Sentencia Social 1146/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3108/2023 de 17 de septiembre del 2024

PRIMERO.- 1.- La cuestión a resolver es la de determinar si debe ser condenada solidariamente la Generalitat de Cataluña a las consecuencias jurídicas derivadas del despido improcedente de la trabajadora demandante, en función de que se considere existente una situación jurídica de sucesión legal de empresas.

2.- La sentencia de instancia declara la improcedencia del despido objetivo de la trabajadora de 30 de julio de 2022. Condena solidariamente a la empresa Fundació Privada Escola Vicenciana y al Departament DŽEducació de la Generalitat de Catalunya, al entender que se produce una situación de sucesión empresarial que, conforme al art. 44.3 ET, obliga a esta última a responder solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión.

El recurso de suplicación de la Generalitat de Cataluña es acogido en la sentencia de la Sala Social del TSJ de Cataluña de 16 de marzo de 2023, rec. 6637/2022, que niega la existencia de sucesión empresarial y consecuente responsabilidad de la Generalitat de Cataluña, porque la empresa cedente, procedió a la extinción de la relación laboral de la actora antes de la transmisión, sin incluirla en el listado de trabajadores en los que debería subrogarse la Generalitat de Cataluña.

3.- Recurre Fundació Privada Escola Vicenciana en casación para la unificación de doctrina. Solicita la condena solidaria de la Generalitat de Cataluña.

Denuncia infracción del art. 44 ET, en relación con el Decreto Ley 10/2019, de 29 de mayo. Argumenta que de dichas normas se desprende la obligación de la Generalitat de subrogarse en la relación laboral del personal de la Fundació, por lo que debe responder solidariamente de las consecuencias jurídicas no satisfechas derivadas del despido producido antes de la transmisión.

Invoca de contraste la sentencia de la Sala Social del TSJ de Cataluña de 9 de febrero de 2023, rec. 6357/2022.

4.- El Ministerio Fiscal informa en favor de estimar el recurso, por tratarse de una sucesión legal que obligaba a la Generalitat a subrogarse en la relación laboral de la trabajadora que fue extinguida por la empresa cedente antes de la transmisión.

La trabajadora se ha personado, pero no formaliza escrito de impugnación.

SEGUNDO. 1.- Debemos resolver si entre la sentencia recurrida y la referencial hay contradicción en los términos exigidos por el art. 219.1º LRJS, que, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos que sea necesario unificar.

2.- Lo que sin duda merece una respuesta afirmativa, por cuanto en la referencial se trata de otra trabajadora de la misma Fundació Privada Escola Vicenciana, que al igual que la trabajadora del presente asunto, prestaba asimismo servicios administrativos y es igualmente despedida por causas objetivas en fecha 15 de julio de 2021, con base en las mismas causas y motivos.

En síntesis, lo que en los dos supuestos sucede, es que la Fundació es titular de varios centros educativos. En tal condición se acoge a la posibilidad legal de integrar esos centros en la red pública de la Generalitat de Cataluña a partir del 1 de septiembre de 2021.

Con anterioridad a esa fecha, en el mes de julio, procede a extinguir por causas objetivas la relación laboral de las dos trabajadoras de cada uno de los asuntos en comparación, por entender que sus puestos de trabajo en los servicios administrativos del centro escolar en el que prestan servicios no son objeto de subrogación por parte de la Generalitat.

Las trabajadoras interponen demandas de despido frente a la Fundació y a la Generalitat de Cataluña, en las que solicitan la calificación del despido como improcedente y la condena solidaria de las codemandadas.

Mientras que la sentencia recurrida absuelve a la Generalitat de las consecuencias del despido anterior a la transmisión, la referencial le impone la condena solidaria respecto a las obligaciones no satisfechas derivadas del despido improcedente.

Estamos de esta forma ante doctrinas contradictorias que deben ser unificadas.

TERCERO. 1.- El art. 44 ET regula la sucesión legal de empresas, y en lo que ahora interesa dispone lo siguiente "1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente.

2. A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria.

3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas.

El cedente y el cesionario también responderán solidariamente de las obligaciones nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese declarada delito".

De estas reglas se desprende que la transmisión de una unidad productiva, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, constituye una situación jurídica de sucesión legal de empresas.

Lo que obliga a la adquirente a subrogarse en las relaciones laborales vigentes de los trabajadores adscritos a dicha unidad, así como a responder solidariamente con la anterior empleadora, durante tres años, de todas las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la trasmisión que no hubieren sido satisfechas.

