Sentencia Social 1838/2024 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 1282/2024 de 12 de junio del 2024

PRIMERO: 1. Frente a la sentencia de instancia que desestimó las pretensiones de las demandas acumuladas de las empresas SILVASUR AGROFORESTAL SA y BIENVENIDO FERNÁNDEZ ARIAS SA de que se revocara el recargo de prestaciones del 30% que les fue impuesto de forma solidaria por el INSS por el accidente de trabajo de don Jose Enrique, se alzan ambas empresas en suplicación formulando sus recursos al amparo del artículo 193.c) de la LRJS, al objeto de examinar la infracciones de normas sustantivas y de la jurisprudencia aplicable.

2. En su primer motivo de suplicación, la empresa SILVASUR denuncia la infracción del artículo 24 de la Constitución Española por lesión de derechos susceptibles de amparo constitucional, por haberse prescindido totalmente del procedimiento legalmente establecido, lo que provoca la nulidad de la resolución administrativa conforme a lo establecido en el artículo 47 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por cuanto se ha obviado totalmente el procedimiento al no haberse notificado ninguno de los actos administrativos dictados en el expediente de recargo de prestaciones, remitiéndose finalmente la resolución a un domicilio distinto al designado por la empresa, pues pese a que el 2/6/24 su letrado se personó en el procedimiento de recargo de prestaciones y designó domicilio a efectos de notificaciones, el INSS no intentó notificar la resolución a dicha dirección, remitiéndola a la que consta en el hecho probado 17º, lo que vulnera el artículo 41 de la ley 39/2015, que establece que la notificaciones deben realizarse en el domicilio designado, y a mayor abundamiento, no constan los datos de la persona que supuestamente recepcionó la notificación de la resolución, por lo que está debe considerarse nula, y por tanto se debe declarar la nulidad del procedimiento administrativo.

3. La cuestión relativa a las consecuencias de la omisión del trámite de audiencia a las partes en el procedimiento administrativo seguido ante el INSS sobre recargo en las prestaciones derivadas de accidente de trabajo por falta de medidas de seguridad, tal y como se recuerda acertadamente en la sentencia de instancia, ha sido reiteradamente resuelta por la jurisprudencia, existiendo doctrina unificada al respecto de la que son exponentes las sentencias del Tribunal Supremo de 30-4-07, 9-5-08, 11-2-09, 11-2-09 y 22-12-10, y en particular, la última de ellas basa su decisión, con mención de las SSTS de 30 de abril de 2007, (R.C.U.D. 8/330/2006) y 3 de julio de 2007 (R.C.U.D. 8/3152/2006), en la doctrina expresada en los siguientes términos: "Hay que empezar reconociendo que la LRJAPC es aplicable a la actividad administrativa de reconocimiento de las prestaciones por parte de los organismos gestores de la Seguridad Social. Así se desprende claramente de lo establecido en el artículo 2.2 de la citada ley , a tenor del cual la mencionada ley se aplica a "las Entidades Públicas con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas". El precepto añade que "estas Entidades sujetarán su actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación".

El régimen jurídico de la gestión de la Seguridad Social que se contiene en el capítulo VII del Título I de la Ley General de la Seguridad Social no excluye este régimen, sin perjuicio de las peculiaridades que en materia de procedimiento se han establecido, conforme al propio carácter común de la regulación legal (disposición adicional 5 ª de la LRJAPC) y del especial régimen de impugnación de los actos administrativos de Seguridad Social (disposición adicional 6ª de la LRJAPC). Por otra parte, la entidad empresarial demandante tiene la consideración de interesado en el procedimiento administrativo que reconoció la pensión de incapacidad permanente absoluta y luego la gran invalidez al trabajador, porque desde el momento en que en ese procedimiento se decide sobre la responsabilidad de la empresa se está en el supuesto del apartado b) del número 1 del art. 31 de la LRJAPC, según el cual tienen esa consideración "los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte" y éste es obviamente el caso de quien en la resolución administrativa podía ser declarado responsable del pago de la prestación. Por tanto, el trámite de audiencia debía haberse cumplido con la empresa, porque ésta tenía la condición de interesado y porque se estaba en el supuesto del 84 de la LRJAPC, sin que fuese aplicable la excepción del número 4 de este artículo.

