Sentencia Social 1026/2023 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 709/2023 de 25 de julio del 2023

PRIMERO: La sentencia de instancia desestima la pretensión de la actora contenida en la demanda por ella interpuesta frente a la empresa DIRECCION000 y encaminada a que con amparo en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, se declarase su derecho a tener una jornada de trabajo de lunes a jueves de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas y los viernes de 10 a 14 horas con la finalidad de conseguir la conciliación familiar y laboral, con condena de la empresa a estar y pasar por esta declaración cumpliendo con la misma, así como a abonarle una indemnización adicional de 3.005 por los daños y perjuicios ocasionados (incluso morales), por la vulneración de su derecho fundamental a la igualdad y no discriminación, a la intimidad familiar así como del derecho de protección a la familia y la infancia.

Frente a dicha sentencia se alza en suplicación la trabajadora demandante cuya representación articula en el recurso que interpone un total de cuatro motivos de suplicación, amparado el primero en el apartado a) del artículo 193 de la LRJS, el segundo en el apartado b), y los dos restantes motivos en el apartado c) del mismo precepto legal. El recurso interpuesto ha sido impugnado de contrario por la empresa demandada y por el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO: En el primero de los motivos, con adecuado amparo procesal en el apartado a) del artículo 193 de la LRJS, insta la parte recurrente la declaración de nulidad de actuaciones con reposición de las mismas al momento anterior a la celebración del juicio a fin de que por el juzgador se practiquen las pruebas testificales que fueron inadmitidas, denunciando la infracción de los artículos 90.3, 92 y 94 de la LRJS, en relación con los artículos 299 y 360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativos a la proposición y admisión de pruebas, así como el artículo 202 de la LRJS y el artículo 24 de la Constitución.

Se alega que reiterada jurisprudencia constitucional impide a los órganos judiciales denegar una prueba oportunamente propuesta y posteriormente fundar su decisión en la falta de acreditación de los hechos cuya demostración se intentaba obtener mediante la actividad probatoria que no se permitió practicar. Se señala que la parte actora propuso dos pruebas testificales. Por un lado la de Dª Mariola, siendo que en el hecho séptimo de la demanda se describían las funciones de dicha trabajadora, coordinadora como la actora pero en la tienda de Oviedo, y que prestaba servicios una hora diaria fuera del horario de apertura al público y que fue propuesta como testigo interesando su citación en el otrosí de demanda, lo que fue denegado por providencia contra la que la parte actora interpuso recurso de reposición que fue desestimado en auto de fecha 15 de noviembre de 2022), y propuesta dicha testifical nuevamente en el acto del juicio fue denegada dicha prueba, efectuándose la oportuna propuesta. Y por otro lado la de Dª Lorenza, siendo que en el hecho sexto de la demanda se recogía que esta trabajadora, compañera de la actora en la tienda de DIRECCION003, dejó a partir del 21 de noviembre de 2019 de realizar las labores que en sustitución de la actora venía realizando por las tardes, habiendo sido propuesta dicha testifical en escrito de fecha 7 de noviembre de 2021, no habiendo recibido dicha parte ni por Lexnet ni por correo certificado la providencia que denegando dicha prueba fue efectivamente dictada, y que propuesta dicha testifical nuevamente en el acto del juicio, junto con la de Mariola, fue denegada por el juzgador de instancia, habiéndose formulado la correspondiente protesta.

Manifiesta la parte recurrente que con tal denegación habida, se le privó de poder acreditar, entre otros aspectos, el horario y las funciones que realiza la coordinadora de Oviedo, y poder comparar con las de la actora, como también el poder ilustrar sobre la carga de trabajo que existe por las tardes y su evolución a lo largo de la semana en la tienda de DIRECCION003, y que sin embargo el juzgador admitió la testifical que fue propuesta en el acto del juicio por la empresa en la persona de la responsable del servicio, superior jerárquica de la demandante, desestimando en base a dicho testimonio las pretensiones de la actora. Considera que se ha causado una limitación de los medios de defensa de la parte actora, generándole a la misma una indefensión, por lo que interesa el acogimiento del motivo, y que sea declarada la nulidad de actuaciones con reposición de las mismas al momento inmediatamente anterior a la celebración de la vista a fin de que por el juzgador a quo se practique la prueba testifical propuesta en su día que fue inadmitida.

