Sentencia Social 432/2023 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 1348/2022 de 02 de marzo del 2023

PRIMERO. - 1. La demandante, con el vínculo laboral de personal laboral indefinido fijo discontinuo, a tiempo parcial, y categoría profesional de monitora, desde el 18-01-2010 viene prestando sus servicios por cuenta de la Universidad Popular Municipal de Jaén (UPMJ) con el salario que se expresa en el hecho probado tercero, siendo de aplicación el Convenio Colectivo del Excmo. Ayuntamiento de Jaén y sus organismos autónomos.

2. El Consejo Rector de aquella Universidad, con fecha 6-11-2020 puso en conocimiento de la trabajadora (hecho probado quinto de la recurrida):

* La fecha de apertura del curso académico 2020-2021, sería el lunes 9-11-2020.

* A la vista de la comunicación de la Comisión Técnica Política de la COVID-19 del Excmo. Ayuntamiento de Jaén de fecha 28-10-2020, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y de la Junta de Andalucía, se suspenden los cursos y talleres que impartía aquella Universidad (fuerte presencia de mayores y niños en las sedes de aquella Universidad).

* Con motivo de lo expuesto, no era posible realizar el llamamiento anual al colectivo de monitores/a de la UPMJ, quedando sus contratossuspendidos temporalmente, que no extinguidos, hasta que estos llamamientos puedan realizarse, en base a la programación que se apruebe.

* La indicada comunicación fue notificada a los demás monitores.

3. Por el sindicato CSIF, con fecha 03-12-2020 se formuló demanda de conflicto colectivo contra la referida suspensión de aquellos contratos, la que fue turnada al Juzgado de lo Social nº 2, de los de Jaén, dictando auto de fecha 17-02- 2021, declarando la competencia de esta Sala de Granada, al considerar que se estaba en presencia de un Despido Colectivo.

4. Por esta Sala de Granada, se dictó sentencia firme de fecha 15-07-2021 (Rec 719/2020), estimando el recurso de suplicación formulado por aquel sindicato, el que se oponía a que fuese un despido, por no haber voluntad manifiesta, expresa e inequívoca por parte de la empresa de extinguir los contratos de los monitores, rechazando la existencia de despido ( "...descartándose expresamente, que dicha medida tenga carácter extintivo...")y declarando la competencia objetiva del Juzgado de lo Social nº 2 de los de Jaén (fundamento tercero).

5. Se formuló demanda por aquella trabajadora, solicitando la nulidad o subsidiariamente la improcedencia del despido, lo que así calificaba la comunicación fechada el 6-11-2020.

6. La sentencia dictada en la instancia desestima íntegramente la demanda, sustentado su pronunciamiento, en síntesis:

i. Analiza con carácter previo, la petición de nulidad del despido, conforme al artículo 55.5 ET, lo que rechaza al no existir ningún hecho que sustente causa de nulidad del despido.

ii. Se prosigue analizando la falta de legitimación pasiva, invocada por el Excmo. Ayuntamiento de Jaén, a la que nada opuso la parte actora

iii. Se estima dicha excepción, al no haberse acreditado que la actora prestase servicios por cuenta de dicho Ayuntamiento, sino con la Universidad Popular, entidad autónoma, con personalidad jurídica y capacidad jurídica y de obrar, al amparo de los artículos 85 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

iv. Se estima la concurrencia de la eficacia de la cosa juzgada positiva ( art. 222.4 LEC).

v. No tiene por acreditado la existencia de despido alguno.

