Sentencia Social 2639/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 2327/2022 de 14 de diciembre del 2022

PRIMERO.- Procedimiento de instancia y recursos de suplicación.

1. El Juzgado de lo Social 1 de Oviedo conoció de los autos DFU 511/2022, sobre tutela de derechos fundamentales, promovidos a instancia del Sindicato de Oficios Varios de Oviedo de la Confederación General del Trabajo (en adelante CGT), así como S. A. Q. G., secretario general del citado sindicato y liberado de prestar servicios en la empresa Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. Con fecha 31 de agosto de 2022 se dictó sentencia estimatoria parcial de las pretensiones deducidas en la demanda, declarándose que la conducta observada por la demandada respecto de S. A. Q. G. y el Sindicado de oficios varios de la Confederación general del trabajo de Oviedo es vulneradora del derecho fundamental a la libertad sindical por lo que es radicalmente nula, ordenando el cese inmediato de tal comportamiento y la reposición de la situación al momento anterior, reconociendo a S. A. Q. G. el derecho a percibir la indemnización de jornada partida, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración y a su efectivo cumplimiento y a que indemnice al trabajador demandante y al Sindicato de oficios varios de Oviedo de la Confederación general del trabajo en la cantidad de cuatro mil euros a cada uno de ellos (8.000 euros en total).

2. La parte actora en este procedimiento recurre en suplicación la citada sentencia y el escrito de interposición del recurso se articula en un solo motivo con encaje procesal en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), en el que se denuncia error en la aplicación de los artículos 179.3 y 183.1 y 2 de la LRJS.

Alega que el importe fijado como indemnización por daños morales no cumple ninguno de los dos objetivos que el artículo 183.2 de la LRJS exige y que, por su condición finalística, han de servir como criterios orientadores de la fijación de la cuantía a indemnizar. Así la indemnización no resarce y restituye suficientemente a la víctima, ya que los daños morales no puede calcularse en atención al perjuicio económico causado, pues este tipo de daños no se producen contra el patrimonio del trabajador y, cuando hablamos de ellos, nos referimos a los menoscabos que se producen en su persona, en su dignidad y en su función de representación sindical, tanto en su ejercicio en sí mismo de las labores inherentes a tal cargo, como en la toma de decisiones previa a la asunción de tal cometido. Es por ello que considera que el criterio de mínimo perjuicio económico utilizado por la juzgadora de instancia debe ser sustituido por otro que tenga que ver con las especiales circunstancias que concurran en el caso, como son la doble condición de liberado sindical y secretario general del sindicato actuante del trabajador afectado, la conducta reiterada de la empresa en la violación del derecho de libertad sindical de trabajador y sindicato, la previa advertencia que la Sala de suplicación había hecho a la empresa y la mala fe en la actuación empresarial con su empleado. Añade que la indemnización acordada en proceso anterior no ha contribuido a prevenir que la demandada repita la misma conducta lesiva sobre los mismos afectados, resulta proporcionado que la condena por este nuevo procedimiento alcance el importe máximo sin salirse del grado mínimo previsto en la LISOS. Reclama el abono de una indemnización de 15.000 euros para cada actuante, o, subsidiariamente, en la cantidad que la Sala entienda adecuada para resarcir/compensar los daños y prevenir otra reiteración de la conducta lesiva.

3. Por su parte la empresa demandada también ha interpuesto recurso de suplicación, que se articula en tres motivos, el primero formulado al amparo del apartado a) del artículo 193 LRJS, en el que se denuncia la infracción del artículo 24.1 de la Constitución Española, en relación con lo dispuesto en los artículos 209.3 LOPJ, 97.2 LRJS y 218 LEC, al no estar la sentencia suficientemente motivada, causando grave indefensión a esta parte; el segundo motivo se plantea de acuerdo con el apartado c) del artículo 193 LRJS, y denuncia la infracción, por aplicación indebida del artículo 8 LISOS y, por inaplicación, del artículo 7 LISOS, mientras que el tercero motivo, con igual soporte normativo, alega infracción por aplicación errónea del artículo 39 LISOS en relación con el artículo 40 de la misma norma.

