Sentencia Social 924/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 5152/2022 de 12 de junio del 2024

PRIMERO.- 1.- La cuestión que se suscita en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si procede la imposición de costas al Servicio Andaluz de Empleo.

2.- La sentencia aquí recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -sede de Sevilla- de 22 de septiembre de 2022, R. 3479/2020, desestimó el recurso formulado por el Servicio Andaluz de Empleo contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 7 de Sevilla que había estimado parcialmente la demanda de la trabajadora, reconociéndole el carácter indefinido no fijo de su relación laboral. Mediante Auto de 6 de octubre de 2022, la sala sevillana aclaró su sentencia a efectos de incluir en el fallo la condena en costas al Servicio Andaluz de Empleo en la cuantía de 500 euros.

3.- En el presente recurso de casación unificadora el Servicio Andaluz de Empleo plantea un único motivo de recurso, relativo a la imposición de costas en el que denuncia la infracción del artículo 14 CE y del artículo 2 de la Ley 2/1996, de 10 de enero de asistencia jurídica gratuita, con relación con los artículos 2, 66.1, 294.1, 299 y 300 LGSS; y con relación, también, a los artículos 15, 18, 42.1 y DA 6ª del Texto refundido de la Ley de Empleo y artículos 1 y 3 de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre de creación del Servicio Andaluz de Empleo y con el anexo apartado D) del Real Decreto 467/2003, de 25 de abril sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación. Todo ello, además, relacionado con diversas sentencias de esta Sala que cita.

El recurso ha sido impugnado por la representación letrada de la trabajadora y ha sido informado por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerarlo improcedente.

SEGUNDO.- 1.- Para acreditar la contradicción, la entidad recurrente aporta, como sentencia de contraste, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -sede de Sevilla- de 10 de marzo de 2015, R. 611/2015. Dicha sentencia había desestimado el recurso de suplicación formulado por el Servicio Andaluz de Empleo frente a la sentencia de instancia que había declarado la nulidad del despido acordado por el indicado Servicio.

Mediante Auto de fecha de 5 de abril de 2016 la Sala de Sevilla procedió a dictar Auto de complemento de sentencia estableciendo que no había lugar a la imposición de costas porque, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235.1 LRJS, considera que el Servicio Andaluz de Empleo es una entidad que goza del beneficio de justicia gratuita conforme al artículo 2 b) de la Ley 1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita y ello al considera a dicha entidad como ente gestor, ya que junto con el SPEE, es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, conforme al artículo 294 de la LGSS, forma parte del Sistema Nacional de Empleo junto con los demás Servicios Públicos de Empleo de las CCAA asumiendo las funciones del INEM desde 2003, que también tenía la condición de entidad gestora.

2.- Tal como informa el Ministerio Fiscal y no niega la parte recurrida, resulta palmario que concurre la contradicción en los términos exigidos por el artículo 219 LRJS ya que, en mérito a hechos, pretensiones y fundamentos sustancialmente iguales, las sentencias comparadas han llegado a fallos contradictorios ya que sostienen doctrinas divergentes que resulta necesario unificar.

TERCERO.- 1.- Por lo que se refiere a la normativa aplicable, interesa poner de relieve que el artículo 2 b) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, establece el derecho a la asistencia jurídica gratuita de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en todo caso, precepto que vino a sustituir, por derogación, el mandato del art. 59.3 de la LGSS 1994, en el que ya venía siendo reconocido el citado beneficio, en relación con el art. 25.2 de la LPL 1994. Además, el artículo 66.1 de la LGSS dispone que "La gestión y administración de la Seguridad Social se efectuará, bajo la dirección y tutela de los respectivos departamentos ministeriales, con sujeción a los principios de simplificación, racionalización, economía de costes, solidaridad financiera y unidad de caja, eficacia social y descentralización, por las siguientes entidades gestoras" que seguidamente identifica; debiendo tener en cuenta que el artículo 18. j) del Texto Refundido de la Ley de Empleo (actual artículo 22 j) de Ley de Empleo -referido a la Agencia Española de Empleo) estable que el SPEE (posteriormente la AEE) tiene como competencia: la gestión y el control de las prestaciones por desempleo.

El artículo 67 LGSS, en su apartado 2 establece que las entidades gestoras desarrollarán su actividad en régimen descentralizado, en los diferentes ámbitos territoriales. El art. 68 de la misma, señala que las entidades gestoras tienen la naturaleza de entidades de derecho público y capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que les están encomendados.

Las sucesivas Leyes de Empleo han reiterado (actuales artículos 27 y ss. Ley de Empleo) que son servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas aquellos órganos o entidades a los que, en sus respectivos ámbitos, corresponde la gestión y desarrollo de las políticas activas de empleo, así como garantizar la prestación de los servicios de empleo, comunes y complementarios y que podrán recurrir, a efectos de prestación de los servicios de empleo, comunes y complementarios, a Corporaciones Locales o a otras entidades, públicas o privadas, que colaboren con los mismos. En los términos previstos por la respectiva normativa autonómica, los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas elaborarán los instrumentos de diseño, planificación y coordinación de la política autonómica de empleo, elaborados en coordinación con la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, el Plan Anual, las Orientaciones Específicas y la Estrategia Europea de Empleo. Y los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas participarán en la elaboración de la estrategia e instrumentos de planificación y coordinación de la política estatal de empleo en los términos previstos en la presente ley.

