Sentencia Social 729/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3716/2020 de 23 de mayo del 2024

PRIMERO.- 1. La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si concurre la excepción de litispendencia en el proceso de extinción del contrato de trabajo por la vía del art. 50 del Estatuto de los Trabajadores (ET) y reclamación de cantidad que la acompaña que ha apreciado la sentencia recurrida por estar pendiente de resolución un procedimiento de oficio sobre declaración de relación laboral entre la demandada y el trabajador.

La parte actora ha formulado dicho recurso contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla La Mancha, de 17 de julio de 2020, rec. 304/2020, que, sin entrar a conocer del fondo del recurso de suplicación planteado por la parte demandada frente a la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Guadalajara, en los autos sobre extinción de contrato, seguido bajo el núm. 250/2019, declara la nulidad de dicha resolución judicial dejando en suspenso las actuaciones hasta la resolución del procedimiento de oficio en tramitación ante el Juzgado de lo Social núm. 2 de Guadalajara.

Según recoge la sentencia recurrida, planteándose por la parte actora una acción sobre resolución del contrato a instancia del trabajador, por incumplimiento de obligaciones empresariales, habiendo sido cuestionada la existencia de relación laboral entre las partes del proceso, la sentencia de instancia que ha entrado a conocer de dicha pretensión debe dejarse sin efecto por cuanto que está pendiente de resolución el procedimiento de oficio que se sigue ante el Juzgado de lo Social núm. 2 de Guadalajara, para que se declare la existencia de relación laboral. En definitiva, aprecia la excepción de litispendencia.

2. En el recurso de unificación de doctrina se formula el punto de contradicción expuesto anteriormente para el que se identifica como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, sede en Sevilla, de 30 de junio de 2016, rec. 1715/2015.

En ella se resuelve el recurso de suplicación interpuesto por la empresa demandada frente a la sentencia de instancia que declaró la improcedencia del despido, siendo debatido la existencia o no de relación laboral entre las partes. La parte demandada, ante la existencia de un procedimiento de oficio instado por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la suspensión del procedimiento por litispendencia, se deniega dicha solicitud por ser diferente la causa de pedir, al estar en un procedimiento por despido, siendo tan solo dilucidado en aquel otro la existencia o no de relación laboral.

3. Entre las sentencias existe la identidad necesaria para apreciar que sus pronunciamientos son contradictorios ya que, en ambos procedimientos se está cuestionando la existencia de relación laboral, así como que, también, concurre la existencia de un previo proceso judicial -procedimiento de oficio-, sobre la existencia de relación laboral. En ambos casos se pretendió por la parte actora que se suspendiera el proceso -de despido o de extinción de contrato por voluntad del trabajador- por existir litispendencia. Las respuestas de una y otra resolución judicial comparadas son opuestas por cuanto que, en la aquí recurrida se acuerda dicha suspensión, lo que no se acepta en la de contraste.

El hecho de que en un proceso se accione por despido y en el otro por la vía del art. 50 del ET, no altera la identidad en las pretensiones ya que, tanto en un caso como en el otro, se debate una cuestión previa como es la existencia o no de relación laboral, lo que hace irrelevante, a los efectos de la identidad, que la cuestión de fondo sea una u otra porque, en cualquier caso, una y otra son distintas de la suscitada en el primer proceso, siendo que lo que ahora se cuestiona, al igual que en la referencial, es que se suspenda el proceso por estar pendiente otro procedimiento previo -en ambos casos es el mismo tipo de proceso- que podría provocar la excepción de litispendencia.

Tampoco interfiere a los efectos que estamos examinando, el que el procedimiento de oficio derive, en el caso de la sentencia de contraste, de una actuación inspectora frente a una de las codemandadas cuando resulta que la existencia de relación laboral que se cuestiona en el proceso de despido lo es también frente a ella, lo mismo que acontece en el caso de la sentencia recurrida, en la que está en debate la relación laboral con la demandada, tanto en el procedimiento de oficio como en el de extinción del art. 50 del ET.

Finalmente, los pronunciamientos de una y otra sentencia son contradictorios porque en la sentencia recurrida se declara la existencia de litispendencia, lo que fue denegado en la sentencia de contraste, como se infiere de la desestimación del recurso.

SEGUNDO. - 1. La parte recurrente plantea el motivo de infracción normativa en el que identifica como preceptos legales objeto del mismo la infracción del art. 1252.1 del Código Civil (CC) y art. 222.1 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), y art. 24 de la Constitución Española y la jurisprudencia que refiere, como la STS de 17 de abril de 2007, rcud 722/2006, y 23 de marzo de 2004, rcud 3896/2022.

Según sostiene la parte actora que en el presente caso no es posible apreciar la existencia de litispendencia por no concurrir la completa identidad que exigen los preceptos legales invocados, al no ser la misma pretensión en cada uno de los procesos, al margen de que pudieran determinar que opere el efecto de cosa juzgada positiva de la sentencia que fuera dictada en el primer proceso sobre el posterior, pero en ningún caso el de litispendencia. Es más, refiere que ese efecto ha sido adoptado indebidamente por la sentencia recurrida, infringiendo el mandato del art. 240.2. 2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), partiendo de una cuestión nueva que la contraparte suscitó en ese momento procesal y no en la instancia. A ello se une el hecho de que en el proceso que ha provocado la excepción de litispendencia apreciada en la sentencia recurrida, se ha dictado sentencia firme que ha sido unida a las actuaciones y que ha transforma dicha excepción en cosa juzgada, lo que provocaría, en todo caso, la remisión de las actuaciones a la sala de procedencia para que entre a conocer del recurso de suplicación interpuesto de contrario.

