Sentencia Social 1143/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 239/2022 de 17 de septiembre del 2024

PRIMERO.- 1. La cuestión a resolver es la interpretación de los requisitos de permanencia y evaluación de desempeño asociados a la retribución del complemento específico del personal funcionario y su equivalente para el personal laboral del fondo de modernización de los Servicios Públicos establecido en la disposición adicional tercera del convenio colectivo único para el personal laboral de la Comunidad de Madrid para los años 2021 y 2024, cuya dotación anual es de 10.740.695,56 millones de euros, en relación con el desarrollo aplicativo dado por la Orden de 15 de diciembre de 2021 de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo por la que se establecen los criterios para la distribución del Fondo para la Modernización de los Servicios Públicos y la mejora de los niveles de calidad y eficacia en la prestación de los mismos.

Se trata de decidir si debe excluirse o no a los trabajadores laborales que pasaron a ser estatutarios en el año 2022, así como de aquellos que cambiaron de puesto, ya fuera en virtud de concurso de traslado o cesados a partir de septiembre de 2021, solicitando el recurrente que el requisito de permanencia se compute desde el 1 de enero de 2020, esto es, desde el año anterior al inicio de la dotación del fondo de modernización.

2. La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de julio de 2022, autos 386/2022, previa desestimación de la excepción de falta de competencia de la jurisdicción social, estima parcialmente la demanda y declara que el informe previsto en el Anexo III de la Orden de 15/12/2021 debe contener una justificación sucinta que impida la indefensión, con desestimación del resto de pretensiones formuladas.

A tal efecto razona que debe primar la interpretación literal de la norma convencional que expresamente dispone qué situaciones interrumpirán el cómputo del año, entre ellas, el concurso de traslado, no siendo arbitraria la exclusión del personal laboral que ha pasado a ser estatuario con fecha de 1 de enero de 2022, al no existir una vinculación jurídica forzosa, a diferencia de lo que postula la parte demandante, por lo que se trataría de una situación de "cambio voluntario de trabajo" y no de una situación de servicio activo como personal laboral. Resultando lógico que se establezca un plazo mínimo para premiar la experiencia profesional en el puesto.

3. El recurso de casación del sindicato Coalición Sindical Independiente de Trabajadores (CSIT Unión Profesional) se articula en dos motivos diferentes.

El primero de ellos, al amparo de la letra e) del artículo 207 LRJS, denuncia la infracción de la disposición adicional tercera del convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración de la Comunidad de Madrid para los años 2021 a 2024 (BOCM núm. 112, de 12 de marzo de 2021) que regula el fondo de modernización de los Servicios Públicos, y los artículos 3, 1281 a 1289 del CC.

El motivo segundo se acoge a la letra c) del artículo 207 de la LRJS por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales causando indefensión a esta parte.

En tal sentido considera que la sentencia de la Sala omite pronunciamiento alguno sobre la dotación anual del fondo de modernización para cada uno de los años de vigencia del convenio colectivo, discrepando de la interpretación efectuada por dicho Tribunal y argumentando que no se pronuncia sobre lo pedido en demanda.

4. El Ministerio Fiscal informa en favor de la íntegra desestimación del recurso, y en el mismo sentido se pronuncia el escrito de impugnación del letrado de la Comunidad de Madrid.

SEGUNDO.- 1. Puesto que el debate litigioso se residencia en la interpretación que haya de hacerse del convenio colectivo de aplicación, deberemos atenernos a la doctrina jurisprudencial en la materia sobre interpretación y aplicación de aquellos.

Dejamos para más adelante la resolución de las otras cuestiones que se alegan en recurso en referencia a la posible incongruencia y falta de motivación de la sentencia, dado que no se solicita la declaración de nulidad de la misma y tan solo se esgrime como motivo para instar su revocación.

Como gráficamente recuerda la STS 1125/2020, de 15 de diciembre, (rec. 80/2019) por citar alguna de las más recientes, "Respecto a la interpretación de los convenios colectivos y acuerdos o pactos de empresa que poseen eficacia general, es doctrina constante de esta Sala que, atendida la singular naturaleza mixta de los mismos (contrato con efectos normativos y norma de origen contractual), su interpretación debe hacerse utilizando los siguientes criterios:

* La interpretación literal, atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes ( artículos 3.1 y 1281 CC) .

