Sentencia Social 722/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 365/2021 de 22 de mayo del 2024

PRIMERO.- 1.- La cuestión a resolver es la de determinar si la acción ejercitada en el presente litigio es o no meramente declarativa y si carece de cualquier necesidad actual de protección jurídica, por no existir en este momento un interés judicialmente tutelable.

2.- La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social núm. 3 de Zaragoza estimó la excepción de falta de acción y absolvió de la demanda a las mercantiles Renfe Viajeros y Renfe Operadora. La sentencia aquí recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 28 de diciembre de 2020 (R. 627/2020) confirmó la sentencia de instancia.

Consta que el actor es trabajador de la empresa Renfe Viajeros S.A. desde el 1 de enero de 1981. Fue declarado no apto para la circulación en 27/10/1999, fecha en la que se le reconoció una incapacidad permanente total para su profesión habitual de maquinista principal. A consecuencia de dicha declaración, pasó de categoría maquinista principal (405) a auxiliar de depósito (404). En fecha 7/07/2010 entró en vigor el Acuerdo de Desarrollo Profesional de RENFE-operadora y con arreglo a su Disposición Final Única, el demandante fue reclasificado de auxiliar de depósito a maquinista jefe de tren. En fecha 2/06/2011 el actor ascendió a categoría de mando intermedio jefe de Maquinistas nivel B con realización de funciones de gestión al desaparecer la categoría de auxiliar de depósito. El ascenso no alteró la calificación de no apto para conducción. Al demandante se le ha reconocido la aplicación de coeficientes reductores por penosidad a los efectos de anticipar edad de jubilación desde el 15/07/1983 hasta 30/09/1999 respecto de las categorías profesionales de: ayudante de maquinista, (1983- 1986) maquinista (09/1986-09/1991), maquinista principal (09/1991- 12/1993, y 01/1994 a 30/09/1999). La bonificación por penosidad (0,10) por razón del cómputo de los periodos reconocidos es de 1 año 7 meses y 6 días. Por la demandada se le han dejado de aplicar los coeficientes reductores desde 01/07/2010 coincidiendo con su asignación como maquinista jefe de tren (entrada en vigor del Acuerdo citado). La categoría de jefe de maquinistas nivel B no puede desempeñar funciones de instrucción y formación en línea, el resto de sus funciones coincide con las correspondientes a mando intermedio de conducción jefe de maquinistas nivel A. Los trabajadores de ambas categorías actualmente no conducen trenes siendo sus funciones esencialmente de gestión y acompañamiento. La empresa demandada continúa aplicando el coeficiente de reducción por peligrosidad/penosidad (del 0,15) a los jefes de maquinistas nivel A, y ha dejado de aplicar los coeficientes reductores a los jefes de maquinistas nivel B desde 1/07/2010, caso del actor.

La sentencia recurrida razona, respecto al fondo del asunto, que la doctrina jurisprudencial ha establecido que no son admisibles las acciones meramente declarativas en el ámbito del proceso laboral, al no existir conflicto o controversia jurídica que les sirvan de base, pues solo será en tal caso cuando exista una verdadera acción. En el caso, la cuestión litigiosa se centra en determinar si el actor tiene o no derecho a una bonificación por aplicación de determinados coeficientes reductores, lo que supone, a juicio de la sala, una especie de consulta para acceder posteriormente a una pensión de jubilación, de forma que lo que se pretende es una simple declaración judicial, para posteriormente hacerla valer en otro ámbito, sin que actualmente tenga efectividad alguna, como no sea la de servir de instrumento para un pleito posterior.

3.- Recurre el actor en casación unificadora y denuncia infracción del artículo 24 CE, así como diversas sentencias de esta Sala y del Tribunal Constitucional que cita. La demandada niega la existencia de contradicción, porque en el asunto de contrate la acción se dirige igualmente contra el INSS y la TGSS, mientras que en el presente se formula exclusivamente frente a la empresa, y esa diferencia es determinante para valorar la existencia de un verdadero interés tutelable en el proceso judicial. El Ministerio Fiscal informa en favor de estimar el recurso.

