Sentencia Social 882/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1919/2021 de 05 de junio del 2024

PRIMERO.- 1.- La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si es posible cuestionar la responsabilidad en el pago de la prestación de incapacidad permanente absoluta (IPA) que, en revisión por agravación, derivada de enfermedad profesional, le ha sido reconocida al trabajador que, hasta entonces, venía siendo perceptor de una pensión de incapacidad permanente total (IPT) por aquella contingencia y de la que fue declarada responsable la Mutua, que, aunque discutió el grado de incapacidad, se aquietó respecto del origen de la contingencia.

2.- La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social núm. 10 de Bilbao, estimó la demanda de revisión de grado interpuesta por el actor declarándole afecto de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad profesional y, tras condenar a Mutualia al abono de pensión vitalicia con fecha de efectos de 24 de enero de 2019, estableció que correspondía al INSS y a la TGSS el abono de la diferencia entre la Incapacidad permanente total y la incapacidad permanente absoluta, así como las mejoras y revalorizaciones que procedan. La sentencia aquí recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 13 de abril de 2021, Rec. 316/2021, desestimó íntegramente el recurso del INSS y confirmó la sentencia recurrida.

Consta que el actor fue reconocido afecto de una IPA derivado de enfermedad profesional por resolución del INSS de fecha 14-3-07. Dicha resolución fue impugnada por Mutualia, primero en vía administrativa limitándose a cuestionar el grado reconocido y no su responsabilidad; y, después en vía judicial dictándose sentencia reconociéndole una IPT derivada de enfermedad profesional. La sentencia del Juzgado de lo Social fue recurrida en suplicación por el actor y confirmada por el TSJ del País Vasco de 13-5-08, Rec. 702/2008.

Instada la revisión del grado de incapacidad por el trabajador en petición de Gl o IPA derivada de enfermedad profesional, el INSS declaró no haber lugar a la revisión. Interpuesta reclamación previa, fue desestimada. Interpuesta demanda el Juzgado dicto sentencia en el sentido indicado que fue confirmada por la recurrida. En ella se imputa y reparte la responsabilidad entre las entidades de Seguridad Social, atribuyendo al INSS el abono de la diferencia entre la prestación de IPT reconocida originalmente con cargo a la Mutua y la que reconoce judicialmente de IPA por dicha contingencia profesional, porque aunque esta consintiera expresa o tácitamente la resolución administrativa de IPT derivada de EP, ello no debe impedir que en momento ulterior, o en la actualidad, en relación a una prestación diferente, cual es la revisión por agravación y el nuevo grado de incapacidad permanente absoluta, pueda ahora la entidad colaboradora efectivamente peticionar una responsabilidad de otra índole, compartida o generada en proporción diferenciada.

3.- Recurre el INSS en casación unificadora, denunciando que la sentencia recurrida infringe lo dispuesto en los artículos 157, 167.1 y 4 con relación a los artículos 200.2 y 80.1 A, todos de la LGSS y con el artículo 71.2 LRJS. El recurso no ha sido impugnado de contrario y ha sido informado por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerar su procedencia.

SEGUNDO.- 1.- Para acreditar la contradicción, el INSS aporta como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León -sede de Valladolid- de 8 de febrero de 2017 (Rec. 2149/2016), que estima el recurso del INSS y TGSS y revoca la de instancia dejando sin efecto la responsabilidad del INSS y la TGSS en el abono de la prestación de IPA reconocida al trabajador derivada de enfermedad profesional por agravación. Los hechos probados refieren que el trabajador, que estuvo prestando servicios para diversas empresas antes y después de enero de 2008, fue declarado afecto de una IPT, derivada de enfermedad profesional, en 2010, con declaración de responsabilidad de la Mutua que tan solo impugnó en vía judicial la base reguladora. Posteriormente, en 2015, se declaró al trabajador afecto de una IPA, en revisión de la IPT, con igual declaración de responsabilidad total de la Mutua.

La Mutua presentó demanda en reclamación de una responsabilidad compartida con el INSS que fue estimada parcialmente por el Juzgado de lo Social al entender que éste debe responder de la diferencia entre la IPT consentida por la Mutua y la IPA. El INSS interpuso recurso de suplicación y la Sala de lo Social, en la sentencia de contraste, estima el recurso de la Entidad Gestora y le exonera de responsabilidad en la prestación de IPA, por agravación, porque considera que la responsabilidad de la Mutua en las prestaciones derivadas de la enfermedad profesional del trabajador ya quedó firme y consentida, produciendo un efecto análogo al de cosa juzgada.

