Sentencia Social 621/2023 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 1770/2022 de 29 de marzo del 2023

PRIMERO.- Como se ha dicho en los anteriores antecedentes, la sentencia de instancia, tras establecer que la resolución administrativa impugnada no había adquirido firmeza al haberse interpuesto el recurso de alzada dentro del mes siguiente al de la notificación de aquella decisión, y que no se había producido la caducidad del expediente, estimó parcialmente la demanda, y redujo la sanción a 2.046,00 euros por considerarla desproporcionada.

Contra la anterior decisión, ambas partes interpusieron recurso de suplicación: en el caso de la demandante, para que se revocase y se estimase la demanda, articulando para ello motivo de infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, únicamente; y en el caso de la demandada, para que se revocase y se desestimase la demanda, articulando en este caso motivos de revisión de los hechos declarados probados y de infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia. Los recursos han sido impugnados respectivamente, interesando la Consejería la rectificación de hechos.

Su examen se abordará en los fundamentos siguientes, comenzado por establecer la versión definitiva de los hechos, a la vista de la revisión pedida.

SEGUNDO.- Así, al amparo del artículo 193 b) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social [en adelante LRJS], la Consejería, con apoyo en los documentos que identifica y defendiendo su relevancia para el recurso, interesa que se añada un nuevo párrafo (el segundo) al hecho segundo, conforme a la siguiente propuesta de redacción:

"La resolución sancionadora fue notificada a ESTRUCTURAS GONZÁLEZ SALVADOR, S.L. representada por José Antonio González Illescas, en C/ DIRECCION000 NUM004 Motril el 29/12/20 a las 12:30 por el empleado NUM007, siendo el receptor Edurne NUM008 (folio 85 del expediente administrativo)".

En idénticos términos, la Consejería interesa la revisión de los hechos declarados probados en la impugnación del recurso de la Empresa -pero sin ampararse expresamente en el artículo 197.1 de la LRJS, que es la norma que autoriza a pedir eventuales rectificaciones de hecho-.

La Empresa impugna el motivo y sostiene que esa afirmación de que se le notificó la resolución el 29 de diciembre de 2020 era absolutamente incierta, porque la misma se dictó el 13 de enero de 2021, y porque lo que se le notificó en esa fecha fue el cambio del inspector actuante.

TERCERO.- La doctrina acuñada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en materia de revisión de los hechos declarados probados, que cabe encontrar resumida en las sentencias de 31 de marzo de 2016 [ROJ: STS 1921/2016], 28 de febrero de 2019 [ROJ: STS 1554/2019], 14 de enero de 2020 [ROJ: STS 300/2020] y 17 de febrero de 2021 [ROJ: STS 449/2021] y 14 de diciembre de 2022 [ROJ: STS 4678/2022], entre otras muchas, viene manteniendo que el proceso social está concebido como un proceso de instancia única, que no de grado, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud, de acuerdo con el artículo 97.2 de la LRJS, únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca o se desprenda, de manera evidente y sin lugar a dudas, de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, en definitiva, que el hecho resulte de forma clara, patente y directa de la prueba documental, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas. Por ello, entre otros extremos, mantiene que la rectificación de los hechos probados sólo debe efectuarse respecto de aquéllos que sean esenciales para la resolución de la cuestión debatida, en el sentido de trascendentes para modificar el pronunciamiento impugnado, lo que conduce a rechazar aquéllas modificaciones que resulten inocuas al objeto de determinar un posible cambio de sentido en parte dispositiva.

CUARTO.- Aplicando los anteriores criterios jurisprudenciales, la adición que se pretende realizar en el hecho probado segundo no puede acogerse, porque el documento identificado, el justificante de entrega (folio 129 de los autos), solo puede entenderse referido a la comunicación que le precede en el expediente administrativo, relativa a quién iba a ser el inspector que continuase con las actuaciones (folio 128 vuelto); y porque es imposible que una comunicación cursada en una fecha anterior al dictado de la resolución impugnada sirviese para notificarla.

Por todo lo anterior, la versión judicial ha de quedar inalterada.