SEGUNDO.- 1.- La recurrente presenta como sentencia de contraste la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Málaga, de 10 de octubre de 2018 (Rec. 683/2018) que estima el recurso y declara la nulidad de la sentencia de instancia que había desestimado la demanda por falta de acción.

Los hechos, por lo que aquí interesa, son los siguientes. El actor viene prestando servicios para RENFE desde el 15 de julio de 1985, y desde el 1 de febrero de 2005 asignado al puesto de mando intermedio de conducción -jefe de maquinistas; fue declarado no apto para la circulación en fecha 9 de diciembre de 2009, prestando servicios en las dependencias de la Jefatura de Líneas de cercanías de Málaga. Se interpuso reclamación previa solicitando se dicte resolución reconociendo la infracotización denunciada, y cotice por el actor durante el periodo indicado del 1 de julio de 2010 plasta la actualidad al 0,15 por la categoría peligrosa o penosa que corresponde.

Razona la sentencia que sí existe un interés directo, concreto y actual pues la parte actora alega que no se le ha aplicado el coeficiente reductor por penosidad en un determinado periodo, pese a realizar y ostentar la misma categoría de jefe de maquinista y solicita que se le apliquen los coeficientes reductores que considera que le corresponden en cada periodo y categoría y que no han sido aplicados por una decisión de la empresa respecto de la que debe determinarse si es o no correcta y justificada. En consecuencia, la sala declara la nulidad de la sentencia de instancia que estimó la falta de acción, y ordena reponer las actuaciones al momento inmediatamente posterior a la terminación del juicio para que por la magistrada de instancia, haciendo uso de las diligencias para mejor proveer si lo estima necesario, con intervención de las partes, se dicte nueva sentencia con absoluta libertad de criterio, consignado los elementos de hecho que sean necesarios para resolver la acción ejercitada y resuelva el fondo del asunto y se pronuncie sobre la pretensión de la parte actora.

2.- Tal como expresamos en nuestra STS 466/2023 de 4 julio, Rcud. 1609/2020, dictada en un asunto sustancialmente igual al presente, no es posible aceptar la existencia de contradicción.

Ya hemos avanzado que la sentencia recurrida considera que la pretensión ejercitada supone el planteamiento una acción meramente declarativa que no ha de ser admitida porque no es de apreciar la existencia de un interés actual y efectivo en el ejercicio del derecho en el que se sustenta, mientras que la referencial considera que en aquel caso concurre una causa que justifica y legitima el ejercicio de la acción.

Siendo así, el análisis de la contradicción exige que tengamos en cuenta dos relevantes consideraciones. De una parte, la consolidada doctrina en esta materia que recuerda la STS de 29 de octubre de 2015, Rcud. 1580/2014,: "La admisión en el proceso laboral de las acciones declarativas es cuestión admitida pacíficamente desde hace ya algún tiempo en la medida en que el Tribunal Constitucional se pronunció en SSTC 65/1995 y 39/1984, entre otras, estableciendo que las acciones meramente declarativas han sido admitidas por la jurisprudencia laboral, si bien interpretando restrictivamente su ejercicio, al que se fijan límites y condiciones en consonancia con los principios que informan la ordenación del proceso laboral. En este sentido, la STC 20/1993, precisó que la viabilidad de la acción declarativa, como modalidad de tutela jurisdiccional que se agota en la declaración de existencia, inexistencia o modo de ser de una relación jurídica, está subordinada a la concurrencia de un interés real, actual y concreto en que los órganos judiciales pongan fin a la falta de certidumbre en torno a la relación jurídica de que se trate; esto es, resulta necesario que exista una lesión actual del interés propio, al margen del carácter o no fundado de la acción, lo que significa no sólo la utilidad o efecto práctico de la pretensión, sino la existencia de un derecho insatisfecho, al que se trata de tutelar mediante el ejercicio de la acción. No pueden plantearse al Juez por ello cuestiones no actuales ni efectivas, futuras o hipotéticas, o cuya decisión no tenga incidencia alguna en la esfera de derechos e intereses del actor: se requiere que exista un caso o controversia, una verdadera "litis", pero no cabe solicitar del Juez una mera opinión o un consejo ( STC 210/1992). Esta doctrina ha sido reiteradamente asumida por la jurisprudencia de la Sala (por todas: SSTS de 23 de diciembre de 1999, Rec. 4860/1988 y de 23 de mayo de 2001, Rec. 1642/2000).

