Sentencia Social 349/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2798/2024 de 09 de abril del 2026

PRIMERO. Cuestión planteada, sentencia recurrida y el recurso de casación para la unificación de doctrina.

1.La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina es si, para declarar la situación de gran invalidez (tras la Ley 2/2025, de 29 de abril, denominada gran incapacidad) por ceguera, debe aplicarse la tesis «objetiva» o, por el contrario, la tesis «subjetiva.»

2.El actor es vendedor de cupones de la ONCE. Solicitó la incapacidad permanente, que le fue denegada por el INSS por no alcanzar las lesiones que padece un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral. En 2022, la agudeza visual del actor corregida era de 0,05 en ambos ojos.

El actor interpuso demanda, que fue estimada por la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Valladolid de 6 de marzo de 2023 (autos 449/2022), que le declaró en situación de gran invalidez.

3.El INSS interpuso recurso de suplicación contra la sentencia del juzgado de lo social.

La sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, sede de Valladolid, 15 de abril de 2024 (rec. 864/2023), desestimó el recurso y confirmó la sentencia del juzgado de lo social.

La sentencia parte de la premisa de que, aunque la patología visual del actor le permite acceder a la vida laboral, la doctrina de la Sala IV del TS (sentencias 3 de marzo de 2014, 10 de febrero de 2015 y de 20 de abril de 2016) mantiene que «la persona ciega es tributaria del grado gran invalidez.»

4.El INSS ha interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, sede de Valladolid, 15 de abril de 2024 (rec. 864/2023).

El recurso invoca de contraste la STS 368/2023, de 23 de marzo (rcud 1597/2020), y denuncia la infracción del artículo 194.6 LGSS, en la redacción dada por su disposición transitoria vigesimosexta.

5.Partiendo de la existencia de contradicción entre las sentencias comparadas, el Ministerio Fiscal interesa en su informe la estimación del recurso.

6.El actor ha impugnado el recurso solicitando su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida o, en su defecto, que se declare al actor afecto de una incapacidad permanente absoluta.

SEGUNDO. El examen de la contradicción.

1.Debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el artículo 219.1 LRJS en relación con la sentencia de contraste, la STS 368/2023, de 23 de marzo (rcud 1597/2020).

2.Apreciamos, en coincidencia con lo informado por el Ministerio Fiscal, que existe contradicción entre las sentencias comparadas.

En efecto, en ambas sentencias los demandantes padecen sendas agudezas visuales bilaterales inferiores a 0,1. Los fundamentos y las pretensiones son las mismas: que se reconozca la pensión de gran incapacidad por padecer ceguera. En ninguna de ellas se ha acreditado la necesidad real y en el caso concreto de la asistencia de tercera persona para los actos más esenciales de la vida. La sentencia recurrida reconoce el derecho a percibir la pensión de gran incapacidad y la de contraste la deniega. En mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se han dictado pronunciamientos contradictorios que deben ser unificados.

TERCERO. Las sentencias del Pleno de la sala 4ª de Tribunal Supremo 199/2023, de 16 de marzo (rcud 3980/2019 ) y 200/2023, de 16 de marzo (rcud 1766/2020 ); la tesis «subjetiva.»

1.Rectificando anterior doctrina, las sentencias del Pleno de esta Sala IV 199/2023, de 16 de marzo (rcud 3980/2019), y 200/2023, de 16 de marzo (rcud 1766/2020), han sentado el criterio de que, para declarar la situación de gran invalidez por ceguera, debe aplicarse la tesis «subjetiva» y no la «objetiva.»

Sin embargo, la sentencia recurrida en el presente recurso sigue la tesis objetiva y no la subjetiva.

La doctrina «subjetiva» de la Sala IV ha sido aplicada, entre otras, por las SSTS 230/2023, de 29 de marzo (rcud 936/2020); 471/2023, de 4 de julio (rcud 2276/2020); 513/2023, de 17 de julio (rcud 4136/2020); 560/2023, de 26 de mayo (rcud 2605/2020); 200/2023, de 16 de marzo (rcud 1766/2020); y 727/2023, de 10 de octubre (rcud 2902/2020), sentencia esta última que cita todas las sentencias recaídas a partir de las SSTS 199/2023, de 16 de marzo (rcud 3980/2019).

