Sentencia Social 231/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 365/2020 de 29 de marzo del 2023

PRIMERO. Cuestión planteada y la sentencia recurrida

1. La cuestión planteada en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina es si el demandante, cuyo contrato de trabajo se extinguió el 25 de abril de 2012, causó o no baja voluntaria en la Seguridad Social, al acogerse al plan de prejubilación, ofertado por Banca Cívica con base al Acuerdo laboral de 22 de diciembre de 2010 firmado "en el marco del proceso de integración de Banca Cívica, suscrito entre las entidades Caja Navarra, Caja Canarias, Caja de Burgos, Cajasol y Banca Cívica SA", y, consiguientemente, si cumple o no los requisitos, exigidos por el artículo 161.bis.2 del derogado texto refundido de la Ley General de Seguridad Social de 1994 con arreglo a la versión anterior a la Ley 27/2011, conforme a la disposición transitoria cuarta, 5 de la vigente LGSS de 2015.

2. Consta probado que el actor prestó servicios para Banca Cívica, desde el 1 de junio de 1975, entidad que le ofertó el acceso al sistema de prejubilaciones en las mismas condiciones económicas establecidas en el mencionado Acuerdo Laboral 22 de diciembre de 2010, acogiéndose al Plan de Prejubilaciones mediante un documento de 25 de abril de 2012, en que se hacía constar "Ambas partes acuerdan, con fecha de efectividad de 25/04/2012, al amparo del artículo 49.1 a) del Estatuto de los Trabajadores, la extinción de la relación laboral que hasta esa fecha les unía, por mutuo acuerdo entre las partes", y con las condiciones que se establecían en el mismo.

En el Acuerdo Punto II, "Medidas de reorganización de plantillas", en relación con las prejubilaciones, se establecida que "Podrán acogerse a la medida de prejubilación los trabajadores en activo que a 31 de diciembre de 2010 tuvieran cumplidos 55 años de edad, siempre que cuenten al menos con una antigüedad en la empresa de diez años en la fecha de acceso a la prejubilación (...) Cuando por razón de la existencia de necesidades organizativas en alguna de las Cajas integrantes sea necesario incrementar el número de trabajadores afectados por esta medida, se podrá ofrecer voluntariamente por las Cajas la prejubilación contemplada en este apartado a quienes cumplan la edad de 55 años durante el año 2011".

En el escrito remitido al INSS por la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorro y Afines, se comunicó la relación de trabajadores acogidos al Acuerdo, entre los que constaba el demandante.

Por sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, de 4 de mayo de 2018, en el que fue parte el actor, se ordenó que se procediera a la rectificación de autoliquidaciones correspondientes al IRPF del ejercicio 2012 puesto que parte de las rentas derivadas del trabajo personal debieron haber sido declaradas exentas.

El actor, cuyo cese figuraba en el INSS como involuntario, solicitó pensión de jubilación anticipada, que le fue denegada por el INSS por no tener cotizaciones anteriores a 1 de enero de 1967 a alguna Mutualidad, y no haberse producido el cese en el trabajo por causa no imputable a la voluntad del trabajador.

3. El actor interpuso demanda contra la resolución denegatoria del INSS.

La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 7 de Santa Cruz de Tenerife, de 29 de noviembre de 2018 (autos 152/2018), desestimó la demanda del actor.

4. El actor interpuso recurso de suplicación contra la sentencia del juzgado de lo social.

El recurso fue estimado por la sentencia de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, 8 de noviembre de 2019 (rec. 123/2019).

La sentencia del TSJ declaró el derecho del actor a jubilarse anticipadamente y a percibir la correspondiente pensión, con fecha de efectos económicos de 20 de noviembre de 2017.

Argumenta la sala del TSJ, con transcripción de otra sentencia anterior de la misma sala, que no debió aplicarse el artículo 207 LGSS de 2015 vigente en el momento de solicitar la pensión de jubilación anticipada, puesto que es de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la LGSS de 2015 que determina: "Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, a las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero de 2019, en los siguientes supuestos: a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social", siendo de aplicación, por lo tanto, los requisitos contemplados en el artículo 161 bis LGSS de 1994, no siendo exigibles los requisitos de los apartado b) y d) en aquellos supuestos en que los que el empresario, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo o contrato individual de prejubilación, haya abonado al trabajador tras la extinción del contrato de trabajo, y en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, una cantidad que, en cómputo global, represente un importe mensual no inferior al resultado de sumar la cantidad que le hubiera correspondido en concepto de prestación por desempleo y la cuota que hubiera abonado o, en su caso, la cuota de mayor cuantía que hubiera podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social.