La recurrente viene a sostener que se ha vulnerado su derecho de defensa por la denegación habida de las dos pruebas testificales por ella propuestas.

Al respecto cabe traer a colación la doctrina constitucional contenida, entre otras muchas, en STC 128/2017, en la que se recuerda que sobre el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, existe ya un amplio cuerpo doctrinal en el que se ha afirmado que presenta una estrecha relación con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1, así como con el derecho de defensa del apartado 2º del mismo precepto, del que es realmente inseparable. Precisamente esta inescindible conexión ha permitido al TC afirmar que el contenido esencial del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa se integra por el poder jurídico que se reconoce a quien interviene como litigante en un proceso de provocar la actividad procesal necesaria para lograr la convicción del órgano judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos relevantes para la decisión del conflicto objeto del proceso.

El derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías legales incluye, desde luego, el derecho de las partes a practicar en el proceso y con arreglo a las normas que rigen el mismo, las pruebas, dentro de las previstas por la legislación procesal, de las cuales intentan valerse. Conforme al artículo 283 LEC, no deberá admitirse ninguna prueba que, por no guardar relación con lo que sea objeto del proceso, haya de considerarse impertinente. Tampoco deben admitirse, por inútiles, aquellas pruebas que, según reglas y criterios razonables y seguros, en ningún caso puedan contribuir a esclarecer los hechos controvertidos. Además nunca debe admitirse como prueba cualquier actividad prohibida por la ley. Estos tres parámetros (impertinencia, inutilidad e ilegalidad) son los que han de servir para valorar si en este caso la denegación de la prueba ha vulnerado el derecho de la parte recurrente a un proceso con las debidas garantías y se debe acordar la nulidad pedida.

Sobre el derecho a la prueba en los procesos judiciales existe una abundante doctrina del Tribunal Constitucional condensada en la sentencia de dicho Tribunal 22/2008, de 31 de enero, que puede resumirse en los siguientes términos:

"a) El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa es un derecho fundamental de configuración legal, en la delimitación de cuyo contenido constitucionalmente protegido coadyuva de manera activa el legislador, en particular al establecer las normas reguladoras de cada concreto orden jurisdiccional y de cada proceso, a cuyas determinaciones habrá de acomodarse el ejercicio de este derecho, de tal modo que, para entenderlo lesionado, será preciso que la prueba no admitida o no practicada se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, sin que en ningún caso pueda considerarse menoscabado este derecho cuando la inadmisión de una prueba se haya producido debidamente en aplicación estricta de las normas legales.

b) Este derecho no tiene, en todo caso, carácter absoluto o, expresado en otros términos, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquéllas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales el examen sobre la legalidad y la pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas, de modo que puede resultar vulnerado este derecho en caso de denegación o inejecución imputables al órgano judicial cuando se inadmiten o inejecutan mediante una interpretación de la legalidad manifiestamente arbitraria o irrazonable. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado, fallando en consecuencia, sin que este Tribunal pueda entrar a valorar las pruebas, sustituyendo a los Jueces y Tribunales en la función exclusiva que les atribuye el art. 117 CE.

c) Es también doctrina reiterada de este Tribunal la de que no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante. Y es que, en efecto, el dato esencial para que pueda considerarse vulnerado el derecho fundamental analizado consiste en que las irregularidades u omisiones procesales efectivamente verificadas hayan supuesto para el demandante de amparo una efectiva indefensión, toda vez que la garantía constitucional contenida en el art. 24.2 CE únicamente cubre aquellos supuestos en los que la prueba es decisiva en términos de defensa, puesto que, de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiera practicado correctamente la admitida, la resolución final del proceso hubiese podido ser distinta en el sentido de resultar favorable a quien denuncia la infracción del derecho fundamental.

En concreto, para que se produzca violación del indicado derecho fundamental, este Tribunal ha exigido reiteradamente que concurran dos circunstancias: por una parte, la denegación o inejecución han de ser imputables al órgano judicial; y, por otra, la prueba denegada o impracticada ha de ser decisiva en términos de defensa, debiendo justificar el recurrente en su demanda la indefensión sufrida....".