Posteriormente, cabe citar las SSTS 1178/2023, de 19 de diciembre (rcud 2792/2020); 1224/2023, de 21 de diciembre (rcud 757/2021); 1234/2023, de 21 de diciembre (rcud 3214/2021); 1250/2023, de 21 de diciembre (rcud 1131/2022); 65/2024, de 17 de enero (rcud 114/2021); 156/2024, de 26 de enero ( 639/2021); 287/2024, de 14 de febrero (rcud 758/2021); 360/2024, de 23 de febrero (rcud 636/2022); 361/2024, de 23 de febrero (rcud 636/2022); 568/2024, de 25 de abril (rcud 1421/2021); 569/2024, de 25 de abril (rcud 2663/2021); 571/2024, de 25 de abril (rcud 4357/2021); 573/2024, de 25 de abril (rcud 1475/2022); y, en fin, entre las últimas, y entre muchas, las SSTS 727/2025, de 16 de julio (rcud 5073/2023), en la que se invocaba la misma sentencia de contraste que ahora se esgrime y 1000/2025, de 21 de octubre (rcud 3845/2023).

2.Lógicamente, la doctrina «subjetiva» debe aplicarse también en el presente caso, lo que inevitablemente conduce a la estimación del recurso y a la casación y anulación de la sentencia recurrida, toda vez que esta sentencia aplica la tesis «objetiva» en un supuesto en que no se ha probado que el actor necesite la ayuda de una tercera persona para las actividades básicas de la vida diaria.

El artículo 135.6 del Decreto 907/1966, de 21 de abril, que aprobó el texto articulado de la Ley sobre Bases de la Seguridad Social, estableció:

«Se entenderá por gran invalidez la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente absoluta y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.»

Esa definición de la gran invalidez se mantuvo en las sucesivas LGSS. La Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, reformó el artículo 137 de la LGSS de 1994. Su apartado 3 establecía:

«La lista de enfermedades, la valoración de las mismas, a efectos de la reducción de la capacidad de trabajo, y la determinación de los distintos grados de incapacidad, así como el régimen de incompatibilidades de los mismos, serán objeto de desarrollo reglamentario por el Gobierno, previo informe del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.»

Ese desarrollo reglamentario no se ha llevado a cabo.

En la actualidad, el artículo 194.6 de la vigente LGSS de 2015, aplicable de conformidad con la disposición transitoria vigesimosexta, establece:

«Se entenderá por gran invalidez la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.»

3.Las citadas sentencias del Pleno de esta Sala IV 199/2023, de 16 de marzo (rcud 3980/2019), y 200/2023, de 16 de marzo (rcud 1766/2020), explican que, en los recursos de casación unificadora en los que se discute si las dolencias de una persona alcanzan una gravedad que justifica el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente, este tribunal ha adoptado como regla general la tesis subjetiva, considerando que el reconocimiento de la pensión depende de las circunstancias del caso concreto. Una misma enfermedad puede producir efectos muy diferentes de unos a otros individuos, en función de cuáles sean sus factores personales, tanto los psíquicos como los físicos.

Por el contrario, respecto de las pensiones de gran invalidez por discapacidad visual, la doctrina jurisprudencial había adoptado la tesis objetiva. La STS 930/2022, de 23 de noviembre (rcud 3121/2019) compendia la doctrina jurisprudencial sobre la gran invalidez por discapacidad visual, explicando que esta sala se había inclinado por una solución «objetiva» y no «subjetiva». El concepto de ceguera legal supone «una visión inferior en ambos ojos a 0,1; "este Tribunal ha considerado que cuando la agudeza visual es inferior a 0,1 en ambos ojos (a 1/10 en la escala de Wecker) en la práctica ello significa una ceguera. A partir de ello, hemos considerado que la persona que la padece requiere la colaboración de un tercero para la realización de actividades esenciales en la vida, por lo que debe reconocerse la pensión de gran invalidez».

Si antes de la afiliación al sistema de la Seguridad Social la agudeza visual era ya inferior en ambos ojos al 0,1, esta agudeza visual, aunque empeore, no era acreedora de la gran invalidez, porque ya antes de la afiliación al sistema se requería la asistencia de otra persona desde esa solución «objetiva» y no «subjetiva» a la que ya se ha hecho referencia.