2. El art. 207.3 de la LEC indica que "Las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el tribunal del proceso en que hayan recaído deberá estar en todo caso a lo dispuesto en ellas".

El art. 222 de la LEC, que derogó el art. 1252 del CC, dispone en su apartado 1 lo siguiente: "La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo".

Por su parte, el apartado 4 del citado precepto procesal, señala que "Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal".

3. Como viene sosteniendo esta Sala, (SSTS de 30 de septiembre de 2004, rec. 1793/2003 y 6 de junio de 2006, rcud 1234/2005, entre otras), con carácter general, el instituto jurídico de la litispendencia se encuentra directamente vinculado con el de la cosa juzgada, ya que "ambas excepciones están íntimamente relacionadas, por cuanto la dilatoria de litispendencia impide la decisión del proceso mientras se esté desarrollando otro idéntico y hasta que haya recaído sentencia firme; en tanto que la perentoria de cosa juzgada o bien constituye óbice -efecto negativo- para la decisión de "un proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo" [ art. 222.1 LEC , o bien predetermina el sentido de la segunda sentencia a dictar, en tanto que "vinculará al Tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto" [ art. 222.4 LECiv ]". Ambas instituciones atienden a la misma finalidad y, por ello, su tratamiento jurídico es común, no solo en el art. 421 de la LEC sino también en el art. 400.1 del mismo texto legal. A una y otra les separa los momentos procesales en los que actúan, porque "operan sobre realidades temporal y procesalmente diferentes, pues mientras que la cosa juzgada actúa sobre la base de una situación jurídica ya consolidada -que no se puede desconocer- que es la sentencia ya firme, la litispendencia se basa precisamente en la tramitación de un proceso anterior y todavía no llegado a término". Esto es, la litispendencia tiene su razón de ser en la existencia de dos pleitos pendientes, mientras que la cosa juzgada requiere de un pleito concluido por sentencia firme.

De aquello se deriva, a su vez, el distinto efecto procesal que una y otra excepción tienen sobre el proceso en tramitación, como indica esta Sala, al decir que "Ese diferente momento procesal en el que cada una de ellas entra en juego determina que la cosa juzgada tenga un doble efecto, negativo o excluyente de nuevo enjuiciamiento, cuando media identidad absoluta de los elementos de la pretensión, y positivo o prejudicial cuando aquella "plena identidad" no existe, consistente en la "vinculación" a la resolución del "antecedente lógico", mientras que la litispendencia limita su efecto al suspensivo, siquiera el mismo alcance no sólo a los supuestos de plena identidad -propios de la cosa juzgada negativa- sino a los de hipotética vinculación por tratarse de "antecedente lógico". Por tanto, podemos decir que la litispendencia comienza desde la interposición de la demanda ( art. 410 LEC) y concluye cuando termina por sentencia firme el proceso precedente ( art. 222 LEC) .

4. La excepción de litispendencia se ha venido rechazando en situaciones en las que no concurrían las necesarias identidades entre las pretensiones que se articulan. Como ha recogido también esta Sala, "No basta con que entre ambos procesos exista una mera conexión o identidad de alguno de estos elementos (pero no de todos), pues esto último a lo único que puede dar lugar es a la posibilidad de acumulación de ambos procesos a instancia de parte legítima, constituyendo una hipótesis distinta a la de litispendencia" ( STS 1083/2021, de 3 de noviembre (rec. 9/2020).

Y , como recuerda la parte recurrente, esta Sala ya ha venido diciendo que "la existencia o inexistencia de relación laboral, [como] elemento de conexión, que sería susceptible de determinar un efecto positivo de cosa juzgada de la sentencia dictada en el primer pleito sobre la del segundo, no reúne las exigencias necesarias para apreciar la identidad propia de la litispendencia, pues ésta requiere la completa identidad del artículo 1252.1 del Código Civil (hoy artículo 222.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) , no la parcial propia del efecto positivo ( artículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) , que exige sólo la identidad subjetiva y la actuación del pronunciamiento de una sentencia como un "antecedente lógico" de la otra" ( STS 23 de marzo de 2004, rcud 3896/2002, al igual que la citada en el recurso, STS de 17 de abril de 2007, rcud 722/2006).

5. Pues bien, aplicando la anterior doctrina debemos entender que es la sentencia recurrida la que, al apreciar la excepción de litispendencia, no resolvió conforme a esa doctrina al declarar la nulidad de la sentencia recurrida y acordar la suspensión del procedimiento de despido por litispendencia con el procedimiento de oficio, de forma que ese pronunciamiento no es conforme a derecho.

Siendo ello así, la sentencia recurrida debe ser casada y, resolviendo el debate planteado en suplicación, dado que en este recurso, se ha incorporado a las actuaciones la sentencia firme que ha sido dictada en el proceso anterior, declarando la existencia de relación laboral, lo procedente es devolver las actuaciones a la Sala de procedencia para que, otorgando al respectivo documento judicial firme el valor que le corresponde, entre a conocer del recurso de la empresa demandada.

TERCERO. - Lo anteriormente razonado, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, permite concluir en el sentido de entender que el recurso debe ser estimado , casar y anular la sentencia recurrida y, con devolución de las actuaciones a dicha sala, se dicte una nueva sentencia en la que entre a resolver el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandada.

Todo ello sin imposición de costas, a tenor del art. 235 de la LRJS.