Sentencia Social 243/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1439/2020 de 29 de marzo del 2023

PRIMERO.- 1. La cuestión casacional debatida por el INSS consiste en la determinación de cuándo se produce el hecho causante de la pensión de jubilación que se solicita desde una situación de no alta y después de cumplir la edad ordinaria de jubilación, para resolver si se cumplen los requisitos exigidos, en concreto si reúne el requisito de carencia específica, señalando el escrito de recurso que si se considera producido el hecho causante el día de la solicitud de la pensión la demandante no reúne el periodo de carencia específica.

Impugna la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 13 de febrero de 2020 (RS. 25/2020) que desestimó su recurso y confirmó la dictada en instancia y así el derecho de la parte actora a percibir una pensión de jubilación equivalente al 62,16% de la base reguladora de 655,50 €, en catorce pagas anuales y con efectos económicos del 2 de julio de 2018. Argumentaba que a fecha 29 de agosto de 2014 la demandante, que perteneció al mutualismo laboral antes de enero de 1967, tenía 63 años de edad, había cesado en el trabajo por una causa ajena a su voluntad y cumplía los requisitos de carencia genérica y específica, y, aunque no se encontraba en situación de alta, ni inscrita como demandante de empleo, en estos casos (jubilación anticipada de trabajadores procedentes del mutualismo laboral), la norma no exige que la trabajadora se encuentre de alta ni en situación asimilada a la de alta, de manera que pudo acceder a la jubilación anticipada en su condición de trabajadora procedente del mutualismo laboral el 29 de agosto de 2014 y, aunque no solicitó entonces tal reconocimiento, podía hacerlo ahora dada la imprescriptibilidad de ese derecho, aunque los efectos económicos solo se producirán a partir de la fecha de la petición.

2. El informe del Ministerio Fiscal, entendiendo concurrente el presupuesto de contradicción, argumenta la procedencia del recurso: al no haber tenido derecho en su día a la jubilación anticipada por no estar de alta o en situación asimilada al alta, no puede resultar aplicable la imprescriptibilidad del reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en el art. 212 LGSS.

La parte actora impugna el recurso y destaca que nunca el mero retraso en la presentación de la solicitud puede determinar la pérdida de un derecho, si en una determinada fecha se cumplían todos los requisitos de acceso; que el derecho consagrado en el art. 212 del TRLGSS supone precisamente la inmunidad frente al transcurso del tiempo, sin haber presentado la solicitud prestacional, y que la finalidad del art. 3.2 del Real Decreto 1647/1997 de 31 de octubre, interpretada correctamente por la sentencia ahora recurrida, no es otra que la de fijar únicamente la fecha de devengo económico de la pensión. Adiciona que el derecho se devengó el 29 de agosto de 2014, y es en ese momento y no en otro posterior cuando debe analizarse si se cumplen los requisitos de edad y carencia. Al tener la condición de mutualista, en esa fecha tenía 63 años, había cesado en el trabajo por causa involuntaria y cumplía los requisitos de carencia genérica y especifica.

SEGUNDO.- 1. Deberá examinarse con carácter prioritario el cumplimiento del presupuesto de contradicción preceptuado en el art. 219 LRJS. Esa norma y la jurisprudencia perfilan la necesidad de que converja una igualdad "esencial", sin que por lo tanto medie diferencia alguna que permita concluir que, a pesar de la contraposición de pronunciamientos en las sentencias contrastadas, ambos puedan resultar igualmente ajustados a Derecho y que por ello no proceda unificar la doctrina sentada. Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales. Entre otras muchas, recuerdan esta doctrina las SSTS de fechas 15.11.2022, rcud 3036/2019, 23.11.2022, rcud 1306/2019 o de 30.11.2022, rcud 3800/2021.