7. Contra dicha sentencia se formuló recurso de suplicación por aquella trabajadora asistida del Letrado D. José Carlos González Muñoz, sustentado en dos motivos destinado a obtener la nulidad de la sentencia de instancia y a la censura jurídica, conforme al apartado a) y c) del artículo 193 LJS, concluyendo con la súplica de que "tras los trámites a que en Derecho haya lugar, dicte otra por la que tras estimar el presente recurso y cuanto más resulte procedente, anule la sentencia de instancia, mandando reponer los autos al momento anterior al dictado de la sentencia o subsidiariamente, la revoque y entrando en el fondo del asunto, dicte otra por la que, estimando la demanda, declare la nulidad o subsidiariamente la improcedencia del despido de DÑA. Dolores, con las consecuencias inherentes a dicha declaración conforme a lo dispuesto en los artículos 55 y 56 del ET , procediendo la OPCIÓN AL TRABAJADOR, a su readmisión o al abono de la indemnización legalmente establecida, realizando para ello cuantos trámites fueran necesarios, todo ello cuanto más resultare procedente en Derecho."

8. El indicado recurso fue impugnado por el Excmo. Ayuntamiento de Jaén, asistido del Letrado D. Luis Hernández Giménez.

SEGUNDO. - 1. En el primer motivo destinado a la nulidad de la sentencia, se alega la infracción del artículo 222.4 LEC en relación con el art. 24 CE, habiendo causado indefensión.

En síntesis, se aduce, en este primer motivo que "la sentencia infringe claramente dicha norma procedimental, creando indefensión a mi representada, al presuponer que el letrado que lo representa, es el mismo que interpuso el conflicto colectivo 719/2020 seguido en Social nº 2, recurso interpuesto por mi estimada compañera de despacho Dña. Rosa María Hernández Jiménez." Y se prosigue aduciendo que el conflicto colectivo lo interpuso el CSIF, en la que no se mencionaba a los trabajadores con contratación fraudulenta, ni alegando este motivo en el conflicto colectivo como causa de nulidad o injustificación de la suspensión comunicada, por lo que las circunstancias individuales de la prestación de servicios de la recurrente, en modo alguno quedaron resueltas con la finalización del procedimiento colectivo.

2. Como conocen las asistencias letradas del presente recurso, diversas sentencias han sido dictadas por esta Sala, ante igual planteamiento con resultado desestimatorio ( sentencias de esta Sala de 8-09-2022 (Rec 40/2022); 15-09-2022 (Rec 209/2022); 12-01-2023 (Rec 1006/2022)), entre otras, la de fecha 1-07-2022 (Rec 3109/2021), firme, donde expresamente se planteaba igual motivo, y al no existir, ni hechos, ni alegaciones jurídicas distintas, se debe dar la misma respuesta, en aras a la seguridad y coherencia jurídica, que en la mencionada sentencia, en cuyo fundamento primero punto segundo y tercero, decía:

" 2. Pues bien, ya recordaba el Alto Tribunal en su STS 26 diciembre 2013, Rcud. 386/2013 (RJ 2013, 8364) , que esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse acerca del alcance del artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y lo ha hecho, entre otras, en SSTS de 3 de mayo de 2010 (RJ 2010, 4997) , recurso 185/07 , y de 18 de abril de 2012 (RJ 2012, 5720), recurso 163/11 , en las que ha establecido el criterio flexible con que han de interpretarse, aplicarse y apreciarse las identidades a que se refiere el mencionado precepto, como lo venía haciendo esta Sala en relación con el derogado 1252 CC (LEG 1889, 27) . De esta concepción amplia de la cosa juzgada se hace eco ahora la LEC al enumerar las identidades que han de concurrir entre el primero y el segundo litigio; el texto del artículo 1252 citado, que consideraba necesario que "entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron", ha sido reemplazado por el artículo 222 de la LEC que, en términos menos rigurosos, ha mitigado el rigor en la apreciación de las identidades, con especial incidencia en la subjetiva pues, según este precepto, en relación con el artículo 10 del propio texto legal, la cosa juzgada afecta a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes, tanto de las que comparezcan y actúen en juicio como a los titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. En este sentido, hemos venido declarando que la aplicación del efecto de la cosa juzgada no precisa que el nuevo pleito sea una exacta reproducción de otros anteriores, sino que, pese a la ausencia de alguna de las identidades basta con que produzca una declaración precedente que actúe como elemento condicionante y prejudicial de la resolución que ha de dictarse en el nuevo juicio, pues no cabe duda que los hechos sentados en el primitivo proceso son vinculantes en el segundo, toda vez que si pudieran discutirse los ya firmes, equivaldría a poder revisar subrepticiamente la ejecutoria ( STS de 9 de diciembre de 2010 (RJ 2011, 1455) , Rec. 46/2009 ). A diferencia de lo que ocurre con el efecto negativo, el efecto positivo de la cosa juzgada no exige una completa identidad, que de darse excluiría el segundo proceso, sino que para el efecto positivo es suficiente que lo decidido -lo juzgado- en el primer proceso entre las mismas partes actúe en el segundo proceso como elemento condicionante o prejudicial, de forma que la primera sentencia no excluye el segundo pronunciamiento, pero lo condiciona, vinculándolo a lo ya fallado. Por su parte, la STS de 4 de marzo de 2010 (RJ 2010, 2476) , recurso 134/07 , establecía: "1.- A tal afirmación llegamos, partiendo de las siguientes consideraciones: a) la cosa juzgada es una proyección del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, exigiendo que las resoluciones judiciales tengan la eficacia que supone la ejecución en sus propios términos y el respeto a la firmeza de las situaciones jurídicas declaradas (aparte de las que en ellas se citan, SSTC 190/1999 (RTC 1999 , 190 ) ; 58/2000 ; 135/2002 ; 200/2003 Y 15/2006 ), b) por ello se impone una concepción amplia de la cosa juzgada y la consiguiente interpretación flexible de sus requisitos (entre las recientes, SSTS de 9 de diciembre de 2010 (RJ 2011, 1455) , Rec. 46/2009 ; 5 de diciembre de 2005 (RJ 2006, 1228) , rec. 996/04 y 6 de junio de 2006 (RJ 2006, 5174) , rec. 1234/05 ); c) con mayor motivo se impone esa flexibilidad al aplicarse a una relación como la laboral, de tracto sucesivo y susceptible de planteamientos plurales por distintos sujetos de una idéntica pretensión, de manera que no ha de excluirse el efecto de cosa juzgada material por el hecho de que en los procesos puestos en comparación se hayan ejercitado acciones distintas por sujetos diferentes ( SSTS de 30 de septiembre de 2004 (RJ 2004, 7680) , rec. 1793/03 y 20 de diciembre de 2004, rec. 4058/2003 , que hacen eco de la precedente de 29 de mayo de 1995 ; y d) conforme al 222 LEC, "la cosa juzgada ... excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo" [párrafo 1] y que "lo resuelto con fuerza de cosa juzgada ... vinculará al Tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal.". En definitiva, se trata del llamado "efecto positivo" de la cosa juzgada, respecto del cual esta Sala ha sostenido que se configura como una especial vinculación que, en determinadas condiciones, se produce entre dos sentencias, en virtud de la cual, lo decidido por la resolución dictada con carácter firme en el primer proceso vincula la decisión que ha de adoptarse en la segunda cuando la primera decisión actúa como elemento condicionante de carácter lógico o prejudicial en la segunda. ( STS de 25 de mayo de 2011, rcud. 1582/2010 (RJ 2011, 5100)), de forma que la aplicación del efecto de la cosa juzgada no precisa que el nuevo pleito sea una exacta reproducción de otros anteriores, sino que, pese a la ausencia de alguna de las identidades basta con que produzca una declaración precedente que actúe como elemento condicionante y prejudicial de la resolución que ha de dictarse en el nuevo juicio ( SSTS de 9 de diciembre de 2010 (RJ 2011, 1455) , rec. 46/2009 , antes citada, criterio que se sigue ya en la STS de 23 de octubre de 1995, rcud. 627/1995 (RJ 1995, 7867) ; y es reiterado en sentencia recientes, como la STS de 3 de marzo de 2009, rcud. 1319/2008 (RJ 2009 , 3810) ; y de 20 de enero de 2010, rcud. 3540/2008 (RJ 2010, 3111) ). Por tanto, "lo importante es la conexión de las decisiones; no la identidad de objetos, que por definición no podría producirse" ( SSTS de 25 de mayo de 2011, rcud. 1582/2010 (RJ 2011, 5100 ) y de 4 octubre 2012 (RJ 2012, 10692) , Rec. 273/2011 ).

