Sentencia Social 90/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2383/2019 de 01 de febrero del 2023

PRIMERO.- 1. El debate casacional suscitado por la parte actora (personal laboral de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que presta servicios como profesora de religión católica) recurrente en unificación consistirá en determinar desde cuándo debe computarse el efecto interrruptivo del procedimiento de conciliación-mediación de conflicto colectivo sobre aquellas acciones individuales que versan sobre el mismo objeto, y que se han ejercitado con posterioridad a la sentencia de conflicto, en orden al reconocimiento del derecho al cobro de las cantidades reclamadas correspondientes al complemento específico de formación permanente (sexenios).

La sentencia impugnada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 10 de abril de 2019, RS. 166/2019, entiende que debe aplicarse el plazo de prescripción de 1 año anterior a la reclamación previa planteada para la demanda individual, porque esta acción se ejercitó con posterioridad a la sentencia colectiva, estimando correlativamente el recurso de suplicación de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, y en consecuencia revoca la sentencia de instancia, confirmando en su lugar la resolución administrativa recurrida.

2. El Ministerio Fiscal argumenta la existencia del presupuesto de contradicción y la procedencia del recurso, atendido que la demanda de conflicto colectivo se presentó el 26 de agosto de 2016, interrumpiendo la prescripción de acciones de reclamación de cantidad -la actora podía reclamar las cantidades adeudadas desde un año anterior a esa fecha de iniciación de procedimiento de conciliación/mediación ante el SERLA, es decir, desde el 26 de agosto de 2015-, y dicha interrupción se mantuvo hasta la firmeza de la sentencia del proceso de impugnación de convenio colectivo (16 de marzo de 2017), de manera que siendo la reclamación de fecha 16 de abril de 2017, esto es, sin haber transcurrido un año desde la citada sentencia, tiene derecho al abono de las cantidades peticionadas que se encuentran comprendidas a partir del 25 agosto de 2015, pues las mismas no han prescrito.

La Letrada de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la representación que de la misma ostenta, formaliza escrito de impugnación al recurso y argumenta su desestimación, entendiendo plenamente acertada la sentencia recurrida cuando atiende a la fecha de la reclamación individual siguiendo lo expresamente resuelto en la dictada en el conflicto colectivo 1/2017.

SEGUNDO.- 1. En ese marco de debate, deberá examinarse con carácter prioritario el cumplimiento del presupuesto de contradicción preceptuado en el art. 219 LRJS. Esta norma y la jurisprudencia perfilan la necesidad de que converja una igualdad "esencial", sin que por lo tanto medie diferencia alguna que permita concluir que, a pesar de la contraposición de pronunciamientos en las sentencias contrastadas, ambos puedan resultar igualmente ajustados a Derecho y que por ello no proceda unificar la doctrina sentada. Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales. Entre otras muchas, recuerdan esta doctrina las SSTS de fechas 15.11.2022, rcud 3036/2019, 23.11.2022, rcud 1306/2019 o de 30.11.2022, rcud 3800/2021.

La sentencia referencial, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 7 de febrero de 2019 (R. 2008/2018), enjuició la misma cuestión deducida por otro trabajador reclamando igual derecho al devengo y abono del complemento específico para la formación permanente (sexenio) de los profesores de religión que imparten docencia en centros públicos de educación no universitaria de la Comunidad de Castilla y León, con apoyo en idéntica sentencia colectiva (de 16 de marzo de 2017).

Allí se aplica el criterio de la propia Sala plasmado en resoluciones previas sobre análoga cuestión, atendiendo a lo dispuesto en el art. 160.6 LRJS, que establece que la iniciación del proceso de conflicto colectivo interrumpirá la prescripción de las acciones individuales planteadas con el mismo objeto o en relación directa de conexidad con aquél, e interpretando el reconocimiento de los efectos retroactivos de 1 año desde el inicio del procedimiento de conciliación-mediación ante el SERLA, y no desde la reclamación previa a la demanda individual, porque se trata de una ley especial cuya aplicación prima sobre la norma general del art. 1973 del Código Civil.

