Sentencia Social 1214/2023 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 864/2023 de 10 de octubre del 2023

PRIMERO.- La empresa demandante mantuvo con la trabajadora demandada una relación laboral que finalizó el 19 de octubre de 2021 mediante despido disciplinario, el segundo de los adoptados contra la trabajadora. A este despido le siguió en el mismo día acuerdo entre las partes sobre la improcedencia del despido y la extinción indemnizada del contrato, llevado a la conciliación preprocesal que terminó con avenencia. Tras celebrarse este acto conciliatorio el 4 de noviembre de 2021, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) notificó el 21 de febrero de 2022 a la empresa que debía reintegrar la cantidad de 10.085,02 €, importe de la prestación por desempleo indebidamente percibida por la trabajadora del 23 de marzo al 22 de noviembre de 2018, periodo comprendido entre la fecha del primer despido de que fue objeto la demandada y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que declaró la nulidad del despido. La empresa cumplió el requerimiento e interpuso demanda contra la trabajadora en reclamación de la cantidad abonada al SEPE, más el 10% de interés por mora.

El Juzgado de lo Social desestimó la demanda con fundamento en la eficacia liberatoria del acuerdo transaccional alcanzado entre las partes. La empresa recurre en suplicación la sentencia para insistir en su pretensión. El recurso es impugnado por la demandada que defiende el acierto de la decisión judicial.

SEGUNDO.- En el primer motivo de recurso, bajo la cobertura formal del art. 193 b) LJS, la empresa solicita revisar el hecho probado primero a fin de que su redacción sea la siguiente (en negrita, el texto intercalado):

" Rosario cuyas circunstancias personales figuran en el encabezamiento de la demanda prestó servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa RHI REFRACTORIES ESPAÑA S.L. con una antigüedad de 1 de abril de 2016. La actora fue despedida con efectos de 22 de marzo de 2018, impugnado este despido fue objeto de enjuiciamiento por el Juzgado de lo Social nº 2 en autos de despido 305/2018 estimándose parcialmente la demanda y siendo declarado improcedente en sentencia dictada en fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. En fecha 6 de septiembre de 2018 la empresa optó por la extinción de la relación laboral y el abono de la indemnización a la trabajadora. Frente a esta sentencia se interpuso recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias que fue estimado declarando la nulidad del despido en sentencia de fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho y se condenó a la empresa a la inmediata readmisión en las mismas condiciones que antes del despido y a que se abonase los salarios dejados de percibir a razón de 121,37€/día. Frente a esta sentencia se interpuso Recurso de Casación para unificación de doctrina que fue inadmitido por auto de fecha 23 de enero de 2020. Para la interposición del Recurso de Casación la empresa consignó la cantidad de 34.104,87 euros en concepto de salarios de tramitación en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Una vez confirmada la nulidad del despido y la obligación por parte de la empresa de readmitir a la trabajadora en plantilla, la cantidad consignada en concepto de salarios de tramitación fue transferida por el Juzgado que conoció el asunto en instancia e ingresada a la trabajadora en el mes de julio de 2020. Por Auto del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve se acordó despachar la ejecución provisional de sentencia requiriendo a la empresa el abono a la actora de 2.294,54€ brutos sin perjuicio de las deducciones correspondientes en concepto de salarios adeudados en el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2018 y el 31 de enero de 2019. Por auto del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha siete de agosto de dos mil diecinueve se declaró que no se ajustaba a derecho la decisión adoptada por la empresa de exigir la reincorporación de la demandante en ejecución provisional de la sentencia y se declara que debe mantenerse el acuerdo adoptado de tener por efectuada la opción de abonar los salarios a la actora sin contraprestación durante dicha fecha. Por auto de la citada Sala de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecinueve se desestimó el recurso de reposición interpuesto frente al auto anteriormente dictado. Por auto del Juzgado de lo Social nº 2 de Oviedo de fecha 14 de enero de 2021 se declaró que la readmisión de la trabajadora producida el día 10 de marzo de 2020 era irregular y se acordaba requerir a la empresa ejecutada a fin de reponer a la ejecutante en su puesto de trabajo en los cinco días siguientes a la fecha de la citada resolución en las mismas condiciones que con anterioridad la fecha de su despido. Frente a este auto se interpuso recurso de reposición que fue desestimado por auto de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Frente al que se interpuso recurso de suplicación que fue desestimado en sentencia dictada por el TSJ de Asturias de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno . Nuevamente por auto de ese Juzgado de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno se requirió a la parte ejecutante para que repusiera a la ejecutante en su mismo puesto de trabajo de jefe de equipo con las funciones que venía realizando hasta su despido."