Responsabilidades legales que se extienden y abarcan a todos los trabajadores adscritos a la unidad productiva que es objeto de sucesión, de manera automática y no condicionada a un determinado comportamiento o actuación de la empresa cedente.

El art. 44 ET no supedita esos efectos jurídicos de la sucesión legal al hecho de que la cedente notifique a la cesionaria el listado de trabajadores afectados, o que haya de cumplir de alguna forma con otra clase de obligaciones formales accesorias.

Otra cosa es la responsabilidad en la que pudiere incurrir la empresa cedente frente a la cesionaria, por el eventual incumplimiento de las obligaciones contractuales que pudieren haberse pactado entre las mismas para regular la transmisión de la unidad productiva.

La sucesión legal opera de manera automática e incondicionada frente a todos los trabajadores adscritos a la unidad productiva que es objeto de transmisión, de tal manera que los efectos jurídicos contemplados en el art. 44 ET se despliegan ope legis en relación con todos ellos.

Si las relaciones laborales de dichos trabajadores deben considerarse vigentes en el momento de la transmisión, el nuevo empleador se subroga en todas ellas con el alcance y extensión que determina el apartado primero del art. 44 ET.

Cuando tales relaciones laborales pudieren estar previamente extinguidas, la empresa cesionaria asume entonces esa responsabilidad solidaria legalmente prevista durante tres años por las obligaciones laborales de los trabajadores que están adscritos a la unidad productiva, nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieren sido satisfechas por la cesionaria.

Podrá en ese caso ejercitar las oportunas acciones de repetición contra a la empresa cedente, pero, frente a los trabajadores, ha de responder incondicionalmente de las obligaciones laborales no satisfechas por la empresa cedente.

2.- Cuestión distinta es la que se presenta en los casos en los que no concurren los presupuestos que determinan la existencia de una situación jurídica de sucesión legal en los términos del art. 44 ET, pero existen sin embargos normas derivadas de lo pactado en los Convenios Colectivos de aplicación, que obligan igualmente a una determinada empresa a subrogarse en la relación laboral de los trabajadores adscritos a una concreta unidad productiva.

Supuestos en los que ya no se trata de una situación de sucesión legal de empresas, sino de la denominada sucesión convencional, que trae causa y se genera de acuerdo con lo pactado en los convenios colectivos, rigiéndose entonces por las reglas en ellos estipuladas.

La clave para distinguir entre la sucesión legal y convencional ha de buscarse en la efectiva transmisión de infraestructura empresarial.

Conforme al art. 44. 2 ET, la sucesión legal exige la transmisión de una unidad productiva, entendida como una entidad económica que mantenga su identidad por disponer de un conjunto de medios organizados para llevar a cabo una determinada actividad económica.

Es decir, hay sucesión legal cuando se trata de la transmisión de una unidad productiva, de una infraestructura empresarial en sí mismo suficiente para el desarrollo de una determinada actividad económica, esto es, que disponga de los medios materiales y personales necesarios en cada caso para su desempeño.

3.- La STS 874/2021, de 8 de septiembre (rcud. 1866/2020), recapitula perfectamente la doctrina de esta Sala en la materia.

Como en ella decimos: "A) La exclusión del régimen subrogatorio común ( art. 44 ET) por parte del convenio colectivo únicamente es válida cuando no se transmite una unidad productiva con autonomía funcional.

B) El convenio colectivo puede mejorar la regulación del ET y de la Directiva 2001/23/CE , no preterirla o empeorarla. Las previsiones convencionales solo rigen "siempre y cuando no conculquen ningún precepto de Derecho necesario".

C) Cuando el convenio obliga a la asunción de la plantilla preexistente en supuestos adicionales a los legales, aunque materialmente haya una "sucesión de plantilla" no debe acudirse a la regulación común, puesto que lo pactado opera como mejora de las previsiones heterónomas.

D) Siempre que haya transmisión de medios materiales o infraestructura productiva lo que procede es aplicar el régimen general de la transmisión de empresa con subrogación laboral.

En la sentencia citada, que adaptó la doctrina del Tribunal Supremo a la STJUE de 11 de julio de 2018, C-60/17, se llegó a las siguientes conclusiones:

Primera. - Hay transmisión de empresa encuadrable en el art. 44 ET (EDL 2015/182832) si la sucesión de contratas va acompañada de la transmisión de una entidad económica entre las empresas saliente y entrante.

Segunda. - En actividades donde la mano de obra constituye un factor esencial, la asunción de una parte relevante del personal adscrito a la contrata (en términos cuantitativos o cualitativos) activa la aplicación del artículo 44 ET.