La sentencia de contraste es la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 25 de mayo de 2018 (RS. 665/2018) que estimó el recurso de suplicación interpuesto por el INSS, argumentando que la actora se encontraba en una situación de no alta en el momento de la fecha del hecho causante (en la fecha de la solicitud de 22 de febrero de 2017), era mutualista, tenía más de 60 años cumplidos, y reunía el requisito de la carencia genérica, pero no reunía el requisito de la carencia específica, pues no tenía dos años cotizados dentro de los últimos 15 años en el momento en que solicitó la pensión, lo que determinaba que no pudiera acceder a la pensión de jubilación anticipada al amparo de la Disposición Transitoria Cuarta del RDL 8/2015 ( Tercera de la LGSS RDL 1/1994). Descartó fijar como fecha del hecho causante la del año 2011 como pretendía la beneficiaria ya que ello sólo sería posible de considerar que la imprescriptibilidad de las pensiones implica la petrificabilidad del hecho causante. Por el contrario, no estando en alta y señalando la normativa de aplicación que el hecho causante en estos casos en la fecha de la solicitud, la petición tardía determinaba que en ese momento no se reúna el requisito de la carencia específica, lo que implicaba no tener derecho a la pensión.

2. Los supuestos contrastados superan el requisito de contradicción que ahora examinamos y que conllevará el acceso al enjuiciamiento del fondo deducido.

Ambas beneficiarias son mutualistas con cotizaciones anteriores a 1.01.1967 y ninguna de ellas solicitó la pensión de jubilación cuando, "teóricamente", reunían todos los requisitos para acceder a ésta. Cuando la peticionan no tienen el requisito de la carencia específica, de manera que el debate se centra en la imprescriptibilidad de la pensión de jubilación, a los efectos de determinar la fecha del hecho causante, sin perjuicio de los efectos económicos que les corresponda. Y mientras la sentencia recurrida reconoce el derecho a la pensión de jubilación, en la de contraste se deniega.

TERCERO.- 1. El recurso de casación unificadora de la Entidad Gestora denuncia que la sentencia de suplicación infringe lo dispuesto en el art. 3.2 del RD 1647/1997, de 31 de octubre, que desarrolla determinados aspectos de la Ley 24/1997, de 15 de julio. Recuerda que la demandante, en el momento de la solicitud, reunía el requisito de la edad y la carencia genérica, pero no la carencia específica para causar la prestación, puesto que no tenía ni un solo día cotizado dentro de los quince años anteriores a la solicitud (última cotización en marzo de 2003, HP 4º), de manera que no procede el reconocimiento de la pensión.

En STS IV de 13 de junio de 2022 (rcud. 1133/2019) hemos dado respuesta al núcleo casacional descrito insistiendo en que la noción de hecho causante ha sido calificada de compleja y equívoca, en mayor o menor grado según el ámbito prestacional en el que se proyecte. Sostenemos que el hecho causante de la pensión de jubilación, en situación de no alta o no asimilada al alta, se ubica en el momento en el que se reúnen las condiciones para que pueda ser reconocida, sin perjuicio de que los efectos económicos se determinen en atención a la fecha de la solicitud. Argumenta, en interpretación de la normativa de aplicación, que la pensión se causa cuando el beneficiario reúne los requisitos para que le pueda ser reconocido el derecho prestacional, sin que las situaciones de no alta alteren esta circunstancia, ex 161.3 LGSS 1994. Desde entonces, el derecho resulta imprescriptible y, en consecuencia, puede ser peticionado en cualquier momento, sin perjuicio de que los efectos económicos puedan verse modificados como consecuencia de una solicitud tardía, que se verán reducidos a los tres meses anteriores a la fecha en que se presente. Esto es, la pensión causada y los efectos del reconocimiento de esta no tienen por qué coincidir.

Allí afirmamos, por tanto, que la pensión se causa cuando el beneficiario reúne los requisitos o condiciones para que le pueda ser reconocido el derecho prestacional. "Las situaciones de no alta no alteran el hecho causante que es el momento en el que se reúnen los restantes requisitos, tal y como se obtiene del art. 161.3 de la LGSS 1994. A partir de ello, el derecho resulta imprescriptible y, por ende, puede ser solicitado en cualquier momento, sin perjuicio de que los efectos económicos puedan verse modificados o alterados consecuencia de una solicitud tardía, que se verán reducidos a los tres meses anteriores a la fecha en que se presente. Esto es, la pensión causada y los efectos del reconocimiento de la misma no tienen por qué coincidir, Así lo expresa tanto la Orden de 18 de enero de 1967 como la LGSS para los supuestos de alta."