2. En ambos casos la reclamación de los trabajadores -reconocimiento de determinados períodos por el devengo del complemento específico para la formación permanente (sexenios)- se basa en el fallo recaído en la misma sentencia de conflicto colectivo y, en los dos la demanda individual se presenta una vez dictada la colectiva. Además, el debate en las sentencias sujetas a comparación es similar, girando en torno a la determinación del plazo de interrupción de la prescripción. Sin embargo, los fallos alcanzados se evidencian contradictorios, pues mientras que la recurrida entiende que el plazo debe ser el del año anterior a la reclamación individual, la referencial razona que dicho plazo de un año es el inmediatamente anterior a la iniciación del procedimiento de conflicto colectivo (conciliación-mediación ante el SERLA).

Resulta, en consecuencia, superado el presupuesto de identidad que exige aquel art. 219 LRJS.

TERCERO.- 1. Denuncia la parte recurrente una aplicación errónea del art.1973 del Código Civil, del art. 160 de la LRJS y del art. 59 del Estatuto de los Trabajadores. Subraya que el hecho de haber iniciado la acción a posteriori de haberse dictado la sentencia de conflicto colectivo no influye en sentido negativo a la interrupción de la prescripción. Postula así el abono del periodo correspondiente desde agosto de 2015 hasta marzo de 2016 (ambos inclusive) en la cuantía de 1.908,40 euros (tal y como se puso de manifiesto en el acto de la vista y se recoge en el pronunciamiento de la sentencia del juzgado de lo social).

La resolución recurrida, revocando la del juzgado de lo social y con sustento en el art. 59.1 del ET y la doctrina y jurisprudencia que relaciona, asevera que la retroactividad debe de ser la del año anterior a la reclamación previa, instada con posterioridad a dictarse la sentencia que resuelve el conflicto.

2. El núcleo debatido en casación unificadora ha sido enjuiciado por esta Sala IV en precedentes y reiterados pronunciamientos, entre otros en SSTS de 16 de marzo de 2021, rcud 126/2019, 1907/2019, 2165/2019, 2384/2019, 2411/2019, 2510/2019, 2552/2019, 21 de septiembre de 2021, rcud 2115/2019, 25 de noviembre de 2021, rcud 1700/2019, 24 de mayo de 2022, rcud 2254/2019, 27 de septiembre de 2022, rcud 1582/2019 o de 4 de octubre de 2022, rcud 2913/2019), en los que se ha recordado la naturaleza y el régimen jurídico de la prescripción de las acciones, cuyo fundamento estriba en la necesidad de dar certeza a situaciones controvertidas y garantizar la seguridad jurídica, "mediante el establecimiento de un plazo temporal cuyo transcurso permite considerar la presunción de abandono del derecho que supone la inacción de los acreedores que no ejercitan en derecho de crédito del que son titulares, siendo su cómputo el marcado en los arts. 1969 y 1973 del CC. Los efectos de este último precepto, en orden al ejercicio de las acciones por los sujetos colectivos, como los representantes de los trabajadores en la legitimación que les otorga la LRJS, el art. 160 de la misma, en su apartado 6 dispone que el mero inicio del proceso de conflicto colectivo genera el efecto jurídico de interrumpir la prescripción de las acciones individuales con el mismo objeto del conflicto."