QUINTO.- La Consejería, al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, formaliza un primer motivo de infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia con objeto de combatir la conclusión alcanzada por la magistrada de instancia según la cual el recurso de alzada no fue presentado extemporáneamente, lo que vulneraba a su juicio el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la disposición final 7 ª y los artículos 14.2, 41, 42 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , y con el artículo 22 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social , en su texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto [en adelante, LISOS].

Argumenta esencialmente que lo que debía valorarse era la notificación efectiva realizada el 29 de diciembre de 2020, y si los dos intentos de notificación de los días 20 y 21 de enero de 2020 eran conforme a derecho, y, por último, qué eficacia tenía la notificación electrónica realizada a petición de la Empresa el 8 de junio de 2021, concluyendo que aquella notificación del 29 de diciembre de 2020 fue efectiva; que se realizaron dos intentos de notificación infructuosos, pero que no habría sido necesaria la publicación en edictos, no obstante lo cual el edicto que mencionaba la sentencia recurrida iba referido a otra empresa; y que "a la fecha de la notificación de 29/12/20, no tenía obligación de relacionarse telemáticamente con la Administración, pues hasta el día 2 de octubre de 2020 no entró en vigor esta medida". Por todo ello, defiende que la presentación del recurso de alzada el 2 de julio de 2021 fue extemporánea, alcanzado por tanto firmeza la resolución sancionadora.

La Empresa impugna el motivo.

SEXTO.- Para dar respuesta al motivo planteado, interesa destacar del relato de hechos probados -ya inalterado, por haber fracasado la revisión- los siguientes extremos:

1) El 4 de agosto de 2020 se levantó acta de infracción, antecedente de la infracción impuesta.

2) El 6 de agosto 2020, se notificó a la Empresa dicha acta.

3) El 18 de agosto de 2020, la Empresa hizo alegaciones por escrito al respecto.

4) El 13 de enero de 2021 se dictó la resolución sancionando a la empresa.

5) El 20 y 21 de enero de 2021 se intentó la notificación de dicha resolución en la calle DIRECCION000 NUM004, de Motril, con el resultado "ausente reparto".

6) El 25 de mayo de 2021, la Empresa presentó escrito en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el que indicaba que, a pesar de haber realizado alegaciones en agosto del año pasado, no había recibido notificación de la resolución dictada, por lo que pedía que se le notificase la resolución definitiva dictada en el expediente sancionador.

7) El 8 de junio de 2021, a petición de la Empresa, se le notificó electrónicamente la resolución sancionadora.

8) El 2 de julio de 2021, interpuso recurso de alzada, que se desestimó por resolución de 3 de diciembre siguiente, presentándose el 1 de febrero de 2022 la demanda que ha dado lugar al proceso en el que se ha dictado la sentencia objeto de este recurso.

SÉPTIMO.- Sobre la pretendida firmeza de la resolución administrativa impugnada, la sentencia recurrida contiene el siguiente razonamiento:

La primera cuestión que ha de ser resuelta es si, como se mantiene por la Consejería demandada, la resolución sancionadora ganó firmeza al formularse recurso de alzada de forma extemporánea. Para la resolución de dicha cuestión, ha de analizarse cuándo se produjo la notificación de la misma, por cuanto es a partir de dicha notificación cuando ha de computarse el período de un mes para la interposición del recurso.