Tercero. - Cuando (como en el caso) lo relevante es la mano de obra (no la infraestructura) la subrogación solo procede si se da esa asunción de una parte relevante (cuantitativa o cualitativamente) del personal.

Cuarto. - El hecho de que la asunción de una parte relevante de la plantilla derive de lo preceptuado por el convenio colectivo no impide la aplicación de la anterior doctrina.

En lo que afecta a las cargas probatorias, la sentencia reiterada concluye:

En principio, y siempre por referencia a estos supuestos en que lo relevante no es la infraestructura productiva puesta en juego, la adjudicación de una nueva contrata a empleador diverso del saliente nos sitúa ante la transmisión de la "entidad económica" recién aludida.

Pero no se trata de algo que pertenezca al terreno de lo abstracto o dogmático sino al de los hechos y de su prueba. Es decir, el examen de las características de la adjudicación (condiciones de tiempo, exigencias sobre el modo de suministrar los servicios a la empresa principal, dirección del grupo de personas adscrito, adscripción funcional permanente o aleatoria, etc.), de la realidad transmitida (afectación funcional y locativa, medios audiovisuales, programas informáticos, mobiliario para el personal, etc.), del alcance que tenga la asunción de personas (no solo cuantitativa, sino también cualitativa) son aspectos valorables para despejar esa incógnita, que constituye al tiempo un condicionante de la subrogación.

Eso significa, claro, que en sectores donde la mano de obra constituye lo esencial ha de valorarse de manera muy prioritaria el dato relativo al número o condición de quienes han sido asumidos por la nueva empleadora, al margen del título o motivo por el que ello suceda.

A partir de ahí, dados los términos en que el convenio colectivo disciplina la subrogación, será lógico que quien sostenga que no se ha producido la asunción suficientemente relevante de la mano de obra así lo acredite ( art. 217 LEC) y que se produzca el debate correspondiente cuando la cuestión sea controvertida".

En definitiva, hay sucesión legal cuando efectivamente se produce la transmisión de una unidad productiva que dispone de la infraestructura empresarial necesaria para el desarrollo de una actividad económica.

El convenio colectivo no puede desconocer en esos casos los derechos de carácter necesario del art. 44 ET, ni condicionar los efectos de la sucesión al cumplimiento por las empresas de obligaciones formales que no están contempladas en dicho precepto legal.

Eso lo es posible cuando no concurren los presupuestos para que exista sucesión legal conforme al art. 44 ET, pero los convenios colectivos han decidido imponer igualmente en esos casos la subrogación en las relaciones laborales de los trabajadores bajo las condiciones en ellos previstas.

CUARTO. 1.- En el caso de autos la sentencia recurrida ha venido en aplicar indebidamente la doctrina acuñada por esta Sala IV para los supuestos de sucesión convencional, en una situación jurídica que realmente se corresponde con la de una sucesión legal sometida a las reglas del art. 44 ET.

Contra lo decidido en la misma, no se trata en este caso del cambio de adjudicatario de una contrata o concesión administrativa en el que la subrogación quede sometida a lo previsto en un determinado convenio colectivo, con la imposición a la empresa saliente de la obligación de comunicar a la entrante el listado de los trabajadores adscritos a la contrata y entregar la documentación relativa a los mismos.

La STS 818/2020, de 30 de septiembre (rcud. 618/2018), a la que se acoge la sentencia recurrida, se refiere a una situación de sucesión convencional y aplica por ese motivo la doctrina que condiciona la subrogación al cumplimiento de los requisitos previstos en el convenio colectivo que la regula, entre ellos, la obligación de la empresa saliente de entregar a la entrante el listado de los trabajadores adscritos a la contrata y afectados por la subrogación.

Pero no es eso lo que sucede en el presente asunto, en el que no se trata de una sucesión convencional sometida a las reglas de un determinado convenio colectivo, sino de una auténtica y genuina sucesión legal del art. 44 ET, toda vez se produce la transmisión de una unidad productiva.

2.- Como es de ver en los hechos probados, la Fundació Privada Escola Vicenciana es titular de varios centros educativos de enseñanza no universitaria. En tal condición firma un acuerdo con el Departament dŽEducació de la Generalitat de Cataluña, mediante el que le transmite esos centros educativos, que pasan a integrarse en la red de centros públicos de la Generalitat.

El Decreto Ley 10/2019, de 28 de mayo, del procedimiento de integración de centros educativos a la red de titularidad de la Generalidad, del Departament de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, regula el procedimiento y condiciones de tal integración.

