Sentencia Social 1046/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2314/2021 de 11 de septiembre del 2024

PRIMERO. Cuestión planteada y la sentencia recurrida.

1. La cuestión que se plantea en el presente recurso es cual debe ser la base reguladora en los supuestos de recaída de incapacidad temporal, y, en concreto, si debe ser la del mes anterior y no la del primer proceso de incapacidad temporal.

2. El actor -parte recurrente en el actual recurso- estuvo en situación de incapacidad temporal desde el 24 de mayo al 8 de noviembre de 2016, fecha esta última en la que fue dado de alta médica. Pero el 9 de marzo de 2017 tuvo una recaída y volvió a la situación de incapacidad temporal en la que estuvo hasta el 6 de diciembre de 2017.

Por resolución de 8 de junio de 2018, el INSS declaró que los dos procesos de incapacidad temporal tenían carácter de enfermedad común y determinó como responsable de la prestación económica por incapacidad temporal a la Mutua Fremap, que debe hacerse cargo de la prestación hasta el 8 de noviembre de 2016 y 6 de diciembre de 2017.

3. El actor interpuso demanda.

La demanda fue estimada por la sentencia del Juzgado de Refuerzo de lo Social de Tarragona 92/2020, de 12 de marzo (autos 399/2018).

La sentencia revocó la resolución del INSS y declaró que los procesos de incapacidad temporal de 24 de mayo al 8 de noviembre de 2016 y de 9 de marzo al 6 de diciembre de 2017 tienen carácter de accidente de trabajo, y que el proceso de incapacidad temporal de 9 de marzo de 2017 es recaída del proceso de incapacidad temporal de 24 de mayo de 2016.

4. La Mutua Fremap interpuso recurso de suplicación contra la sentencia del juzgado de lo social.

En lo que importa aquí recoger, en su recurso de suplicación, la mutua sostuvo que, si bien la base reguladora del proceso de incapacidad temporal de 8 de noviembre de 2016 sí era de 2.703,33 euros, la base reguladora del proceso de incapacidad temporal de 9 de marzo de 2017 debía ser de 1.597,18 euros (y no de 2.703,33 euros).

La sentencia de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña 1820/2021, de 29 de marzo (rec. 147/2021), desestimó el recurso.

El TSJ confirmó que se trataba de un supuesto legal de recaída del artículo 169.2 LGSS, al tratarse de similar patología dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior.

SEGUNDO. El recurso de casación para la unificación de doctrina, su impugnación, el informe del Ministerio Fiscal y el examen de la contradicción.

1. La Mutua Fremap ha interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la sala de lo social del TSJ de Cataluña 1820/2021, de 29 de marzo (rec. 147/2021).

El recurso invoca de contraste la STS 12 de julio de 2007 (rcud 5448/2005), y denuncia la infracción de los artículos 129 y 131 bis.2 LGSS de 1994 (actuales artículos 171 y 174 LGSS de 2015), en relación con el artículo 13 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la Ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social, y el artículo 9.1 de la Orden de 13 de octubre de 1967, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de la prestación por incapacidad temporal transitoria en el Régimen General de la Seguridad Social, así como de la doctrina jurisprudencial en esta materia.

El recurso solicita la casación y anulación de la sentencia recurrida y que se estime el recurso de suplicación interpuesto por Fremap, en cuanto a la fórmula del cálculo de la base reguladora durante la recaída.

2. El recurso ha sido impugnado por el INSS.

El actor no ha presentado escrito de impugnación del recurso.

3. Partiendo de la existencia de contradicción entre las sentencias comparadas, el Ministerio Fiscal interesa en su informe la estimación del recurso.

4. Apreciamos, en coincidencia con lo informado por el Ministerio Fiscal, la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste, la STS 12 de julio de 2007 (rcud 5448/2005).