Y de otra, lo dispuesto en el artículo 206 LGSS en cuanto establece en su primer apartado: "La edad mínima de acceso a la pensión de jubilación a la que se refiere el artículo 205.1.a) podrá ser rebajada por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca"; tras lo que seguidamente señala "Con la finalidad de mantener el equilibrio financiero del sistema, la aplicación de los coeficientes reductores que se establezcan llevará consigo un incremento en la cotización a la Seguridad Social, a efectuar en relación con el colectivo, sector y actividad que se delimiten en la norma correspondiente, en los términos y condiciones que, asimismo, se establezcan. Dicho incremento consistirá en aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto a cargo de la empresa como del trabajador".

Bajo esta última base, lo reclamado en la demanda es que se declare que la empresa debe aplicar un tipo de cotización adicional conforme con los coeficientes de reducción de la edad de jubilación que el actor considera que le corresponden.

3.- Teniendo en cuenta lo anterior debemos negar la existencia de contradicción, en atención al hecho de que en el presente asunto la demanda se dirige exclusivamente frente a la empleadora, mientras que en la sentencia referencial se extiende además contra el INSS y la TGSS, con lo que no concurre esa identidad subjetiva que exige el artículo 219 LRJS para apreciar la existencia de contradicción, lo que a su vez justifica la distinta solución alcanzada en cada una de las sentencias en comparación.

De esa dispar circunstancia se desprende que no se trata de los mismos litigantes, sin que pueda considerarse que la empresa y las entidades gestoras se encuentren a estos efectos en idéntica situación, en tanto que a TGSS y el INSS les corresponde el reconocimiento de la prestación de jubilación con los coeficientes de reducción que pudieren resultar en cada caso aplicable por la realización de trabajos excepcionalmente penosos, peligrosos o insalubres, en los términos del artículo 206.1 LGSS, por lo que su intervención en un asunto de esta naturaleza es imprescindible para la correcta constitución de la litis y consecuente decisión sobre el alcance de la pretensión ejercitada a la hora de establecer su verdadera naturaleza jurídica, para decidir si se trata de una acción meramente declarativa carente de un verdadero interés tutelable o pueda calificarse como una acción correctamente ejercitada y merecedora de una determinada respuesta judicial.

Es cierto que en ninguno de los casos se ha solicitado todavía el reconocimiento de la pensión de jubilación. En ambos supuestos se trata de trabajadores en activo que interesan que se les reconozca el carácter penoso y peligroso de su trabajo a efectos de la reducción de la edad de su futura jubilación. Desde esta primera aproximación puede parecer que en los dos asuntos se trata del ejercicio de una acción de la misma naturaleza y contenido, lo que apuntaría a la existencia de contradicción desde el momento en el que la recurrida aprecia la falta de acción y la referencial sin embargo la acepta.

Pero como bien destaca de forma expresa la propia sentencia recurrida, el hecho de que no se haya dirigido una pretensión de este carácter contra el INSS y la TGSS es ciertamente determinante para valorar su verdadero alcance y finalidad a la hora de calificarla como una acción meramente declarativa.