Pero dicho esto, lo cierto es que la parte alega la infracción de los apartados a) y e) del artículo 62.1 de la LRJAPC y ninguna de estas normas se ha infringido por la sentencia recurrida. No se ha infringido el apartado a), porque no se ha vulnerado ningún derecho fundamental de la entidad demandante. Esta no concreta el derecho fundamental vulnerado, aunque parece referirse a la tutela judicial efectiva en su modalidad de indefensión. Pero el derecho que reconoce el artículo 24 de la Constitución se refiere, en principio, al proceso judicial, no al procedimiento administrativo, y en el presente caso la omisión del trámite de audiencia que hubiera permitido a la parte aportar "alegaciones" y aportar "documentos y justificaciones" (artículo 84 de la LRJAPC) no ha tenido relevancia alguna, pues la parte ha podido presentar tales alegaciones, justificaciones o documentos en el proceso judicial. La doctrina de la Sala Tercera de este Tribunal ha señalado también que fuera del ámbito sancionador, "la falta del trámite de audiencia en el procedimiento administrativo e incluso la misma indefensión, si se produce, podrán originar las consecuencias que el ordenamiento jurídico prevea, pero no afectan a un derecho fundamental o libertad pública susceptible de amparo constitucional" ( sentencia de la Sala III de 16 de marzo de 2005 ). Tampoco la falta de audiencia equivale a la falta total y absoluta de procedimiento del apartado e) del artículo 62.1 de la LRJAPC. La parte confunde la anulabilidad del acto por un vicio de forma (artículo 63.2 de la LRJAPC) con un supuesto de nulidad de pleno derecho del artículo 62 pues, como también tiene declarado la Sala III de este Tribunal "la falta de un trámite como el de audiencia, por esencial que pueda reputarse, no supone por sí misma que se haya prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido"; procedimiento, que "subiste aun faltando la audiencia" ( sentencias de 13 de octubre de 2000 y 16 de marzo de 2005 ).

Estamos, por tanto, en el ámbito del artículo 63 de la LRJAPC, que es el de la anulabilidad de los actos administrativos; anulabilidad que se produce por cualquier otra infracción del ordenamiento jurídico distinta de las contempladas en el artículo 62. Pero, como establece el número 2, de este artículo "el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados". Pues bien en el presente caso y, aparte de que la recurrente no ha invocado el artículo 63 de la LRJAPC, aunque sí alega los preceptos sobre la audiencia de la regulación específica de Seguridad Social, la omisión de la audiencia no ha impedido al acto administrativo alcanzar su fin y tampoco ha producido indefensión. El acto ha alcanzado su fin, que es el reconocimiento de la prestación con la declaración de las responsabilidades para su abono. Tampoco ha producido una indefensión relevante que deba determinar la nulidad de actuaciones para corregirla. La doctrina de la Sala III de este Tribunal insiste en que "la indefensión no equivale a la propia falta del trámite de audiencia", sino que "ha de ser real y efectiva" y, por ello, "para que exista indefensión determinante de la anulabilidad del acto es preciso que el afectado se haya visto imposibilitado de aducir en apoyo de sus intereses cuantas razones de hecho y de derecho pueda considerar pertinentes para ello" ( sentencias de 11 de julio de 2003 y 16 de marzo de 2005 ). En el presente caso no puede apreciarse que la omisión del trámite de audiencia haya provocado tal indefensión. En primer lugar, porque la parte recurrente tuvo en todo momento noticia de la iniciación del procedimiento y pudo personarse en el mismo y formular alegaciones, lo que efectivamente hizo, como más adelante se verá. (...). De esta forma, la parte ahora recurrente muestra, pese a la falta de audiencia, un perfecto conocimiento de la situación del trabajador y de los informes obrantes en el expediente. Por ello constituye un conducta abusiva el que alegue la nulidad de las actuaciones fundadas en la omisión de ese trámite, porque tenía la información necesaria y, desde luego, pudo formular alegaciones tanto en su oposición a la reclamación previa del trabajador, como luego en la propia reclamación previa interpuesta por la propia recurrente, aportando además cuantos "documentos" y "justificaciones" considerara convenientes. Por otra parte, aunque no fuera así, lo cierto es que la parte ha ejercitado, tras el agotamiento del trámite de reclamación previa, una pretensión de plena jurisdicción ante el orden social, dando lugar al correspondiente proceso, en el que ha podido formular alegaciones y practicar prueba para combatir tanto la incapacidad reconocida al trabajador, como la declaración de responsabilidad".