Valorando las alegaciones de las partes y los documentos aportados por ambas, y siempre bajo el respeto al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de la Constitución , se ha de concluir que, como se mantiene por la empresa accionante, ésta tuvo acceso al contenido de la resolución litigiosa el día 8 de junio de 2021. Así, como se deduce de los diferentes apartados fácticos de la presente resolución, Estructuras González Salvador SL manifestó desde el inicio de las actuaciones relativas al accidente de trabajo de 18 de octubre de 2019, un claro interés en participar y conocer cuantas circunstancias, datos y resoluciones se dictaran al respecto. Así, en primer lugar, colaboró de forma muy activa con la Inspección de Trabajo, según se recoge en el Acta de Infracción; posteriormente, tras conocer el contenido de dicha Acta, presentó escrito de alegaciones al día siguiente de su notificación. Procuró, además, que el hecho de que la empresa trasladara sus dependencias, no interfiriera en la correcta notificación de cuantas resoluciones pudieran dictarse, contratando al efecto con Correos un servicio de reexpedición y reenvío del correo desde su anterior domicilio (calle DIRECCION000 nº NUM004 de Motril) al nuevo de CALLE001 nº NUM005 de la misma localidad. Esta contratación ha sido plenamente certificada por el servicio de Correos, sin que un mal funcionamiento del mismo pueda acarrear para su usuario consecuencias perjudiciales, y menos aún, la pérdida de su derecho a obtener la tutela judicial efectiva. En cualquier caso, y adicionalmente, no se ha acreditado por la actora el cumplimiento de las previsiones del art. 42.1 LPA (notificaciones en papel, a disposición del interesado en la Sede Electrónica de la Administración actuante, lo que no consta probado). Siguiendo el iter de los acontecimientos, la "notificación" en el BOE (en febrero de 2021) tampoco alcanza efectos jurídicos, por cuanto, además de estar referida a empresa con CIF diferente, no contiene dato alguno que pudiera permitir al "notificado" la defensa de sus legítimos intereses. Es por ello por lo que, como se ha adelantado, se considera que la notificación de la resolución sancionadora se produjo el 8 de junio de 2021, por lo que formulado el recurso de alzada el 2 de julio de 2021, dentro del plazo legal, no cabe considerarlo extemporáneo como se hiciera en la Resolución de 3 de diciembre de 2021 ni, en ningún caso, considerar por esta razón que la resolución objeto de autos adquirió firmeza.

OCTAVO.- La Sala ha de coincidir con la magistrada de instancia en fijar el día inicial del cómputo para determinar la firmeza de la resolución administrativa, en aquel en el que se le notificó electrónicamente dicha resolución. Y ello debe ser así porque, pese al empeño -incomprensible, cabría decir- de la parte recurrente en defender la efectividad de la notificación realizada el 29 de noviembre de 2020 -ya se dieron razones de pura imposibilidad al examinar el motivo de revisión-, el hecho de que la Administración notificase telemáticamente aquella resolución debe producir plenos efectos comunicativos, lo que, a su vez, permite orillar las incidencias habidas en la notificaciones postales y por edictos realizadas con anterioridad.

Notificación telemática que, como admite la parte -pero también defiende su postergación por la "inseguridad jurídica" que afirma producida- era exigible a partir del 2 de octubre de 2020, virtud de la disposición final séptima de la Ley 39/2015, en la redacción dada por el artículo sexto del citado Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto , esto es, más de tres meses después de dictarse la resolución impugnada, el 13 de enero de 2021.

Por tanto, cuando aquel 2 de julio de 2021 se presentó el recurso de alzada, se hizo dentro del plazo para la interposición del recurso establecido en un mes, si el acto fuera expreso, en el artículo 122.1 de la LPAC, por lo que no puede declarase la firmeza de la resolución.

En consecuencia, el motivo de infracción ha de ser rechazado.

NOVENO.- Antes de entrar, en su caso, a examinar el resto de los motivos del recurso formulado por la Consejería, por razones de índole resolutivo debe examinarse el que plantea la Empresa, que cuestiona la oportunidad de la Administración a la hora de ejercitar sus facultades sancionadoras.

Así, la Empresa, al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, denuncia la infracción del artículo 20.3 de Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo [en adelante, RIPSOS], y el artículo 25.1 b) de la LPAC, argumentando esencialmente que el plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores por infracciones del orden social es de seis meses, computados desde la recha del acta hasta que se dicte la resolución, siendo así que el 4 de agosto de 2020 se levantó acta, notificada el 8 de junio de 2021, esto es, más de diez meses después. Cita la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 12 de noviembre de 2001 y 23 de febrero de 2010 [ ROJ: STS 843/2010], y la de esta Sala, de 19 de julio de 2017 [ ROJ: STSJ AND 9720/2017], en la que se establecía como día final del cómputo el de la notificación de la sanción, concluyendo que la juzgadora de instancia, al haber entendido que el dies ad quem era el de la fecha de la resolución, vulneraba los preceptos citados, lo que debía dar lugar a la revocación de la sentencia y a la estimación de la demanda.

La Consejería impugna el motivo y defiende que el legislador había sido claro al delimitar el cómputo de los seis meses, desde la fecha del acta hasta la de la resolución, no de la notificación.