2.- Entre las sentencias existe la identidad necesaria para apreciar que sus pronunciamientos son contradictorios, en los términos exigidos por el artículo 219 LRJS.

Esa identidad en hechos, fundamentos y pretensiones y la contradicción en los pronunciamientos de las respectivas sentencias, a la vista de los hechos y resuelto en cada caso, es evidente y no se cuestiona por el Ministerio Fiscal, con lo cual damos por superado el juicio de contradicción.

No obstante, queremos hacer una puntualización. En la sentencia de contraste la Mutua interpuso reclamación previa frente a la declaración de IPT pero en lo relativo a la base reguladora. En la recurrida la reclamación se refirió al grado de incapacidad. Esta circunstancia no impide la existencia de contradicción ya que resulta irrelevante en tanto que, en uno y otro caso, la Mutua se aquietó con la declaración de responsabilidad.

TERCERO.- 1.- Una cuestión prácticamente idéntica a la aquí suscitada ha sido resuelta por esta Sala en su STS 1017/2021, de 18 de octubre (Rcud. 3208/2018) en sentido contrario al de la sentencia recurrida. A su doctrina hay que estar por elementales razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley y porque no existen razones para cambiarla. Por tanto, hemos de comenzar señalando que la doctrina correcta se encuentra en la sentencia de contraste.

2.- Para llegar a tal conclusión, nuestra aludida sentencia comienza por recordar ciertas premisas normativas y jurisprudenciales clave para la resolución del problema, sobre la revisión de la incapacidad permanente. Así, una de esas cuestiones se refería a la repercusión en la revisión de la incapacidad de dolencias derivadas de otras contingencias y si las mismas debían ser valoradas conjuntamente. De esta forma se señaló en la STS de 9 de junio de 1987, al señalar que "debe dejarse constancia de que cabe la apreciación conjunta de secuelas en la calificación del nuevo grado al que se acceda revisando la incapacidad por agravación, y que hay que proceder con el necesario casuismo en cada supuesto estudiando la imputación de responsabilidades y su distribución entre diversas entidades". Esto es, es posible que nuevos hechos permitan alterar la situación que provoque un nuevo grado de invalidez. Del mismo modo, y en esa línea de unidad o conexión entre la situación anterior y la que se presenta al momento de la revisión, permitió entender que la base reguladora de la pensión se mantuviera inalterada, salvo excepciones, que podría venir de haber estado prestando servicios por un salario superior, con las respectivas cotizaciones. En ese sentido se ha dicho que "el concepto de revisión del grado de la incapacidad permanente da idea de una cierta unidad o conexión entre las situaciones de invalidez inicial y resultante de tal revisión; lo que nos lleva a la conclusión de que en ella debe mantenerse el importe de la base reguladora primeramente reconocida, a no ser que existan razones de peso que impongan un cambio de tal importe" [ SSTS de 23 de septiembre de 2003 (Rcud. 1971/2002); de 29 de septiembre de 2004 (Rcud. 60/2003); de 12 de marzo de 2013 (Rcud. 2440/2011)].

Junto a ello, también y en relación con la revisión de las prestaciones en su aspecto económico, la Sala ya expresó que la acción de reconocimiento inicial de una prestación y la que afecta a su revisión son acciones distintas, por su naturaleza y finalidad, aunque ello lo argumentara en relación con el plazo de prescripción del art. 43.1, párrafo segundo LGSS 1994 que traemos a colación porque uno de los argumentos que se dieron para ello era que tal distinción de acciones ya las recogía la LGSS "para las prestaciones de incapacidad permanente en el propio 143 LGSS invocado por la Entidad recurrente, regulador de la revisión de la propia declaración de incapacidad con las consecuencias económicas derivadas, por agravación o mejoría o error de diagnóstico, que posibilita el que se efectúe " en cualquier momento " (argumento ex art. 143.2.III LGSS) , con los espacios intermedios que establece para evitar solicitudes sucesivas, el ejercicio de la acción tendente a tal revisión por parte de la Gestora y por parte de los beneficiarios, y además, en su nº 3 dispone que " Las disposiciones que desarrollen la presente Ley regularán el procedimiento de revisión y la modificación y transformación de las prestaciones económicas que se hubiesen reconocido al trabajador, así como los derechos y obligaciones que a consecuencia de dichos cambios correspondan a las entidades gestoras o colaboradoras y servicios comunes que tengan a su cargo tales prestaciones" [ STS de 29 de marzo de 2010 (Rcud. 1130/2009)].