* La interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas ( artículos 3.1 y 1285 CC) .

* La interpretación histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras ( artículos 3.1 y 1282 CC) .

* La interpretación finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras ( artículos 3.1, 1281 y 1283 CC) .

* No cabrá la interpretación analógica para cubrir las lagunas del convenio colectivo aplicable.

* Los convenios acuerdos colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el "espigueo".

Y conforme precisa la STS 71/2023, de 25 de enero (rec. 62/2021) "Con arreglo a la doctrina que actualmente acogemos, frente a la opción de dar por buena, en todo caso, la interpretación efectuada por la sentencia de instancia, la Sala considera que lo que le corresponde realizar en supuestos como el presente, en los que se discute por el recurrente aquella interpretación, consiste en verificar que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los artículos 3 y 1281 y ss. CC, tal como las ha venido analizando la Sala en la jurisprudencia recién expuesta".

2.- La STS 862/2022, de 26 de octubre (rec. 28/2021) recoge perfectamente la última doctrina de esta Sala IV respecto a la interpretación de convenios, pactos o acuerdos colectivos, en relación con la efectuada por el órgano judicial de instancia.

Como en ella decimos "la Sala ha precisado recientemente su papel en este tipo de recursos en los que se discute la interpretación efectuada por el órgano de instancia. Generalmente, habíamos dicho, siguiendo una antigua línea jurisprudencial, que "la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos (y el convenio colectivo participa de tal naturaleza) es facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio, como más objetivo, ha de prevalecer sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica, o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual". ( SSTS de 5 de junio de 2012, rec. 71/2011 y de 15 de septiembre de 2009, rec. 78/2008, entre muchas otras) Y, también, se ha precisado que "en materia de interpretación de cláusulas de convenios y acuerdos colectivos, en cuyo esclarecimiento se combinan las reglas de interpretación de las normas con las de la interpretación de los contratos, debe atribuirse un amplio margen de apreciación a los órganos jurisdiccionales de instancia, ante los que se ha desarrollado la actividad probatoria relativa a la voluntad de las partes y a los hechos comitentes" ( STS de 30 de marzo de 1997, rec. 3588/1996).

Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos corregido expresamente dicho criterio, y hemos establecido que frente a la opción de dar por buena, en todo caso, la interpretación efectuada por la sentencia de instancia, la Sala considera que lo que le corresponde realizar en supuestos como el presente, en los que se discute por el recurrente aquella interpretación, consiste en verificar que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los 3 y 1281 y ss. CC, tal como las ha venido analizando la Sala en la reiterada jurisprudencia a la que de inmediato se hará referencia (entre otras: SSTS de 13 de octubre de 2020, rec. 132/2019; de 21 de diciembre de 2020, rec. 76/2019; de 14 de mayo de 2021, rec. 183/2019 y de 21 de diciembre de 2021, rec. 76/2019). Consecuentemente, el hecho de que la interpretación del órgano judicial de instancia pueda calificarse como lógica, razonable y justificada, no impide que pueda ser revisada en vía de recurso cuando la aplicación de las reglas hermenéuticas que hemos referenciado conduzca a un resultado diferente.

TERCERO. 1.- Bajo esos parámetros debemos abordar la resolución del primer motivo del recurso.

La literalidad de la previsión convencional, la disposición adicional tercera del convenio colectivo único para el personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid (2021-2024), no puede ser más concluyente, al disponer:

"Modernización de los servicios públicos.

1. Con la finalidad de contribuir a la modernización de los servicios públicos y la mejora de los niveles de calidad y eficacia en la prestación de los mismos, en cada uno de los años de vigencia del convenio, se consignará una cantidad total de 10.740.695,56 euros, para el conjunto del personal laboral y funcionario de administración y servicios, que se destinará a la adaptación del complemento específico del personal funcionario y un complemento equivalente para el personal laboral. La modificación de dichos complementos irá ligada a la permanencia en el puesto, con objeto de retribuir la experiencia adquirida en el mismo, así como su desempeño.