DÉCIMO.- Sobre este particular, la sentencia de instancia contiene el siguiente razonamiento:

Expuestas en el anterior Fundamento las razones por las que ha de concluirse que no ha de concederse firmeza a la resolución sancionadora, que principalmente se sustentan en el patente interés de la empresa en obtener conocimiento de cuantas actuaciones administrativas se realizaran en relación al accidente de trabajo objeto de autos, que desde un punto constitucional garante de la tutela judicial efectiva ha de considerarse muy relevante a los efectos de permitir que la hoy actora tenga acceso a su defensa, no cabe, sin embargo, amparar su pretensión de que, en base a tal reconocimiento, se produzca en contraposición una lesión al mismo interés legítimo de la Consejería demandada. Esto es, estimar que el plazo para interponer el recurso de alzada ha de computarse desde el 8 de junio de 2021, a fin de no declarar firme la resolución sancionadora, no puede servir para que la empresa obtenga estimación a su pretensión de caducidad del expediente administrativo, sobre el supuesto de que la finalización del cómputo coincide con el día 8 de junio de 2021 que, por las razones expuestas y al objeto de garantizar un derecho fundamental, se ha considerado como fecha de inicio del plazo de un mes para la interposición del recurso de alzada.

El Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de las Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social señala en el artículo 20.3 que: "El plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores por infracciones de orden social será de seis meses, que serán computados desde la fecha del acta hasta la fecha en que se dicte la resolución (...)". De acuerdo con tal precepto, siendo la fecha del acta el 4 de agosto de 2020 y la de la resolución de 13 de enero de 2021, el dicho plazo no habría transcurrido, por lo que la solicitud de declarar la caducidad del expediente ha de ser desestimada.

UNDÉCIMO.- El precepto en cuestión, el artículo 20.3 del RIPSOS, en la redacción vigente en la fecha en la que se levantó el acta, establecía, como acaba de verse, que el día final del cómputo del plazo se situaba en el de la fecha del dictado de la resolución impugnada.

Sin embargo, la interpretación aplicativa de esta norma había llevado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en la sentencia a la que se refiere la parte recurrente, de 23 de febrero de 2010 [ROJ: STS 843/2010], a fijar como dies ad quem (día final) del plazo de caducidad el de la notificación de la resolución del expediente sancionador, doctrina seguida por esta Sala, en la también citada sentencia de 19 de julio de 2017 [ROJ: STSJ AND 9720/2017].

Como también señalado dicha Sala de lo Contencioso-Administrativo en la sentencia de ** del 20 de octubre de 2021 [ROJ: STS 3847/2021], con cita de los precedentes sobre la materia, el dies ad quem se produce el día de la notificación de la resolución administrativa por la que se confirma y eleva a definitiva el acta de la Inspección de Trabajo, y no el día de la fecha de la resolución, en garantía de los derechos del interesado.

Esta interpretación, por lo demás, ya tiene rango normativo, pues el Real Decreto 688/2021, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, en su artículo único, nueve, dio una nueva redacción al citado artículo 20.3 en esto términos: El plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores por infracciones de orden social será de seis meses, computados desde la fecha del acta hasta la fecha en que se notifique la resolución, produciéndose en caso de superación de dicho plazo la caducidad del expediente.

Por todo lo anterior, al no haber declarado la caducidad del expediente, la sentencia de instancia infringió los preceptos citados, por lo que el motivo ha de ser acogido.

DUODÉCIMO .- Esa caducidad, por tanto, que se apreciará en el fallo de esta sentencia, releva del examen del resto de los motivos planteados en los recursos tanto de la Empresa como de la Consejería, al ir referidos a la culpabilidad del sujeto infractor o la graduación de la sanción, el primero; y al mantenimiento tanto de la infracción como de la sanción impuesta, en el caso de la segunda.

DECIMOTERCERO.- En consecuencia con todo lo razonado en los fundamentos anteriores, el recurso de la empresa debe estimarse, no así el de la Consejería, con los efectos previstos en los artículos 201 y siguientes de la LRJS, incluida la condena en costas de esta última, efectos que se precisarán en el fallo de esta sentencia.