En efecto, en relación con los hechos, en ambas sentencias se está en presencia de trabajadores que inician un proceso de incapacidad temporal, siendo dados de alta y que inician un nuevo proceso de incapacidad temporal antes de transcurridos seis meses del anterior proceso, siendo en los dos casos considerado el segundo proceso "recaída" del anterior. Respecto las pretensiones, en ambas sentencias se pretende que se reconozca la base reguladora del segundo proceso de incapacidad temporal conforme a las cotizaciones del mes anterior a dicho segundo proceso. Y, en fin, en relación con los fundamentos, ambas sentencias se refieren a la Orden de 13 de octubre de 1967, para examinar cómo debe determinarse la base reguladora del segundo proceso de incapacidad temporal cuando es recaída de un proceso anterior.

Y, con estas semejanzas, así como en la sentencia recurrida se considera que al existir una recaída la base reguladora del segundo proceso de incapacidad temporal debe ser la reconocida en el anterior proceso, por el contrario, la sentencia referencial declara que ello no debe ser así, sino que habrá que estar a las cotizaciones que existen en relación con el segundo proceso de incapacidad temporal.

TERCERO. La base reguladora en los supuestos de recaída de incapacidad temporal.

1. Según hemos adelantado, la cuestión que tenemos que resolver es cual debe ser la base reguladora en los supuestos de recaída de incapacidad temporal, y, en concreto, si debe ser la del mes anterior y no la del primer proceso de incapacidad temporal.

2. La doctrina correcta es la de la sentencia de contraste, la STS 12 de julio de 2007 (rcud 5448/2005), que es precisamente la sentencia referencial en el presente recurso.

Examinado los mismos preceptos cuya infracción denuncia el actual recurso de casación unificadora ( artículos 129 y 131 bis.2 LGSS de 1994 -actuales artículos 171 y 174 LGSS de 2015-, en relación con el artículo 13 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, y el artículo 9.1 de la Orden de 13 de octubre de 1967), aquella sentencia sigue y reproduce la anterior STS 2 de octubre de 2003 (rcud 3605/2002).

3. La doctrina de las SSTS 2 de octubre de 2003 (rcud 3605/2002) y 12 de julio de 2007 (rcud 5448/2005) es la siguiente:

"si partimos de la naturaleza contributiva de (la) prestación (de incapacidad temporal) y de la finalidad de este subsidio, que no es otra que la de suplir (con aquella prestación) la falta de rentas derivada de una situación de baja laboral, la solución lógica a la situación planteada no puede ser otra que la de entender que la prestación ha de estar conectada con la situación más próxima a la de la última baja, que es además el período más próximo por el que se ha cotizado. Este es el criterio que ha seguido esta Sala cuando ha dicho, en situación distinta pero parangonable con la aquí planteada, que, a partir de la normativa aplicable a esta prestación no se puede sostener que una recaída después de trabajar menos de seis meses dé derecho a la prestación que se tenía, pues, al contrario, una recaída supone el inicio de una nueva situación que determinará la aplicación del régimen jurídico que en ese momento corresponda - SSTS 24-11-1998 (Rec.- 1206/98) y 18-2-1999 (Rec.-1587/98) contemplando supuestos en los que el trabajador no reunía la carencia necesaria cuando inició la I.T. y sí que la tenía cuando se produjo la recaída. Esta nueva situación es la que determina, en consecuencia, el reconocimiento del derecho y la cuantía del mismo, lo que significa que, a salvo lo previsto, en cuanto a su duración en el ... artículo 9 (de la Orden de 13 de octubre de 1967), es en el momento de la recaída en el que habrá que volver a calcular la base reguladora de la prestación en atención a las circunstancias concurrentes en ese momento de conformidad con las previsiones generales del artículo 129 LGSS y artículo 13 del Decreto de 1972."

La STS 2 de octubre de 2003 (rcud 3605/2002) añade que "es esta interpretación la que se desprende de los preceptos citados y la que cumple, según se ha dicho, la finalidad perseguida por tales preceptos, y es así como se mantiene la adecuada proporción entre cotización y pensión, evitando, por otra parte, que se produzca una situación totalmente rechazable en cualquier tipo de aseguramiento, cual es que un asegurado pueda percibir ante cualquier situación de baja laboral satisfacción económica superior a la que le correspondería de no haberse producido la misma."