2. Este complemento no será compatible con la percepción de otras cantidades que, en concepto de carrera profesional horizontal, u otro concepto equivalente o sustitutorio, se devenguen como consecuencia de una normativa específica. Por el contrario, sí podrá ser compatible con la percepción del plus de actividad, tanto por cantidad como por calidad de trabajo, para aquel personal que así lo tenga reconocido.

3. Con carácter previo a la ejecución de la modificación de la plantilla, serán oídas las organizaciones sindicales firmantes del presente Convenio."

La expresión "modificación de dichos complementos irá ligada a la permanencia en el puesto con objeto de retribuir la experiencia adquirida en el mismo así como su desempeño" es claramente indicativa de que la voluntad de las partes era la de relacionar el complemento específico con la permanencia en el puesto, siendo lógica y razonable la fijación de la "permanencia ininterrumpida en el puesto de al menos un año", como establece el tenor literal del artículo 5 de la Orden de la Consejería de Economía Hacienda y Empleo de 15 de diciembre de 2021.

Resultando asimismo claro y conforme al sentido y finalidad de la citada disposición adicional tercera del convenio colectivo único, el tenor del precitado artículo 5 de la Orden en cuanto a las situaciones que interrumpen el cómputo del año de permanencia tales como: "Los cambios de puesto de trabajo por adscripción provisional, comisión de servicios, libre designación, concursos de traslado, permuta, traslados voluntarios o cualquier otro cambio voluntario de puesto. No obstante, el tiempo de prestación de servicios en adscripción provisional y comisión de servicios será tenido en cuenta a efectos de la percepción del complemento en el nuevo puesto".

Precisamente en relación con las aludidas excepciones motivadas por "cambios voluntarios de puesto de trabajo", razona la Sala que la exclusión del personal laboral que ha pasado a ser personal estatutario con fecha de 1 de enero de 2022 no es arbitraria, desde el momento en que por Decreto 8/2007, de 1 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se regula el proceso voluntario de integración en el régimen estatutario del personal laboral y funcionario que presta servicios en las Instituciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, no existiendo una vinculación forzosa, sino "un cambio voluntario del puesto". Sosteniendo la Sala que es claro el tenor literal de la regulación, sin que pueda inferirse una interpretación distinta de su lectura, al disponer las situaciones que interrumpirán el cómputo del año, entre ellas el concurso de traslado. Y, en cuanto a su cómputo, la valoración del cumplimiento del año de permanencia en el puesto se realizará: "con referencia al primer día del mes y a efectos de aplicación de las anualidades 2021-2022 con los efectos del artículo 9, valoración del cumplimiento del año y evaluación del desempeño, realizándose a ser posible antes del día 1 de enero de 2022 y con referencia a ese día".

La verdad es que no cabe tildar a la interpretación realizada por la sentencia recurrida de irrazonable, irracional o ilógica, ni de contravenir las reglas hermenéuticas de interpretación de los convenios colectivos, conforme a nuestra citada jurisprudencia, toda vez que, tal y como informa el Ministerio Fiscal la propia disposición adicional tercera del convenio colectivo único ya establece que la dotación anual del fondo de modernización ha de ir ligada a la permanencia en el puesto, con objeto de retribuir la experiencia adquirida en el mismo y su desempeño, sin que la norma de desarrollo, la Orden de 15 de diciembre de 2021, sea contraria a su finalidad, al establecer excepciones que están perfectamente justificadas, en tanto que la interrupción de la prestación en el puesto se contempla para causas ajenas y relevantes a la voluntad del trabajador como excedencias, permiso de maternidad o paternidad y otros equiparables.

De modo que, resulta acertada la interpretación de la Sala de suplicación cuando interpreta que la norma que establece el complemento, premia la experiencia profesional en el puesto, resultando lógicas las excepciones previstas a efectos de interrupción del cómputo de permanencia, constituyendo tal, el paso del personal laboral a personal estatutario del año 2022, al ser "un cambio voluntario de puesto".