Pues bien, en aplicación de la expuesta doctrina al supuesto que nos ocupa, la empresa recurrente, tal y como consta en los inalterados hechos probados de la sentencia impugnada, recibió la notificación del inicio del expediente de recargo de las prestaciones derivadas de accidente de trabajo en el domicilio sito en la carretera A-5000, km 7, Grupo Empresarial Ence S.A., de Huelva, y como consecuencia de ello, dicha empresa presentó escrito de alegaciones y se personó en el procedimiento administrativo mediante Letrado, por lo que si bien es cierto que no se le notificó finalmente la resolución que declaraba la existencia de responsabilidad empresarial en el domicilio designado, ello no supuso su total exclusión del expediente administrativo ni la pérdida de toda posibilidad de contradicción susceptible de generar indefensión, más si cabe si tras interponer reclamación previa frente a la resolución administrativa de imposición del recargo, presentó la demanda que dio pie al procedimiento que nos ocupa, en el que realizó las alegaciones y practicó la prueba que tuvo por conveniente, por lo que debe rechazarse la existencia de la indefensión alegada en el motivo de recurso, habida cuenta que desde la iniciación del procedimiento administrativo tuvo conocimiento del mismo, efectuando alegaciones y pudiendo participar activamente en la práctica de prueba, y finalmente, ejercitó las impugnaciones frente a la resolución definitiva previstas legalmente.

Por todo ello, con aplicación de la doctrina jurisprudencial expuesta, ya reseñada en la sentencia impugnada, procede desestimar el motivo que nos ocupa.

SEGUNDO: 1. En el siguiente motivo de recurso de la empresa SILVASUR se alega la infracción de los artículos 24 y 25 de la Constitución Española, en relación con el artículo 164 de la LGSS, por lesión del principio de culpabilidad, y de la jurisprudencia que se cita, al considerar que dicha empresa no pudo incumplir ni el artículo 19 ni el 16 de la LPRL, cuyo incumplimiento se imputa en el informe-propuesta elaborado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con el trabajador accidentado, al no ser su empleador, de modo que la labor de vigilancia correspondía a la empresa BIFESA, por cuanto el artículo 14.2 de dicha ley es claro al establecer que el deber de protección que se atribuye legalmente al empresario se refiere a los trabajadores a su servicio, de modo que dicha empresa era la obligada a acreditar por escrito que se había realizado la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva, así como que había proporcionado la información y formación a los trabajadores. Por el contrario, ningún reproche puede efectuarse a SILVASUR, como demuestra el hecho de que no se ha extendido acta de infracción ni se haya propuesto recargo de prestaciones por incumplimiento alguno en cuanto a sus obligaciones de coordinación en prevención de riesgos laborales, habida cuenta que en el acta de la ITSS no se ha aplicado el precepto que resultaría de aplicación a una empresa contratista si hubiere llevado a cabo incumplimientos en ese ámbito, previsto en el artículo 12.13 de la LISOS.

Por otra parte, en el fundamento de derecho séptimo de la sentencia se imputa la responsabilidad a SILVASUR en base a los artículos 42.2 y 24.3 de la LPRL y del 11.2 del RD 1627/1997, si bien el artículo 42.2 ha sido derogado por la disposición derogatoria única 2.c) de la LISOS, y por otra parte, el artículo 24.3 lo que establece son obligaciones de vigilancia de cumplimiento de la normativa de prevención como concreción de las obligaciones de coordinación de actividades empresariales y de cooperación entre las empresas concurrentes en la aplicación de dicha normativa, pero en modo alguno establece la responsabilidad solidaria de las empresas contratistas por los incumplimientos de la subcontratista de su gestión preventiva, por lo que en suma, debe excluirse que exista responsabilidad solidaria de SILVASUR en el recargo de prestaciones que confirma la sentencia.

