Sentencia Social 974/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 174/2022 de 03 de julio del 2024

PRIMERO.- 1.- El recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado en representación de SAE Correos y Telégrafos se articula en dos motivos:

- El primero, se formula al amparo del art. 207 c) LRJS y denuncia la infracción de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, concretamente, el art. 24.1 CE, art. 97.2 LRJS, art. 218.2 y 2 LEC, art. 6.1 CEDH y la jurisprudencia Por todo ello, pide la anulación de la sentencia recurrida y que la misma se deje sin efecto, de forma que esta Sala resuelva lo que corresponda, dentro de los términos en que aparece planteado el debate ex art. 215 b) LRJS.

- El segundo, se formula al amparo del art. 207 e) LRJS por infracción del art. 41 ET y la jurisprudencia, en concreto la STS núm. 764/2020, de 9 de septiembre, rec 13/2018, por no haber realizado el adecuado análisis de racionalidad, proporcionalidad y funcionalidad de la medida colectiva, y pide que se case y anule la sentencia recurrida, con desestimación de la demanda, pues considera que la modificación sustancial está plenamente justificada.

2.- La sentencia recurrida, núm. 1263/2022 de 12 de abril, dictada por la Sala Social del TSJ la Comunidad Valenciana, recaída en el proceso de conflicto colectivo núm. 34/2021, estima parcialmente la demanda de conflicto colectivo interpuesta por CCOOPV y rechazando la nulidad de la MSCT, declara injustificada la decisión empresarial de suprimir el servicio de transporte habilitado para trasladar al personal desde las localidades de Valencia y Alicante a los Centros de Tratamiento Automatizado, con efectos de 01-12-2021, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por esta declaración, reponiendo el servicio de transporte de empresa en Idénticas condiciones a las existentes con anterioridad.

La sentencia recurrida razona que ha resultado probado que la situación económico-financiera de la empresa no es buena, arrastra importantes deudas y necesita acudir a líneas de crédito, pese a lo cual se están logrando en los últimos tiempos y en determinadas parcelas ciertas mejoras en cuanto a beneficios. También ha resultado acreditado que el servicio de autobuses de los CTA se usa por un número no significativo de trabajadores. Ahora bien, no ha quedado demostrado que el ahorro que supondría la supresión de los turnos de mañana y tarde (en torno a los 123.000 € en Valencia y Alicante conjuntamente y en los últimos dos años) vaya a ser razonable y adecuado respecto a la drástica modificación operada y a la situación creada, ni tampoco en relación con la baja utilización de! servicio por los pasajeros trabajadores. La sociedad pública habla de "medida racional encaminada a corregir deficiencias en los diversos planos", lo que constituye una fórmula en exceso genérica frente a un actuar drástico en un aspecto muy concreto. Es evidente que con la medida de supresión se producirá un cierto ahorro, pero también que se coloca a los trabajadores usuarios, y da igual que sean pocos o muchos pues los afectados son toda la plantilla, en una gravosa situación por la dificultad de tomar los autobuses públicos, que están alejados (en Valencia más y en Alicante menos), pero a cuya ubicación hay que acudir transitando por zonas no seguras, con poca iluminación, en ocasiones peligrosas, a la intemperie por ser zonas de polígonos industriales, así como con dificultad horaria de enlace y escasas frecuencias de paso..., en una palabra, con una alternativa difícil, poco práctica, poco realista y a todas luces insuficiente.

En definitiva, concluye la sentencia recurrida, la medida de Correos no supera el juicio de idoneidad, y por ello no podemos dar validez a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo operada.

Contra dicha sentencia interpone recurso la empresa SAE Correos y Telégrafos, consignando los motivos que han quedado expuestos en el quinto de los antecedentes de hecho.

3.- El Ministerio Fiscal informa a favor de desestimar el recurso. En relación al motivo formulado al amparo del art. 207 c) LRJS, considera que no procede la anulación de la sentencia recurrida por falta de motivación fáctica, puesto que no se ha generado indefensión alguna a las partes, que conocen las prueba y documentos aportados al proceso y el resto de pruebas practicadas.