Pero, si en el momento de la afiliación al sistema de la Seguridad Social la agudeza visual era 0,1 (y no inferior a 0,1), no se podía entender que ya entonces se necesitaba «objetivamente» la asistencia de esa tercera persona, de manera que si, posteriormente, la agudeza visual empeoraba y pasaba a ser inferior a 0,1, sí era posible reconocer la situación de gran invalidez.

4.Las precitadas sentencias del Pleno de esta Sala IV 199/2023, de 16 de marzo (rcud 3980/2019), y 200/2023, de 16 de marzo (rcud 1766/2020), rectificaron esa doctrina jurisprudencial.

Como argumenta la STS 200/2023, de 16 de marzo (rcud 1766/2020), «con la finalidad de delimitar el ámbito subjetivo de las personas que tienen derecho a afiliarse a la ONCE o que pueden beneficiarse de ayudas específicas, el ordenamiento jurídico ha exigido unas concretas cifras de pérdida de agudeza visual o de campo visual.

Sin embargo, la pensión de gran invalidez tiene una naturaleza distinta, lo que impide aplicar automáticamente esa concreta cifra de pérdida de agudeza visual o de campo visual al reconocimiento de dicha pensión.

En efecto, constreñir el reconocimiento de la pensión de gran invalidez a una concreta cifra de pérdida de agudeza visual o de disminución del campo visual constituye una simplificación que puede conducir a resultados erróneos.»

En consecuencia, esta Sala sostuvo que «el reconocimiento de la pensión de gran invalidez a personas aquejadas de deficiencia visual exige valorar una pluralidad de circunstancias:

a) No es lo mismo la pérdida del campo visual central que del campo visual periférico.

b) Es necesario tener en cuenta las condiciones intelectuales y volitivas del solicitante de la pensión, que pueden facilitar o dificultar la adaptación personal a la pérdida de agudeza visual.

c) Es importante la edad a la que se sufrió la pérdida de la agudeza visual. La capacidad de adaptación a las limitaciones está en relación inversa a la edad.

d) Deben valorarse también las restantes dolencias del solicitante de la pensión...»

Por ello, «[l]a gran invalidez, además de la incapacidad para el trabajo, exige valorar la aptitud de cada persona, a fin de determinar si efectivamente necesita la asistencia de otro para los actos más esenciales de la vida. Con la finalidad de precisar la aptitud vital de cada individuo, la disminución de la agudeza visual no puede examinarse aisladamente, soslayando las restantes circunstancias personales del solicitante de la pensión. Con la misma disminución de la agudeza visual, hay personas que sufren unas limitaciones vitales mayores que otras.

Sin obviar el dato relativo a cuál es la agudeza visual y la disminución del campo visual del solicitante de la pensión, que deben tenerse en cuenta a estos efectos, el reconocimiento de la gran invalidez exige que se acredite si el solicitante de la pensión, por sus condiciones personales, efectivamente puede realizar los actos más esenciales de la vida sin ayuda de terceros, lo que deberá determinarse en cada caso concreto, valorando el conjunto de las pruebas practicadas.»

En resumen, este tribunal sostiene que «debemos aplicar la tesis subjetiva a todas las pensiones de incapacidad permanente: el reconocimiento de la pensión dependerá de las circunstancias de cada caso concreto, debiendo valorar individualizadamente las concretas patologías y limitaciones anatómicas o funcionales de cada uno los demandantes».

5.Como aplica la tesis objetiva y no la subjetiva, en un supuesto en que no se ha probado que el actor necesite la ayuda de una tercera persona para las actividades básicas de la vida diaria, la sentencia recurrida no se ajusta a la doctrina de esta Sala IV, razón por la cual el recurso de casación del INSS debe ser estimado y aquella sentencia casada y anulada.

CUARTO. La estimación del recurso de casación para la unificación de doctrina

1.De acuerdo con lo razonado, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede: estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina; casar y anular la sentencia recurrida; y, resolviendo el debate de suplicación, estimar el recurso de tal clase interpuesto por el INSS, revocar la sentencia del juzgado de lo social y desestimar la demanda del actor.

2.Sin costas ( artículo 235.1 LRJS) .