Alega que la sentencia de instancia, aun cuando calcula la indemnización por infracción de derechos fundamentales basándose en el artículo 8 de la LISOS, lo cierto es que no se concreta en cuál de los 20 puntos del citado artículo se fundamenta, lo que nos impide argumentar en contra de la aplicación del citado artículo, por lo que en atención a la doctrina constitucional que cita en el escrito de interposición del recurso, debería procederse a declarar la nulidad de la sentencia de instancia para que se dicte otra respetando el derecho de defensa de la parte recurrente. en segundo lugar expone que la recurrida aplica de forma incorrecta a los hechos declarados probados el artículo 8 LISOS cuando, en realidad, la conducta descrita se subsume en el artículo 7 de la misma norma, lo que se traduce, directamente, en una incorrecta calificación de la conducta empresarial, pues no debería ser calificada como muy grave sino como grave únicamente, lo que implicaría una sanción inferior a la estipulada por el juzgado, en concreto reclama la mínima de 751 euros si el caso se subsume en lo previsto en el artículo 7.8 LISOS, o, si se entiende aplicable el artículo 8 LISOS, la de 7.501 euros.

4. El Ministerio Fiscal ha presentado escrito de impugnación a los recursos formulados, solicitando se dicte sentencia por la que se desestimen los recursos interpuestos y se confirme la sentencia recurrida.

5. La empresa demandada, Renfe Viajeros, S.A., ha presentado escrito de impugnación del recurso interpuesto por la parte demandante, solicitando la desestimación del mismo y la estimacion del interpuesto por la citada empresa.

6. Por la defensa de la parte actora igualmente se ha presentado escrito de impugnación del recurso interpuesto por Renfe Viajeros, S.A., que finaliza suplicando que desestime todos los motivos de suplicación contenidos en el recurso que se impugna, y estime el motivo de suplicación en el recurso interpuesto por esta parte, aumentando la indemnización por daños morales.

SEGUNDO.- Nulidad de la sentencia, correcta motivación.

1. La primera cuestión que debe resolverse es si la sentencia de instancia está correctamente motivada, extremo que es discutido por la empresa recurrente, ya que, según se ha expuesto, la recurrida carece de la suficiente explicación sobre los supuestos del artículo 8 LISOS tomados en consideración por la magistrada a quo para establecer la indemnización que reconoce a favor de la parte demandante. Considera por ello que no se cumple lo previsto en los artículos 24.1 CE, 209.3 LOPJ, 97.2 LRJS y 218 LEC.

2. Así el artículo 24.1 de la Constitución proclama que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. El artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispone que las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo. Por otra parte el artículo 97.2 LRJS dispone que la sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo.

El artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone en sus dos primeros apartados lo siguiente: 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.

2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.

3. El deber de motivación, en principio, "no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión" ( STC 14/1991), es decir, "la ratio decidendi que ha determinado aquélla" ( SSTC 28/1994, 153/1995 y 32/1996).

Según consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, el deber de los órganos judiciales de motivar sus resoluciones no exige forzosamente un razonamiento judicial explícito, exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, de modo que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la correspondiente decisión, es decir, su "ratio decidendi" ( SSTC 138/2007, de 4 de junio, FJ 2 y 165/2008, de 15 de diciembre , FJ 2). En este sentido, "una motivación escueta y concisa no deja, por ello, de ser tal motivación" (.......) o, lo que es igual, que "la concisión en la argumentación no puede en absoluto equipararse con la violación del derecho reconocido en el art. 24.1 de la Constitución " ATC 688/1986, de 10 de septiembre, FJ 3)" ( STC 144/2007). Además, es consolidada doctrina constitucional que la suficiencia de la motivación no puede ser apreciada apriorísticamente, con criterios generales, requiriendo por el contrario examinar el caso concreto para comprobar si, a la vista de las circunstancias concurrentes, se ha cumplido o no ese requisito ( SSTC 5/2002, de 14 de enero, FJ 2 42/2006, de 13 de febrero, FJ 7 60/2006, de 27 de febrero, FJ 2 218/2006, de 3 de julio, FJ 4).