Dicha resolución examina igualmente la previsión recogida en el art. 3 del RD 1647/1997, "por la cual se considera como hecho causante de la pensión en el día de la solicitud, tal y como ha entendido la sentencia recurrida", pero "lo que viene a fijar es el momento del reconocimiento de los efectos, en atención a que nos encontramos ante una prestación que no prescribe y que el beneficiario puede interesarla en cualquier momento a partir del cual pueda haberla causado. Las solicitudes de las prestaciones vienen vinculadas a la fecha de efectos del reconocimiento de las mismas, como momento objetivo a partir del cual se reclama de la Administración el derecho que pueda corresponder y éstas deben responder y esa finalidad es la que se pretende dejar marcada en los supuestos en los que, no existiendo situación de alta o asimilada al alta, se puede tener cubiertas las demás condiciones de acceso a la pensión a partir de un momento determinado aunque su reconocimiento se ejercita en otro posterior."

Y en otro de sus pasajes indica que la imprescriptibilidad quedaría vacía de contenido si se entendiera que es solo a partir de la propia solicitud cuando se produce el hecho causante y la pensión se reconoce. "Si el demandante tenía derecho a la pensión en 2008, como bien dice la sentencia recurrida, no es posible denegarla ahora cuando el derecho al reconocimiento no prescribe. En definitiva, lo que se está diciendo en estos casos es que desde el momento en que, conforme a una legislación, la pensión se causa el derecho puede ser reclamado en cualquier momento, aunque esa petición lo sea cuando existe otro régimen jurídico diferente, no siendo éste el que deba aplicarse porque la pensión ya se entiende causada, sin perjuicio de que sus efectos económicos se anuden a la solicitud."

2. De las presentes actuaciones se infiere que, si se fijare el hecho causante en agosto de 2014, momento en el que la beneficiaria cumplió 63 años y podía haber accedido a la pensión de jubilación anticipada por su condición de mutualista con anterioridad a 1967, reuniría el requisito de carencia específica; sin embargo, si atendemos a la fecha en la que se solicita la pensión de jubilación (2.07.2018), entiende la entidad gestora que no se cumpliría dicho requisito.

Trasladando aquella doctrina al supuesto que nos ocupa, será la primera de las hipótesis la que debe ser aplicada. La pensión se causa cuando el beneficiario reúne los requisitos o condiciones para que le pueda ser reconocido el derecho prestacional. Las situaciones de no alta no alteran el hecho causante que es el momento en el que se reúnen los restantes requisitos.

A partir de ahí, recordemos que el art. 212 LGSS dice: "El derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, es imprescriptible, sin perjuicio de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud, en los supuestos de jubilación en situación de alta". El derecho, por tanto, es imprescriptible, sin perjuicio de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de un determinado momento. Así como la interpretación que se infiere igualmente de la DT4ª del mismo texto legal cuando prevé que los trabajadores que, reuniendo todos los requisitos para obtener el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación en determinadas fechas que va fijando, no lo hubieran ejercitado, podrán optar por acogerse a la legislación anterior para obtener la pensión en las condiciones y cuantía a que hubiesen tenido derecho el día anterior al de entrada en vigor de dicha ley, dicción que evidencia con nitidez la posibilidad de un ejercicio dilatado en el tiempo, sin perjuicio de la minoración de los efectos económicos.

A dichos preceptos debe adecuarse la exégesis del art. 3.2 del RD 1647/1997, de 31 de octubre, norma de rango inferior, entendiendo en consecuencia que su dicción lo que viene es a fijar el momento del reconocimiento de los efectos de la pensión de jubilación peticionada en un tiempo posterior al de aquél en el que se reunían los requisitos para causarla.

La sentencia recurrida es la que se ajusta a la doctrina señalada.

CUARTO.- Por cuanto antecede procederá desestimar el recurso unificador interpuesto por el INSS, oído el Ministerio Fiscal, confirmando y declarando la firmeza de la resolución que impugna.

No procede efectuar pronunciamiento en costas ( art. 235 LRJS).