En cuanto al motivo de censura jurídica, del art. 207e) LRJS, considera que no se ha producido la infracción del art. 41 ET y la jurisprudencia, que se cita, puesto que la modificación es de carácter sustancial y colectiva, no goza de la aquiescencia de la representación social y nació de la decisión empresarial amparada por un Acuerdo Colectivo, de forma que la empresa no puede extender su actuación unilateral más allá del mandato convencional. Cuestión distinta es que la empresa con el acuerdo de los trabajadores proceda a un ajuste del servicio de transporte adecuado al número real de usuarios.

Las impugnantes solicitan la desestimación del recurso, mostrándose conformes con los criterios de la sentencia recurrida, pidiendo su confirmación.

SEGUNDO.- 1.- En relación al primer motivo de recurso, conforme al art. 207 c) LRJS, la recurrente denuncia la infracción de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, concretamente, el art. 24.1 CE, art. 97.2 LRJS, art. 218.2 y 2 LEC, art. 6.1 CEDH y la jurisprudencia Por todo ello, pide la anulación de la sentencia recurrida y que la misma se deje sin efecto, de forma que esta Sala resuelva lo que corresponda, dentro de los términos en que aparece planteado el debate ex art. 215 b) LRJS.

Considera producidas tales infracciones porque la sentencia recurrida no especifica debidamente cuáles son los medios de prueba de los que se ha servido para fundar el fallo, con la sola salvedad de "Google maps" en el HP 12.°, y del documento n.° 18 de la empresa, en el HP 13. Estima que los HH.PP. de la sentencia recurrida se han convertido en totalmente inmodificables, porque no se sabe cuál es el elemento de convicción probatoria que hay que combatir en cada caso. En suma, concluye que la Sentencia recurrida no contiene en si misma ningún dato argumental en el que apoyar su decisión, siendo, pues, un arquetipo de razonamiento inexistente, situación generadora de indefensión para esta parte recurrente

2.- En cuanto a la doctrina sobre la motivación fáctica, hay que partir del art. 97.2 LRJS, conforme al que "2. La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

El art. 24.2 CE protege el derecho a que las pruebas practicadas sean valoradas, de forma que se vulnera el derecho a la prueba si la prueba practicada no se valora al resolver el litigio ( SSTC 116/1983, de 7 de diciembre, de 25 de septiembre 50/1988, de 22 de marzo, 205/1991, de 30 de octubre, 65/1992, de 29 de abril, 357/1993, de 29 de noviembre, 110/1995, de 4 de julio, 131/1995, de 11 de septiembre, 164/1996, de 28 de octubre y 205/1998, de 26 de octubre).

Conforme a la doctrina de esta Sala, STS núm. 257/2016, de 31 de marzo, rec 272/2015 "La doctrina constitucional tiene señalado que por ser facultad que pertenece a la potestad jurisdiccional, corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales ponderar los distintos elementos de prueba y valorar su significado y trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia. Y esta libertad del Órgano Judicial para la libre valoración de la prueba, implica, como también señala la misma doctrina ( STC 175/85, de 17 de diciembre) que pueda realizar inferencias lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, siempre que no sean arbitrarias, irracionales o absurdas. Ahora bien, el Juez o Tribunal de instancia es soberano para la apreciación de la prueba, con tal de que su libre apreciación sea razonada, exigencia que ha puesto de manifiesto la propia doctrina constitucional ( STC 24/1990, de 15 de febrero), lo cual quiere decir que la resolución judicial ha de contener el razonamiento sobre las conclusiones de hecho, a fin de que las partes puedan conocer el proceso de deducción lógica del juicio fáctico seguido por el órgano Judicial."