Añade la sala del TSJ que, además, el cese no fue voluntario, como se demuestra por el hecho de haberse dictado sentencia del orden contencioso-administrativo ordenando la devolución de lo percibido por rentas de trabajo.

SEGUNDO. El recurso de casación para la unificación de doctrina, su impugnación, el informe del Ministerio Fiscal y el examen de la contradicción.

1. El INSS ha recurrido en casación para la unificación de doctrina la sentencia de la sala de lo social del TSJ de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, 8 de noviembre de 2019 (rec. 123/2019). El recurso plantea si la causa de extinción era imputable a la libre voluntad del trabajador, lo que condicionaría el acceso a la jubilación anticipada.

El recurso invoca de contraste la sentencia de la sala de lo social del TSJ de Navarra, de 7 de julio de 2018 (rec. 160/2018).

2. El recurso ha sido impugnado por el actor.

La impugnación solicita la inadmisión y la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida.

3. Partiendo de la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste, el Ministerio Fiscal interesa en su informe la estimación del recurso.

4 a) La sentencia de contraste invocada por el INSS, la sentencia de la sala de lo social del TSJ de Navarra, de 7 de julio de 2018 (rec. 160/2018), confirma la sentencia de instancia que desestimó la demanda presentada por el actor en que solicitaba el reconocimiento a la pensión de jubilación anticipada.

Consta que el actor prestó servicios para Caja Navarra, integrada posteriormente en Banca Cívica, hasta el 25 de abril de 2012, en que se produjo la extinción de la relación laboral en virtud de contrato que suscribió en orden a su prejubilación. Al actor se le remitió "oferta de prejubilación para el personal de Banca Cívica SA nacido en el año 1956", que se indicaba que se había asumido un compromiso para permitir al personal activo nació en el año 1965 su acceso a la prejubilación en las condiciones económicas previstas en el Acuerdo Laboral de 22 de diciembre de 2010, señalándose que la oferta de prejubilación se instrumentaría en las mismas condiciones económicas establecidas en dicho acuerdo. El actor se acogió a la prejubilación, si bien se señaló que había finalizado completamente el ERE a la fecha de suscripción del acuerdo de prejubilación al haberse acogido al mismo los 100 empleados contemplados en dicho expediente, por lo que se comunicó al actor que la oferta de acceso al sistema de prejubilación tendría como característica que la extinción del contrato de trabajo se produciría de mutuo acuerdo entre las partes al amparo del art 49.1 a) del Estatuto de los Trabajadores el 25 de abril de 2012, y que al tratarse de extinción del contrato por mutuo acuerdo entre las partes no tendría derecho a la prestación por desempleo contributiva. En el acuerdo de prejubilación suscrito se hacía constar que "ambas partes acuerdan con fecha de efectividad de 25 de abril de 2012, al amparo del artículo 49.1 a) del Estatuto de los trabajadores, la extinción de la relación laboral que hasta esa fecha les unía, por mutuo acuerdo entre las partes". En el documento remitido al INSS por los sindicatos, se incluyó al actor. La baja del actor en la Seguridad Social se tramitó como baja no voluntaria. Solicitada la jubilación anticipada, le fue denegada.

Argumenta la sala de Navarra, ante la alegación del actor de que quedaría inmerso en las previsiones normativas de derecho transitorio conforme a la disposición transitoria cuarta, apartado 5, LGSS de 2015, en relación con el artículo 161 bis 2 d) LGSS de 1994, al haberse extinguido su relación laboral antes del 1 de abril de 2013, sin que con posterioridad a tal fecha haya quedado incluido en ninguno de los regímenes del sistema de Seguridad Social, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 161 bis 2 LGSS de 1994 para acceder a la jubilación anticipada, puesto que no puede entenderse que el cese en el trabajo pudiera imputarse a la libre voluntad del actor, que conforme a la normativa que se cita, no puede discutirse la inclusión de la demandante en las previsiones de derecho transitorio, por lo que resulta de aplicación la regulación contenida en el artículo 161 bis 2 LGSS de 1994, a los efectos del acceso a la jubilación anticipada, y el actor no cumple con el requisito establecido en el apartado d) de dicha norma, puesto que la extinción de su relación laboral se produjo de manera voluntaria, ya que: 1) El recurrente no está incluido en expediente de regulación de empleo alguno, ni existe declaración judicial alguna que establezca el carácter no voluntario de su cese en la empresa, sin que ni siquiera forme parte del ámbito subjetivo del Acuerdo laboral de 22 de diciembre de 2010, ya que al margen de que se le hubiese ofrecido la posibilidad de prejubilarse, por su edad no debía entenderse incluido en el ámbito aplicativo de aquel pacto; 2) La empleadora ya indicó, en la oferta de prejubilación, que la misma quedaba al margen del Acuerdo de diciembre de 2010 por lo que no pasaría a la situación de desempleo; 3) La extinción de la relación laboral se produjo por la libre voluntad del trabajador que decidió aceptar la oferta de prejubilación efectuada por la empresa, no acreditándose que exista causa que le impidiera continuar en el desempeño de su actividad laboral; 4) Los acuerdos de prejubilación fueron suscritos con independencia del ERE; 5) El Acuerdo de 22 de diciembre de 2010 no fue sino el marco de referencia para la fijación de las condiciones o conceptos económicos a tener en consideración para computar el salario regulador que sirve de base para fijar la compensación; 6) El hecho de que se tramitara la baja en la TGSS como no voluntaria carece de eficacia jurídica a efectos del reconocimiento de las condiciones legales que permiten el acceso a la jubilación anticipada.