La recurrente basa la petición revisora en los documentos 3 y 5 de su ramo de prueba (archivo 25 del expediente judicial electrónico) que identifica en los términos siguientes:

Documento 3: justificante bancario de fecha 3 de marzo de 2022 de la consignación efectuada en la cuenta de consignaciones y depósitos del Tribunal Superior de Justicia de los salarios de tramitación abonados por la empresa por importe de 34.104,97 euros.

Documento 5: escrito presentado por el representante procesal de la demandada reconociendo el ingreso en la cuenta de la misma cantidad consignada por esta parte en concepto de salarios de tramitación, y solicitando asimismo la liquidación de intereses correspondiente a dicho importe. Asimismo, Diligencias de ordenación del Juzgado de lo Social nº 2 de Oviedo por medio de las cuales se da traslado de la liquidación de intereses pretendida.

La empresa ve la utilidad del texto añadido en que refleja los salarios de tramitación abonados a la trabajadora y será de su importe del que deba deducirse la cantidad reclamada.

La demandada considera intrascendente la modificación, al no influir en las cuestiones discutidas en el proceso.

El cambio solicitado debe estimarse, pues cumple los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente [arts. 193 b) y 196.2 y 3 LJS; sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2018 (rec. 41/2017) y 24 de septiembre de 2015 (rec. 309/2014)]. Afecta a un dato omitido en la sentencia que refuerza la argumentación de la empresa sobre el enriquecimiento injusto de la demandada. Los documentos citados no se cuestionan de contrario y son adecuados para acreditar de forma clara, precisa e indudable el dato cuya constancia solicita la recurrente. La eficacia probatoria del documento 3 no se altera por el error cometido en el recurso al atribuir al justificante bancario la fecha de 3 de marzo de 2022, que por la propia descripción de los acontecimientos es errónea: la fecha correcta de la transferencia y del justificante bancario es el 3 de enero de 2019, si bien la corrección del dato no repercute en el texto añadido al hecho probado; carece asimismo de relevancia que el recurso aluda en plural a "diligencias de ordenación", y solo figure una, de 21 de agosto de 2020, seguida de un decreto de 24 de septiembre de 2020.

TERCERO.- La empresa dedica dos motivos de recurso a la crítica jurídica de la sentencia, por el cauce procesal habilitado en el art. 193 c) LJS.

Comienza denunciando la infracción de los arts. 1281 y 1283 del Código Civil, así como de la jurisprudencia sobre el saldo y finiquito. Sale al paso de los argumentos de la sentencia de instancia a favor de la eficacia del acuerdo transaccional celebrado el 19 de octubre de 2021, tras el segundo despido de la demandante, y ratificado en el acto de conciliación preprocesal de 4 de noviembre de 2021, que comprendía todas las obligaciones de ambas partes. En palabras de la sentencia:

"El acuerdo transaccional supuso para las partes una extinción de la relación laboral con efectos liberatorios y en un marco de reciprocidad de obligaciones, el objeto del acuerdo con todos sus condicionantes quedó suficientemente fijado y concretado al momento de la decisión de la extinción de la relación laboral y de la liquidación por todos los conceptos afectantes a ambas partes, de no ser así se conculcaría el principio de que los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena [fe]".

La recurrente alega que el saldo y finiquito firmado por la trabajadora en el acuerdo de 19 de octubre de 2021 y ratificado en la posterior conciliación ante la UMAC expresa en términos claros que solo la trabajadora se da por plenamente saldada y finiquitada de la relación laboral, pues es la perceptora de las cantidades objeto del acuerdo. La empresa no realiza manifestación alguna "tendente a darse por saldada de cualquier crédito que pudiera ostentar, ni tampoco renuncia en ningún caso al ejercicio de cualquier acción judicial en contra de la trabajadora, sino que, al contrario, el valor liberatorio del finiquito se pacta exclusivamente en relación con la demandada". La sentencia de instancia al dar al acuerdo un sentido distinto del que tiene infringe los artículos citados y la doctrina sentada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en supuestos idénticos, por ejemplo, en la sentencia 75/2019, de 30 de enero. Es una doctrina comúnmente aplicada, como puede verse en la sentencia 372/2019, de 13 de mayo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la sentencia 1391/2016, de 19 de mayo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la sentencia de 28 de noviembre de 2005 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (rec. 3566/2005). La jurisprudencia, asimismo, se pronuncia a favor de la "ineficacia liberatoria del finiquito que las partes suscriben al poner fin a la relación laboral respecto de las cantidades no incluidas en el mismo o cantidades cuyo derecho a reclamar haya surgido con posterioridad a dicho pacto (sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2014 RJ 2014/5118). La conclusión es que el acuerdo celebrado no es obstáculo para la reclamación presentada por la empresa, cuando además "en ningún caso se incluyeron en el finiquito las cantidades objeto de reclamación en las presentes actuaciones, que además resultan de una entidad económica de suficiente transcendencia (10.085,02 euros)".