3. Y a la vista de la jurisprudencia expuesta, las infracciones que se denuncian no pueden ser apreciadas, pues la sentencia firme dictada por esta Sala en procedimiento de conflicto colectivo entre el sindicato CSIF y las entidades codemandadas tiene un evidente efecto de cosa juzgada positiva en relación a las consideraciones efectuadas sobre el sentido de la comunicación dirigida, entre otros trabajadores, a la actora, en tanto en cuanto en dicha sentencia se afirmaba lo siguiente: "Pues bien, para valorar el sentido de la acción ejercitada debe examinarse el contenido de la decisión empresarial impugnada, y al respecto, como se indica en la demanda con apoyo en la documentación obrante en el expediente administrativo, en la comunicación de 6/11/20 de la Presidenta del Patronato de la Universidad Popular Municipal de Jaén, se expone que, atendida la comunicación de la Comisión Técnico Política de la COVID-19 del Ayuntamiento de Jaén de 28 de octubre de 2020 que acordó la suspensión de los talleres y cursos de la programación 2020-21 de la Universidad Popular Municipal, "no es posible realizar el llamamiento anual al colectivo de monitores/as de la UPMJ hasta que la situación sanitaria derivada de la COVID-19 lo permita y así se acuerde por el Consejo Rector del Patronato, quedando sus contratos suspendidos temporalmente, que no extinguidos, hasta que estos llamamientos puedan realizarse, en base a la programación que se apruebe". En consecuencia, con independencia de la motivación de la decisión municipal y de su encuadre en los supuestos que legalmente inhabilitan para la suspensión colectiva de los contratos de trabajo, resulta manifiesta la intención empresarial de suspender las relaciones laborales de los trabajadores fijos discontinuos afectados por la suspensión de los talleres y cursos de la programación anual de la institución académica demandada, descartándose expresamente, pese a la falta de llamamiento, que dicha medida tenga carácter extintivo de tales relaciones laborales. Por todo ello, en consonancia con los informes jurídicos aportados al expediente administrativo, debe concluirse que, al margen de la valoración final que se adopte en la sentencia que resuelva el presente procedimiento, en ningún momento puede considerarse que la decisión cuestionada implica el despido de los trabajadores afectados, al expresarse de forma terminante la voluntad de la entidad demandada de no extinguir los contratos y de proceder al llamamiento de dichos trabajadores en el momento en el que puedan realizarse en atención a las circunstancias sanitarias concurrentes". Por todo ello, el motivo de nulidad de la sentencia impugnada debe ser desestimado."

TERCERO. - 1. El segundo motivo del recurso es destinado a la censura jurídica, al amparo del apartado c) del artículo 193 LJS, invocando como infringidos los artículos 16.2 ET en relación con la STS 28/06/2018 (Rec 3046/2018), y STS 19-01-2016 (Rec 1777/2014).

Se alega, en síntesis, las diferencias entre el trabajador eventual y el indefinido discontinuo, no siendo objeto de controversia, que el contrato de la recurrente es de naturaleza fija discontinua, y, por lo tanto, al no haber sido llamada, debe ser calificado como despido improcedente, por los argumentos vertidos en nuestra demanda, que no han sido resueltos por la sentencia recurrida.