El artículo 150 de la Constitución Española (CE) dispone que "El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado"; sin que hasta la fecha se hayan transferido a la Comunidad Autónoma Andaluza la gestión y el control de las prestaciones por desempleo.

2.- Por lo que se refiere a la doctrina de esta Sala, cabe poner de relieve que ya la STS de 16 de diciembre de 2014 (Rcud. 324/2014) condenó al Servicio Andaluz de Empleo en costas previa desestimación de su recurso por falta de firmeza de la sentencia de contraste en un asunto sobre fijeza de trabajadores irregularmente contratados. La STS de 22 de abril de 2015 (Rcud. 1161/2014), condenó en costas al Servicio Andaluz de Empleo en un asunto en el que el SAE recurrió una sentencia sobre despido de unas trabajadoras, siendo desestimado. Igualmente, la STS 353/2017 de 26 abril (Rcud. 1995/2015) impuso las costas al Servicio Andaluz de Empleo al desestimar su recurso de casación unificadora por falta de contradicción con la sentencia aportada de contraste en un supuesto de despido declarado improcedente en la instancia.

Y, aunque conforme hemos afirmado anteriormente, el Servicio Andaluz de Empleo ni tiene la consideración de entidad gestora de la Seguridad Social, ni ha asumido competencias en materia de gestión o control de la prestación de desempleo (ni en su nivel contributivo ni asistencial), no resulta de más poner de relieve que nuestra reciente STS 347/2024 de 23 febrero (Rcud. 1901/2021) -en línea con la STS 177/2024, de 29 de enero (Rcud. 1392/2021)- ha insistido en que, con relación a la normativa sobre la asistencia jurídica gratuita, se observa que el legislador no ha diseñado un trato equiparable entre las EEGG (y Servicios Comunes de la Seguridad Social) y los entes autonómicos que pudieren asumir las funciones de gestión transferidas. Ni en el citado artículo 2 de la Ley 1/1996 cuando regula el derecho a la asistencia jurídica gratuita, ni en el resto de su articulado, acoge la pretensión de la hoy recurrente, a pesar de haber sufrido diversas revisiones desde su promulgación, y de la circunstancia de que dicha Ley configura la prestación de la asistencia jurídica gratuita, consistente en la asistencia letrada, defensa y representación gratuita, como un servicio público que, con la participación de los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Procuradores de los Tribunales de España, se organiza por el Ministerio de Justicia y por las mismas Comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia.

Acudiremos finalmente a las conclusiones de nuestra jurisprudencia [ STS 850/2018 de 20 septiembre (Rcud 56/2017), y 912/2021, de 21 de septiembre, (Rcud 3063/2018, entre otras), según las que nuestra doctrina tuvo en consideración, por un lado, el marco regulador del beneficio de justicia gratuita que, claramente, identificada como incluidas en él a las entidades gestoras y servicios comunes del a Seguridad Social. Por otro lado, el ámbito material de la actividad de la que se trataba en aquel caso y las diferentes configuraciones de los entes públicos que a nivel autonómico asumieron esas competencias transferidas y que, sin embargo, en ningún momento, la normativa ha venido identificándolos como entidades gestoras en el texto de las diferentes Leyes Generales de la Seguridad Social.

Pues bien, a la vista del marco jurídico y siguiendo el criterio de esta Sala, las entidades gestoras de la seguridad social son las únicas que tienen reconocida la justicia gratuita y éstas se identifican con las que el legislador ha señalado y denominado como tal, no siendo posible que se otorgue la misma condición a otros organismos aunque actúan en el mismo marco competencial que aquellas, por virtud de los servicios transferidos, y aunque lo sea en materia que, en parte, pueda estar conectada con el sistema de prestaciones de seguridad social.

CUARTO.- 1.- En el ámbito de la jurisdicción social, son susceptibles de ser condenados en costas, en caso de vencimiento en el recurso, según reiterado criterio de la Sala, el Estado (STS de 30 de mayo de 2017, Rcud. 2253/2016), las Comunidades Autónomas ( SSTS de 23 de diciembre y 15 de diciembre de 2014, Rcuds. 600/2014 y 182/2014), las entidades locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y los órganos constitucionales [ SSTS de 10 de octubre de 2015, (Rcud. 109/2004); 5 de julio de 2016 (Rcud. 84/2015); de 30 de noviembre de 2010 (Rcud. 4058/2009) y de 13 de diciembre de 2018 (Rcud. 2656/2017). Así se deduce de la interpretación sistemática del artículo 235 LRJS con relación a los artículos 229 y 230 LRJS, que las menciona, únicamente entre las exentas de constituir depósito y asegurar la condena. Por otra parte, del artículo 13 y la Disposición Adicional Cuarta de Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas deriva la imposición de costas al Estado, sus Organismos públicos o los órganos constitucionales, las Comunidades Autónomas y las entidades públicas dependientes de ellas.

2.- Siendo el Servicio Andaluz de Empleo una entidad de derecho público que depende de la Junta de Andalucía en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza, no se encuentra comprendida entre los sujetos exentos del pago de costas, por lo que la doctrina correcta se encuentra en la sentencia recurrida, lo que -de conformidad con lo interesado por el Ministerio Fiscal debe conducir a la desestimación del recurso y a la consiguiente confirmación y declaración de firmeza de la sentencia recurrida. Con imposición de costas a la entidad recurrente en cuantía de 1500 euros.