Respecto del régimen de interrupción de la prescripción de las acciones individuales por el proceso de conflicto colectivo, cuando uno y otro mantengan el mismo objeto, dicha doctrina entiende que "la tramitación de un proceso de conflicto colectivo no solo paraliza los procedimientos individuales ya iniciados sobre el mismo objeto, sino que sirve para interrumpir la prescripción de las acciones pendientes de ejercitar ( SSTS 25/03/92 -rcud 3441/89; 21/10/98 -rcud 4788/97-; ... 11/02/14 -rco 82/12-; ... y 18/12/14 -rcud 2802/13-), pudiendo afirmarse en justificación de ello que "... los efectos que, sobre el invocado instituto de la prescripción, pudiera tener el hecho de la tramitación de los referidos procesos de conflicto colectivo exige la toma en consideración de la especial naturaleza de éstos, en cuanto afectan a intereses comunes de un grupo genérico de trabajadores por versar sobre la interpretación y alcance de una norma a ellos atinente". Ello implica que, de conformidad con el art. 1971 del CC, en relación con el art. 160.5 de la LRJS, "la acción individual para reclamar, interrumpido su plazo por la presentación del conflicto colectivo, está sujeta a un renovado periodo anual (conforme al artículo 59.2 ET), que comienza a discurrir en cuanto alcanza firmeza la previa sentencia de conflicto colectivo".

También se ha otorgado respuesta a la invocación de la STS de 21 de abril de 2016, a la que acude la sentencia recurrida para fundamentar su fallo, señalando la divergencia respecto de la cuestión allí debatida: determinar si, la equiparación existente en la correspondiente Comunidad Autónoma (en el caso, el Principado de Asturias) entre los profesores de religión católica y los profesores funcionarios interinos, comporta el que los primeros tengan derecho al percibo de los denominados "sexenios" en función de los años de servicio y por las actividades de formación efectuadas". Es decir, se cuestionaba el propio derecho a percibir el complemento, no su alcance temporal. En segundo lugar, la sentencia estima la petición de la trabajadora en sus propios términos. En tercer lugar, lo que resulta decisivo, allí no estamos en presencia de una reclamación subsiguiente a una sentencia firme de conflicto colectivo.

Por todo ello, la referencia a que "le sean abonadas las cantidades correspondientes desde el año anterior a la fecha de sus respectivas reclamaciones previas" surge en un contexto bien diverso al presente tanto por lo reclamado cuanto por los antecedentes procesales. Dicho abiertamente: el tema nuclear de nuestro caso no aparece abordado en la sentencia de 2016.

3. Los principios de seguridad jurídica e igualdad imponen trasladar la doctrina transcrita al presente litigio, al no existir elementos divergentes que justifiquen una solución distinta. Así, tampoco en este supuesto ha transcurrido el plazo de un año entre el dictado de la sentencia firme que interrumpe la prescripción (16 de marzo de 2017) y la fecha en que se planteó la reclamación individual (16 de abril de 2017), circunstancia que determina el derecho de la parte demandante al percibo de lo reclamado desde el mes de agosto de 2015, año anterior al planteamiento de la acción colectiva, que es lo que, con carácter subsidiario había peticionado y fue acogido en la sentencia de instancia.

CUARTO.- 1. Lo anteriormente razonado, de conformidad con el postulado del Ministerio Fiscal, conduce a la estimación del recurso unificador, casando y anulando la sentencia recurrida para desestimar el de suplicación formulado por la Consejería demandada y confirmar la resolución dictada por el Juzgado de lo social.

Respecto del contenido de esta última cabe advertir que la misma desestimó la petición principal de la parte actora -que ya no ha sido reiterada en fase de recurso-, y con relación la aplicación del art. 29 ET en materia de intereses moratorios, argumentó que "toda vez que nos hallamos ante una cuestión ciertamente controvertida, debiendo estarse a la regla del art. 576 de la LEC.", sin que conste tampoco su cuestionamiento y desarrollo por la anterior. Ello a diferencia de lo acontecido en STS 21.11.2022, rcud 4060/2019, en el que la arquitectura del recurso resultó comprensiva de esa cuestión, cumplimentando los pertinentes requisitos procesales y así la doctrina contradictoria que facultó la unificación.

2. No procede la condena en costas respecto de la casación, pero sí en suplicación para la administración demandada entonces recurrente en cuantía de 800 euros (en virtud de lo establecido en el art. 235 de la LRJS en relación con su art. 228).