Su objeto es el de integrar determinados centros educativos en la red pública de la Generalitat (art. 1); su ámbito de aplicación es el de los centros docentes inscritos en el departamento competente en materia de política educativa (art. 2); el procedimiento de integración pasa por la solicitud del centro, la firma de un acuerdo al efecto, la garantía de existencia de un título válido sobre el inmueble en el que se ubica el centro. Comprende el solar y el inmueble " La adquisición del local en el que está instalado el centro educativo, con especificación expresa del precio de adquisición del solar y del inmueble referido al momento del pago, o de la continuidad del arrendamiento del local, o de la instalación de la escuela en otro inmueble público o privado, siempre a cargo de la Administración correspondiente, según lo que rige para los centros docentes públicos" (art. 3); asimismo requiere "valorar, entre otros, la situación jurídica del solar y del inmueble en los que se encuentra ubicado, de acuerdo con el informe emitido por el departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de patrimonio de la Generalidad previsto en el artículo 3.3.d), el estado de las instalaciones, la situación económica, el número de alumnos escolarizados y el personal y la situación laboral. (art. 4).

No hay por lo tanto la menor duda de que la integración comporta la transmisión de una unidad productiva en los términos del art. 44. 2 ET, en cuanto supone transferir a la Generalitat los solares, inmuebles, locales en los que se desempeña la actividad educativa, así como la de todo el personal adscrito a la misma.

3.- Consecuencia de lo anterior, como no puede ser de otra forma, el art. 5 del propio Decreto Ley 10/2019, dispone lo siguiente: "1. El personal laboral que proceda de centros educativos, tanto públicos como privados, que se integran en la red de titularidad de la Generalidad, se integra en el nuevo centro educativo de acuerdo con las normas laborales que regulan la sucesión de empresa. La integración, que respetará su vínculo y condiciones de trabajo, se realizará como personal a extinguir.

2. El personal docente, funcionario de carrera, procedente de los centros educativos públicos que se integran en la red de titularidad de la Generalidad, se integra en plazas singulares del grupo o subgrupo de titulación correspondiente, se les respeta el grado personal que tienen reconocido y quedan, respecto de su administración de origen, en la situación administrativa que corresponda.

3. El personal docente interino procedente de los centros educativos públicos que se integran en la red de titularidad de la Generalidad, pasa a tener vínculo como funcionario interino y a formar parte de la bolsa de trabajo de personal interino docente para prestar servicios en centros dependientes del Departamento de Educación.

4. El personal mencionado en los apartados anteriores únicamente podrá adquirir la condición de personal al servicio de la Administración de la Generalidad previa superación de los procesos selectivos que se convoquen de acuerdo con la normativa de aplicación."

Al margen de los matices diferenciales que ese precepto contiene respecto al personal docente, lo cierto es que, claramente señala, que todo el personal laboral procedente de los centros que se integran en la red de la Generalitat pasarán a integrarse en el nuevo centro de acuerdo con las normas laborales que regulan la sucesión de empresa y manteniéndose sus condiciones de trabajo.

Y al contrario de lo alegado por la Generalitat de Cataluña en el recurso de suplicación, no hay por lo tanto razón alguna para excluir al personal administrativo de los efectos de la sucesión, cuando el propio Decreto Ley que viene a delimitar el ámbito de la unidad productiva que es objeto de transmisión, incluye a todo el personal laboral que prestaba servicios en el centro educativo que se transmite a la Generalitat.

Por más que, con independencia de ello, una vez acreditada la asunción de toda la infraestructura empresarial que conforma la unidad productiva, esa obligación ya se desprende directamente de lo previsto en el art. 44 ET.

4.- En consecuencia, en aplicación del art. 44. 3 ET, la Generalitat de Cataluña debe responder solidariamente durante tres años por las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión que no hubieren sido satisfechas por la anterior empleadora, frente a todo el personal del centro educativo cuya titularidad asume y cualquiera que fuese su categoría y actividad profesional.

Obligaciones laborales anteriores y no satisfechas, entre las se incluyen las derivadas de los despidos acordados por la empresa cedente unos meses antes de la transmisión.

QUINTO. Conforme a lo razonado y de acuerdo con el Ministerio Fiscal, la buena doctrina es la contenida en la sentencia de contraste, por lo que debemos estimar el recurso, casar y anular la sentencia recurrida, y resolver el debate de suplicación en el sentido de desestimar el recurso de tal clase formulado por la Generalitat de Cataluña para confirmar la sentencia de instancia y declarar su firmeza. Sin costas y con devolución del depósito constituido para recurrir.