Que la revisión de la incapacidad permanente por situación nueva del trabajador viene a constituir un supuesto de hecho diferente del que dio lugar a su inicial reconocimiento se obtiene también de la STS de 30 de septiembre de 1998 (Rcud 4600/2017). En ella, para distinguir este supuesto de la revisión de los actos declarativos que regulaba la ley procesal laboral y reiterando lo dicho en la STS de 18 de abril de 1995 (Rcud. 1448/1994) se afirmó que "la revisión no opera sobre el acto de la entidad que declaró la incapacidad, sino sobre la nueva situación patológica del trabajador, que en el ulterior momento afecta a la capacidad laboral de un modo diferente a como la afectaba antes, y que por ello exige una calificación también diferente". En definitiva, se acepta que estemos ante nueva situación, valorable en derecho, cuando las patologías que presenta el beneficiario, declarado incapacitado permanente, han variado.

3.- En lo que a los actos administrativos consentidos y firmes se refiere, como manifestación de la presunción de legalidad del acto administrativo no impugnado, la doctrina en la materia que esta Sala ha emitido la podemos centrar, en principio, en la STS de 15 de octubre de 2003 (Rcud. 2919/2002) en la que, con cita de otras precedentes, ya se dijo que " no son aplicables en el proceso laboral los artículos 58 y 107 de la Ley Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y los artículos 25 y 28 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa" al tener que aplicarse la ley procesal laboral en la que no se contempla la impugnación directa de los actos de instrucción y trámite de Seguridad Social, cualquiera que sea su alcance. Esto es, el expediente administrativo en materia de seguridad social que ha concluido con resolución administrativa requiere de reclamación previa a la vía judicial, si bien la ausencia de esta no impide que pueda reproducirse en otro momento una nueva acción que no se encuentre afectada por la prescripción del derecho, lo que se trasladó al artículo 71 LRJS, con el alcance que esta Sala ha dado a dicho precepto, como más seguidamente se indicará respecto de la Mutuas colaboradoras.

En todo caso, el acto consentido que despliega efectos en vía administrativa solo puede removerse en los casos y por las vías legalmente establecidas (en este caso las fijadas en la Ley 30/2015). Para entender que un acto administrativo consentido no pueda ser alterado por otros posteriores es necesario que nos encontremos antes reproducción o confirmación de los previos, esto es, que sean actos con el mismo contenido y, ante peticiones similares y no ante actos diversos o de contenido propio a consecuencia de nuevos hechos. Finalmente, y vinculado con esa doctrina del acto consentido, respecto de la que se invoca en la sentencia recurrida, sobre la aplicación del artículo 71 LRJS, esta Sala, a raíz de la STS -pleno- de 15 de junio de 2015 (Rcud. 2648/2014), ha venido a negar acción a las Mutuas que dejan firmes y consentidas resoluciones administrativas que les afectan al declararse en ellas su responsabilidad en el pago de las prestaciones. Concretamente, se resuelve en esa doctrina si las Mutuas, que habían sido declaradas en su día responsables de prestaciones derivadas de enfermedad profesional, pueden impugnar posteriormente esa declaración, incluso antes de que haya prescrito el derecho sustantivo, concluyendo la Sala en que las Mutuas no son las destinatarias del mandado que se contempla en el apartado 4 del citado precepto procesal. [En ese sentido: SSTS 845/2016, de 13 de octubre (Rcud. 3109/2015); 45/2017 de 24 enero (Rcud. 2100/2015) y 63/2018 de 25 enero (Rcud. 3816/2015)].

CUARTO.- 1.- Como se ha dicho anteriormente, la sentencia recurrida ha entendido que habiendo agotado la Mutua la vía administrativa, por medio de la correspondiente reclamación previa, puede en vía judicial cuestionar la responsabilidad que se le ha imputado. Pues bien, siguiendo lo expuesto en el escrito de interposición del recurso, para combatir este razonamiento de la sentencia recurrida, lo primero que argumenta la Entidad Gestora es que la revisión del grado de incapacidad permanente no supone el reconocimiento de un nuevo derecho sino una alteración del presupuesto fáctico de la prestación, referido a la capacidad laboral, por lo que no es posible combatir la resolución administrativa en el extremo que ahora se formula. Esta alegación resulta intrascendente a la hora de dar respuesta al debate planteado porque, realmente, no estamos ante un mismo derecho sino uno diferente que es producto de otra resolución administrativa y lo que es relevante es en qué medida esta nueva situación, el nuevo derecho, puede ser cuestionado y en qué extremos cuando el derecho anterior que ahora se modifica puede contener elementos que actualmente se mantienen.