4. En el presente caso la sentencia de instancia cumple adecuadamente los deberes de motivación y valoración de la prueba. En los fundamentos de derecho tercero y cuarto de la recurrida se analizan pormenorizadamente las razones alegadas por la parte demandante y la parte demandada, exponiéndose con detalle los hechos acreditados que son tomados en consideración por la magistrada a quo para valorar la conducta de la empresa en el conflicto planteado en este procedimiento y, en base a ellos, llegar determinar la indemnización que considera adecuada al caso, por lo que se cumplen sobradamente los cánones de motivación expuestos en la doctrina del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de discrepar sobre la aplicación normativa contenida en la recurrida, cuestión que no afecta al derecho a la tutela judicial efectiva sino que es una cuestión de legalidad ordinaria que debe analizarse en el siguiente motivo de recurso, por lo que se rechaza el primer motivo planteado en el recurso de la empresa.

TERCERO.- Vulneración del derecho a la libertad sindical, hechos relevantes.

1. Resuelto lo anterior, procede entonces analizar la indemnización determinada en la sentencia de instancia que es combatida por las dos partes recurrentes conforme ha quedado expuesto en el primer fundamento de derecho, así por la demandante se pretende que se incremente la cuantía de 8.000 euros establecida en el fallo de la recurrida, hasta llegar al importe de 30.000 euros reclamados principalmente, o bien subsidiariamente 15.002 euros. La parte demandada entiende que la cuantía correcta asciende a 751 euros, o subsidiariamente 7.501 euros.

2. No cuestionado el relato de hechos declarado probado por el Juzgado de lo Social y reproducido más arriba, ni tampoco la existencia de lesión al derecho de libertad sindical de la parte recurrente, lo que ahora interesa para poder resolver la censura planteada es extractar y ordenar cronológicamente los hechos relevantes a los efectos del presente recurso, pues ilustran más adecuadamente la actuación de la empresa:

a) El trabajador demandante presta servicios para la empresa Renfe Viajeros, S.A., como operador de administración y gestión (personal operativo nivel 1) con una antigüedad reconocida al 16 de octubre de 1984, y en virtud de contrato de trabajo indefinido y a jornada completa (lunes a viernes) y partida. Su centro de trabajo está ubicado en Oviedo.

b) El sindicato demandante comunicó a la empresa el cese del Delegado de Sección Sindical a nivel empresa D. Valeriano., y se procedió a acreditar al demandante con efectos de 1 de diciembre de 2020, disponiendo el citado trabajador de los créditos horarios inherentes al cargo. El actor pasó a situación de liberado de prestar servicios y se procede a dar de alta en el centro contable y para efectuar viajes de servicio con efectos 1 de diciembre de 2020.

c) El convenio colectivo de aplicación prevé que, entre otros cargos representativos de las personas trabajadoras, los delegados sindicales percibirán sus retribuciones fijas y la media de los demás conceptos salariales de los agentes de su categoría que presten servicio en la misma dependencia y número de nómina, en los términos previstos en el artículo 584.2 del convenio colectivo.

d) El trabajador percibió durante el año 2020 el complemento de jornada partida. En las nóminas de enero a septiembre de 2021 no figura percibido dicho concepto. La empresa demandada reconoce adeudar al actor la suma de 1.168,07 euros brutos, hasta octubre de 2021 inclusive.

e) En el mes de febrero de 2021 el actor presentó reclamación de haberes a la empresa, que es contestada el 31 de marzo de 2021 a través de un correo electrónico en el que se le informa que en nómina de Abril percibirá la jornada partida devengadas en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Y se añade que "dado que habitualmente no tenemos notificación del disfrute de vacaciones, licencias o ausencias con sueldo, lo que haremos será ir ajustando mensualmente los días de abono de jornada partida hasta completar en el mes de diciembre los 214 días laborables fijados en la normativa".