2. Al respecto, en los casos en los que en la prestación de servicios concurren contratas y subcontratas, la obligación de seguridad con carácter general sería compartida, pues siempre que dos o más empresas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo tienen el deber de colaborar en la aplicación de las medidas de seguridad y salud ( Convenio OIT núm 155 art.17; Dir 89/391/CEE art.6.4).

En este sentido, la STS de 20-03-2012 (rec. 1470/2011) recordaba que "Ciertamente, el tema de la responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo cuando se presten servicios en régimen de subcontratación, motivó ya en su día que esta señalara que "... es perfectamente posible que una actuación negligente o incorrecta del empresario principal cause daños o perjuicios al empleado de la contrata, e incluso que esa actuación sea la causa determinante del accidente laboral sufrido por éste. Es, por tanto, el hecho de la producción del accidente dentro de la esfera de la responsabilidad del empresario principal en materia de seguridad e higiene lo que determina en caso de incumplimiento la extensión a aquél de la responsabilidad en la reparación del daño causado, pues no se trata de un mecanismo de ampliación de la garantía en función de la contrata, sino de una responsabilidad que deriva de la obligación de seguridad del empresario para todos los que prestan servicios en un conjunto productivo que se encuentra bajo su control " ( STS de 18 de abril de 1992 -rcud. 1178/91 -, que dio lugar a la STC 81/1995 , seguida por las STS de 16 de diciembre de 1997 -rcud. 136/1997 - y 14 de mayo de 2008 -rcud. 4016/2006 -). Por consiguiente, el empresario principal puede ser empresario infractor a los efectos del art. 123 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social (LGSS ), si la infracción es imputable a la misma y el accidente se produjo dentro de su esfera de responsabilidad.

La obligación específica de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones del empleador por parte de la empresa principal se da en dos casos: A) Cuando se trate de la misma actividad ( ap. 3 del art. 24 LPRL ). B) Cuando las labores se realicen en su centro de trabajo o en un centro sobre el que la principal extiende su esfera de control (aps. 1 y 2 del art. 24 LPRL ); así se indica en las STS de 11 de mayo 2005 (rcud. 2291/04 ), 26 de mayo de 2005 (rcud. 3726/2004 , que confirmó la sentencia que ahora se aporta aquí como de contraste), 10 de diciembre de 2007 (rcud. 576/2007 ) y 7 de octubre de 2008 (rcud. 2426/07 )".

En el presente caso, no se pone en duda que la contratista principal y la subcontratada se dedicaran a la misma actividad, ni que, en base al informe del Técnico del Centro de Prevención de Riesgos Laborales transcrito en el hecho probado octavo de la sentencia, al trabajador no se le había facilitado la formación e información previa necesaria, incumplimiento éste último que la recurrente imputa exclusiva a la empleadora del trabajador, entendiendo por consiguiente, que carece de responsabilidad al respecto

No obstante, como se expone en la STS ya reseñada "esta construcción se torna endeble pues la existencia de una situación de subcontratación establece deberes de prevención para la empresa principal de características y alcance análogos a los de la empleadora directa del trabajador (recuérdese que el mandato del art. 24 se reproduce en el art. 11.1 c) del Real Decreto 1627/1991, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción). De ahí que también para aquélla la formación e información del trabajador en materia de riesgos constituye una exigencia previa, para cuya exoneración no resulta suficiente la mera diferenciación de vínculo jurídico con el trabajador de que se trate".

Por tanto, como sigue diciendo el Alto Tribunal, el argumento sobre la atribución exclusiva de responsabilidad a la empresa empleadora " hubiera exigido un análisis pormenorizado de las circunstancias y causas del accidente de forma tal que permitiera percibir una distinta participación de la empresa principal en la conformación del sustrato preventivo legalmente exigible. La exoneración de ésta hacía preciso que, pese a haber adoptado por su parte las medidas necesarias en cuestión, solo la actuación de la empresa contratista constituyera la causa de la ineficacia de aquellas medidas", lo que en el presente caso no ha tenido lugar, por cuanto de conformidad con los hechos probados (ordinal tercero), la contratista principal se limitó a suscribir un documento de coordinación de actividades empresariales y al nombramiento de un recurso preventivo, sin que no obstante, comprobase de forma efectiva que los trabajadores de la subcontrata que iban a prestar servicios habían recibido una formación e información suficiente, que les hubiera permitido asimilar los procedimiento de trabajo y situaciones similares a estos, al objeto en particular de reconocer situaciones de riesgo y adoptar las medidas oportunas.