3.- Aplicando dicha doctrina al caso concreto, el motivo ha de ser desestimado, y ello por varias razones. En primer lugar, si bien es cierto que la sentencia recurrida no consigna en todos y cada uno de los hechos probados el medio o medios de prueba de los que proceden o bien si se trata de hechos conformes que no son objeto de prueba ( art. 97.2 LRJS y arts. 218.2 y 281.3 LEC) , la Sala no puede apreciar indefensión puesto que en alguno de los hechos probados se consignan dichos medios (HP 12º, 13), y en la fundamentación jurídica se hace referencia expresa a los medios de prueba, como en el FJ 2ª, en relación con la memoria explicativa de la MSCT. En segundo lugar, la propia recurrente, puede acudir a la revisión fáctica, en el caso de considerar que los hechos probados son erróneos o insuficientes ( art. 207 d) LRJS, en relación con el art 215 b) LRJS) , y si considera que el relato de hechos probados es insuficiente y no puede completarse por el cauce procesal correspondiente, debería pedir la nulidad de la sentencia recurrida y la retroacción de actuaciones. Sin embargo, la recurrente no pide la revisión de hechos probados, por lo que considera los hechos probados suficientes y pide que se resuelve dentro de los términos en que aparece planteado el debato. De todo ello resulta que, en realidad, lo que pretende la recurrente es una distinta valoración jurídica de esos hechos probados, sin atinar a identificar la concreta indefensión que le irrogan las infracciones procesales que denuncia. Por tanto, el motivo ha de ser desestimado.

TERCERO.- 1.- En el motivo de censura jurídica, conforme al art. 207 e) LRJS, la recurrente denuncia la infracción del art. 41 ET y la jurisprudencia, en concreto la STS núm. 764/2020, de 9 de septiembre, rec 13/2018, por no haber realizado el adecuado análisis de racionalidad, proporcionalidad y funcionalidad de la medida colectiva, y pide que se case y anule la sentencia recurrida, con desestimación de la demanda, pues considera que la modificación sustancial está plenamente justificada.

2.- El objeto de la controversia se central en el control de la causa, cuya existencia no se discute. A tal propósito, parece oportuno hacer mención de nuestra doctrina relativa al control judicial de la decisión empresarial, que viene resumida en la STS núm. 330/2021, de 17 marzo, rec 14/2021, conforme a la que:

" A) Desde la STS de 27 enero 2014 (Pleno, rc. 100/2013, Cortefiel), venimos recordando y aplicando a casos como el presente la siguiente doctrina:

"[...] aunque a la Sala no le correspondan juicios de "oportunidad" que indudablemente pertenecen ahora -lo mismo que antes de la reforma- a la gestión empresarial, sin embargo la remisión que el precepto legal hace a las acciones judiciales y la obligada tutela que ello comporta [ art. 24.1 CE ], determinan que el acceso a la jurisdicción no pueda sino entenderse en el sentido de que a los órganos jurisdiccionales les compete no sólo emitir un juicio de legalidad en torno a la existencia de la causa alegada, sino también de razonable adecuación entre la causa acreditada y la modificación acordada; aparte, por supuesto, de que el Tribunal pueda apreciar -si concurriese- la posible vulneración de derechos fundamentales.

Razonabilidad que no ha de entenderse en el sentido de exigir que la medida adoptada sea la óptima para conseguir el objetivo perseguido con ella [lo que es privativo de la dirección empresarial, como ya hemos dicho], sino en el de que también se adecue idóneamente al mismo [juicio de idoneidad], excluyendo en todo caso que a través de la degradación de las condiciones de trabajo pueda llegarse -incluso- a lo que se ha llamado "dumping" social, habida cuenta de que si bien toda rebaja salarial implica una mayor competitividad, tampoco puede -sin más y por elemental justicia- ser admisible en cualesquiera términos. Con mayor motivo cuando el art. 151 del Tratado Fundacional de la UE establece como objetivo de la misma y de los Estados miembros "la mejora de las condiciones de ... trabajo", a la que incluso se subordina "la necesidad de mantener la competitividad de la economía de la Unión"; y no cabe olvidar la primacía del Derecho Comunitario y la obligada interpretación pro communitate que incluso se llega a predicar respecto de la propia Constitución, en aplicación del art. 10.2 CE".

