Sentencia Social 655/2023 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 412/2023 de 02 de mayo del 2023

PRIMERO: La resolución de instancia desestimó las pretensiones principal y subsidiaria de la demanda, en la que la trabajadora accionante solicitaba el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta o, cuanto menos, el grado de total para su profesión habitual de supervisora de geriatría derivadas de la contingencia de accidente de trabajo o, subsidiariamente, por enfermedad común.

Para cambiar dicho pronunciamiento se alza en suplicación su representación letrada, mediante recurso que incluye un motivo preliminar, tres cuestionando la valoración de la prueba y el relato fáctico de la sentencia, dos dedicados a la crítica jurídica, y el sexto y último, a las conclusiones.

El recurso es impugnado por la representación letrada de MC Mutual, aseguradora de la contingencia de accidente en la empresa Instituto Gerontológico Montevil S.L. donde presta servicios la trabajadora. Considera la Mutua que el escrito de recurso carece de rigor procedimental e incumple las exigencias de precisión y claridad del art 196.2 de la Ley 36/2011. En cualquier caso, y ya en cuanto al fondo, defiende el acierto de lo resuelto en la instancia, y pide su confirmación.

SEGUNDO: El epígrafe primero del recurso enumera los puntos de discrepancia con la resolución, que concreta así: a) la omisión en el Hecho Probado Noveno de la Sentencia de las patologías relevantes para evaluar la concurrencia de la causa de invalidez; b) la valoración de la capacidad de la trabajadora para realizar actividades laborales en atención a sus limitaciones funcionales; y c) la omisión de toda referencia al informe del traumatólogo Dr. Teofilo y a las testigos presentadas por la trabajadora, pese a la relevancia de dichos medios de prueba en atención a determinar su estado y a su capacidad para desempeñar las funciones propias de su puesto de trabajo.

Los argumentos que explican su disconformidad con el ordinal noveno del relato fáctico de la resolución se desarrollan en el motivo segundo. Considera indiscutible y evidente que el trastorno de la marcha no solamente se debe a la patología en el pie izquierdo, sino a la descompensación que produce la artrosis en su rodilla derecha, propuesta para prótesis total, conformando una alteración en la bipedestación y la marcha que resulta incompatible con la actividad laboral de supervisora de requerimientos, cuando menos, moderados.

Además, se omiten otros padecimientos como el probable síndrome de apnea hipopnea del sueño con hipersomnia diurna, temblor fino distal, esteatosis hepática, anemia microcítica en paciente anticoagulada con sintrom por fibrilación auricular y con administración de antiinflamatorios que provocan sangrado digestivo, pérdida de agudeza visual del 80% en el ojo derecho, osteosíntesis con placa en fractura de cúbito y radio distal derechos de años de evolución. Como consta en los informes médicos obrantes en las actuaciones, la trabajadora sufre síncopes sin etiología determinada que le han producido desmayos en el trabajo, tal como manifestaron las testigos, cuya existencia supone un serio peligro para su propia integridad física y la de los pacientes que atiende. En definitiva, la limitación funcional la produce no una patología aislada, sino el conjunto de las existentes, y en ningún caso sería inferior en la extremidad inferior izquierda al 50%.

De otro lado, las labores de su profesión que se hacen constar en la sentencia en cuanto a deambulación y otros extremos, no se corresponden con la realidad admitida, tanto por las dos testigos que actualmente trabajan en el mismo centro gerontológico, como por la propia empresa, que no la considera apta para seguir desempeñando en la actualidad el puesto de supervisora.

Enlazando tales alegaciones con las del motivo tercero, reprocha al Juzgador no haber valorado el testimonio de las dos compañeras del centro gerontológico -gerocultora y supervisora- que afirmaron taxativamente que la actora no podría desempeñar sus funciones, que exceden de las meramente burocráticas señaladas por el INSS. Y a lo anterior añade que nada dice tampoco el Juzgador sobre el informe del traumatólogo Sr. Teofilo que, aunque no pudo asistir al juicio por tener que practicar una intervención quirúrgica, ha informado de la limitación deambulatoria irreversible de la actora, que requiere silla de ruedas e impide una deambulación normal, aun con muletas, y cuyas conclusiones, no contradichas por ningún otro informe, han sido corroboradas y explicadas en el plenario por el perito Sr. Jesus Miguel.