TERCERO.- 1.- La STS de 23 de junio de 2014, Rcud. 227/2013, aplica la referenciada doctrina jurisprudencial en esta materia, para señalar que no puede aceptarse el ejercicio de acciones no actuales ni efectivas, futuras o hipotéticas, pero que debe en todo caso "admitirse cuando el ejercicio de la acción está justificado por una necesidad de protección jurídica y se corresponda con la pretensión deducida y ésta con el interés que se pretenda tutelar". Y en tal sentido concluye que "esta cualidad no puede negarse cuando lo que se trata de obtener es la preceptiva declaración administrativa sobre la existencia de determinado coeficiente corrector en la actividad desarrollada ( art.10 y ss. RD 1698/2011, de 18 de noviembre), que ha de permitir en su día el acceso a la jubilación con una superior base reguladora tal como se argumenta en la impugnación del recurso, pero sobre todo a edad más temprana, por lo que el conocimiento del referido coeficiente no sólo resulta dotado de plena legitimidad justificativa de la correspondiente acción, sino que incluso resulta del todo punto necesario en orden a planificar la actividad laboral futura".

Las SSTS 714/2018, de 4 de julio (Rcud. 184/2017) y 549/2017, de 21 de junio (Rcud. 157/2016); reiteradas por la STS 466/2023 de 4 julio, Rcud. 1609/2020, se acogen implícitamente a esa misma doctrina en sendos asuntos en los que igualmente se reclamaba el reconocimiento de un determinado coeficiente reductor de la edad de jubilación por la realización de actividades profesionales de naturaleza excepcionalmente penoso o peligrosa.

Pero en todos estos precedentes los trabajadores habían presentado una solicitud ante las entidades gestoras de la seguridad social en reclamación del reconocimiento de ese derecho, y el objeto del proceso judicial es, justamente, la impugnación de la resolución administrativa que denegó su petición. En ese contexto y por ese motivo, es por lo que la precitada STS de 23 de junio de 2014, señala expresamente que no puede calificarse como acción meramente declarativa la que está dirigida a obtener "la preceptiva declaración administrativa sobre la existencia de determinado coeficiente corrector en la actividad desarrollada".

Esa circunstancia, la obtención de una declaración administrativa vinculante para las entidades gestoras de la seguridad social, es precisamente la que sustenta el interés real y efectivo del justiciable en obtener un pronunciamiento judicial que le permita planificar su actividad laboral futura de cara a la ulterior solicitud de la pensión de jubilación en unas u otros condiciones.

2.- Al igual que en los precedentes que acabamos de mencionar, en el caso de la sentencia referencial concurre la circunstancia de que la acción se dirige contra INSS y la TGSS -además de contra la empresa-, y eso es bastante para acreditar la existencia de un interés efectivo que dota de plena legitimidad justificativa el ejercicio de una acción declarativa dirigida a que se reconozca un determinado coeficiente reductor por edad, en vistas de una futura jubilación y en razón de la calificación como especialmente penosa y peligrosa de una determinada actividad laboral.

Pero no es esto lo que sucede en el presente asunto, en el que la acción declarativa se formula exclusivamente contra la empresa sin dirigirla contra las entidades gestoras a las que les corresponde el definitivo pronunciamiento sobre la pensión de jubilación en el momento en el que ulteriormente se solicite, lo que supone que se está planteando en realidad una mera hipótesis de futuro carente de cualquier efectividad actual que no habrá de tener ninguna incidencia en la esfera de derechos e intereses del demandante, que quedarán en todo caso supeditados a lo que resuelvan las entidades gestoras de seguridad social que no han sido parte en el presente procedimiento.

Podría hablarse en realidad de una situación de litisconsorcio pasivo necesario, de la que en esta fase procesal se deriva la consecuencia jurídica de que la acción ejercitada en esos términos deba necesariamente calificarse como meramente declarativa.

En lo que ahora interesa, tan esencial diferencia entre uno y otro asunto justifica que las sentencias en comparación hayan alcanzado una solución diferente a la hora de establecer la verdadera naturaleza jurídica de la acción ejercitada, lo que determina la inexistencia de contradicción.

CUARTO.- Conforme a lo razonado y oído el Ministerio Fiscal, debemos desestimar el recurso y declarar la firmeza de la sentencia recurrida. Sin costas.