Por otra parte, no consta que el recurso preventivo de la contratista principal hubiera controlado la aplicación correcta de los métodos y procedimientos de trabajo incluidos en el sistema de gestión de la prevención de la empresa subcontratada, para, en concreto, integrar tales procedimientos en la prevención de riesgos, en particular respecto a la necesidad de utilizar maquinaria específica para las tareas de desenganchado de árboles, por lo que se habría incumplido el deber de vigilancia de la empresa principal establecido en el artículo 24.3 de la LPRL respecto del cumplimiento de las obligaciones de seguridad y prevención en el trabajo en las actividades propias que han sido objeto de subcontratación, y así, la STS de 11-05-2005 (rec. 2291/2004), ya exponía que "Prescribe dicho precepto que en tal supuesto la empresa principal deberá vigilar el cumplimiento por los contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. No se trata de la exigencia de un control máximo y continuado -que, ciertamente, podría hacer ineficaz esta modalidad productiva-, pero sí de un control efectivo, que no puede afirmarse se haya producido en el presente caso, visto que no consta que la empresa recurrente hubiera realizado inspección alguna de la actividad que la contratista realizaba en el municipio en donde ocurrieron los hechos, ni tampoco consta que los controles efectuados en otros municipios, en relación con la misma empresa contratista, hubieran recaído sobre actividades semejantes a la que se estaba efectuando cuando se produjo el accidente. De ello deriva la responsabilidad de la empresa principal ya que, como dijimos en la sentencia de 5 de mayo de 1999 (rec. Núm. 3656/1997 )" es, por tanto, el hecho de la producción del accidente dentro de la esfera de la responsabilidad del empresario principal en materia de seguridad e higiene lo que determina en caso de incumplimiento la extensión a aquél de la responsabilidad".

En suma, no hay elementos de prueba que avalen la exclusión de responsabilidad de la contratista principal, por cuanto la misma vulneró la obligación general de garantizar la formación sobre riesgos laborales del trabajador y de vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad acordadas en los correspondientes planes de prevención, por lo que faltando dicha supervisión, la responsabilidad de la contratista principal y de la subcontrata no presenta distinción y, por ello, ha de mantenerse la imposición del recargo que se hizo en la vía administrativa.

A mayor abundamiento, debe rechazarse que por parte de la ITSS o o de la autoridad laboral se haya excluido la responsabilidad de la empresa SILVASUR en la producción del accidente, por cuanto como consta en el hecho probado noveno, en el acta de la Inspección se proponía la imposición de una sanción a la empresa BIFESA, y se añadía expresamente como otros sujetos responsables, a la empresa SILVASUR, a la cual se impuso igualmente la responsabilidad solidaria mediante resolución de 24/8/2015 de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que fue confirmada por sentencia de 27/3/2017 del Juzgado de lo Social nº 2 de Huelva.

En consecuencia, el motivo de recurso que nos ocupa debe ser desestimado.

TERCERO: 1. El último de los motivos de censura jurídica de la sentencia articulados por la empresa SILVASUR debe ser examinado conjuntamente con los dos motivos de recurso formulados por la empresa BIFESA, por cuando en los mismos se atribuye la producción del accidente a la culpa exclusiva del trabajador accidentado, considerando infringidos los artículos 24 de la CE y 156.4 de la LGSS, y añadiendo la cita de la jurisprudencia que consideran de aplicación

En concreto, la empresa SILVASUR considera que el trabajador sí contaba con formación suficiente para detectar situaciones de peligro en la tala de árboles, y que en otras situaciones, utilizó la máquina Skider que se encontraba a su disposición, por lo que ya había detectado previamente otras situaciones de riesgo, haciendo hincapié en el escrito del fiscal y en las declaraciones testificales realizadas en el marco de la instrucción penal en las Diligencias Previas nº 1030/11, llegando a la conclusión de que el accidente aconteció por la imprudencia temeraria del trabajador accidentado e incumplir las obligaciones establecidas en el artículo 29 de la LPRL en materia de prevención de riesgos.