En efecto, esta Sala no puede compartir la interpretación dada por la recurrente relativa a que: "la voluntad originaria del texto convencional para que los efectos económicos lo fueran desde el 1 de enero de 2021 y la anualidad de permanencia para demostrar el desempleo en el puesto computada desde el año anterior al de la dotación anual del interesado, esto es del 1 de enero de 2020". ya que, como se ha expuesto, hay que estar al desarrollo aplicativo de la Orden de 15 de diciembre de 2021, al ser sus términos claros y acordes con la literalidad de la disposición adicional tercera del convenio colectivo único aplicable, que establecía la cantidad de 10.740.695,56 euros para la adaptación del complemento específico del personal funcional y complemento equivalente del personal laboral, resultando que "la modificación de tales complementos habría de ir ligada a la permanencia en el puesto con objeto de retribuir la experiencia adquirida en el mismo y su desempeño".

Los intensos esfuerzos dialécticos que realiza la parte recurrente para reconducir la interpretación que ha de darse a la disposición adicional tercera del convenio colectivo único y de su desarrollo aplicativo por la Orden de 15 de diciembre de 2021, en cuanto a que los efectos económicos lo sean desde el 1 de enero de 2021 y la anualidad de permanencia lo sea desde el 1 de enero de 2020, no encuentran respaldo en los cánones hermenéuticos, al ser clara la literalidad de la Orden y acorde al tenor de la literalidad del precepto convencional (la disposición adicional tercera) que ya establece cómo y desde cuándo debe valorarse el cumplimiento del año de permanencia en el puesto de trabajo "...2.Con carácter general, la valoración del cumplimiento del año de permanencia en el puesto de trabajo se realizará, con referencia al primer día del mes, de oficio por el órgano directivo responsable de personal correspondiente, quien requerirá del Centro Directivo al que se encuentre adscrito el empleado la evaluación del desempeño. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de solicitarse por el propio empleado público al órgano directivo responsable de personal.

3.Sin perjuicio de lo anterior y a efectos de la aplicación de las anualidades 2021- 2022 con los efectos previstos en el art. 9, la valoración del cumplimiento del año y la evaluación del desempeño, se realizarán a ser posible antes del día 1 de enero de 2022, y con referencia a ese día".

En atención a las consideraciones expuestas, el motivo se desestima.

2. La parte recurrente sostiene en su primer y en su segundo motivo de recurso que la Sala de suplicación no ha efectuado pronunciamiento expreso en cuanto a la dotación anual del fondo de modernización, tildando de falta de motivación en su argumentación.

Extremo en el que debemos hacer una previa consideración.

En el recurso no se solicita la nulidad de la sentencia, sino tan solo que se revoque el fallo y se efectúe el pronunciamiento declarativo que consigna en su escrito.

El Ministerio Fiscal y el impugnante se oponen a este motivo, considerando que lo que subyace es la discrepancia con la motivación de la sentencia.

No tiene razón el recurso en ninguno de esos alegatos.

3. Para resolver sobre la cuestión de incongruencia omisiva que se imputa a la sentencia recurrida y como decimos en nuestra sentencia de 28-6- 2016, rec. 218/2015: "conviene reiterar algunas consideraciones que la doctrina constitucional y la jurisprudencia de esta Sala han venido reiterando sobre la exigencia de congruencia en las sentencias, reconocida positivamente, con carácter general en el artículo 218 LEC cuando dispone que "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito...". La congruencia puede definirse como un ajuste "sustancial" entre lo pedido y lo resuelto que, por tanto, no exige del fallo "una conformidad literal y rígida con las peticiones de las partes, sino racional y flexible" ( STS de 16 de febrero de 1993, Rec. 1203/1992 , con cita de otras muchas). La congruencia se plantea, pues, como una necesidad de correlación entre determinada actividad procesal de las partes, por un lado, y la actividad decisoria o resolutoria que el juez plasma en la sentencia, por otro.

