Sentencia Social 1759/2023 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 2060/2022 de 05 de octubre del 2023

Primero.- 1. Los 19 trabajadores, vienen prestando sus servicios como profesores por cuenta del centro concertado Santa María de los Apóstoles, sito en Jaén.

2. Con motivo de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre del 2012, se solicitó igualdad retributiva de los profesores de la concertada frente a los de la pública.

3. Se dictó sentencia firme de conflicto colectivo nº 35/2016, de fecha 13-10-2016, estimando la demanda, en cuya parte dispositiva se decía: "...debiendo condenar y condenamos a la Consejería demandada a la devolución de la totalidad de la gratificación extraordinaria que fue suprimida en Diciembre del 2012 a los docentes de la Enseñanza Concertada en Andalucía en su condición de deudora en pago delegado. Esta restitución, a ello se extiende la condena, deberá hacerse por la Consejería demandada de forma equivalente a la recuperación de la paga extraordinaria y adicional de Diciembre del 2012 del Profesorado Interino de la Enseñanza Pública...".

En petición de ejecución de aquella sentencia, por el sindicato USO, se dictaron por esta Sala, los autos de fecha 16-04-2018 y 3-09-2018, confirmando el anterior y desestimando la reposición formulada, teniéndola por ejecutada, sin perjuicio de las acciones individuales de cantidad que les correspondiese por el puesto de trabajo, categoría y destino a cada trabajador.

4. Se formuló demanda, en cuyo suplico se pedía:

"1.- Declare el derecho de mis representados a que le sean devueltas las cantidades detraídas o no abonadas en las nóminas de julio a diciembre de 2012 conforme a la literalidad del fallo de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis número 2266/2016 dictada en el Procedimiento de Conflicto Colectivo 35/2016 seguido en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, esto es, declare su derecho a la devolución por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de la totalidad de la gratificación extraordinaria que fue suprimida en Diciembre del 2012 a los docentes de la Enseñanza Concertada en Andalucía en su condición de deudora en pago delegado y a que dicha restitución, ya que a ello se extiende la condena, se haga por la Consejería demandada de forma equivalente a la recuperación de la paga extraordinaria y adicional de Diciembre del 2012 del Profesorado Interino de la Enseñanza Pública.

2.- Condene a la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA a que realice a mis representados la devolución de la totalidad de la gratificación extraordinaria que fue suprimida en Diciembre del 2012 a los docentes de la Enseñanza Concertada en Andalucía en su condición de deudora en pago delegado de forma equivalente a la recuperación de la paga extraordinaria y adicional de Diciembre de 2012 del Profesorado Interino de la Enseñanza Pública, conforme y en los términos contenidos en el FALLO de la Sentencia NÚM. 2266/2016 de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis y en su virtud la condene a la devolución de la totalidad de las cantidades retraídas o no abonadas por aplicación de la Orden de 25 de julio de 2012 para el Profesorado de la Enseñanza Concertada, en el importe de las cantidades adeudadas señaladas en esta demanda para cada uno de mis representados, incrementadas en el 10 por ciento de interés anual previsto en el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Ascension la cantidad de 75,80 euros

Bibiana la cantidad de 615,52 euros

Antonieta la cantidad de 34,08 euros

Tamara la cantidad de 156,99 euros

Victoria la cantidad de 91,93 euros

Edemiro la cantidad de 246,06 euros

María Rosa la cantidad de 126,29 euros

Erasmo la cantidad de 647,57 euros

Casimiro la cantidad de 23,88 euros

Silvia la cantidad de 60,78 euros

Virtudes la cantidad de 40,77 euros

Cesareo la cantidad de 233,06 euros

Vanesa la cantidad de 33,33 euros

Camila la cantidad de 734,25 euros

Salome la cantidad de 146,25 euros

Bernardino (JUBILADO) la cantidad de 414,92 euros

Sabina la cantidad de 369,26 euros

Benito la cantidad de 599,43 euros

Eva María la cantidad de 516,25 euros

5. La sentencia dictada en la instancia desestima íntegramente la demanda, al declarar que los trabajadores demandantes, recuperaron igual cuantía que un profesor funcionario o interino de la educación pública.

6. Contra dicha sentencia se formuló recurso de suplicación, por lostrabajadores, asistidos de la letrada Dª Mercedes Ureña Ortega (USO), interesando la nulidad de la sentencia, la revisión de los hechos probados y la censura jurídica, conforme a los apartados a), b) y c) del artículo 193 LJS, concluyendo con la súplica de que:

"...estimando el Recurso de Suplicación interpuesto por los actores, en su día dictar sentencia por la que estimando el presente recurso se revoque la sentencia recurrida:

1- Anule la sentencia, por ser incongruente con el resultado del procedimiento de Conflicto colectivo del que trae causa la demanda individual.

2. Subsidiariamente, revoque la sentencia, estimando la demanda."

7. El indicado recurso fue impugnado por la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

SEGUNDO. - 1. Con carácter previo se debe adelantar que se está en presencia de un recurso de naturaleza extraordinaria, donde los motivos de formulación, como la forma de llevarlos a cabo están tasados, de manera que escapa al principio dispositivo, el orden de formulación de los motivos, por ser cuestión de orden público procesal apreciable de oficio por la Sala, por lo que se examinaran los motivos, según el orden establecido por el artículo 193 LJS, y no según el orden que la parte los formula. Ya que, en todo caso, la nulidad que se esgrime al amparo del apartado a) de aquel precepto, de ser estimada, haría innecesario examinar el resto de motivos.

2. Igualmente, se debe precisar que al derivar la presente controversia de un proceso de conflicto colectivo ( STSJ Andalucía -Granada- de fecha 13-10-2016. Demanda de Sala n.º 35/2016), tiene trascendencia general y colectiva y por lo tanto debe ser admitido a trámite el recurso formulado, pese a no superar la cuantía los 3.000€ ( STS 30-05-2019).

TERCERO.- 1. En el motivo segundo del recurso, al amparo del apartado a) del artículo 193 LJS, se interesa la nulidad de la sentencia por incongruencia interna, al vulnerar el principio de cosa juzgada respecto de la sentencia de conflicto colectivo del que trae causa la demanda individual articulada en el procedimiento.

Se alega la infracción del artículo 24.1 y 118 de la Constitución, el artículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el art. 160.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Señala el art. 240.1 L.O.P.J., que la nulidad o los defectos que determinen efectiva indefensión se harán valer en los recursos legalmente establecidos contra la resolución que se trate.