B) La STC 8/2015 de 22 enero, al examinar la constitucionalidad de los preceptos sobre reestructuraciones empresariales ha sentado una doctrina frecuentemente tomada en cuenta por nuestras sentencias sobre novaciones no extintivas (modificaciones sustanciales, suspensiones, inaplicación de convenios), como es obligado, y que conviene recordar.

En efecto, sostiene el TC que en la interpretación de la norma de que tratamos - art. 41.1 ET, en redacción dada por el art, 12.1 de la Ley 3/2012 - "se puede tomar en consideración la definición de las "razones económicas, técnicas, organizativas y de producción" que se lleva a cabo en otros preceptos del Estatuto de los Trabajadores ..., como son: el art. 47 (en materia de suspensión del contrato o reducción de jornada), el art. 51 (con relación al despido colectivo) o, en fin, el art. 82.3 (respecto de la inaplicación de condiciones de trabajo pactadas en convenio colectivo). De esta manera, el legislador no sólo ha orientado suficientemente la labor del aplicador, sino que ha otorgado suficientes elementos valorativos para la realización de un control judicial de la aplicación de la norma, como se ha dicho, pleno y efectivo" ( STC 8/2015, de 22/Enero, FJ 4.b, "in fine"). Planteamiento con el que el intérprete máximo de la Constitución, haciendo una lectura del precepto ajustada a la tutela judicial efectiva, parece apuntar -en materia de MSCT- a la exigibilidad de los mismos presupuestos de "pérdidas", "disminución de ingresos" y "cambios" [en medios o instrumentos de producción, sistemas y métodos de trabajo; y demanda de productos o servicios] a que se refieren los referidos arts. 47, 51 y 82.3 ET ; siquiera -entendemos nosotros- el nivel de exigencia no puede ofrecer la misma intensidad en las MSCT que en los otros supuestos, tanto porque el TC atribuye un valor meramente orientativo a los preceptos a que se remite, cuanto por elemental respeto a la literal redacción del art. 41.1 ET, que califica como causas suficientes -económica, técnica, organizativa o de producción- a "las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa".

En definitiva, tras la interpretación constitucional del precepto examinado, hemos de entender que la MSCT no se presenta como un simple medio para lograr un incremento del beneficio empresarial, sino una medida racional para corregir deficiencias en los diversos planos -económico, productivo, técnico u organizativo- que el art. 41.1 ET contempla.

La razón sustantiva de un tratamiento legal diferente de las decisiones modificativas y extintivas radica en que los intereses en juego no son los mismos cuando la decisión empresarial supone la pérdida del empleo ["flexibilidad externa" o "adaptación de la plantilla"] que cuando significa un mero cambio en el modo o en las circunstancias de ejecución del trabajo ["flexibilidad interna" o "adaptación de condiciones de trabajo"]. La distinta valoración o ponderación de estos intereses explica que la facultad de gestionar con flexibilidad interna la organización del trabajo, que es manifestación de la "libertad de empresa" y de la "defensa de la productividad" reconocidas en el art. 38 de la Constitución, se atribuya al empresario con márgenes más holgados que la facultad de flexibilidad externa o de "reestructuración de la plantilla", la cual ha de encontrar un punto adecuado de equilibrio entre la "libertad de empresa" y el "derecho al trabajo" de los trabajadores despedidos reconocido en el art. 35 del propio texto constitucional.