Ante el contenido que se acaba de exponer , y las alegaciones de la Mutua al impugnar el recurso , conviene recordar que la suplicación no es una apelación o segunda instancia, sino un recurso extraordinario sujeto a motivos tasados en cuya formulación se han de respetar los requisitos legales. Esa naturaleza extraordinaria o "cuasicasacional" implica que su objeto es limitado, y que el Tribunal "ad quem " no puede valorar "ex novo" toda la prueba practicada ni revisar el derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, en especial el recurrente, que por ello mismo debe respetar una serie de requisitos formales impuestos por la ley y concretados por la jurisprudencia. Conforme al artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social ( LJS) , el recurso de suplicación tiene tres objetos. Dejando a un lado el de reponer las actuaciones en el supuesto de infracción de normas del procedimiento que hayan causado indefensión -apartado a) -, puede ir dirigido a «revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas» -apartado b) - o «examinar la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia» -apartado c) -.

Dicho precepto se complementa con el artículo 196 de la misma Ley Procesal, que en sus números 2 y 3 determina la forma de construir el recurso al decir:

«2. En el escrito de interposición del recurso se expresarán, con suficiente precisión y claridad, el motivo o motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos.

3. También habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados, los documentos o pericias en que se base el motivo de la revisión de los hechos probados que se aduzca».

Por otra parte, la suplicación no es instrumento adecuado para proceder a una nueva valoración de los medios de prueba aportados y obtener consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de la sentencia recurrida. Por el contrario, su naturaleza extraordinaria -artículo 190.2 LJS- excluye ese objeto, reservado al juzgador de instancia quien tiene atribuidas con plenitud las facultades para valorar las pruebas y los restantes elementos de convencimiento presentados ante él en el proceso -artículo 97.2 de la Ley de la Jurisdicción Social- que en su examen sobre esos materiales, dispone de amplios márgenes de actuación solamente limitados por las reglas de la sana crítica. Únicamente cabe corregir los errores del Juzgador cuando, con documentos idóneos o pericias practicadas con las debidas garantías, se ponga de manifiesto el desacierto de la convicción judicial -artículo 193 b) LJS-.

De lo dispuesto en esos preceptos y de la que viene siendo su interpretación jurisprudencial pacífica, deriva la siguiente doctrina general respecto a los requisitos exigibles para el éxito del motivo de suplicación que nos ocupa:

1)que se señale con precisión cuál sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico; 2) se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo alguno de sus puntos, ya complementándolos; 3) se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; 4) que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables; 5) que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico; 6) que no se trate de una nueva valoración global del acervo probatorio.

A ello hay que añadir que no resulta posible admitir la revisión fáctica con base en las mismas pruebas que sirvieron de fundamento a la sentencia impugnada, por cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador de instancia, por un juicio valorativo subjetivo de la parte interesada. En el supuesto de documento o documentos contradictorios, y en la medida de que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica realizada por el Juzgador de instancia en el ejercicio de la función de apreciación de la prueba que le corresponde en exclusiva.

Las consideraciones expuestas impiden tener en cuenta los alegatos de los tres primeros motivos de recurso donde, obviando la claridad y la separación conceptual que se exigen legalmente (art. 196 LJS), se mezclan elementos incompatibles que han de plantearse por cauces diferentes , se cuestiona el relato de la sentencia, y se discute la valoración de la prueba realizada por el Juzgador , intentando sustituir su criterio objetivo e imparcial por el interesado de parte desatendiendo además, de manera palmaria, los presupuestos formales imprescindibles .

Así, como acertadamente señala la Mutua aseguradora en la impugnación, aunque la recurrente considera que el cuadro clínico del hecho probado noveno es insuficiente y debería incluir más patologías, lo cierto es que no propone un texto alternativo más completo, ni señala los documentos o pericias que pongan de manifiesto el error del juzgador.