Basa el recurrente su pretensión, en que el objeto del presente motivo es anular la sentencia, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al dictado de la misma, por incurrir en incongruencia interna, al vulnerar el principio de cosa Juzgada respecto de la Sentencia de Conflicto Colectivo del que trae causa la demanda individual articulada en el procedimiento.

Ejercita esta parte acción de reclamación de cantidad para que se le abone en su integridad la paga extraordinaria que le fue detraída en diciembre de 2012 en aplicación de las medidas acordadas en Real Decreto Ley 20/2012.

En el Procedimiento de Conflicto Colectivo 35/2016 seguido en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada se dictó la sentencia de fecha 13/10/2016, número 2266/2016, en la que se condenaba a la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA a lo siguiente (citamos literalmente):

"... a la devolución de la totalidad de la gratificación extraordinaria que fue suprimida en Diciembre del 2012 a los docentes de la Enseñanza Concertada en Andalucía en su condición de deudora en pago delegado. Esta restitución, a ello se extiende la condena, deberá hacerse por la Consejería demandada de forma equivalente a la recuperación de la paga extraordinaria y adicional de Diciembre del 2012 del Profesorado Interino de la Enseñanza Pública".

La Consejería de Educación, para devolver la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, efectuó a los profesores de la concertada tres pagos en concepto de lo detraído de la gratificación extraordinaria de 2012, concretamente en las nóminas de enero de 2017 y enero y febrero de 2018, correspondientes, respectivamente, al 50,27%, 25,14% y 24,59 % del importe del complemento autonómico de equiparación dejado de percibir como consecuencia de la supresión para el profesorado de la enseñanza pública de la paga extraordinaria y paga adicional correspondientes al mes de diciembre de 2012, mediante Resoluciones de la Secretaría General Técnica, de 26 de enero de 2017(BOJA Número 21 de 1 de febrero de 2017), de 16 de enero de 2018 (BOJA Número 17 de 24 de enero de 2018) y de 13 de febrero de 2018 (BOJA Número 39 de 23 de febrero de 2018). Pero dichas devoluciones no incluían los conceptos retributivos de antigüedad y cargo directivo, puesto que la Consejería manifestaba que dichos conceptos no se incluyen en el complemento autonómico, que es el concepto a través del cual esa administración educativa había materializado el descuento de toda la extra de diciembre de 2012, por supuesto que sí incluía la antigüedad y el cargo directivo, en su caso. Es decir, la Consejería devolvía menos de lo detraído, tal y como queda acreditado en el documental del expediente de la Consejería que damos por reproducido.

Es decir, el motivo de desestimación no se refiere a una circunstancia particular de los demandantes, preferentemente de tipo aritmético, dada la naturaleza de la reclamación. Sino que esgrime un argumento general que matiza o interpreta lo ya decidido por la Sala de Granada del TSJA mediante sentencia firme, en un procedimiento en el que también fue parte la Consejería de Educación, sin que conste que se planteara excepción alguna a la devolución de la paga extra de forma completa.

Con base en lo anterior, se debe anular la sentencia para que el Juzgador, con libertad de criterio, decida sobre la reclamación objeto de demanda en los estrictos términos planteados, es decir, si a los actores se les ha devuelto de manera completa lo detraído en 2012 y condene al pago de la diferencia.

2. El presente motivo adolece de falta de congruencia, dado que la frase final del mismo que literalmente ha quedado expuesta, se está reconociendo que no hay incongruencia cuando se debe de estar al caso concreto e individual de cada trabajador.

3. El que esta Sala pusiera en conocimiento de los recurrentes, que en cada procedimiento individual se determinase lo adeudado, no implica que se deba reconocer cualquier concepto y cuantía que, al socaire de aquella sentencia, se pretenda reclamar. Y, por lo tanto, la desestimación de la demanda por la sentencia de instancia, al declarar que determinados conceptos (trienios y complemento por desempeño de cargos directivos), no forman parte del complemento de homologación de los profesores de la concertada, en modo alguno es incongruente.

4. Para que la nulidad solicitada pudiese tener éxito, se precisa acreditar que el recurrente ha sufrido indefensión, y que, además, para la eficacia de la cosa juzgada, se precisa que concurran la necesaria identidad en la causa petendi y petitum entre aquel conflicto colectivo y la presente reclamación.

Ninguno de dichos parámetros se ha probado, como lo denota que, a través, del presente recurso, la parte puede promover la revisión fáctica y la censura jurídica que tenga por conveniente.

Y, además, tampoco se acredita la identidad necesaria para la eficacia de la cosa juzgada positiva ( art. 222.4 LEC) .

5. En definitiva, el hoy recurrente, con igual asistencia letrada, promueve el mismo motivo de nulidad, que ya fue desestimado por sentencia firme de esta Sala de fecha 23-06-2022, (Rec. nº 2622/2021), y cuyos razonamientos del fundamento de derecho segundo, en aras a la seguridad jurídica, se deben dar por reproducidos.

Por los razonamientos expuestos se desestima el presente motivo.

CUARTO. - 1. En el primer motivo del recurso, se destina a la revisión fáctica de los siguientes hechos probados:

1.A. - La del hecho probado quinto, que ahora dice: En diciembre de 2012, en aplicación del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, se suprimió la paga extraordinaria del mes de diciembre del personal del sector público, afectando, en consecuencia, a los docentes de la enseñanza pública.

Los docentes de la educación concertada sí cobraron la paga extraordinaria de diciembre de 2012 conforme a sus convenios colectivos y lo que se les rebajó fue únicamente el complemento autonómico de homologación" proponiendo la siguiente redacción alternativa:

"QUINTO. - En diciembre de 2012, en aplicación del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, se suprimió la paga extraordinaria del mes de diciembre del personal del sector público, afectando, en consecuencia, a los docentes de la enseñanza pública. Los docentes de la educación concertada NO cobraron la paga extraordinaria de diciembre de 2012 conforme a sus convenios colectivos y lo que se les rebajó fue el complemento autonómico de homologación, así como los trienios y cargos directivos (informe emitido por la Dirección General de Planificación de Centros de la Consejería de Educación y Deporte que consta en el expediente administrativo)."

Basa su pretensión en el Anexo 1 del expediente del recurrente, del ramo de la Administración, para acreditar que no se le devolvieron la parte correspondiente a trienios, y el complemento por ejercer cargos directivos. Y en las nóminas aportadas por dicha parte en el acto de la vista y certificado del Jefe de Servicios.

2.A. - La del hecho probado sexto, que dice: En ejecución de la sentencia de conflicto colectivo, la Consejería demandada ha efectuado tres pagos a los actores en las nóminas de enero de 2017; enero 2018 y febrero de 2018, correspondientes, respectivamente, al 50,27%, 25,14% y 24,59% del importe del

complemento autonómico de equiparación.

