de igualdad ante la ley entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial, en perjuicio de estos últimos, por las razones siguientes:

a) La cuantía de la pensión se determina en función de dos factores: la base reguladora y el periodo de cotización, el cual sirve a su vez para fijar un porcentaje sobre la base reguladora, con el que se obtiene el importe a cobrar.

La base reguladora salvaguarda el principio de proporcionalidad entre trabajadores a tiempo completo y parcial, pues de acuerdo con el tiempo efectivamente trabajado se obtiene una retribución acorde, y a su vez conforme a esa cantidad se han ido practicando las correspondientes cotizaciones al sistema de seguridad social, materializándose su contribución al mismo.

b) No sucede así con el cálculo del periodo de cotización. En los trabajadores a tiempo completo, el tiempo se computa por años y meses de cotización, sin practicar sobre ellos ningún coeficiente o fórmula reductora. Para los trabajadores a tiempo parcial, en cambio, se prevé una reducción del periodo de cotización.

Con ese método de cálculo, el periodo de cotización para un trabajador a tiempo parcial no se corresponderá con el que de manera natural deriva de los meses y años materialmente cotizados por él durante el tiempo de sus contratos en alta, a diferencia de lo que sí sucede con los trabajadores a tiempo completo.

De ello se deriva una diferencia de trato en la fijación del periodo de cotización, para unos de manera natural, en función del tiempo real (trabajadores a tiempo completo) y para otros artificialmente a partir de un valor reductor (trabajadores a tiempo parcial), sino que el método así implementado castiga, sobre todo, a los trabajadores con menos porcentaje de parcialidad a lo largo de su vida laboral, esto es, a quienes conforman el eslabón más débil del mercado de trabajo.

c) La exposición de motivos del Real Decreto-ley 11/2013, que introdujo la regla de cálculo cuestionada, no permite hallar una justificación objetiva y razonable de esta diferenciación.

Los principios de contribución al sistema, proporcionalidad y equidad, ya están salvaguardados con el método de cálculo de la base reguladora (a partir de la base de cotización) y no dejan de estarlo porque el trabajador a tiempo parcial vea reconocido todo el tiempo de cotización de sus contratos en alta.

d) La obligación de cotizar nace desde el momento de iniciación de la actividad correspondiente. Dicha obligación se mantiene por todo el periodo en que el trabajador esté en alta en el régimen general o preste sus servicios, aunque estos revistan carácter discontinuo.

Si la obligación de cotizar y con ello su repercusión contributiva en el sistema de previsión social, se mantiene desde el principio y durante toda la vida laboral del trabajador a tiempo completo o parcial, resulta contrario a los propios principios de dicho sistema que se desconozca en parte el tiempo de cotización solo para este último colectivo de trabajadores, restándoselo del periodo real de cotización para fijar la cuantía de su jubilación.

En definitiva, falta el primero de los requisitos exigibles para una desigualdad de trato constitucionalmente admisible, su justificación objetiva y razonable. Además, se rompe también con la proporcionalidad desde el momento en el que, a una reducción razonable de la base reguladora para el trabajador a tiempo parcial en función de su menor base de cotización, añade una reducción también del periodo de cotización para fijar la cuantía de la prestación (porcentaje sobre la base), lo que no se hace con el trabajador a tiempo completo.

En la redacción de la LGSS aplicable por razones temporales, los periodos trabajados a tiempo parcial no se computan completos, sino en proporción a la parcialidad, en función del porcentaje que representa la jornada realizada a tiempo parcial en relación con la realizada por un trabajador a tiempo completo (el coeficiente de parcialidad). Por lo tanto, no se toma en cuenta la totalidad del periodo de alta en la Seguridad Social, como acontece con los trabajadores a tiempo completo, y los días cotizados se reducen como consecuencia de la aplicación del coeficiente de parcialidad.

e) Además, se trataba de una discriminación indirecta por razón de sexo prohibida por el art. 14 de la Constitución Española.

No está justificado que se establezca una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial, no ya en cuanto a la reducción de la base reguladora para el trabajador a tiempo parcial en función de su menor base de cotización, sino en cuanto a la reducción adicional derivada de la aplicación del coeficiente de parcialidad. Este coeficiente reduce el número efectivo de días cotizados, diferenciación que no solo conduce a un resultado perjudicial en el disfrute de la protección de la Seguridad Social para los trabajadores contratados a tiempo parcial, sino que, además, supone, conforme ha declarado la jurisprudencia constitucional, una discriminación indirecta por razón de sexo.

D) La mentada STS 167/2025, de 5 de marzo (rcud 1238/2023) estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina, casó y anuló la sentencia recurrida, que había aplicado el coeficiente de parcialidad, y confirmó la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, que había reconocido el derecho a percibir la pensión de jubilación computando los días naturales de prestación de servicios de la trabajadora a tiempo parcial.

2.La aplicación de la citada doctrina a la presente litis, por unos elementales principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, obliga a reconocer el derecho de la actora a percibir la pensión de jubilación porque la aplicación del coeficiente de parcialidad constituiría una discriminación indirecta que vulneraría el art. 4.1 de la Directiva 79/7/CEE, el art. 14 de la Constitución Española y los arts. 4 y 15 de la Ley Orgánica 3/2007. La demandante ha acreditado 815 días cotizados en los últimos 15 años anteriores el hecho causante de la pensión de jubilación, por lo que debemos aplicar el principio de interpretación conforme del Derecho interno con el Derecho de la Unión Europea y declarar que la actora reúne la carencia específica y tiene derecho a percibir la pensión de jubilación.

QUINTO.-Los anteriores argumentos obligan, oído el Ministerio Fiscal, a estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina, casar y anular la sentencia recurrida y resolver el recurso de suplicación interpuesto por la parte actora en el sentido de estimar el recurso de tal clase, revocar la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, estimar la demanda interpuesta por Dª Lourdes contra el INSS y la TGSS y reconocer el derecho de la actora a percibir la pensión de jubilación. Sin condena al pago de costas ( art. 235 de la LRJS) .