Y sobre la denegación de la prueba como garantía integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, en la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2022 (rec. 44/22), se indica que la inadmisión de pruebas propuestas por las partes puede resultar contraria al derecho a la defensa recogida en el art.24.2 CE cuando se hubieran inadmitido pruebas relevantes para la decisión final sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad arbitraria o irrazonable o cuando la falta de práctica de prueba sea imputable al órgano judicial. Por ejemplo, si se deniega las pruebas solicitadas en tiempo y forma mediante motivación genérica o irrazonable ( STC 121/2004).

Aplicando lo expuesto al presente caso se estima que se ha vulnerado el derecho de defensa de la parte demandante al haberse denegado en el acto del juicio la práctica de las pruebas testificales que por ella fueron propuestas en tiempo y forma, sin que tampoco la protesta expresa por ella también formulada en la vista oral (y que según lo dispuesto en el artículo 87.2 de la LRJS es el requisito necesario a efectos del correspondiente recurso contra la sentencia) tuviera éxito.

Efectivamente ya por la actora en el escrito de demanda (en cuyo hecho séptimo alegaba la parte actora que en las instalaciones de DIRECCION001 en Oviedo, Mariola que ostentaba como la actora el puesto de coordinadora de tienda tenía un horario de lunes a viernes de 9:30 a 14 horas y de 15:30 a 20 horas prestando cada día una hora de servicios fuera del horario del servicio ordinario de oficina, lo que al igual que ocurre en el caso de la actora no causa perjuicio productivo alguno toda vez que como encargadas de tienda tienen encomendado trabajo de carácter administrativo), se había solicitado, por medio de otrosí, la citación de Dª Mariola para la práctica de la prueba testifical de la que pretendía valerse en el acto del juicio, señalando que dicha prueba era de vital importancia toda vez que en su condición de coordinadora de la tienda de DIRECCION001 en Oviedo acreditaría el horario en que presta servicios, con especial importancia a la parte del mismo que realiza fuera del horario ordinario del servicio de oficina. Fue dictada providencia el 20 de octubre de 2022 en la que se acordaba "no haber lugar a acceder a la testifical al no constar el interés por dicha prueba ni el conocimiento que los testigos tienen sobre los hechos, pues debe la parte hacer constar los puntos que pretende aclarar con la petición de prueba ( STC 29-4-1992), máxime al no ser hábil dicha prueba para reiterar lo que ha de obrar documentalmente", lo que supone una motivación de la denegación que no deja de ser genérica e irrazonable respecto de la petición que había sido formulada para su práctica. La actora recurre en reposición dicha providencia, argumentando en el recurso que la testifical solicitada pretendía acreditar que una compañera de la actora, que presta idénticos servicios que ésta en la tienda de Oviedo, desarrolla parte de su trabajo fuera del horario ordinario de servicio en la oficina, tal y como pretende la demandante, lo que le ha sido denegado por la empresa, y que no poder contar con la testigo propuesta implica privar a la parte de ilustrar que lo que se le concede a una persona en idéntica posición que la actora, a ella se le niega. Fue dictado auto el 15 de noviembre de 2022 en el que se desestimó el recurso interpuesto confirmándose la resolución recurrida, señalándose por el juzgador ser la misma conforme a derecho, puesto que los motivos de impugnación ya fueron resueltos en la propia providencia cuya reposición se instaba.

Igualmente por medio de escrito presentado el 7 de noviembre de 2022 ante el Juzgado por la parte actora se señalaba como medio de prueba de la que intentaría valerse en el acto del juicio la testifical de Dª Lorenza, cuya citación judicial interesaba. Se indicaba que la testigo era de vital importancia toda vez que en su condición de compañera de trabajo de la demandante puede acreditar el hecho sexto de la demanda (en el que se alegaba que desde el 21 de junio de 2021 dejó de llevar a cabo las tareas de coordinadora en la tienda de DIRECCION003 por las tardes, no asumiendo nadie desde entonces dichas tareas), y además ilustrar sobre el volumen del servicio a lo largo de las tardes de la semana. En providencia de 8 de noviembre de 2022 se acordó "no haber lugar a acceder a la testifical al no constar el interés por dicha prueba ni el conocimiento que los testigos tienen sobre los hechos, pues debe la parte hacer constar los puntos que pretende aclarar con la petición de prueba ( STC 29-4-1992), máxime al no ser hábil dicha prueba para reiterar lo que ha de obrar documentalmente", lo que vuelve a ser una motivación de la denegación que no deja de ser genérica e irrazonable respecto de la petición que había sido formulada.

