Sentencia Social 224/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 138/2021 de 27 de marzo del 2023

PRIMERO.- 1.- La controversia casacional radica en determinar si los demandantes están legitimados para interponer una demanda de conflicto colectivo en materia de modificación sustancial de condiciones de trabajo (en adelante MSCT) contra Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza (en adelante AEFP).

Los actores: D. Sergio, D. Carlos Daniel y D. Jesús Ángel, eran miembros de la representación social de la Comisión Negociadora de AEFP. Dicha comisión estaba integrada por cinco representantes de los trabajadores y cinco representantes de la empresa. En una reunión telemática de los miembros de la representación social de la Comisión Negociadora de AEFP se acordó presentar una demanda de conflicto colectivo contra esa empresa. La demanda impugna la fórmula de distribución de los incentivos.

2.- La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga 308/2021, de 17 febrero (procedimiento 29/2020), declaró la falta de legitimación activa de estos tres trabajadores.

3.- La parte demandante interpuso recurso de casación ordinario con cinco motivos:

a) Tres motivos amparados el art. 207.d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS), en los que postula la revisión de los hechos probados.

b) Un motivo basado en el art. 207.e) de la LRJS en el que denuncia la infracción del art. 154 de la LRJS, del principio pro actione (interpretación de la norma en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción), del art. 24 de la Constitución y del art. 65.1 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET).

La parte recurrente alega que en la empresa no hay un comité intercentros pero que, por la vía de los hechos, es la Comisión Negociadora quien asume esa función, por lo que está legitimada para interponer la presente demanda.

c) Otro motivo formulado con el mismo amparo procesal en el que denuncia la infracción del art. 154 de la LRJS, del principio pro actione, del art. 24 de la Constitución, de los arts. 17.2 y 155 de la LRJS y del art. 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como de la doctrina jurisprudencial que cita.

Esta parte procesal argumenta que el sindicato CC.OO. fue llamado al pleito como interesado, se personó y se adhirió a la demanda, lo que evita cualquier defecto relativo a la legitimación activa.

4.- La parte demandada presentó escrito de impugnación del recurso en el que solicitó la confirmación de la sentencia recurrida. El Ministerio Fiscal informó en contra de la estimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.- En el hecho probado cuarto se mencionan varias comunicaciones, reuniones y solicitudes de informes por parte de la empresa demandada y de la representación de los trabajadores.

La parte recurrente pretende añadir que esas reuniones se llevaron a cabo "a través de la Comisión de la Mesa Negociadora".

Se trata de una adición irrelevante porque el ordinal cuarto, después de mencionar diversas comunicaciones, actas e informes, explica que son "todos los que obran en autos y se dan por reproducidos". El hecho probado se remite a dichos documentos, incorporando su contenido al relato histórico, lo que hace innecesaria la adición propuesta por la parte recurrente.

2.- El hecho probado séptimo resume el contenido del acta de la Comisión Negociadora de AEFPA celebrada el día 9 de noviembre de 2020.

La parte recurrente pretende incluir dos menciones relativas a que:

a) Los tres trabajadores demandantes intervinieron en dicha comisión como mayoría de la parte social de la representación de los trabajadores por CC.OO., sin que asistieran los dos miembros de UGT.

b) En el acta se recogió el acuerdo de la mayoría social de los representantes de los trabajadores asistentes a la misma.

Es una adición intranscendente porque el hecho probado séptimo reseña el contenido fundamental de esa acta, sin que las adiciones propuestas por la parte recurrente sean relevantes, por lo que procede desestimar esta pretensión revisora.

3.- La pretensión modificativa del hecho probado octavo postula que se incluyan dos afirmaciones:

a) Los tres trabajadores demandantes actuaron como miembros titulares de la Comisión Negociadora de AEFP por CC.OO. como mayoría de la parte social de la representación de los trabajadores.

b) A través del escrito de demanda se interesó la citación como parte interesada de los miembros de la Mesa Negociadora de UGT, así como de la central sindical UGT, de la Central Sindical CC.OO. y de los ocho comités de empresa provinciales. El sindicato CC.OO. compareció el día del juicio y se adhirió a la demanda.

4.- La primera de esas adiciones es intranscendente para la resolución de este pleito. Respecto de la segunda:

a) La parte recurrente no pretende incluir en el relato fáctico unos hechos en los que fundamenta su pretensión.

b) Solicita la adición de parte del contenido del escrito de demanda rectora de este pleito y de la intervención procesal del sindicato CC.OO.

En el apartado de las sentencias denominado "hechos probados" no deben incluirse los trámites procesales acaecidos en el mismo litigio (el contenido del escrito de demanda, la comparecencia de un sindicato y su adhesión a la demanda), por lo que resulta irrelevante esa pretensión revisora.

TERCERO.- 1.- En el siguiente motivo se alega que la Comisión Negociadora de AEFP está legitimada para formular la presente demanda de conflicto colectivo.

El art. 154.c) de la LRJS dispone:

"Estarán legitimados para promover procesos sobre conflictos colectivos:

c) Los empresarios y los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, cuando se trate de conflictos de empresa o de ámbito inferior [...]".