b) Apreciamos, en coincidencia con lo informado por el Ministerio Fiscal, que existe contradicción entre la sentencia recurrida y la sentencia referencial.

En ambas sentencias se trata de trabajadores, nacidos en 1956, que se acogen al Plan de Prejubilaciones mediante un documento de 25 de abril de 2012, en que se hacía constar "Ambas partes acuerda, con fecha de efectividad de 25/04/2012, al amparo del artículo 49.1 a) del Estatuto de los Trabajadores, la extinción de la relación laboral que hasta esa fecha les unía, por mutuo acuerdo entre las partes", ofertándose por la empresa dicha prejubilación como consecuencia del Acuerdo Laboral en el marco del proceso de integración de Banca Cívica, suscrito entre las entidades Caja Navarra, Caja Canarias, Caja de Burgos, Cajasol y Banca Cívica SA, de 22 de diciembre de 2010, habiendo causado baja en la seguridad social consignándose como causa "baja no voluntaria", y solicitando jubilación anticipada.

En las dos sentencias se pretende por los actores que se reconozca el derecho a la jubilación anticipada por cumplirse las exigencias previstas en el artículo 161 bis 2 LGSS de 1994, que les había sido denegada por la entidad gestora.

Finamente, en ambas sentencias las salas fundamentan sus decisiones en atención a si concurrían las exigencias para la jubilación anticipada, en particular, que el cese no se hubiera producido por la libre voluntad del trabajador.

Y con estas semejanzas, los fallos son contradictorios. Mientras que la sentencia recurrida considera que el cese es involuntario y reconoce el derecho a la jubilación anticipada, la sentencia de contraste entiende que el cese es voluntario, por lo que deniega el derecho a la jubilación anticipada.

TERCERO. Las SSTS 786/2022, 28 de septiembre de 2022 (rcud 1382/2020 ), y 900/2022 , 11 de noviembre de 2022 (rcud 3908/2019 ).

1. Las sentencias 786/2022, 28 de septiembre de 2022 (rcud 1382/2020), y 900/2022, 11 de noviembre de 2022 (rcud 3908/2019), han enjuiciado supuestos virtualmente idénticos al examinado en esta litis.

En la STS 786/2022, 28 de septiembre de 2022 (rcud 1382/2020), se invocaba, además, la misma sentencia de contraste que ahora se esgrime.

Elementales principios de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley obligan a aplicar al presente supuesto la doctrina de las sentencias citadas, que sustancialmente se reproducen a continuación.

2. Tras reproducir el artículo 161.bis.2.d) de la LGSS de 1994, en la redacción aplicable desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2012, y la disposición transitoria cuarta.5.a) de la vigente LGSS de 2015, la STS 900/2022, 11 de noviembre de 2022 (rcud 3908/2019), recuerda que la previa STS 786/2022, 28 de septiembre de 2022 (rcud 1382/2020), enjuició un supuesto virtualmente idéntico al examinado por la STS 900/2022 (como igualmente ocurre en la presente litis), en el que un trabajador de Banca Cívica nacido en el año 1956 se prejubiló en virtud de la oferta de prejubilación realizada el 26 de marzo de 2012, solicitando en el año 2017 la jubilación anticipada. Esta sala argumentó que las sentencias del TS de 10 de marzo de 2022, recurso 307/2019 y 13 de junio de 2022, recurso 394/2019, habían examinado supuestos de trabajadores que se habían adherido a la oferta de prejubilaciones efectuada por Banca Cívica con base al Acuerdo de 22 de diciembre de 2010.