Como se obtiene del régimen jurídico y de la doctrina sobre la revisión de la incapacidad permanente, la estimación de la revisión, por agravación como ocurre en este caso, provoca el reconocimiento de un nuevo derecho, de una nueva prestación en tanto que la primera (en este caso, la IPT) se entiende extinguida por la revisión, naciendo la nueva (por IPA), con las consecuencias legales que ello conlleva. Así lo entendió y ha entendido el legislador cuando, al regular las consecuencias de la revisión, en los mandatos que antes hemos recogido, calificó de pensión nueva a la que fuera reconocida en revisión de otra ya declarada que ha de entenderse extinguida por la nueva. Ahora bien, ello no significa que el nuevo derecho pueda ser cuestionado en los términos que ahora pretende la parte actora.

Es cierto que esta Sala ha venido diciendo que la acción de revisión de la incapacidad permanente es distinta, en su naturaleza y finalidad, de la declaración inicial de incapacidad permanente, en tanto que se están introducido hechos o elementos nuevos que han abocado al nacimiento del nuevo derecho. Estas novedades, por lo general, se identifican con un nuevo cuadro de padecimientos que pueden conllevar una nueva situación jurídica que afecta al grado -en mejoría o agravación-, como es lo que aquí acontece, sin alcanzar a los demás que configuran el nacimiento de la prestación -alta, situación asimilada al alta, base reguladora-. Solo la concurrencia de nuevos datos producidos con posterioridad podría calificarse de situación novedosa y propia del nuevo derecho (por ejemplo, la modificación de la base reguladora por haber trabajador en otro empleo compatible con la situación de invalidez).

2.- Pues bien, tampoco podría entenderse como nueva cuestión propia de la revisión de la incapacidad permanente, otras ajenas a los requisitos de acceso, como las relativas a la contingencia o la responsabilidad en el pago que ya fueron delimitadas en atención a unos mismos datos, comunes para el acto inicial y el de revisión. Y en este extremo en el que esta Sala entiende que la responsabilidad en el pago de la prestación, aunque ahora sea de mayor grado, no está afectada, realmente, ni podría alterarse en la nueva resolución administrativa que otorga el nuevo derecho, en tanto que atiende a la misma condición que entonces ostentaba el sujeto obligado al pago, que no varía cuando la contingencia se mantiene, y no hay un novedoso régimen jurídico que pudiera haber incidido en la hasta entonces establecida.

En consecuencia, y en lo que ahora interesa, en materia de responsabilidad, tratándose de enfermedad profesional, la declarada en una y otra acción en vía administrativa, no siendo cuestionada la que fue declarada en su momento debe ser mantenida, cuando no se han aportado o confluyan elementos novedosos que pudieran justificar la alteración del régimen de responsabilidad que ya quedó establecido y asumido por decisión de la Mutua.

La doctrina del acto consentido o firme en el que se apoya la entidad gestora en su escrito de recurso para justificar que la declaración de responsabilidad que no combatió la Mutua en la IPT debe extender sus efectos sobre la prestación de IPA, podría justificar que la responsabilidad ya declarada, como aquí acontece, se proyecte sobre las demás prestaciones que, aunque distintas en su grado, traigan causa de la misma enfermedad profesional que tan solo, en orden a la capacidad laboral, va evolucionando. Y la nueva resolución no tiene, en sí misma, unos nuevos hechos en orden a la responsabilidad que declara y que trae causa de una resolución anterior firme.

Ello implica que la conformidad a derecho de la declaración de responsabilidad que se imputo a la mutua por la enfermedad profesional quedó ya establecida y firme en vía administrativa y, aunque no fuera objeto de debate, en vía judicial que se limitó a pronunciarse sobre el grado de invalidez, manteniendo la responsabilidad fijada por resolución administrativa que no fue combatida; por ello ahora no puede verse modificada sin más. En consecuencia, es la sentencia recurrida la que no contiene doctrina ajustada a derecho.

QUINTO.- Lo anteriormente razonado, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, permite concluir en el sentido de entender que el recurso debe ser estimado, casando la sentencia recurrida y, resolviendo el debate planteado en suplicación, estimando el de tal clase interpuesto por el INSS, anulando parcialmente la sentencia de instancia en el sentido de eliminar de su fallo la condena al INSS y a la TGSS al abono de la diferencia entre la Incapacidad permanente total y la incapacidad permanente absoluta. Sin costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 LRJS.