En el acto del juicio se efectúa por la parte actora la solicitud de práctica de la prueba testifical, tanto de Dª Mariola como de Dª Lorenza, y preguntado por el juzgador su finalidad, se manifiesta por la parte actora que la primera, coordinadora de tienda, es para acreditar que realiza funciones fuera del horario comercial, y que la segunda lo es para acreditar la evolución de la actividad productiva a lo largo de las tardes de la semana. Por el juzgador de instancia se inadmite la práctica de la prueba testifical reseñando lo ya manifestado en las providencias que denegaron la prueba, y manifestando que no se considera tales testificales necesarias e imprescindibles para las pretensiones de la parte demandante, y sosteniendo que cabe valorar como se desarrolla el servicio a través de la prueba testifical propuesta en el acto del juicio por la empresa demandada de la responsable del servicio, Olga, que fue admitida por el juzgador, siendo formulada frente a ello protesta por la representación de la demandante.

Es decir el rechazo por el juzgador de instancia de la testifical de las dos testigos propuestas por la actora lo fue por considerar que dicha prueba no era necesaria ni imprescindible, lo que no puede derivarse de un pronunciamiento anticipado por parte del órgano judicial, ni resulta ser admisible ya que el contenido esencial del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa se integra por el poder jurídico que se reconoce a quien interviene como litigante en un proceso de provocar la actividad procesal necesaria para lograr la convicción del órgano judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos relevantes para la decisión del conflicto objeto del proceso, y por ello la testifical propuesta que fue totalmente inadmitida se revela como prueba que resulta necesaria para poder dar adecuada cobertura al derecho de defensa de la parte demandante, quien se ha visto así privada de la posibilidad de acreditar extremos de hecho contenidos en los hechos sexto y séptimo de su demanda y que considera relevantes para el éxito de su pretensión (como el acreditar el horario y funciones que realiza la coordinadora de la tienda de Oviedo que la actora indica en la demanda que tiene, al igual que ella, encomendadas funciones administrativas y tiene sin embargo un horario en el que presta servicios cada día una hora fuera del horario ordinario de servicio de la oficina, lo que a la actora le es denegado, o el demostrar que no ha habido desde finales de 2021 y hasta la reincorporación de la actora una coordinadora por las tardes en la tienda de DIRECCION003, o cuál es la evolución de la carga de trabajo o actividad productiva en esa tienda a lo largo de las tardes de la semana), y cuando además por el juzgador de instancia para poder dar por acreditado tales extremos fue únicamente admitida la testifical que fue propuesta por la empresa en el acto del juicio en la persona de la responsable del servicio, colocando así a la parte actora en una situación de indefensión que, ante la existencia de posiciones contradictorias de las partes en relación a una situación, se vio privada de poder utilizar los medios de prueba pertinentes y que eran decisivos para la defensa de sus intereses, máxime teniendo en cuenta que por el juzgador de instancia se considera que el supuesto de la demandante no es idéntico al de la trabajadora que la sustituyo y llegó a un acuerdo con la empresa cesando en la actividad de coordinación (se está refiriendo a Lorenza), en la que señala le sucedieron la responsable del servicio y la coordinadora del Oviedo (que se trata de Mariola), y considera que la situación de la coordinadora de Oviedo no es equiparable, señalando que "no consta la situación de trabajadores a los que, estando en la misma situación que la demandante, se les haya aplicado diferente solución", por lo que la testifical propuesta por la actora, y que fue inadmitida, se revela como prueba necesaria para poder dar adecuada cobertura al derecho de defensa de la parte demandante, quien se ha visto así privada de la posibilidad de acreditar extremos de hecho que considera relevantes para el éxito de sus pretensiones, por lo que existe una situación de indefensión que debe ser corregida para la efectividad del derecho fundamental a utilizar en los procesos judiciales los medios de prueba pertinentes para la defensa.

En definitiva, la inadmisión de la prueba testifical propuesta le ha causado a la recurrente una indudable indefensión, lesiva de su derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española. Esta razón es más que suficiente para estimar el recurso interpuesto por la demandante y declarar la nulidad de la sentencia recurrida, con reposición de las actuaciones al momento anterior a la celebración del acto del juicio oral para que para que se lleve a cabo nuevamente y se admitan y practiquen en el mismo las pruebas propuestas por la parte actora.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,