C) En STS 24 noviembre 2015 (rec. 1681/2014, Pleno; King Regal, SA) o 422/2016 de 12 mayo ( rc. 3222/2014; Eurest Colectividades, S.L .) y 1016/2016 de 30 noviembre ( rc. 868/2015; Hearst Magazines, SL) añadimos lo siguiente:

Queda normativamente reconocida la discrecionalidad -que no arbitrariedad- del empresario en la gestión de las medidas frente a la situación de crisis. Ahora bien, eso no significa que el poder del empresario sea absoluto e ilimitado. Una cosa es que se le permita, de manera amplia, gestionar las crisis, adoptando al efecto las decisiones que estime más oportunas y adecuadas para sus necesidades, decidiendo qué tipo de intervención realiza y con qué alcance; y, otra bien distinta, es que ello le confiera un poder absoluto de intervención en las condiciones de los trabajadores y en la propia subsistencia de los vínculos contractuales. Con carácter general, hemos señalado ya que no sólo cabe un control sobre la concurrencia de la causa alegada, es necesario, además, un control de razonabilidad pleno y efectivo sobre la medida extintiva comprobando si las causas alegadas y acreditadas, además de reales, tienen entidad suficiente como para justificar la decisión extintiva y, también, si la medida es plausible o razonable en términos de gestión empresarial.

Habrá que atender al sometimiento de la decisión a criterios de proporcionalidad, esto es, la decisión empresarial debe ser adecuada a las circunstancias causales concurrentes poniendo el acento en la realidad de la causa y en sus efectos sobre los contratos de trabajo; limitándose el ulterior control judicial a la valoración de la adecuación del volumen de empleo a la situación resultante de la causa acreditada, de suerte que la causa económica, técnica, organizativa o productiva actúe sobre la plantilla creando la necesidad de reducir puestos de trabajo.

D) Las SSTS 30 junio 2015 (rec. 2769/2014) y STS 361/2016 de 3 mayo (rec. 3040/2014) recopilan abundante doctrina y concluyen que: la pérdida o disminución de encargos de actividad ha de ser considerada por su origen una causa productiva, en cuanto que significa una reducción del volumen de producción contratada, y por el ámbito en que se manifiesta una causa organizativa, en cuanto que afecta a los métodos de trabajo y a la distribución de la carga de trabajo entre los trabajadores.

E) La STS 26 enero 2016 (rc. 144/2015) resume doctrina en los siguientes términos:

Corresponde al órgano jurisdiccional comprobar si las causas además de reales tienen entidad suficiente como para justificar la decisión extintiva y, además, si la medida es razonable en términos de gestión empresarial, es decir, si se ajusta o no al estándar de un buen comerciante al igual que se venía sosteniendo antes de la reforma de 2012. Compete a los órganos jurisdiccionales no sólo emitir un juicio de legalidad en torno a la existencia de la causa alegada, sino también de razonable adecuación entre la causa acreditada y la medida acordada. Una situación económica negativa cualquiera y por sí misma no basta para justificar los despidos de cualquier número de trabajadores.

Ahora bien, como se ha reiterado, no corresponde a los Tribunales fijar la medida "idónea", ni censurar su "oportunidad" en términos de gestión empresarial, por ejemplo, reduciendo el número de trabajadores afectados. El control judicial, del que no pueden hacer dejación los Tribunales, para el supuesto de que la medida se estime desproporcionada, ha de limitarse a enjuiciar la adecuación del despido producido dentro de los términos expuestos.

F) La STS 841/2018 de 18 septiembre (rcud. 3451/2016) examina el acervo doctrinal ya recordado y concluye que el control judicial en orden a la calificación del despido incluye, necesariamente, el de apreciación de si concurre una causa real y verosímil. Los motivos alegados han de ser reales, actuales, proporcionales. La empresa no tiene un poder absoluto en orden a configurar el tamaño de su plantilla, sino que ha de actuar con respeto a todos los derechos e intereses en presencia.

3.- Partiendo de dicha doctrina, su aplicación al caso concreto nos lleva a evaluar si la sentencia recurrida ha respetado el canon de razonabilidad y proporcionalidad al comparar las causas económicas y organizativas que se aducen con la modificación sustancial que se impugna.