En el segundo motivo de crítica jurídica, la recurrente denuncia la infracción de los arts. 295, 298.g), 268.5.b) y 55 LGSS y la jurisprudencia que los interpreta, así como del art. 1895 del Código Civil. Se enfrenta a la argumentación de la sentencia que, a partir del incumplimiento por la demandante de la obligación de comunicar al SEPE en 5 días la readmisión ( art. 298.g) LGSS), considera que en el momento del acuerdo transaccional la empresa conocía su responsabilidad en el reintegro al SEPE de la prestación por desempleo percibida por la trabajadora desde el 23 de marzo al 22 de noviembre de 2018, a pesar de lo cual pactó sin reserva alguna el abono de las indemnizaciones y retribuciones establecidas en el acuerdo.

El recurso opone que cuando se alcanzó el acuerdo transaccional no había nacido el derecho a reclamar contra la trabajadora lo pagado al SEPE; tampoco surge en la fecha de abono a la demandada de los salarios de tramitación. El derecho de repetición nació el 3 de marzo de 2022, en que la empresa efectuó el reintegro de la cantidad a este organismo, cuyo importe le era desconocido hasta recibir la resolución del SEPE de 21 de febrero de 2022. En este sentido se pronuncia la jurisprudencia, como expresan las sentencias 13/2018, de 12 de enero, 265/2018, de 8 de marzo, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo; también es la tesis seguida en la sentencia 115/2012, de 13 de abril, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y en la sentencia 480/2021, de 21 de mayo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Al obtener la trabajadora los salarios de tramitación y la prestación por desempleo correspondientes al mismo periodo se ha producido un enriquecimiento injusto a su favor y en perjuicio de la empresa que abonó aquellos a la demandada y reintegró esta al SEPE.

La demandada contesta conjuntamente los dos motivos de recurso en el escrito de impugnación. Apoya la interpretación de los acuerdos suscritos entre las partes dada por la Juzgadora de instancia, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que le reconoce preeminencia. Señala que la sentencia aplica correctamente la normativa invocada de contrario, pues desde enero de 2020, antes de suscribirse los acuerdos entre las partes, la empresa era consciente de la obligación de reintegro de la prestación por desempleo y de la posibilidad de reclamarlo a la trabajadora. Cuando el 19 de octubre de 2021 se alcanza el acuerdo, "se tienen en cuenta todos los extremos, y por ende las cantidades a la que se hace referencia en el presente procedimiento, y supone un acuerdo global y extintivo de la relaciones" reflejado en el hecho cuarto de su texto.

CUARTO.- El punto de partida en la decisión de los motivos de recurso es la interpretación tanto del acuerdo suscrito por las partes el 19 de octubre de 2021 como de la avenencia alcanzada en el acto de conciliación celebrado el 4 de noviembre de 2021. La mera suscripción del pacto, que incluye una declaración de saldo y finiquito, no dota automáticamente al mismo de una eficacia liberatoria absoluta que, como señala la doctrina ( sentencia del Tribunal Supremo 75/2019, de 30 de enero, entre otras), dependerá de sus términos y de las circunstancias concurrentes al formularse.

La jurisprudencia clásica en materia de interpretación del contrato de trabajo señaló la prevalencia de la efectuada por los tribunales de instancia. Es un criterio que resumen las sentencias del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 5 de junio de 2012 (recurso casación 71/2011) y de 15 de septiembre de 2009 (recurso casación 78/2008):

(...) es doctrina constante de esta Sala que "la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos (y el convenio colectivo participa de tal naturaleza) es facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio, como más objetivo, ha de prevalecer sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica, o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual". Así se han pronunciado las sentencias de 12 de noviembre de 1993 , 3 de febrero del 2000 , 27 de abril del 2001 y 16 de diciembre del 2002 . Debiéndose destacar así mismo que las sentencias de 20 de marzo de 1997 y 16 de diciembre del 2002 han precisado que "en materia de interpretación de cláusulas de convenios y acuerdos colectivos, en cuyo esclarecimiento se combinan las reglas de interpretación de las normas con las de la interpretación de los contratos, debe atribuirse un amplio margen de apreciación a los Órganos jurisdiccionales de instancia, ante los que se ha desarrollado la actividad probatoria relativa a la voluntad de las partes y a los hechos comitentes"

Esta doctrina, sin embargo, ha sido corregida por el Tribunal Supremo al interpretar las disposiciones de los convenios y pactos colectivos: "Frente a la opción de dar por buena, en todo caso, la interpretación efectuada por la sentencia de instancia, la Sala considera que lo que le corresponde realizar en supuestos como el presente, en los que se discute por el recurrente aquella interpretación, consiste en verificar que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los artículos 3 y 1281 y ss. CC , tal como las ha venido analizando la Sala en la jurisprudencia recién expuesta" [ sentencias del Tribunal Supremo 904/2020 de 13 de octubre (rec. 132/2019), 533/2021 de 18 de mayo de 2021 (rec. 134/2019) y 534/2023, de 19 de julio (rec. 16/2021)]. El criterio es aplicable en la interpretación de los contratos y acuerdos de trabajo individuales, negocios jurídicos de la misma naturaleza.

