Sentencia Social 694/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 972/2023 de 14 de mayo del 2024

PRIMERO.- 1. La cuestión suscitada en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en la determinación de si la cuestión relativa a si la extinción del subsidio por incapacidad temporal ha de tener como fecha de efectos la de la resolución administrativa del alta médica o la de su notificación al interesado, tiene o no acceso al recurso de suplicación cuando la cuantía es inferior a la determinada legalmente para la interposición de tal recurso, y en tal caso, si cabe entender que concurre afectación general.

El trabajador demandante interpone recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala Social del TSJ de Madrid de 25 de enero de 2023, RS 1046/2022, que desestimó su recurso de suplicación por inadmisión, tras declarar su falta de competencia funcional por razón de la cuantía del litigio (13 días de prestación por incapacidad temporal, con una base reguladora de 35,01 €). La sentencia de instancia había desestimado la pretensión.

2. En el traslado conferido al Ministerio Fiscal, éste consideró a la Sala de suplicación funcionalmente competente al ser la sentencia dictada en la instancia susceptible de ser recurrida en suplicación, informando en el sentido de que debía declararse la nulidad de la sentencia recurrida, así como la devolución de las actuaciones para que por la Sala de suplicación se conociera del fondo del recurso. Cita varias sentencias de esta Sala IV del TS dictadas en supuestos sustancialmente idénticos, en los que, superando una doctrina previa, ha apreciado la existencia de afectación general.

La representación legal del INSS negó la competencia de la Sala para conocer del recurso de suplicación al entender que no se alcanza el umbral limitativo de los 3000 euros.

Por la parte actora se alegó que si bien en razón a la cuantía no procedería el acceso al recurso ( art. 191.2 g) LRJS) , sin embargo, por mor de su art.191.3.b) sí cabe su articulación al concurrir una situación de afectación general, citando al efecto la jurisprudencia que así lo afirma.

SEGUNDO.-1. Debemos recordar, con carácter previo, que el acceso al recurso de suplicación "puede ser examinado de oficio por esta sala, aunque no concurra la contradicción, puesto que afecta al orden público procesal y a su propia competencia funcional", sin que la sala quede vinculada por la decisión que se haya adoptado en suplicación, "con cierta independencia de lo que las partes hayan podido alegar" ( SSTS 9 de marzo de 1992, rcud 1462/1990; 24 de abril de 2012, rcud 3090/2011; 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011) y sin que sea necesario examinar la concurrencia del presupuesto de contradicción con la referencial a tal efecto invocada. Ello es así, porque la cuestión no afecta sólo al recurso de suplicación, sino que se proyecta sobre la competencia de esta Sala 4ª del Tribunal Supremo, habida cuenta de que el recurso de casación para la unificación de doctrina procede contra las sentencias dictadas en suplicación, lo que supone que la recurribilidad en casación se condiciona a que la sentencia de instancia fuera, a su vez, recurrible en suplicación, de manera que el control de la competencia funcional de la sala supone el control sobre la procedencia o improcedencia de la suplicación ( SSTS 19 de julio de 1994, rcud 2508/1993; 28 de noviembre de 2011, rcud 742/2011; 2 de abril de 2012, rcud 1750/2011; y 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011).

Entre las sentencias posteriores remitimos, por todas, a las SSTS 11 de mayo de 2018 (Pleno, rcud 1800/2016); 17 de julio de 2018 (rcud 904/2018 y 1176/2017); 14 de marzo de 2019 (rcud 2970/2017); 29 de octubre de 2019 (rcud 2331/2017); 1 de julio de 2020 (rcud 3419/2017); 20 de octubre de 2020 (rcud 2554/2017); 1 de diciembre de 2020 (rcud 495/2018); 11 de noviembre de 2021 (rcud 2080/2019); 10 de junio de 2022 (rcud 4261/2018) y 15 de marzo de 2023 (rcud 1141/2020).

Tal análisis hemos de efectuarlo en este caso a la luz del criterio que iniciaba la STS 310/2022, de 6 de abril de 2022, rcud 1289/2021, enjuiciando un supuesto que guarda identidad de razón con el actual litigio, y que fue reiterado en pronunciamientos posteriores de esta Sala IV (SSTS de 6 de abril de 2022, rcud 1289/2021; 27 de abril de 2022, rcud 78/2021; 17 de mayo de 2022, rcud 2883/2019 y de 22 de febrero de 2022, rcud 2815/2019).