Por su parte, la empresa BIFESA considera igualmente que el accidente tuvo lugar por el comportamiento temerario del trabajador siniestrado al actuar de forma imprudente, desobedeciendo las órdenes dadas por la empresa a través de los sistemas de trabajo y planes de seguridad, realizando sus funciones de forma inadecuada a pesar de la experiencia de muchos años de trabajo, actuando por propia iniciativa en el derrame y troceado en su condición de motoserrista, de un árbol eucalipto que se encontraba en situación muy complicada para su manipulación de corte, siendo así que en la maniobra que originó el accidente era necesaria la intervención de maquinaria pesada existente para estos supuestos, estando disponible a pocos metros del lugar, siendo utilizada en otros supuestos en los que la posición del tronco se encontraba en la misma posición. Asimismo, la recurrente añade que las Diligencias Previas incoadas por el accidente fueron archivadas ante la ausencia de responsabilidad, destacando el informe del Ministerio Fiscal en el que se indicaba que el trabajador accidentado poseía la formación suficiente para detectar las situaciones de peligro, tanto por su experiencia como por la formación dada por la empresa, teniendo a su disposición todos los EPIC y la máquina Skider por lo que en suma, considera la recurrente que fue la culpa exclusiva del trabajador al tomar la decisión de actuar de forma imprudente y temeraria, teniendo todos los medios de protección individual y colectivos, lo que provocó el accidente.

2. Con carácter previo, debe valorarse la repercusión del dictado de un auto de sobreseimiento libre en el procedimiento penal respecto del accidente de trabajo que nos ocupa, y al respecto debe recordarse que, con carácter general, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que la absolución de un delito por falta de prueba de su comisión no excluye la realidad de la producción de un accidente por la infracción de normas de seguridad laboral.

En efecto, como se expone en la STS de 30-03-2016 (rec. 13/2014), " ...la sentencia penal que absuelve a los administradores sociales de un delito contra la seguridad y salud de los trabajadores de los artículos 317 y 318 del Código Penal , funda la absolución en no haber quedado debidamente acreditados los hechos que se les imputaban, es decir, en la presunción de inocencia, pero el art. 86 LRJS habla de "sentencia absolutoria por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo", lo que no ha acaecido en el presente caso en el que la absolución de un delito por falta de prueba de su comisión, no excluye la realidad de los hechos: la real producción de un accidente por la infracción de unas normas de seguridad. El que no se haya declarado la existencia de responsabilidad penal, no impide apreciar la concurrencia de la responsabilidad civil y prestacional que establece el artículo 123 (hoy 164) de la Ley General de la Seguridad Social que se regula por normas diferentes, dada la obligación contractual que tiene el patrono de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, lo que hace que la apreciación de la culpa se mida por otras reglas, como la del art. 96-2 de la L.R.J.S ., precepto que obliga al empresario a probar que adoptó todas las medidas necesarias para evitar el riesgo y que tiene su antecedente en nuestra sentencia del Pleno de 30 de junio de 2010 (R. 4123/2008 ), reiterada por la de 4 de mayo de 2015 (R. 1281/2014 ), doctrina de la que se deriva que en esta materia no juega la presunción de inocencia que sirvió de base para absolver a los administradores de la recurrente.

Así lo tiene declarado esta Sala reiteradamente, bastando reproducir en términos literales nuestra sentencia de 27/09/2013 (Demanda de Revisión 30/12 ) que en un caso en todo semejante al actual, dice así:

"Pues bien, como ya hemos señalado en numerosas resoluciones (recientemente en el auto de 2/1/2012 -revisión nº 16/11-) "El art. 86-3 de la LPL da pie a la revisión cuando recaen sentencias absolutorias por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo, pero estos pronunciamientos no se contienen en el auto de sobreseimiento provisional. Por ello, este documento no es útil, ni decisivo, para fundar la revisión, como tiene declarado esta Sala, incluso en supuestos de sentencias penales absolutorias por falta de prueba, por aplicarse la presunción de inocencia. En este sentido, en nuestra sentencia de 25 de febrero de 2004 (Rec. 25/2002 ) sentamos la doctrina que aquí se reitera: "la mencionada sentencia no es hábil para abrir el cauce de la revisión, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala (Ss. de 13-2-98 (rec. 3231/96), 25-1-99 (rec. 1138/98) y 10-12-02 (rec. 1108/01) entre las mas recientes) por las razones que pasamos a exponer: "Los presupuestos para que la sentencia dictada en el proceso penal resolviendo la cuestión prejudicial de tal naturaleza, actúe como motivo de revisión de la sentencia laboral, son, según prevé el art. 86.3 LPL , que la sentencia absolutoria penal sea debida a "inexistencia de hecho o por haber participado el sujeto en el mismo", lo que no acontece en el presente caso, en que ésta no vino determinada por dichas causas, sino por inexistencia de prueba suficiente sobre los hechos imputados; en definitiva, que la absolución penal se debió a la aplicación del principio de presunción de inocencia".

"Por ello, como se razona en la citada sentencia de 13-2-1998, la valoración que de la prueba practicada realiza el Juez Penal en un proceso en el que rige el derecho fundamental a la presunción de inocencia para llegar a la conclusión de que no resulta probado, más allá de toda duda razonable, que el acusado cometiera el delito que se le imputa, no impide que el Juez del Orden Social de la Jurisdicción considere suficientemente acreditado -en uso y ejercicio de la potestad que le confiere el art. 97.2 LPL en orden a la valoración de la prueba- el incumplimiento contractual grave que justifica la procedencia del despido"; y que "este sentido de independencia de uno y otro orden jurisdiccional, en relación con la valoración de la prueba -con los límites antes dichos de inexistencia del hecho o falta de participación del trabajador en el ilícito penal, en cuyas circunstancias prevalece o se impone la sentencia penal sobre la civil- ha sido proclamando en doctrina constante de este Tribunal Supremo (sentencias de 15 de junio de 1992 (rec. 442/91 ), y de 20 de junio de 1994 (rec. 1619/1993 ) entre otras); y ello, por cuanto, como señala el Tribunal Constitucional en sus sentencias 24/1983 de 23 de febrero , 36/1985 de 8 de marzo y 62/1984 de 2 de mayo "la jurisdicción penal y laboral operan sobre culpas distintas y no manejan de idéntica forma el material probatorio para enjuiciar en ocasiones una misma conducta".

"Consecuentemente, como la sentencia absolutoria no declara la inexistencia del hecho, ni la no participación del recurrente en el mismo, cual requiere el art. 86-3 de la LPL , sino que se funda en la falta de prueba concluyente sobre el modo y autoría, de los hechos, insuficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, es claro que no puede fundar la revisión interesada máxime cuando en el ámbito del contrato de trabajo la calificación de un hecho como constitutivo de un incumplimiento contractual se regula por normas distintas de las que contemplan la calificación de los delitos, siendo de aplicar también diferentes conceptos de culpa".

La expuesta doctrina resulta plenamente aplicable el presente caso, por cuanto el fundamento del auto de sobreseimiento provisional y archivo que recayó en vía penal no radica en la inexistencia de las circunstancias que produjeron el accidente de trabajo ni en la falta de participación de las empresas demandadas, sino en la aplicación del principio de presunción de inocencia al no existir pruebas de cargo de suficiente entidad de las que derivar la responsabilidad de los representantes legales de las empresas demandadas .

En suma, el archivo de las actuaciones penales, al no basarse en la inexistencia del hecho o la falta de participación de las empresas, permite entrar a valorar las circunstancias concurrentes en la producción del accidente relacionadas con la falta de medidas de seguridad o de prevención laboral, lo que puede acarrear la imposición del recargo de prestaciones que nos ocupa, con independencia de que en el ámbito penal, en aplicación del principio de presunción de inocencia que no rige ante la jurisdicción social, se haya estimado la falta de responsabilidad de las empresas.