El sentido literal de los términos utilizados por trabajadora y empresa en el acuerdo de 19 de octubre de 2021 y en el acto conciliatorio de 4 de noviembre de 2021 (primer criterio interpretativo según el art. 1281 del Código Civil) no es concluyente de la inclusión en el pacto de una obligación con las características de las que reclama la empresa en la demanda contra la trabajadora. Las clausulas delimitan un contenido del que no forma parte esta obligación.

Los compromisos reflejados en el acuerdo y en la conciliación se refieren a las obligaciones y a la situación que existían en el momento de la extinción del contrato de trabajo producida el 19 de octubre de 2021: indemnización extintiva por el despido improcedente efectuado, liquidación de salarios pendientes, desistimiento por la trabajadora de la demanda ejercitada contra la empresa sobre acoso laboral.

Ambos actos incorporan una declaración de la trabajadora en la que, con el percibo de las cantidades fijadas, se da por saldada y finiquitada, reconoce que la empresa nada le adeuda y renuncia al ejercicio de cualquier acción judicial o extrajudicial contra la empresa. No contienen una declaración equivalente de la empresa.

Son características que hacen pertinente la cita en el recurso de los arts. 1281 y 1283 del Código Civil. El art. 1281 da primacía al sentido literal de las clausulas cuando los términos son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes; en caso contrario, si las palabras parecen contrarias a la intención evidente de los contratantes, éste prevalecerá sobre aquellas. El art. 1283 dispone que cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar.

Frente a estas características, la reclamación actual de la empresa corresponde a una obligación de naturaleza distinta y que surge posteriormente a esos actos. La empresa reclama a la trabajadora la prestación por desempleo indebidamente percibida por esta debido a su coincidencia con los salarios de tramitación, surgidos como consecuencia de la declaración judicial de nulidad del primer despido. La doctrina ha señalado, en casos similares, que el derecho de la empresa "a pedir el reintegro de lo abonado no nace, conforme al art. 1969 del Código Civil, mientras no abona al SPEE la prestación que indebidamente cobró su empleado, pues antes no pudo nacer su derecho a repetir lo pagado" ( sentencias del Tribunal Supremo 13/2018, de 12 de enero, y 265/2018, de 8 de marzo). Elemento de esta doctrina es que "lo que resulta objeto de reclamación son prestaciones indebidamente percibidas (aunque sea por causa no imputable al trabajador por imperativo legal)".

Es un hecho que la empresa no comunicó al Servicio Público de Empleo Estatal la readmisión de la trabajadora en el plazo de cinco días desde que se produjo y no ingresó entonces en la Entidad Gestora la prestación por desempleo satisfecha por ella. El incumplimiento de esta carga, prevista en el art. 298.g) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, podrá constituir una infracción sancionable pero no altera la percepción indebida de la prestación de desempleo por la trabajadora al cobrar de la empresa los salarios de tramitación correspondientes al mismo periodo de tiempo, causa de la obligación de reintegro [ arts. 55.1, 268.5.b), 295.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social]. Tampoco modifica que hasta la fecha en que la empresa fue requerida de pago por el Servicio Público de Empleo y procedió al ingreso de la cantidad no naciera su crédito frente a la trabajadora.

En el escrito de impugnación del recurso se atribuye mala fe a la empresa por el reintegro pretendido. El examen del acuerdo y la conciliación, así como de las características de la obligación reclamada en la demanda no revela que la actuación empresarial contraríe las exigencias de buena fe que le incumben conforme a lo previsto en el art. 7.1 del Código Civil. Más aún, la idea de enriquecimiento injusto ( art. 1895 del Código Civil) está asimismo presente en la base de la reclamación ejercitada en la demanda, al percibir la trabajadora salarios de tramitación y prestación por desempleo en periodo coincidente.

La consecuencia es que la demandada debe satisfacer a la empresa la cantidad de 10.085,02 € por esta abonada.

QUINTO.- La empresa reclamó asimismo el 10% de la cantidad principal en concepto de interés moratorio. Aunque no dedica un motivo o apartado específico a fundar esta reclamación, la súplica del recurso aclara que se trata del "interés por mora establecido en el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores".

El art. 29 del Estatuto de los Trabajadores regula la liquidación y pago del salario. En su apartado 3 establece que "el interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado".

La cantidad que la empresa reclama a la trabajadora no tiene origen ni naturaleza salarial, ni asimilado, como se desprende de lo expuesto sobre las características del crédito. No procede, por tanto, el interés por mora reclamado.

Por lo expuesto.