Ascension 147,30 enero de 2017;73,68 enero 2018 y 72,06 febrero de 2018 -78,82

Bibiana enero de 2017; enero 2018 y febrero de 2018

Antonieta 522,62 enero de 2017; 261,38 enero 2018 y febrero de 255,60 2018 -31,41

Tamara 920,76 enero de 2017; 460,50 enero 2018 y 450,24 febrero de 2018 -184,47

Victoria 872,01 enero de 2017; 436,08enero 2018 y 456,57 febrero de 2018 -289,17

Edemiro 920,70 enero de 2017; 430,44 enero 2018 y 450,36 febrero de 2018 -246,12

María Rosa 872,01 enero de 2017; 436,08 enero 2018 y 426,57 febrero de 2018 -113,82

Erasmo 920,70 enero de 2017; 460,44 enero 2018 y 450,36 febrero de 2018 -246,12

Casimiro 732,48 enero de 2017; 366,30 enero 2018 y 358,32 febrero de 2018 -13,62

Silvia 500,04 enero de 2017;250,08 enero 2018 y 244,56 febrero de 2018 -60,76

Virtudes 703,44 enero de 2017; 351,78 enero 2018 y 344,10 febrero de 2018 -40,46

Cesareo 920,70 enero de 2017; 460,44 enero 2018 y 450,36 febrero de 2018 -241,15

Vanesa 233,36 enero de 2017; 116,62 enero 2018 y 114,06 febrero de 2018 - 0

Camila 539,25 enero de 2017; 269,65 enero 2018 y 263,73 febrero de 2018 -51,66

Salome 920,64 enero de 2017; 460,44 enero 2018 y 450,42 febrero de 2018 -615,58

Bernardino (JUBILADO) 13,48 y 867,16 enero de 2017; 433,62 y 6,69 enero 2018 y 424,21 y 6,53 febrero de 2018 -484,93

Sabina 920,68 enero de 2017; 460,44 enero 2018 y 450,38 febrero de 2018 -369,32

Benito 56,27 y 872,01 enero de 2017; 436,08 y 28,08 enero 2018 y 27,51 y 426,57 febrero de 2018 -487,62

Eva María 872,01 enero de 2017; 436,08 enero 2018 y 426,57 febrero de 2018 -503,86

Los actores han recuperado igual cuantía que un profesor funcionario o interino de la educación pública" proponiendo la siguiente redacción alternativa:

"SEXTO.- En ejecución de la sentencia de conflicto colectivo, citada en el hecho probado tercero, la Consejería demandada a efectuado tres pagos a los actores en las nóminas de enero de 2017; enero 2018 y febrero de 2018, correspondientes, respectivamente, al 50,27%, 25,14% y 24,59% del importe del complemento autonómico de equiparación.

Prosigue exponiendo las mismas cifras del ordinal respecto de cada uno de los actores , que se dan por reproducidas.

Los actores NO han recuperado igual cuantía que un profesor funcionario interino de la educación pública, a todos les faltan los trienios anexo I del informe emitido por la Dirección General de Planificación de Centros de la Consejería de Educación y Deporte.

Basa su pretensión en el Anexo 1 del expediente del recurrente. Efectuando una extensa alegación propia de censura jurídica.

1. B. - La revisión propuesta al hecho quinto, es irrelevante, dado que en el denominado "complemento autonómico de homologación", no se comprenden los conceptos de trienios ni complemento alguno por ejercer cargos directivos, como en censura jurídica se razonará.

2. B. - En la redacción que se propone al hecho sexto,

- Se introduce el adverbio "no", lo que es, en definitiva, no un hecho, sino una valoración subjetiva e interesada de parte.

Insistiendo en igual planteamiento, de reclamación de los trienios y complemento de cargos directivos, la revisión es irrelevante, como en múltiples sentencias firmes de esta Sala de Granada, se ha razonado.

Se desestima el presente motivo.

QUINTO. - 1. El tercer motivo del recurso se destina a la censura jurídica, invocándose la infracción del artículo 14 de la Constitución; artículo 2 del real decreto-ley 20/2012; Resoluciones de la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía de 30 de diciembre de 2015, de 21 de julio de 2016, de 12 de enero de 2017 y 12 de enero de 2018.

El artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, suprimía la paga extraordinaria de diciembre 2012 en su totalidad (sueldo, complemento básico, complemento de destino, trienios y resto de los conceptos retributivos que la integran) y también la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre, y la disposición final 10ª de dicho cuerpo legal disminuyó en un 4,5% los módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados. Estas disposiciones se trasladaron a la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante el Decreto- Ley 1/2012 de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía y el posterior Decreto-Ley 3/2012, de 24 de julio, por el que se modificaba el reseñado Decreto-Ley 1/2012, para adaptarlo al R.D. 20/2012, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Como ya dijimos anteriormente en el motivo de recurso precedente, para hacer efectivo lo anterior, y dirigido a la enseñanza concertada, se dictó la Orden de 25 de julio de 2012, por la que se fijaban los importes retributivos del profesorado de la enseñanza concertada al amparo del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, y del Decreto-Ley 3/2012, de 24 de julio, por el que se modificaba el Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, así como los importes de los complementos retributivos establecidos por la Comunidad Autónoma correspondientes al año 2012, según Acuerdo de 2 de julio de 2008. Es decir, para aplicar la reducción de la paga extra de diciembre de 2012, en lugar de suprimir su percibo en dicho mes, se reestructuraron todos y cada uno los conceptos salariales y su importe, con carácter retroactivo desde el inicio del año, para finalmente producir ese efecto de supresión de la paga a efectos aritméticos.

Por último, en resoluciones de la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, de 30 de diciembre de 2015, de 21 de julio de 2016, de 12 de enero de 2017 y 12 de enero de 2018 el personal funcionario, estatutario y eventual de la Administración de la Junta de Andalucía recuperó la suprimida paga extraordinaria de diciembre de 2012 y, en su caso, paga adicional o equivalentes del mes de diciembre de 2012. La resolución de la cuestión suscitada requiere partir de la Sentencia de 13 de octubre de 2016 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, dictada en procedimiento de Conflicto Colectivo núm. 35/2016, y que condenó "a la Consejería demandada a la devolución de la totalidad de la gratificación extraordinaria que fue suprimida en Diciembre del 2012 a los docentes de la Enseñanza Concertada en Andalucía en su condición de deudora en pago delegado. Esta restitución, a ello se extiende la condena, deberá hacerse por la Consejería demandada de forma equivalente a la recuperación de la paga extraordinaria y adicional de diciembre del 2012 del Profesorado Interino de la Enseñanza Pública."