2. La indicada sentencia de esta Sala, ante igual planteamiento, se dio respuesta desestimatoria, en el fundamento tercero, punto segundo, razonando:

"2. Infracciones que tampoco pueden ser apreciadas, pues a lo opuesto por la recurrida en su impugnación se añade, que estamos ante un procedimiento en reclamación por despido, siendo que como se ha dicho, resulta en este caso manifiesta la intención empresarial de suspender las relaciones laborales de los trabajadores fijos discontinuos afectados por la suspensión de los talleres y cursos de la programación anual de la institución académica demandada, descartándose expresamente, pese a la falta de llamamiento, que dicha medida tenga carácter extintivo de tales relaciones laborales incluida la de la recurrente, a la que en la comunicación que se le remitió con fecha 6.11.20 se acababa concluyendo, que no siendo posible por las razones previamente expuestas, realizar el llamamiento anual al colectivo de monitores/as de la UPMJ, categoría que ostenta la recurrente, hasta que la situación sanitaria derivada de la Covid 19 lo permita, "...quedan sus contratos suspendidos que no extinguidos, hasta que los llamamientos puedan realizarse...".

3. Por tanto, con independencia de la calificación jurídica que merezca la relación laboral que une a las partes litigantes, la infracción alegada no puede ser apreciada, pues únicamente tiene consideración de despido toda resolución de contrato de trabajo por voluntad unilateral del empleador o empresario, lo que en el presente caso no ha tenido lugar, pues como se razonaba también en el meritado pronunciamiento de esta Sala de 15.7.21, "... con independencia de la motivación de la decisión municipal y de su encuadre en los supuestos que legalmente inhabilitan para la suspensión colectiva de los contratos de trabajo, resulta manifiesta la intención empresarial de suspender las relaciones laborales de los trabajadores fijos discontinuos afectados por la suspensión de los talleres y cursos de la programación anual de la institución académica demandada, descartándose expresamente, pese a la falta de llamamiento, que dicha medida tenga carácter extintivo de tales relaciones laborales". Falta en consecuencia en el presente caso, esa voluntad extintiva configuradora del pretendido despido objeto de litis, pues con independencia de la naturaleza jurídica de la relación laboral y atendida la falta de intención resolutoria expresamente comunicada a la trabajadora, en ningún caso podría considerarse la existencia de un cese por parte de la entidad operado mediante su falta de llamamiento."

CUARTO. - 1. El tercer motivo también destinado a la censura jurídica se esgrime la infracción del artículo 2 del RD 09/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, en relación con lo dispuesto en la disposición primera de la Resolución del 10-03-2020, del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado aplicable a las corporaciones locales.

Se alega, en síntesis, que dicho artículo dispone: " La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo , no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido."

Por su parte, la resolución aludida dispone que, en caso de suspensión de actividades en unidades o centros de trabajo, si los trabajadores no han sido reubicados en otros centros, permanecerán en sus domicilios, teniendo la consideración de tiempo efectivo de trabajo.

La recurrente, no fue reubicada, ni permaneció en su domicilio percibiendo sus retribuciones, lo que a todos los efectos constituye un despido improcedente, vulnerando el RD 08/2020 y 30/2020, lo que así aprecio la Magistrada en sentencia dictada en los autos 278/2020.

2. Y por último, el actual recurso plasma el mismo motivo, que el resuelto en la indicada sentencia de esta Sala, en su fundamento cuarto, reiterando los mismos argumentos, lo que fue rechazado con igual razonamiento central basado en la inexistencia de despido, al no existir voluntad extintiva del empleador. En concreto, en el indicado fundamento cuarto, punto segundo, se daba respuesta desestimatoria, al mismo motivo, exponiendo:

"2. No obstante, de nuevo debemos recordar que en el presente caso se ha ejercitado una acción de despido y que la misma ha sido desestimada por no concurrir la voluntad extintiva de la relación laboral por parte de la entidad empleadora, sino únicamente su suspensión, sin que su justificación y consecuencias legalmente previstas puedan ser enjuiciados en el presente procedimiento, sino en el correspondiente a la demanda colectiva interpuesta en su día por el sindicato CSIF y que se encuentra pendiente de sentencia firme. Razones las expuestas, que determinan como se dijo, que el recurso deba ser desestimado como por su parte interesa la recurrida impugnante, con paralela confirmación de la sentencia recurrida."

Por los razonamientos expuestos se desestima el recurso y se confirma la sentencia de instancia.