2.- Las sentencias del Pleno de la Sala Social del TS de 18 de marzo de 2014, recurso 114/2013 y número 454/2022, de 18 mayo ( rec. 246/2021), han reconocido legitimación activa a la comisión ad hoc para interponer la demanda de despido colectivo. La última de ellas explica que la comisión ad hoc a que se refiere "el art. 51.2 del ET por remisión al art. 41.4 del ET tiene legitimación activa para impugnar la decisión empresarial por la vía del art. 124 LRJS".

La razón de ello es porque "negarles legitimación a las comisiones ad hoc impediría la impugnación de las decisiones empresariales extintivas de carácter colectivo en las empresas o centros de trabajo que carecen de representación legal o sindical. Ello implicaría, no solo vaciar de contenido el derecho a tutela judicial efectiva que los trabajadores pueden tener desde la perspectiva colectiva, sino desvirtuar por completo el periodo previo de consultas en tanto que sobre él planearía la amenaza de que, de no alcanzarse un acuerdo con la comisión ad hoc, la decisión de la empresa devendría irrevocable, sólo pendiente de las eventuales acciones individuales de los trabajadores afectados, las cuales tienen una finalidad distinta y sirven a la tutela de intereses no comparables con los que el proceso colectivo trata de satisfacer."

CUARTO.- 1.- Los hechos esenciales para la resolución de este motivo son los siguientes:

a) AEFP abonaba los incentivos a sus trabajadores mediante una fórmula de distribución proporcional, diferenciando entre los dos grupos de trabajadores que integran la plantilla.

b) La sentencia del TS 64/2019, de 29 de enero (rec. 33/2017) declaró que la determinación de la masa salarial bruta que limita la cuantía máxima del incentivo abonado por AEFP se debe calcular con lo percibido por los trabajadores por tal concepto en el ejercicio anual precedente.

c) AEFP y la representación de los trabajadores realizaron diversas comunicaciones, mantuvieron reuniones levantándose actas y se recabaron informes jurídicos para la aplicación de la citada sentencia del TS.

d) A raíz de dicha sentencia, AEFP ha cambiado el sistema de abono individualizado de los incentivos. La empresa paga los incentivos de forma lineal entre todos los trabajadores de la empresa y no de forma proporcional.

e) El 9 de noviembre de 2020 se reunieron telemáticamente los miembros de la parte social de la Comisión Negociadora de AEFP. Asistieron los tres miembros que han formulado esta demanda. Excusaron su asistencia los otros dos miembros, que habían sido convocados a la reunión. Acordaron interponer una demanda de conflicto colectivo como órgano de representación social para impugnar la medida adoptada unilateralmente por la empresa relativa al abono individualizado de los incentivos de 2019.

2.- Hemos explicado que el TS ha incluido entre los legitimados activamente para impugnar los despidos colectivos a la comisión ad hoc del art. 41.4 del ET aunque no está expresamente mencionada en el art. 124 de la LRJS.

En la presente litis, la empresa no comunicó a los representantes de los trabajadores el inicio del periodo de consultas regulado en el art. 41.4 del ET. Sin embargo, la empresa AEFP sí que mantuvo reuniones con los representantes de los trabajadores en el seno de la Comisión Negociadora de AEFP, se levantaron actas y se recabaron informes jurídicos para la aplicación de la citada sentencia del TS. Habida cuenta de las circunstancias concurrentes en el supuesto enjuiciado, si la empresa negoció en el seno de la Comisión Negociadora de AEFP con los cinco representantes de los trabajadores cómo aplicar la sentencia del TS 64/2019 en relación con el abono de los incentivos del personal de la fundación, sin llegar a un acuerdo, y posteriormente la empresa decidió cambiar el sistema de abono de los incentivos; no puede negarse legitimación activa a la citada representación de los trabajadores para impugnar dicha decisión empresarial en el presente procedimiento colectivo.

No se trata de una impugnación a título individual sino que la representación de los trabajadores en la Comisión Negociadora de AEFP acordó interponer la presente demanda de conflicto colectivo en la reunión celebrada el 9 de noviembre de 2020.

A la vista de las circunstancias concurrentes en el supuesto enjuiciado, debemos concluir que la representación de los trabajadores que negoció con la empresa cómo interpretar y aplicar la sentencia del TS 64/2019, ante la falta de acuerdo, está legitimada para impugnar judicialmente la decisión empresarial que modificó el abono de los incentivos, por lo que debemos estimar el recurso de casación ordinario, oído el Ministerio Fiscal, casar y anular la sentencia recurrida y reponer las actuaciones al momento de dictarla para que el tribunal superior de justicia se pronuncie sobre el fondo del asunto.

La estimación de este motivo hace irrelevante el examen del último motivo casacional, en el que se alega que la adhesión a la demanda del sindicato CC.OO. evita cualquier defecto acerca de la legitimación activa de la Comisión Negociadora de AEFP. No procede la condena al pago de costas ( art. 235.2 de la LRJS).