El INSS había denegado el acceso a la jubilación anticipada a los sesenta y un años, entre otras razones, porque la extinción de sus contratos había sido voluntaria. En ambas sentencias este tribunal consideró que la extinción de sus contratos de trabajo se había basado expresamente en el citado acuerdo colectivo y se les había abonado una retribución hasta la fecha de solicitud de la pensión de jubilación anticipada que, en cómputo global, había superado un importe mensual no inferior al resultado de sumar la cantidad que le hubiera correspondido en concepto de prestación por desempleo y la cuota que hubiera abonado o, en su caso, la cuota de mayor cuantía que hubiera podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social.

La mencionada STS 786/2022, 28 de septiembre de 2022 (rcud 1382/2020) argumenta que el demandante nació en el año 1956, por lo que, en la fecha del Acuerdo de 22 de diciembre de 2010, tenía 54 años de edad. En el citado acuerdo se pactó que podían acogerse a la medida de prejubilación los trabajadores en activo que, a 31 de diciembre de 2010, tuvieran cumplidos 55 años. No obstante, en el párrafo siguiente se convino que, "cuando por razón de la existencia de necesidades organizativas en alguna de las Cajas integrantes sea necesario incrementar el número de trabajadores afectados por la medida, se podrá ofrecer voluntariamente por las Cajas la prejubilación, contemplada en este apartado a quienes cumplan la edad de 55 años durante el año 2011."

El 26 de marzo de 2012 Banca Cívica se dirigió al demandante para ofrecerle la prejubilación con arreglo a "la oferta de prejubilación para el personal de Banca Cívica, SA, nacido en 1956". Dicho escrito se encabezó del modo siguiente: "En relación al acuerdo de referencia ponemos en su conocimiento que la Entidad asumió un compromiso para el personal en activo nacido en el año 1956 para permitir el acceso a su prejubilación en las condiciones económicas previstas en el Acuerdo Laboral de 22 de diciembre de 2010", comprometiéndose, a continuación, en abonar al demandante hasta que cumpla los 64 años la totalidad de la prestación contributiva de desempleo y las cotizaciones a la Seguridad Social desde que se produjo la desvinculación.

Este tribunal sostuvo que el demandante se había acogido a la propuesta realizada por Banca Cívica y había causado baja no voluntaria en la Seguridad Social. En el escrito remitido al INSS por la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros y Afines en fecha 28 de febrero de 2013 consta: "Que al amparo de dicho Acuerdo Laboral de diciembre de 2010, con fecha 26 de marzo de 2012 por Banca Cívica se ofertó el acceso al sistema de Prejubilación a todos los empleados nacidos en el año 1966 (que se relacionan en hoja adjunta) procedentes de Caja Navarra, Caja de Burgos y Caja Canarias, que se formalizo el 25 de abril de 2016 con la Extinción del Contrato de Trabajo en las condiciones de dicho Acuerdo Laboral [...] En dicha relación de trabajadores aparece el nombre de Don Julián."

Esta sala argumentó: "se ha acreditado cumplidamente que el demandante estaba incluido en el ámbito de aplicación del Acuerdo laboral de 22 de diciembre de 2010, puesto que cumplió 55 años durante el año 2011, habiéndosele ofertado por la empresa la prejubilación, conforme al acuerdo antes dicho, porque estaba en la franja de edad mencionada, lo que permite concluir, sin ningún género de dudas, que reunía todos los requisitos, exigidos por el art. 161.bis.2 LGSS 1994. Es así, puesto que tenía 61 años al momento de la solicitud, había cotizado más de 30 años a la Seguridad Social y su contrato se extinguió con base al acuerdo colectivo mencionado, habiéndosele abonado por Banca Cívica las prestaciones contributivas por desempleo, así como las cotizaciones a la Seguridad Social desde la desvinculación de la empresa hasta la fecha de solicitud de la jubilación anticipada, lo cual permite concluir que la extinción de su contrato de trabajo no fue voluntaria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 161.bis.2, puesto que no le eran aplicables los apartados b y d del citado precepto por las razones ya expresadas."

3. La aplicación de la citada doctrina a la presente litis, por los ya mencionados y elementales principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, obliga a concluir que la extinción del contrato del actor, nacido en el año 1956, que se adhirió al Plan de Prejubilación ofertado por Banca Cívica el 26 de marzo de 2012 en las mismas condiciones económicas establecidas en el Acuerdo Laboral de 22 de diciembre de 2010, no fue voluntaria.

Ello conduce directamente a la desestimación del recurso de casación unificadora.

CUARTO. La desestimación del recurso de casación de unificación de doctrina.

1. De acuerdo con lo razonado, y oído el Ministerio Fiscal, procede desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina y confirmar la sentencia recurrida.

2. No procede imponer costas ( artículo 235.1 LRJS).