En dicha resolución de 6 de abril de 2022 constatamos un elevado número de precedentes en la materia que "desvela ahora la abundante litigiosidad a la que da lugar esta cuestión, lo que lleva a conocimiento del Tribunal la existencia de una afectación general que anteriormente no constaba, y que tampoco aparecía acreditada en las sentencias recurridas o en las invocadas de contraste, pero que ya resulta lo suficientemente importante como para activar la función unificadora que a este órgano judicial le corresponde, por más que pudiere ser exigua la relevancia económica de cada procedimiento judicial individualmente considerado.".

Esa circunstancia determinaba que la Sala de suplicación, en la sentencia ahora impugnada, hubiera admitido la recurribilidad de la sentencia del juzgado de lo social en aplicación de lo dispuesto en el artículo 191.3.b) LRJS, precepto que da acceso al recurso de suplicación, cualquiera que sea la cuantía del litigio, si la cuestión debatida afecta a todos o a un gran número de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad Social, siempre que tal circunstancia de afectación general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes.

Como venimos reiterando sobre este particular, "La notoriedad que abre el acceso al recurso de suplicación no puede ser la "notoriedad absoluta y general" de que habla el art. 281.4 LEC. Para su apreciación bastará con que, por la propia naturaleza de la cuestión debatida, por las circunstancias que en ella concurren, e incluso por la existencia de otros procesos con iguales pretensiones, la cuestión sea notoria para el Tribunal ( SSTS de 25 enero 2011, rec. 1418/2010; 21 febrero 2017, rec. 1253/2015; 24 octubre 2017, rec. 734/2016)".

Asimismo, hemos señalado que "la vía de la afectación general, como medio de acceso al recurso de suplicación, "no está concebida exclusivamente como un derecho de las partes, pues se configura también como un instrumento que tiene por objeto conseguir la unificación de doctrina en supuestos que son trascendentes en su conjunto y en los que la unidad de criterios aplicativos y hermenéuticos participa en buena medida de la condición de orden público. Así la sentencia de Tribunal Constitucional 79/1985, de 3 de julio, precisó que uno de los objetivos que se persiguen por el legislador al establecer esta vía especial de acceso al recurso, es "evitar que queden sin recurso reclamaciones de escasa entidad económica desde una consideración meramente individual, pero que pueden trascender esta dimensión al multiplicarse o extenderse a numerosos supuestos de hecho idénticos y requerir, por ello, una actividad uniformadora de los Tribunales de rango superior"; y de la sentencia del mismo Tribunal 108/1992, de 14 de septiembre, se desprende que este supuesto excepcional de interposición del recurso de suplicación que permite el art. 189.1.b) de la LPL, responde a "un interés abstracto: la defensa del 'ius constitutionis' y la garantía de la uniformidad de la doctrina legal en todo el territorio nacional como principal expresión del principio constitucional de igualdad en la aplicación de la Ley" ( STS 16 de diciembre de 2009, rec. 4376/2008; 25 de mayo de 2010, rec. 2404/2009).

Sin que la afectación general pueda confundirse con la posible proyección general de un litigio sobre la interpretación de una norma, sino que requiere que "esa proyección se traduzca en un nivel de litigiosidad relevante y actual sobre el problema que se debate", de forma que "no cabe confundir el número de destinatarios potenciales de la norma aplicable con el nivel de litigiosidad sobre la misma, que es el que ha de tenerse en cuenta a efectos de la afectación general" ( SSTS 2 junio 2016, rec. 3820/2014; 7 junio 2017, rec. 3039/2014; 24 octubre 2017, rec. 1160/2016)".

La traslación de ese cuerpo doctrinal conlleva la conclusión de que la recurrida no contiene la doctrina correcta.

TERCERO.-1. Tales consideraciones, plenamente trasladables al presente caso, determinan que deba acogerse la tesis del recurrente, con la que es conforme el Ministerio Fiscal, al ser recurrible en suplicación la sentencia de instancia, vista la efectiva existencia del elevado nivel de litigiosidad que se desprende de los numerosos procedimientos de los que tiene finalmente constancia este Tribunal. Ello conlleva que estimemos el recurso formulado, casemos y anulemos la sentencia impugnada, con la consiguiente devolución de los autos a la Sala de procedencia a fin de que, asumiendo su propia competencia funcional, resuelva con libertad de criterio el recurso de suplicación interpuesto.

2. No procede efectuar pronunciamiento sobre costas ( art. 235.1 LRJS) .