f) La empresa abona el concepto de indemnización por jornada partida a otro liberado sindical del mismo sindicato que el actor, que presta servicios en Reus.

g) Los anteriores hechos fueron declarados constitutivos de lesión del derecho fundamental a la libertad sindical por sentencia de esta Sala de 12 de abril de 2022, RSU 451/2022, siendo condenada la empresa a pagar al trabajador demandante la cantidad de 1.168,07 euros por el concepto salarial de indemnización de jornada partida debida hasta el mes de octubre de 2021, se declara la existencia de vulneración del derecho de libertad sindical de S. A. Q. G. y del Sindicato de Oficios Varios de la CGT de Oviedo, se ordena el cese inmediato de la actuación contraria al derecho fundamental de liberad sindical, esto es, el impago de la indemnización de jornada partida y se obliga a la demandada a abonar al actor dicha indemnización en la cuantía que corresponda, se restablece al trabajador delegado sindical y a la CGT de Oviedo en la integridad de su derecho a que se respete su libertad sindical, y se condena a la parte demandada a indemnizar al trabajador demandante y al sindicato actuante por daños morales con la cantidad de 3.125,50 euros netos para cada uno de ellos (6.251,00 euros netos en total).

h) En el mes de mayo de 2022 se abona al actor la cantidad de 723,36 euros en concepto de atrasos de indemnización de jornada partida, correspondiendo 158,10 euros al mes de noviembre de 2.021, 62,75 euros al mes de diciembre de 2.021, 159,53 euros al mes de enero de 2.022, 159,53 euros al mes de febrero de 2.022 y 183,45 euros al mes de marzo de 2.022.

i) El trabajador demandante presentó en el mes de junio de 2022 una reclamación al departamento correspondiente para que se le abonara el complemento de jornada partida de abril y mayo de 2022, reclamando la cantidad de 182,83 euros por el mes de abril y 166,93 euros por el mes de mayo.

j) Es en el mes de agosto de 2022 cuanto se abona al trabajador la cantidad de 518,45 euros en concepto de atrasos de indemnización jornada partida y la cantidad de 159,52 euros en concepto de indemnización jornada partida. Al mismo tiempo se le abona un anticipo por importe de 2.797 euros, sin que conste el concepto a que responde el mismo.

CUARTO.- Vulneración derecho a la libertad sindical, indemnización.

1. Al apreciarse la vulneración del derecho fundamental de libertad sindical, resulta necesario, por ordenarlo así el artículo 183 LRJS, pronunciarse sobre la indemnización que le corresponde a la parte demandante por haber sufrido la lesión de sus derechos fundamentales. Por lo que se refiere a la cuantía indemnización, la recurrida acude a la aplicación analógica del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), en sus artículos 8 y 40. En cuanto a la cuantificación del daño se ha considerado idónea la utilización del criterio orientador de las sanciones pecuniarias previstas por la LISOS para las infracciones producidas tanto por la Jurisprudencia ordinaria ( SSTS 15/2/2012, Rec. 67/2011; 8/07/14, Rec. 282/13; 29/11/17, Rec. 7/17) como por la constitucional ( STC 247/06).

2. El punto de partida lo hemos de situar en los apartados 1 y 2 del artículo 183 LRJS:

"1. Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados."

"2. El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño".

Por su parte, el artículo 179.3 LRJS establece que:

" La demanda, además de los requisitos generales establecidos en la presente Ley, deberá expresar con claridad los hechos constitutivos de la vulneración, el derecho o libertad infringidos y la cuantía de la indemnización pretendida, en su caso, con la adecuada especificación de los diversos daños y perjuicios, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 182 y 183, y que, salvo en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada, deberá establecer las circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada, incluyendo la gravedad, duración y consecuencias del daño, o las bases de cálculo de los perjuicios estimados para el trabajador".