Sin embargo, dentro de la cantidad correspondiente a la suprimida paga extraordinaria de diciembre de 2012, cuyo importe no se satisfizo al actor, se incluía el concepto de antigüedad, también afectado por la rebaja de los módulos económicos y que, pese a que al actor se le ha reintegrado en tres pagos parte del resto de los conceptos dejados de percibir por la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, no se le ha restituido ésta en su integridad, al no habérsele reintegrado el concepto de antigüedad, no comprendido dentro del complemento autonómico de homologación pero sí dentro de la paga extraordinaria. Así lo reconoce expresamente la Consejería en los correspondiente Expediente Administrativo que obran en autos Esta modificación es fundamental ya que como alega la Consejería demandada en los Informes que acompaña el Expediente Administrativo (en Anexo 1 del expediente de los recurrentes que aporta la administración que los conceptos de antigüedad y/o cargos directivos).

La demandada admite que no ha devuelto dicha cantidad. Y lo justifica diciendo que no devuelve la totalidad de lo detraído ya que, como para suprimir la paga extra de diciembre de 2012, que incluía trienios, reestructuró el complemento autonómico, que no incluye trienios, ahora no puede devolver la totalidad de lo detraído. Y el Juzgado desestima la demanda, cambiando el criterio de sentencias anteriores, con base en la reciente Sentencia número 491/2021, de fecha 25 de febrero, dictada por la Sala de Granada del TSJA en el recurso de suplicación número 1460/2020, en un caso similar al aquí enjuiciado.

Pues bien, debemos decir en primer lugar, que dicha Sentencia, dicho sea con los debidos respetos que nos merece la Sala, incurre en un error manifiesto, grave y fundamental en cuanto a los presupuestos fácticos y, por derivación, a los aspectos jurídicos que seguidamente pasamos a señalar:

La discrepancia radica en la existencia o no del derecho de los profesores de la concertada, como es el caso de la parte actora, a recuperar las cantidades que les fueron detraídas en aquel momento, correspondientes a los conceptos de trienios y complemento de cargos directivos.

En ese sentido, la sentencia pone de manifiesto que la devolución de la totalidad de la gratificación extraordinaria que fue suprimida en Diciembre del 2012 a los docentes de la Enseñanza Concertada en Andalucía en su condición de deudora en pago delegado. Dicha restitución debería hacerse por la Consejería de forma equivalente a la recuperación de la paga extraordinaria y adicional de Diciembre del 2012 del profesorado interino de la Enseñanza Pública. Pues bien, éste es el núcleo de la discrepancia que da origen al presente litigio. Y el inalterado relato de hechos probados de la sentencia recurrida de contrario, pone de manifiesto que "la parte actora ha recuperado igual cuantía que un profesor funcionario interino de la educación pública.

En las líneas que hemos subrayado es donde radica el error de base antes referido, consistente en afirmar que a los docentes de la enseñanza pública NO se les restituyó el concepto de trienios y SI se le restituyo tal y como queda acreditado y probado que a los profesores de la enseñanza publica tal y como se acredita en las nóminas aportadas tanto de funcionarios docente como de interinos presentada en la vista y el propio certificado aportado por esta parte del Jefe de Servicios de Retribuciones de la Consejería de Educación y deporte de la Junta de Andalucía (folio 4 que va después de la prueba de la actora en la vista y dice textualmente: " Lorenzo, JEFE DEL SERVICIO DE RETRIBUCIONES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, CON EL VISTO BUENO Y CONFORME DEL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

CERTIFICA :

Que el personal funcionario interino docente dependiente de esta Consejería ha recuperado la paga extraordinaria de diciembre/2012, que le fue suprimida por aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y de la disposición transitoria primera de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

Que la citada paga de diciembre/2012 ha sido recuperada en los distintos conceptos retributivos que la componen, INCLUIDO TRIENIOS y por los importes establecidos en el art. 13.2 de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2012, en consonancia con el art. 22.Cinco.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012." Porque lo cierto es que, como al resto de empleados públicos, la devolución de la paga extra de diciembre de 2012 se realizó de manera íntegra, incluyendo la antigüedad (trienios y sexenios). Y esto, que es casi un hecho notorio, pues cualquiera conoce a uno de los miles de docentes de la enseñanza pública en cualquiera de sus niveles (así como cualquier otro funcionario que tenga antigüedad), ha resultado suficientemente acreditado, en el caso que nos ocupa, con la documental aportada por esta parte páginas 4 a la 28 de la prueba de la parte actora presentada en la vista y el propio certificado aportado por esta parte del Jefe de Servicios de Retribuciones de la Consejería de Educación y deporte de la Junta de Andalucía (folio 4 que va después de la prueba de los actor en la y por lo tanto, es completamente errónea la afirmación de que a los funcionarios no se les devolvieron las cantidades correspondientes a la antigüedad (trienios y sexenios) de la suprimida paga de diciembre de 2012, pues sí se ha desplegado por esta parte la suficiente actividad probatoria que demuestra que a los docentes de la pública SÍ se les devolvió su correspondiente antigüedad.

Por otra parte, de la lectura de los correspondientes Expedientes Administrativos, que aporta al demandada , se extrae también una triple "trampa" de la Administración, indigna de los principios consagrados en el art. 103.1 de la Constitución, a la hora de argumentar la oposición a la presente demanda, a saber:

1ª) Se Manifiesta por la Consejería que la cantidad no devuelta a los actores se corresponde con la bajada del 4'5% de los módulos de la concertada, acordada en el R.D. 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. El argumento no se sostiene. Esa bajada es la que supuso a la postre la supresión de la cantidad correspondiente a la paga extra de diciembre de 2012 de cada uno de los profesores de la concertada, y se aplicó a todos y cada uno de los conceptos retributivos, por lo que devueltos los correspondientes a sueldo, complemento autonómico y otros conceptos, también debía de haber devuelto los correspondientes a la antigüedad.

Así, lo que la Consejería no ha devuelto es, única y exclusivamente, el concepto de antigüedad (en el caso del actor) y cargo directivo, lo que supone distintas cantidades según sea el número de trienios que, respectivamente, tiene reconocidos cada profesor.

2ª) Dice también "que los importes anuales de los módulos económicos experimentaron una bajada del 4'5% respecto a los establecidos por la citada Ley 2/2012, de 29 de junio, con efectividad desde el 1 de enero de 2012. Esta bajada, fijada por el Estado, es la que afecta a los conceptos retributivos; sueldo, trienios y cargos directivos. Esta bajada no puede ser restituida por esta administración por no tener competencias, al ser normativa de ámbito estatal."