3. Centrándonos en la valoración de la actuación del trabajador accidentado, debe indicarse que no existe constancia de que realizara su labor de forma negligente, debiendo reiterarse a este respecto que, tal y como se hizo constar en el acta de la ITSS y en la resolución administrativa sancionadora, no contaba con formación específica en relación con el riesgo existente en su puesto de trabajo que le permitiera identificar los mismos y adaptar su conducta a las medidas preventivas de aplicación, lo que impediría calificar su comportamiento, de estimarse la concurrencia de algún grado de imprudencia, como temeraria, sino propia de las distracciones o descuidos que pueda cometer el trabajador llevado por la rutina o por la urgencia del momento.

Y en cuanto a la antigüedad del trabajador en el puesto, si bien es un dato del que deducir su experiencia en la realización de sus funciones, también se trata de una circunstancia de la que derivan de forma habitual supuestos de exceso de confianza por parte de los trabajadores, que deben ser previstos por la empresa en los términos expuestos en el apartado 4 del artículo 15 de la LPRL, que señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador".

En suma, debe descartarse la imputación exclusiva de la producción del accidente a dicho trabajador por negligencia temeraria, y en este sentido, ha de aplicarse lo resuelto en la STS de 23.2.1994, Sala 3ª: " ...de conformidad con la doctrina establecida en la STS 22 abril 1989 , continuadora de un muy reiterado criterio jurisprudencial que ha venido sosteniendo que en el desarrollo de la actividad laboral de una empresa existe un "deber de seguridad" por parte del titular de aquélla que obliga a exigir al trabajador la utilización de los medios dispositivos preventivos de seguridad, impidiendo, si ello fuera necesario, la actividad laboral de quienes, por imprudencia o negligencia, incumplan el debido uso de aquéllos, incluso a través del ejercicio de la potestad disciplinaria, y es que, como se dice en la S 22 octubre 1982, "la deuda de seguridad de la empresa con sus trabajadores no se agota con darles los medios normales de protección sino que viene además obligada a la adecuada vigilancia del cumplimiento de sus instrucciones que deben tender no sólo, a la finalidad de proteger a los trabajadores del riesgo genérico que crea o exige el servicio encomendado, sino además de la prevención de las ordinarias imprudencias profesionales", doctrina que es continuadora de lo anteriormente establecido en las SS 4 octubre y 6 noviembre 1976 , donde se resalta que como contrapartida a la facultad organizadora de la empresa por su titular, sobre éste recae la escrupulosa observancia de las medidas preventivas en la seguridad del trabajador, no siendo enervada tal obligación por la posible imprudencia del trabajador".

De todo lo anterior, cabe concluir en la línea de lo expuesto tanto por la ITSS en su informe como por la juez a quo en la sentencia impugnada, que la causa eficiente del accidente que nos ocupa fue la omisión por parte de las empresas demandadas de una formación efectiva en materia preventiva al trabajador, por cuanto si bien en el hecho probado séptimo se hizo constar que el mismo había recibido formación en materia preventiva consistente en una serie de cursos-charlas en el propio campo, la insuficiencia de dichas medidas fue puesta de manifiesto en el informe del CPRL, que entre las causas del accidente indicó la insuficiente formación-información al trabajador sobre los métodos de trabajo, riesgos y medidas preventivas a adoptar en lo referente a su seguridad y salud, en particular respecto de los procedimientos de trabajo y situaciones similares al objeto de reconocer situaciones de riesgo y adoptar las medidas oportunas, lo que determinó que por parte del trabajador no se utilizara la maquinaria específica para desenganchar el árbol y situarlo en un lugar seguro, acometiendo la tarea personalmente pese a que el tronco se encontraba en equilibrio inestable.

Por tanto, ha de compartirse que la conducta empresarial es acreedora de reproche y de la imposición del recargo de prestaciones solicitado, por vulnerar lo dispuesto en el artículo 19 de la LPRL en relación con la formación de los trabajadores, y el artículo 16 de la misma ley, por falta de integración de la prevención en los métodos de trabajo, procediendo en consecuencia la íntegra desestimación del recurso que nos ocupa y la ratificación de la sentencia impugnada, con imposición de las costas, conforme a lo dispuesto en el artículo 235 de la LRJS, a las recurrentes en cuanto a los honorarios del Letrado o Graduado Social de la contraparte.

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución de la Nación Española y las leyes,

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,