3. EL Tribunal Supremo ha señalado, sentencia de 27.05.2021, Recurso 151/2019, que en caso de vulneración del derecho de libertad sindical, la STS 329/2016, 26 de abril de 2016 (rec. 113/2015 ) afirma, de un lado, que "el importe del resarcimiento fijado prudencialmente por el órgano judicial de instancia únicamente debe ser corregido o suprimido cuando se presente desorbitado, injusto, desproporcionado o irrazonable". Y, de otro, que, el "criterio orientador de las sanciones pecuniarias previstas por la LISOS para las infracciones producidas en el caso ha sido admitida por la jurisprudencia constitucional ( STC 247/2006 ) y pueda seguir teniéndose como parámetro razonable". (...)

En sentencias más recientes, hemos razonado que la indemnización por atentar contra derechos fundamentales no sólo tiene una función resarcitoria, sino también la de prevención general, de manera que "la más reciente doctrina de la Sala se ha alejado más -en la línea pretendida por la ... LRJS- del objetivo propiamente resarcitorio, para situarse en un plano que no descuida el aspecto preventivo que ha de corresponder a la indemnización en casos como el presente" ( STS 374/2019, 8 de mayo de 2019 -rec. 42/2018 -, que fija una indemnización de 30.000 euros por daños morales).

En la misma línea la STS 145/2020, 14 de febrero de 2020 (rec. 130/2018 ), citando anteriores sentencias, señala, de un lado, que "la indemnización fijada (debe ser) suficiente para resarcir a la víctima y para restablecer a esta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño (argumento exartículos 179.3 y 183.2 LRJS)". Y, de otro, que "el criterio del órgano judicial de instancia, al señalar el importe indemnizatorio y tratándose de daños morales, goza de cierta discrecionalidad a la hora de cuantificar aquel daño, si bien su criterio puede ser revisado en vía de recurso de forma excepcional cuando se presente como desorbitado, injusto o desproporcionado."

Por su parte, la STS 352/2020, 19 de mayo de 2020 (rcud 2911/2017 ), reitera, con cita de anteriores sentencias, en primer lugar, que, "es doctrina de esta Sala que, en principio, la cuantificación de los daños es algo que corresponde al juzgador de instancia y que solamente debe ser revisada si es manifiestamente irrazonable o arbitraria"...

4. Partiendo de lo expuesto, la sentencia de instancia contiene en su fundamento de derecho cuarto un pormenorizado razonamiento con las circunstancias del caso tomadas en consideración por la magistrada a quo para fijar la indemnización en la cuantía total de 8.000 euros, exponiendo que la empresa ya resultó condenada en anterior procedimiento, fijándose en aquel caso una indemnización conforme a la cuantía mínima posible establecida en la LISOS, y dado que la empresa, bien de forma negligente, si fuese cierta la existencia de un error administrativo, bien de forma intencionada si ese error no existió, persiste en el incumplimiento, es evidente que la cuantía de la indemnización no puede ser la fijada con anterioridad, pues el comportamiento incumplidor de la empresa es reiterado, pero tampoco puede fijarse la cuantía máxima del grado mínimo como pretende, pues ya antes del juicio se había procedido al abono de la cantidad reclamada y se había pagado la mensualidad de julio en plazo y advertido de la forma en que se abonarían las posteriores, por lo que, atendiendo a que el perjuicio económico ocasionado es mínimo, estima suficiente la cantidad de 8.000 euros netos para los dos demandantes, a razón de 4.000 euros para cada uno de ellos. Se trata de razones adecuadamente expuestas y aplicadas al caso, por lo que no puede tacharse el razonamiento contenido en la recurrida como irrazonable o arbitrario de tal manera que, no obstante la discrepancia de la parte actora respecto a la cuantía concedida, ha de ser confirmado el pronunciamiento indemnizatorio en esta alzada, por lo que se desestiman ambos recursos.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,