La STS 6 de julio de 2006 (rcud 510/2005), aunque resuelve una cuestión distinta, reproduce la STS 2 de octubre de 2003 (rcud 3605/2002).

4. Las SSTS 2 de octubre de 2003 (rcud 3605/2002) y 12 de julio de 2007 (rcud 5448/2005), tienen en cuenta el artículo 13 del Decreto 1646/1972 y el artículo 9 de la Orden de 13 de octubre de 1967.

El artículo 13 del Decreto 1646/1972 establece que "la base reguladora para el cálculo de la cuantía del subsidio de incapacidad laboral transitoria será el resultado de dividir el importe de la base de cotización del trabajador, ... , en el mes anterior al de la fecha de iniciación de la situación de incapacidad..."

Por su parte, el párrafo segundo del artículo 9 de la Orden de 13 de octubre de 1967 dispone que "si el proceso de incapacidad laboral transitoria se viere interrumpido por períodos de actividad laboral por un tiempo superior a seis meses, se iniciará otro nuevo, aunque se trate de la misma o similar enfermedad."

Las mencionadas SSTS 2 de octubre de 2003 (rcud 3605/2002) y 12 de julio de 2007 (rcud 5448/2005), razonan que:

"Una aplicación meramente literal de ambos preceptos puede llevar a una primera conclusión de entender que la base reguladora de la prestación es la correspondiente al mes anterior al de la fecha de iniciación de la situación a partir de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto, y, por interpretación a contrario de lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden.

Pero, si se lee más detenidamente lo que dispone el artículo 13 del Decreto regulador citado y se hace dentro del contexto se aprecia que lo que (en él) se determina es la cuantía inicial del subsidio por incapacidad temporal (I.T.), sin que de sus previsiones se pueda deducir que con ello haya querido resolver las diversas vicisitudes por las que puede pasar una situación de incapacidad temporal a lo largo de su duración. Por su parte, el artículo 9 de la Orden de 13 de octubre de 1997 regula únicamente la duración del derecho a las prestaciones por I.T. sin referencia alguna a cuál sea el cálculo que procede hacer de la base reguladora.

Por lo tanto, el problema litigioso no puede estimarse resuelto directamente a partir de la mera literalidad de la normativa reguladora de la controvertida contingencia, por lo que habrá que buscar la solución que mejor se acomode a la finalidad perseguida."

Desde esta premisa, las sentencias de esta sala 4ª que venimos citando llegan a la conclusión de que "si partimos de la naturaleza contributiva de (la) prestación (de incapacidad temporal) y de la finalidad de este subsidio, que no es otra que la de suplir (con aquella prestación) la falta de rentas derivada de una situación de baja laboral, la solución lógica a la situación planteada no puede ser otra que la de entender que la prestación ha de estar conectada con la situación más próxima a la de la última baja", de manera que esta "nueva situación es la que determina, ... , el reconocimiento del derecho y la cuantía del mismo, lo que significa que, ..., es en el momento de la recaída en el que habrá que volver a calcular la base reguladora de la prestación en atención a las circunstancias concurrentes en ese momento, ..."

5. Las consideraciones hasta aquí realizadas conducen a estimar el presente recurso de casación unificadora.

CUARTO. La estimación parcial del recurso.

1. De acuerdo con lo razonado, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede: estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina; casar y anular parcialmente la sentencia recurrida, resolviendo el debate de suplicación en el sentido de estimar parcialmente el recurso de tal clase interpuesto por la Mutua Fremap, declarando que la base reguladora de la situación de incapacidad temporal iniciada el 9 de marzo de 2017 debe ser de 1597,18 euros y confirmando el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida.

2. No procede la imposición de costas en el presente recurso ( artículo 235.1 LRJS) , ni tampoco en el recurso de suplicación; con devolución del depósito constituido para recurrir ( artículo 228.2 LRJS) .