Las alusiones a determinados extremos sobre circunstancias de la prestación de servicios que se fundan en declaraciones de testigos , constituyen nueva muestra de las deficiencias técnicas del recurso , pues pasan por alto que la prueba testifical constituye uno de los distintos elementos de convicción a valorar por el Juzgador de instancia con arreglo a las reglas de la sana crítica, pero no permite alterar el relato fáctico de la sentencia en este recurso extraordinario, como evidencia el tenor literal de los preceptos de la Ley Procesal que se ocupan de su regulación legal , limitando las pruebas admisibles para denunciar el error de hecho, a la documental y la pericial (arts. 193 b) y 196. 3 LJS).

Tan incorrecto planteamiento aboca de manera inevitable a mantener la versión judicial.

TERCERO: Los siguientes motivos de recurso critican la aplicación normativa realizada en la sentencia, a la que atribuyen infracciones normativas y jurisprudenciales.

Se argumenta, en esencia, que de conformidad con lo manifestado en los artículos 193.1, 194.1 c) y 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, concurren en el presente caso los requisitos establecidos por la normativa laboral y la jurisprudencia para declarar la invalidez absoluta de la trabajadora, entendida como la existencia de impedimentos físicos o psíquicos presumiblemente definitivos (o de curación incierta o a largo plazo) e incompatibles, por sus repercusiones funcionales, con el desempeño regular, eficaz, con rendimiento y sin riesgos añadidos de cualquier actividad laboral o productiva a la que el trabajador pueda tener acceso en el mercado de trabajo ( STSJ Asturias 1061/2019, de 21 de mayo).

Tal es así, que el informe del traumatólogo Dr. Teofilo, señala lo siguiente:

"No se indica cirugía ente el muy previsible fracaso de cualquier actitud terapéutica". Por tanto, la situación es de curación incierta o a largo plazo y la patología traumatológica reviste un carácter irreversible.

"Precisa silla de ruedas, ya que está imposibilitada para la deambulación". Por ello, la repercusión funcional de la patología de pie considerada aisladamente impediría por sí misma el desempeño regular, eficaz, con rendimiento y sin riesgos añadidos de cualquier actividad laboral, desde luego la que estaba desempeñando hasta el momento del accidente, sin ninguna duda.

."Se trata de una paciente con secuelas graves en el pie izquierdo, con alteración muy severa de la arquitectura del pie que le provoca dolor severo al apoyo, secuelas consideradas definitivas incapacitantes e invalidantes, sin expectativa alguna de mejoría".

Asimismo, cuanto menos, resulta de aplicación lo establecido en los artículos 193 y 194.1 b) 2 y 4 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que definen la incapacidad permanente total, al encontrarse la trabajadora inhabilitada para todas o las más fundamentales tareas de la profesión habitual que, según el testimonio de dos trabajadoras del mismo centro donde la recurrente prestaba sus servicios, supone requerimientos físicos notables, en algunos casos desempeñando funciones de gerocultora, y continua deambulación por todas las dependencias del centro geriátrico . Circunstancias incompatibles con las limitaciones de la trabajadora que precisa silla de ruedas para desplazarse, y solo tolera la marcha sin muletas por terrenos regulares y distancias cortas.

El examen de la censura planteada exige partir del concepto general de incapacidad permanente del art. 193.1 de la Ley General de la Seguridad Social, que condiciona su reconocimiento a la existencia de disminuciones anatómico- funcionales persistentes y objetivas, que disminuyan o anulen la capacidad laboral del solicitante. Para reunir estos presupuestos, la norma exige el sometimiento del afectado a los tratamientos médicos pautados, siempre que no supongan un riesgo considerable de fracaso o de efectos secundarios importantes, pues con carácter general, solo una vez finalizadas las terapias y a la vista de sus resultados, podrán calificarse los menoscabos como duraderos y valorar su entidad.

La incapacidad permanente absoluta se define en el art. 194.1 c) y 5 de la Ley General de la Seguridad Social de 2015, según la redacción de su disposición transitoria vigésimasexta, como la inhabilitación completa para todo trabajo, entendida como la existencia de impedimentos físicos o psíquicos presumiblemente definitivos (o de curación incierta o a largo plazo) e incompatibles, por sus repercusiones funcionales, con el desempeño regular, eficaz, con rendimiento y sin riesgos añadidos de cualquier actividad laboral o productiva a la que el trabajador pueda tener acceso en el mercado laboral.