No tiene sentido alguno invocar una especie de invasión de competencias referida en exclusiva al concepto de trienios. Si pudo devolver la cantidad correspondiente al resto de conceptos, puede y debe hacerlo también con los trienios, pues lo contrario supondría atentar al principio de igualdad. Pero es que, además, como ya dijimos en nuestro motivo de recurso Primero B), si se hacen las cuentas, estas no salen, pues la diferencia entre las cantidades que debía de haber percibido el actor y las que realmente percibió por aplicación de la bajada de los módulos, es sensiblemente superior al 4'5%, concretamente cercana al 12%.

3ª) Dice, por último, la Consejería en los respectivos Expedientes Administrativos que así mismo los actores ha recuperado igual cuantía que un profesor funcionario interino de la pública según se puede constatar en el Anexo II, habiendo percibido el número de pagas extraordinarias según su convenio colectivo y el periodo trabajado, según se desprende del certificado de retribuciones adjunto a este informe.

Pues bien, del examen de los Anexo I, se desprende claramente que no se ha tenido en cuenta por la Consejería la cuantía de los trienios que cada docente de la enseñanza pública, con derecho a ellos, percibe. Sólo figuran las cuantías básicas, cuando de la documental aportada por esta parte se acredita que a los docentes de la pública, que tuvieran derecho a ello e individualmente considerados, SÍ se les devolvió la antigüedad (trienios y, en su caso, sexenios) páginas 4 a la 28 de la prueba de la parte actora presentada en la vista y el propio certificado aportado por esta parte del Jefe de Servicios de Retribuciones de la Consejería de Educación y deporte de la Junta de Andalucía (folio 4 que va después de la prueba de la actora en la vista que les fue detraída como consecuencia de la supresión de la paga extra de diciembre de 2012.

Y, como quiera que la Sentencia de 13 de octubre de 2016, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, dictada en el procedimiento de Conflicto Colectivo núm. 35/2016 y que ha dado origen a la presente demanda individual, condenaba a la Consejería demandada "a la devolución de la totalidad de la gratificación extraordinaria que fue suprimida en Diciembre del 2012 a los docentes de la Enseñanza Concertada en Andalucía en su condición de deudora en pago delegado (...) de forma equivalente a la recuperación de la paga extraordinaria y adicional de Diciembre del 2012 del Profesorado Interino de la Enseñanza Pública, si a estos les fueron devueltas las cantidades correspondientes a la antigüedad (trienios y sexenios) que les fueron detraídas en su día, tal y como ha quedado acreditado por esta parte en el presente procedimiento, igual suerte ha de correr la actora, al que la Administración demandada habrá de devolver las cantidades detraídas por dicho concepto, que se reclaman en nuestra demanda (Anexo I, del expediente administrativo de los actores )

Como decíamos más arriba, la cuestión está ya resuelta en sede de Conflicto Colectivo mediante la sentencia de 13 de octubre de 2016 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, dictada en procedimiento de Conflicto Colectivo nº 35/2016, que produce efecto positivo de cosa juzgada en este procedimiento y por lo tanto, no cabe ahora oponer más que cuestiones objetivas de tipo aritmético para determinar el importe de lo adeudado, de ninguna manera se podrán esgrimir otro tipo de razones de fondo, ya dilucidadas y firmes.

2. Igual pretensión que la formulada por el hoy recurrente, ha sido desestimada por sentencias firmes de esta Sala de Granada, en las siguientes fechas: 25-02-2021 (Rec. 1460/2020); 25-02-2021 (Rec. 1461/2020); 11-03-20221 (Rec. 1592/2020); 29-04-2021 (Rec. 129/21); 07-10-2021 (Rec. 965/2021); 17-03-2022 (Rec. 2000/2021); 01-07-2022 (Rec. 2706/2021); 19-05-2022 (Rec. 2404/2021); 14-12-2022 (Rec. 2998/2021); 08-04-2021 (Rec. 1765/2020); 23-06-2022 (Rec. 2622/2021).

Razones de coherencias y seguridad jurídica, conlleva que se deba seguir igual planteamiento. En aquellas sentencias, se viene a decir que:

"2. Considera el recurrente que ha percibido en tres pagos el 100% del reintegro del complemento autonómico de homologación que dejó de percibir por la supresión de la paga extraordinaria y adicional correspondiente al mes de diciembre del 2012, pero sólo respecto de este concepto (que integra salario base, complemento de destino docente y componente básico de complemento específico) y no de lo efectivamente detraído y no abonado por aplicación de la Orden de 25 de julio de 2012, por lo que habría experimentado una minoración del complemento de homologación autonómica, pero también ha sufrido merma en otros componentes de los que no ha sido resarcida, produciendo de facto una pérdida patrimonial que supone una alteración de los términos de equiparación retributiva conforme al Acuerdo de 28 de octubre de 2008 del Consejo de gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de 2 de julio de 2008, formalizado por la Consejería de Educación, los Sindicatos y las Organizaciones patronales y titulares de la enseñanza privada concertada, sobre retribuciones del profesorado de enseñanza concertada BOJA número 223, de 10 de noviembre de 2008 y posterior Acuerdo de 21 de junio de 2016. A ello habría que sumar el interés legal por mora conforme la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2014.

Sobre tales parámetros, lo que reclama el demandante, a la Consejería demandada, son las diferencias de los importes que entiende que debería haber percibido en concepto de la gratificación extraordinaria de 2012, referente a trienios, por aplicación de la Orden de 25 de julio de 2012, por la que se fijan los importes retributivos del profesorado de la enseñanza concertada, al amparo del Real Decreto -Ley 20/2012 de 13 de julio y del Decreto Ley 3/2012, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto Ley 1/2012 de 19 de junio, así como los importes de los complementos retributivos establecidos en la Comunidad Autónoma correspondientes al año 2012, según el Acuerdo de 2 de julio de 2012 en su condición de deudora en pago delegado, que cifra en 308 euros, más el interés de mora.

Para resolver la cuestión planteada, debemos partir de los siguientes datos:

La parte actora presta sus servicios por cuenta y bajo la dependencia de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, dedicada a la enseñanza concertada con la categoría profesional de profesor de ESO-Bachillerato.

La equiparación retributiva se abona mediante el concepto retributivo llamado complemento autonómico de homologación (u homologación retributiva, o complemento autonómico), que incluye los conceptos de sueldo, complemento destino docente y componente básico del complemento específico.