En efecto, de un lado, las causas son económicas (coste excesivo para un transporte que utilizan pocas personas, que se cifra en 123.295,24 euros en los dos últimos ejercicios - HP 5-) y organizativas (infrautilización latente y notoria en los últimos años del transporte utilizado por la empresa). La empresa tiene una cifra de negocios de 1.872.243.000 € para el año 2021 y de 324 más que en 2020 (HP 6) El Grupo Correos registró un resultado consolidado de 4,7 millones de euros durante el primer trimestre de 2021, frente a las pérdidas de 30,3 millones que tuvo en el mismo período de 2020. La previsión a inicio de 2022 era que las pérdidas de 2021 alcanzarían los 150 millones de euros. Correos acarrea un déficit estructural que le ha obligado a pedir líneas de crédito.

Por otro lado, la MSCT que se propone supondría un ahorro de 61.647,62 € por ejercicio y consiste en:

1) En Valencia: suprimir las líneas de autobuses que conectan Valencia-capital con el CTA de Quart de Poblet, previstas para el turno de mañana y tarde, dejando únicamente la línea en horario nocturno.

2) En Alicante: suprimir las líneas de autobuses que conectan la capital con el CTA ubicado en c/ d'Ocaña 72 03006 Alicante, previstas para mañana y tarde, dejando únicamente la línea en horario nocturno.

Dicha modificación afecta potencialmente a los trabajadores de los turnos de mañana y tarde (este último finaliza a las 22h). La utilización de los autobuses en el CTA Valencia, durante el período entre el 1 y el 17 de noviembre, contando los tres turnos, es aproximadamente de entre 20 y 26 personas al día. En el CTA de Alicante, durante el mismo período y contando las llegadas, es de unos 25 trabajadores (HP 14º).

El CTA de Valencia está en una zona de polígono industrial alejada de la zona urbana y cercana a una autovía. Los accesos para viandantes no son seguros; no hay aceras, existe falta de iluminación y carencia de zonas de resguardo. Desde el Carrer Riu Vinaiopó a Pueblo Bonaire hay, a pie, 2,3 Km que suponen 29 minuto. El CTA Alicante está más próximo al autobús urbano, pero el acceso no es adecuado. De Ocaña 53 Mercalicante a Correos Alicante hay a pie 450 m, que suponen 6 minutos andando. La frecuencia de paso del autobús es de cada 80 minutos.

De todo ello resulta que la sentencia recurrida no infringe ni el art. 41 ET ni la doctrina que se invoca, toda vez que la modificación afecta a 20-25 personas en Valencia y 25 en Alicante, que tienen alternativas poco viables de transporte público, dada la escasa frecuencia de paso y en el caso de valencia la lejanía del CTA, que obligan a transitar por zonas no seguras, de poca iluminación y, en el caso de los trabajadores de tarde, hay que tener en cuenta que los mismos concluyen a las 22 h, siendo que la propia empresa ha considerado irrazonable suprimir el servicio de los trabajadores nocturnos.

Frente al importante perjuicio que causa a los trabajadores afectados, el ahorro que supone para la empresa no parece proporcionado ni razonable, como bien sostiene la sentencia recurrida, al tratarse de una sola y única decisión singular y aislada, que no se enmarca en el contexto de un conjunto de medidas que en su globalidad pudieren suponer una disminución de los gastos que tenga una incidencia mínimamente relevante en la reducción de los costes que haya de reportar a una empresa cuyo nivel de facturación anual es de 1.872 millones de euros, en orden a mejorar la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo, en los términos que exige el art. 41.1 ET para justificar cualquier MSCT.

4.- Conforme a lo razonado y de acuerdo con el Ministerio Fiscal, debemos desestimar el recurso de casación interpuesto, y confirmar la sentencia recurrida, declarando su firmeza.

Todo ello, sin costas, conforme al art. 235.2 LRJS.