Los términos que es preciso comparar para averiguar si existe o no congruencia comprenden, esencialmente, desde el punto de vista de la actividad de las partes, la pretensión procesal, compuesta, a su vez, por la petición y la causa de pedir. De ahí que la Sala haya reiterado, recogiendo la doctrina constitucional, que "el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial exige confrontar la parte dispositiva de la Sentencia y el objeto del proceso, delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y "petitum"-, y en relación a estos últimos elementos viene afirmándose que la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión. Doctrina que no impide que el órgano judicial pueda fundamentar su decisión en argumentos jurídicos distintos de los alegados por las partes, pues, como expresa el viejo aforismo "iura novit curia" los Jueces y Tribunales no están obligados al motivar sus sentencias a ajustarse estrictamente a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las partes, tal y como también de forma reiterada ha señalado este Tribunal (por todas, STC 136/1998, de 29 de junio)" (entre otras, SSTS de 5 de octubre de 1999, Rec. 4773/1998 y de 8 de noviembre de 2006, Rec. 135/2005).

Como recuerda la STS 14/5/2020, rcud. 3213/2017, "hay que distinguir entre las alegaciones o argumentos aducidos por la parte para fundamentar sus peticiones [...] y las auténticas pretensiones en sí mismas consideradas. Respecto a las primeras no cabe hablar de incongruencia, pues no es necesario dar una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas para satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva. La obligación de congruencia se impone sólo respecto de las auténticas pretensiones en razón a que cada una de ellas se convierte en una "causa petendi" que exige una respuesta concreta" ( sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2019, recurso 42/2018 , y las citadas en ella). Esta distinción encuentra también su apoyo en la doctrina constitucional sobre la congruencia, ya que el Tribunal Constitucional tiene declarado que el artículo 24.1 de la Constitución no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que "si se resuelven, aunque sea genéricamente, las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva" ( sentencia del Tribunal Constitucional nº 171/2002 , entre otras)".

4. El análisis del suplico de la demanda y el fallo de la sentencia, evidencian que la resolución es plenamente congruente con lo pedido, sin incurrir en el defecto procesal que se le imputa.

Si atendemos a los términos del suplico, observamos cómo en el mismo lo que se pide es una determinada interpretación de las norma convencional y del desarrollo aplicativo de la misma, dada por la Orden de 15 de diciembre de 2021, resultando que este petitum es sobre el que precisamente pivota toda la argumentación de la sentencia que da respuesta motivada a cómo la norma debe interpretarse en su sentido literal y cómo resulta absolutamente justificada y acorde a su finalidad los términos de la citada Orden.

La sentencia de instancia ha dado una repuesta expresa a la pretensión ejercitada por la empresa, sin que incurra en incongruencia omisiva por el hecho de que -a juicio de la recurrente-, pudiere no haber examinado pormenorizadamente y de manera exhaustiva todos y cada uno de los argumentos ofrecidos en defensa de aquella pretensión.

En consecuencia, rechazamos, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, que la sentencia recurrida haya incurrido en incongruencia extra petita

5. Por similares razones debe desestimarse la denunciada falta de motivación, ya que la sentencia contiene una razonada motivación al exponer con claridad y precisión los argumentos que llevan a estimar parcialmente la demanda declarando que el informe del anexo III de la Orden contenga una justificación sucinta y desestimando el resto de pretensiones formuladas en demanda.

La sentencia recurrida se ajusta plenamente al derecho a la tutela judicial, derecho que consiste, precisamente, en que las resoluciones judiciales estén motivadas y fundadas en derecho.

Bajo la invocación de la supuesta falta de motivación lo que realmente subyace es la discrepancia del recurrente con la sentencia recurrida. Tal discrepancia es desde luego legítima. Pero, obviamente, el derecho a la tutela judicial efectiva no se lesiona porque la resolución judicial, siempre que como venimos diciendo esté fundada y motivada en derecho, sea contraria al interés y a lo defendido por la parte.

Por todas estas razones el primer motivo de recurso debe ser desestimado.

CUARTO.- Conforme a lo razonado, y de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, el recurso debe ser íntegramente desestimado para confirmar en sus términos la sentencia de instancia. Sin pronunciamiento en costas ( artículo 235 de la LRJS) .