Concretamente, el ordinal segundo del Acuerdo (BOE 199/2008), dice: "A tales efectos (para equiparar salarios), la cuantía de la retribución del profesorado de la enseñanza pública que se considerará para la equiparación será la que, para cada etapa educativa, resulta de la suma de los siguientes componentes del sueldo mensual, distribuido en catorce pagas: sueldo base, complemento de destino docente, componente básico del complemento específico (Quiere decir que para la equiparación, se toman en cuenta la suma de esos componentes del sueldo del docente de la pública). Y dice el ordinal tercero, que "los incrementos retributivos se materializan aumentando en la cantidad que corresponda sobre la cuantía que actualmente abona la Administración educativa andaluza, la parte de los módulos económicos por unidad escolar concertada destinada a sufragar los gastos correspondientes a salarios del personal docente".

La equiparación retributiva se aplica en los complementos establecidos en por la Comunidad Autónoma de Andalucía ( disposición adicional 1ª Decreto-Ley 1/2012 en el texto modificado por disposición final 2ª de Decreto Ley 3/2012).

A través de Orden de 25 de julio de 2012, se fijan los importes retributivos del profesorado de la enseñanza concertada al amparo del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, y del Decreto-Ley 3/2012, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto-Ley i/2012, de 19 de junio, así como los importes de los complementos retributivos establecidos por la Comunidad Autónoma correspondientes al año 2012, según Acuerdo de 2 de julio de 2008. Por dicha norma, se modifican los importes de los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de los centros concertados.

La paga extraordinaria, artículo 60 del VI Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza privadas sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, de aplicación conforme el relato de hechos probados de la citada ST.2266/2016, fija dos pagas extraordinarias al año, equivalente cada una de ellas a una mensualidad de salario, antigüedad y complementos específicos.

La sentencia firme de esta Sala de lo Social del TSJ de Andalucía de 13 de octubre de 2016, por la que se estimó íntegramente la demanda de conflicto colectivo, establecía en su fundamentación jurídica que: "... Así pues, y como se decía por la Sala en la comentada sentencia de 23 de noviembre del 2015, que.... "de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2012 se procedió a reducir las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública no universitaria en una cuantía equivalente a la suma de las pagas adicionales de los meses de junio y diciembre y que en virtud de la disposición adicional primera de la misma Ley, la afectación análoga al profesorado de los centros concertados de Andalucía" lo que, se insiste ahora, era de total justicia en aras de la parificación pero, de no menos justicia, es la decisión y extensión de los Acuerdos referidos a que dicho profesorado recupere las retribuciones salariales afectadas por la Ley Orgánica 2/2012, como el funcionario y Estatutario según reza en el encabezamiento del Acuerdo de 2 de Junio del 2016 y que, por lo dicho, se ha de extender a personal docente de Centros Concertados. Si la Consejería de Educación se compromete, a incorporar en los Presupuestos para 2016 la equiparación de las retribuciones del profesorado incluido en el pago delegado de los centros concertados de Andalucía con las del profesorado de la enseñanza pública, en los términos añade, del Acuerdo de 2 de julio de 2008 (Acuerdo Primero) Y en esta línea de compromiso en la equiparación retributiva, se pronunciaría igualmente el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2016 por cuanto se norma que "A las retribuciones del profesorado de la enseñanza privada concertada, les será de aplicación la equiparación con las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, en los términos del acuerdo de 2 de julio de 2008, sobre retribuciones del profesorado de la enseñanza concertada, actualizándose para ello, los complementos establecidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía". Añadiendo acto seguido, que "Durante el ejercicio 2016 se hará efectivo lo recogido en el acuerdo de 23 de diciembre de 2014, entre la Consejería de Educación, los sindicatos y las organizaciones patronales y de titulares de la enseñanza privada concertada, sobre el importe no percibido del complemento autonómico de las retribuciones correspondientes al año 2015" .....Por todo lo expuesto la demanda ha de ser estimada íntegramente por lo que la Consejería deberá adoptar, y a ello la condeno, las medidas necesarias para hacer los pagos y por el concepto que se le reclaman en éste proceso debiendo, las demás partes, estar y a pasar por éste pronunciamiento".

3. Pues bien, la censura esgrimida por la parte actora no puede ser aceptada, siguiendo los pronunciamientos que sobre la misma cuestión ha emitido esta Sala de Granada, entre otros, en el Recurso de Suplicación nº 1592/20, en aras a la seguridad y coherencia jurídica, pues como indica la Consejería impugnante, sin obtención efectiva y exitosa de revisión de hechos probados, la sentencia recurrida de contrario descansa sobre el hecho no controvertido de que en 2012 los profesores de la educación concertada vieron recortada su paga extraordinaria de diciembre en el denominado complemento de homologación, que incluye los conceptos de sueldo, complemento de destino y complemento básico del complemento específico. Tampoco es controvertido que, en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de la Sala del TSJA de Granada de 13-10-2016, la Administración ha abonado a los profesores de la concertada, en tres pagos, el 100 % del importe del complemento de homologación que les fue detraído de la paga extraordinaria de diciembre del 2012.

La discrepancia radica en la existencia o no del derecho de los profesores de la concertada, como es el caso de la parte actora, a recuperar las cantidades que les fueron detraídas en aquel momento, correspondientes a los conceptos de trienios y complemento de cargos directivos.

En ese sentido, la sentencia recurrida pone de manifiesto que la sentencia del TSJA de 13-10- 2016, condenó a la Consejería de Educación a la restitución de la gratificación extraordinaria de forma equivalente a la recuperación de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012 del profesorado interino de la enseñanza pública, y siendo esto así, en el inalterado relato de hechos probados de la sentencia recurrida de contrario, se pone de manifiesto que la parte actora ha recuperado igual cuantía que un profesor funcionario o interinos de la educación pública, conforme al informe jurídico emitido por la Consejería de Educación.

Por tanto, la sentencia del TSJA de 13-10-2016 busca que los profesores de la enseñanza concertada no tengan un trato de peor condición que el otorgado a los profesores de la enseñanza pública, pero en modo alguno subyace en la condena de dicha sentencia, que los profesores de la enseñanza concertada obtengan un trato más favorable que el dispensado a los profesores de la enseñanza pública, y esto, y no otra cosa, es lo pretendido por la actora (y por el resto de los profesores de la enseñanza concertada) con el ejercicio de sus acciones individuales.

Y como decimos, la sentencia recurrida pone de manifiesto que frente a la actividad probatoria desplegada por la Administración educativa, la actora, ha evidenciado una manifiesta falta de actividad probatoria, que ha llevado a la desestimación de la demanda ("ha de acogerse así la manifestación de la Consejería demandada relativa a que por la actora no se practica prueba alguna que justifique el derecho a percibir la reclamación y el importe de la misma, más allá de indicar la suma percibida y la que debió percibirse a su juicio").