La incapacidad en grado de total subsidiariamente solicitada, requiere que las patologías acreditadas del trabajador/a le ocasionen un déficit funcional duradero que le impida el ejercicio estable, eficaz y con rendimiento de las labores de su profesión habitual entendiendo por tal, la que fundamentalmente realizaba antes de la enfermedad, o la desempeñada normalmente antes del accidente, siempre que no se halle impedido para ejercer otra actividad (artículo 194.1 b), 2 y 4 TRLGSS de 30 de octubre de 2015). La concurrencia de estas circunstancias ha de valorarse conforme a la singularidad de cada caso tomando en consideración, más que los diagnósticos, las limitaciones que ocasionan en la persona que los sufre, y su concreta repercusión en el desempeño laboral.

En el supuesto que nos ocupa, la versión judicial describe un cuadro clínico integrado por dolencias de distinta naturaleza. La más relevante desde el punto de vista funcional, es la que dio lugar al proceso de incapacidad temporal iniciado el 26 de mayo de 2020, del que trae causa el procedimiento que ahora nos ocupa.

La trabajadora fue dada de baja médica en esa fecha por fractura de 2º,3º y 4º metatarsos del pie izquierdo, sin relación con el desempeño laboral. Durante el prolongado periodo de incapacidad temporal fue tratada con osteosíntesis, que precisó nueva reartrodesis en abril de 2021. Aunque no se aprecia fracaso del implante, la evolución en los meses posteriores no fue buena y apareció un bultoma plantar con dolor a la presión al realizar el apoyo. En diciembre de 2021 cuando fue alta en rehabilitación, toleraba marcha sin muletas en distancias cortas y por terrenos no irregulares, y se encontraba pendiente de recibir una nueva plantilla ortopédica sin carga en la zona protusa, que le había sido indicada por traumatología, con revisión al mes.

En febrero de 2022 - fecha del hecho causante- la trabajadora presentaba una limitación en el balance articular del tobillo izquierdo inferior al 50%, y marchaba con acusada claudicación por dolor al apoyo del pie, aún pendiente de la entrega de la plantilla.

El Juzgador de instancia, en el uso de las amplias facultades de valoración de los elementos de convicción que legalmente tiene atribuidas ( art. 97.2 LJS), concluyó que los menoscabos expuestos no impedían desarrollar las fundamentales tareas de la profesión de supervisora de geriatría, que no exigen deambulación prolongada por terrenos irregulares, añadiendo "en cualquier caso ha de estarse a los resultados de la plantilla que se ha indicado y a la implantación de la prótesis en la rodilla".

El recurso sustenta su petición en datos distintos de los reflejados en la sentencia sobre el cuadro clínico , las circunstancias del desempeño profesional o la falta de aptitud declarada por la empresa que , al no haber sido incorporados por el cauce procesal del art. 193 b) LJS, no pueden ser tenidos en cuenta y resultan ineficaces para alterar la aplicación normativa de la resolución recurrida, cuyo fundamento cuarto, proporciona igualmente información decisiva sobre los restantes diagnósticos razonando: " la patología cardiológica le podría suponer una disminución de capacidad para trabajos en los que fueran precisos grandes esfuerzos físicos, circunstancia que no se da en el de supervisora. No determinan limitación de la capacidad laboral los problemas endocrinológicos ni la apnea, respecto de la cual no se ha constatado tratamiento. Por lo que respecta al aspecto psicopatológico, la actora fue diagnosticada de un trastorno en data reciente, sin que consten síntomas de magnitud que le impidan desempeñar con regularidad y eficacia ni su trabajo ni otros presentes en el mercado laboral."

En definitiva, la situación descrita puede dificultar el desenvolvimiento de alguna de las funciones de supervisión en clínica geriátrica que exijan deambulación, y justificar en momentos puntuales de exacerbación clínica una incapacidad temporal, pero en el momento actual no condiciona déficits objetivos que impidan el desempeño de todas o las fundamentales tareas de su actividad laboral, y desde luego, no resulta incompatible con la generalidad de profesiones u oficios, lo que determina el rechazo de la censura jurídica y la íntegra confirmación de la resolución impugnada.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,