Por otra parte, como consta en el informe obrante en el expediente administrativo, mediante el ACUERDO de 28 de octubre de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de 2 de julio de 2008, formalizado por la Consejería de Educación, los Sindicatos y las Organizaciones Patronales y titulares de la enseñanza privada concertada, sobre retribuciones del profesorado de la enseñanza concertada, dicha Consejería, se comprometió a incrementar las retribuciones del profesorado de la enseñanza concertada de forma que se produzca la equiparación de los salarios del profesorado que presta servicios en este sector con los del profesorado público de las respectivas etapas.

A tales efectos, la cuantía de la retribución del profesorado de la enseñanza pública que se considera para la equiparación es la que, para cada etapa educativa, resulta de la suma de los siguientes componentes de las retribuciones mensuales, distribuido en catorce pagas:

- Sueldo base.

- Complemento de destino docente.

- Componente básico del complemento específico.

De este modo, los incrementos retributivos a que se refiere el propio Acuerdo se materializan aumentando en la cantidad que corresponda, sobre la cuantía que abona la Administración educativa andaluza, la parte de los módulos económicos por unidad escolar concertada destinada a sufragar los gastos correspondientes a salarios del personal docente. Este incremento de cómputo anual se abona en cada una de las 14 pagas que recibe el profesorado por el importe de la catorceava parte, y se le denomina "complemento autonómico de homologación".

Conforme a lo anterior, los componentes relativos a los trienios y por el ejercicio de cargos directivos o de coordinación docente no se encuentran incluidos entre los considerados para el cálculo del complemento autonómico, al objeto de la correspondiente equiparación de las retribuciones con las del profesorado de la enseñanza pública.

De acuerdo con lo establecido en los apartados segundo y tercero del artículo 117 y de la disposición adicional vigésimo séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados para cada año es fijado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En base a la cuantía fijada cada año, en cada módulo económico por unidad escolar, por la ley Presupuestos Generales del Estado, y conforme a la variación experimentada respecto a la anualidad anterior, se determina, para cada año, el importe de los conceptos retributivos que, como pago delegado, corresponde abonar al profesorado de la enseñanza concertada de Andalucía, así como la cuantía de los complementos retributivos establecidos por la Comunidad Autónoma para dicho profesorado.

Para el año 2012, el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de julio), modifica los importes de los módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de los centros concertados del Anexo IV de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, otorgando una efectividad desde el 1 de enero de 2012.

Por lo que los importes anuales de los módulos económicos experimentaron una bajada del 4,5% respecto a los establecidos por la citada Ley 2/2012, de 29 de junio, con efectividad desde el 1 de enero de 2012. Esta bajada, fijada por el Estado, es la que afecta a los conceptos retributivos; sueldo, trienios y cargos directivos. Esta bajada no puede ser restituida por esta administración por no tener competencias, al ser normativa de ámbito estatal.

Dicha bajada, quedó instrumentada a nivel autonómico mediante la Orden de 25 de julio de 2012, por la que se fijan los importes retributivos del profesorado de la enseñanza concertada al amparo del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, y del Decreto-Ley 3/2012, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, así como los importes de los complementos retributivos establecidos por la Comunidad Autónoma correspondientes al año 2012, según Acuerdo de 2 de julio de 2008, arriba citado.

Por otro lado, en relación con los importes solicitados en "concepto de extra 2012" hay que aclarar que, como consecuencia del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de julio) en su artículo 2, se suprime la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público, de manera que los funcionarios docentes vieron reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponde percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.

El profesorado de la enseñanza concertada, a diferencia del personal del sector público, SÍ percibió la paga extraordinaria prevista para el mes de diciembre de 2012, de acuerdo con lo contemplado en los diferentes Convenios colectivos afectados de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, si bien, el complemento autonómico de homologación mensual, en el que NO computan los componentes relativos a los trienios y por el ejercicio de cargos directivos o de coordinación docente, se regularizó mediante una minoración del importe anual aplicado a las 14 pagas anuales en la misma cantidad que la suprimida en paga extraordinaria y adicional del personal funcionario, pero si se le abonaron los importes correspondientes a los conceptos de antigüedad y cargos directivos.

La cantidad reclamada por la recurrente, hace referencia a la bajada de los conceptos de antigüedad y/o cargos directivos cuantificada por la Consejería en -307,23 €, que como se ha indicado anteriormente NO forman parte del complemento de homologación y vienen derivados de la bajada de los módulos estatales establecidos en el citado R.D. 20/2012 (Ver Anexo I), no teniendo competencias dicha Administración para restituir los importes minorados por la LGE de presupuestos 2012, al ser de ámbito estatal.

Así mismo, la actora ha recuperado igual cuantía que un profesor funcionario interino de la pública según se puede constatar en el Anexo II, habiendo percibido el número de pagas extraordinarias según su convenio colectivo y el periodo trabajado, según se desprende del certificado de retribuciones adjunto a dicho informe.

Así, en el Anexo II.BIS a este informe se aprecian las cantidades dejadas de abonar, por niveles educativos, al profesorado de la enseñanza concertada como consecuencia de la equiparación con el profesorado de la pública que dejó de percibir la paga extraordinaria y la paga adicional de diciembre 2012.

Una vez recuperado los derechos suspendidos por la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, esta Consejería ha devuelto, en concepto de complemento autonómico al profesorado de la enseñanza concertada, la cantidad equivalente a la recuperada por el profesorado de la enseñanza pública como consecuencia de la no percepción de las pagas extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, es decir, la cantidad resultante de la diferencia entre el importe de complemento autonómico, que correspondería para la equiparación a la cuantía de la retribución del profesorado de la enseñanza pública una vez incluido el 100 por 100 del importe recuperado, y los fijados en la referida Orden de 25 de julio de 2012.

4. En conclusión:

- La minoración salarial en 2012 no se produjo en la paga extra sino en el complemento autonómico de homologación para equiparar las retribuciones del personal docente de la enseñanza concertada con las del personal docente de la enseñanza pública, que había padecido la supresión de la paga extra de diciembre de 2012.

- En los cálculos del complemento autonómico para la equiparación de las retribuciones del profesorado de la enseñanza concertada con los de la enseñanza pública no se tienen en cuenta la antigüedad (trienios) ni el ejercicio de cargo directivo o de coordinación.

- Las cantidades reclamadas por la actora, en concepto de trienios y cargo directivo, se corresponden con la bajada del coste de los módulos económicos por unidades concertadas que se fija en Real-Decreto 20/2012, y no con la bajada del complemento autonómico por la no percepción de la paga extraordinaria y la paga adicional de diciembre 2012 en equiparación con el profesorado de la enseñanza pública.

- La cantidad de -307,23 corresponde, según cuantificación de la Consejería, con la bajada en los conceptos de trienios y cargo directivo que no forman parte del complemento de homologación y vienen derivados de la bajada de los módulos estatales establecidos en el citado R.D. 20/2012 (Ver Anexo I), no teniendo competencias esta administración para restituir los importes minorados por la LGE de presupuestos de 2012, al ser de ámbito estatal.

Por otra parte, en contra de lo manifestado por la parte actora en su recurso, la prueba practicada sobre el particular ha acreditado que tal recuperación económica no ha tenido lugar por parte de los funcionarios interinos de la enseñanza pública, y consecuentemente, tampoco puede tener lugar por parte de los profesores de la concertada.

- Así mismo la actora ha recuperado igual cuantía que un profesor funcionario o interino de la pública según se puede constatar en el Anexo II, y ha percibido sus pagas extraordinarias según el convenio colectivo y periodo trabajado.

- Que como consecuencia del no abono de la paga extra de diciembre/2012 al profesorado de la enseñanza pública, por aplicación del acuerdo de homologación con la pública, al profesorado de la enseñanza concertada, que tuvo reflejo en el concepto retributivo "complemento de homologación".

- Que la modificación del importe de los conceptos retributivos "trienios" y "Complemento Dirección" para el año 2012, son como consecuencia de la aplicación de los módulos económicos fijados por el Estado mediante Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de Julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, coste sobre los que no tiene competencia la Comunidad Autónoma.

-De reconocerse las diferencias solicitadas supondría que la recurrente percibiría en concepto de paga extraordinaria diciembre/2012 mayor cantidad que en el caso de no haberse suprimido dicha paga."

A ello unimos que también la Sala de Málaga ha desestimado similares recursos, a título de ejemplo en la sentencia de 28/4/2021, rec suplic 31/21, en que expone: "...: La sentencia de instancia desestima la demanda en reclamación de cantidad promovida por los actores y absuelve al organismo demandado de las pretensiones deducidas en la demanda. Contra dicha sentencia interpone recurso de suplicación la representación de los demandantes, formulando un único motivo, al amparo de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para denunciar la infracción de los artículos 60 del VI Convenio colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos; 2 del Real Decreto Ley 20/2012 y resoluciones de la Secretaría General para la Administración Publica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía de 30 de diciembre de 2015, 21 de julio de 2016, 12 de enero de 2017 y 12 de enero de 2018. Alega la parte recurrente que debe condenarse a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a abonar a los actores las cantidades que se especifican en el suplico del recurso, en concepto de diferencias en el abono de trienios durante el año 2012, pues tienen derecho a las diferencias reclamadas como consecuencia del pronunciamiento de la Sala de lo Social en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en sentencia número 2266/2016, de 13 de octubre de 2016, dictada en los autos del procedimiento de conflicto colectivo número 35/2016. La referida sentencia dictada en un procedimiento de conflicto colectivo de ámbito autonómico condena a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a la devolución de la totalidad de la gratificación extraordinaria que fue suprimida en diciembre del año 2012 a los docentes de la enseñanza concertada en Andalucía en su condición de deudora en pago delegado; debiendo hacerse dicha restitución por la Consejería demandada de forma equivalente a la recuperación de la paga extraordinaria y adicional de diciembre del año 2012 del profesorado interino de la enseñanza pública. En cumplimiento de dicha sentencia el organismo demandado ha abonado a los actores la restitución de los conceptos de salario base, complemento de destino y componente básico del complemento específico, pero no les ha abonado el concepto de trienios por considerar que no se encontraba obligada a ello por el fallo de la sentencia dictada en el referido proceso de conflicto colectivo. Así pues, la única cuestión a debate en el presente recurso radica en determinar si en el fallo de la indicada sentencia de conflicto colectivo se incluía o no la obligación de la Consejería demandada al reintegro también del concepto de trienios. Como hemos indicado anteriormente, el fallo de la sentencia dictada en el procedimiento de conflicto colectivo contenía un doble pronunciamiento: por un lado condenaba a la Consejería demandada a la devolución de la totalidad de la gratificación extraordinaria de diciembre de 2012 que había sido suprimida a los docentes de la enseñanza concertada en Andalucía, y por otro lado indicaba expresamente que dicha restitución debería hacerse por la Consejería demandada de forma equivalente a la recuperación de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012 por el profesorado interino de la escuela pública. Como consecuencia de la sentencia dictada en procedimiento colectivo, la parte actora ha percibido lo detraído de la gratificación extraordinaria de diciembre de 2012 en concepto de complemento autonómico de equiparación u homologación dejado de percibir, complemento de homologación que incluye los conceptos de sueldo, complemento de destino y complemento básico del complemento específico. Ahora bien, no puede incluirse en la cantidad a devolver el concepto de trienios, pues en virtud del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, el Estado rebajó los módulos económicos en un 4,5%, afectando ello a trienios y complementos de cargos directivos, por lo que esta minoración impuesta por la Administración General del Estado a la Administración de la Junta de Andalucía en cumplimiento de la normativa estatal produce efectos obligatorios tanto para los docentes de la enseñanza concertada como para los docentes de la enseñanza pública, de modo que a ninguno de ellos se le ha restituido lo detraído en concepto de trienios como consecuencia de dicha normativa estatal. Ello no puede considerarse que vulnere el efecto de cosa juzgada de la sentencia dictada en el procedimiento de conflicto colectivo, pues, como ya hemos señalado anteriormente, la referida sentencia indicaba expresamente que la restitución de la gratificación extraordinaria de diciembre de 2012 a los docentes de la enseñanza concertada en Andalucía debía realizarse de forma equivalente a la restitución de la referida gratificación extraordinaria a los docentes de la enseñanza pública, de modo que si a los mismos no se les ha restituido el concepto de trienios, tampoco se les debe retribuir a los docentes de la enseñanza concertada como el actor, por lo que la sentencia de instancia no hace sino cumplir fielmente y de una manera individualizada lo acordado en la sentencia dictada en el procedimiento de conflicto colectivo; siendo de resaltar que esta Sala en las sentencias número 2068/20 y 2096/20 (recursos de suplicación 857/20 y 855/20) ya han resuelto la cuestión controvertida en la presente litis. Todo lo anterior nos lleva a desestimar el recurso de suplicación interpuesto y confirmar la sentencia recurrida".

Por los razonamientos expuestos se desestima el recurso y se confirma la sentencia de instancia. Sin costas.