Sentencia Social 450/2024 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 317/2024 de 26 de marzo del 2024

PRIMERO: Por la Tesorería General de la Seguridad Social se instó demandas en procedimiento de oficio, que fueron acumuladas (395 y 403/2022) a fin de que "se declare la existencia de relación laboral entre CEDIPSA, CÍA. ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS S.A. y los trabajadores relacionados en el escrito, y ello en los términos consignados por la actuación inspectora de la que trae causa el presente procedimiento de oficio".

La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Avilés de fecha 22 de diciembre de 2023 desestimó las demandas absolviendo a la demandada -CEDIPSA- de todas las pretensiones deducidas en su contra.

Frente a dicha sentencia se alza en suplicación la letrada de la Administración de la Seguridad Social, a fin de que la sea revocada la sentencia recurrida, y estimada totalmente la demanda promovida por la representación letrada de la TGSS.

SEGUNDO: En el recurso interpuesto, que ha sido impugnado de contrario por la representación letrada de la empresa demandada CEDIPSA, se formula un único motivo de suplicación al amparo procesal del apartado c) del artículo 193 de la LRJS, en el que se denuncia la vulneración del artículo 136.1 de la Ley General de la Seguridad Social, y los artículos 1.1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, considerando que en el caso de autos concurren las notas de ajeneidad, dependencia y retribución exigidas por la Jurisprudencia para la determinación de la concurrencia de relación laboral.

Como quiera que respecto de idéntica cuestión a la que es planteada con el recurso y sobre prácticamente unas mismas alegaciones, esta Sala de lo Social ya se ha pronunciado en la reciente sentencia de fecha 13 de febrero de 2024 dictada en el recurso de suplicación 1753/2023, que ha devenido firme, no cabe sino reiterar, por razones de seguridad jurídica, lo que en ella ya ha sido resuelto, pues los datos que resultan del acta levantada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las cláusulas del contrato no difieren en realidad, más que en lo relativo a las personas o ubicación de la estación de servicios, de los que aparecen constatados y tenidos en cuenta por aquella resolución. En dicha sentencia por la Sala se manifiesta lo siguiente:

... destacar que del acta de liquidación de cuotas levantada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el 17 de enero de 2022 resultan relevantes los siguientes datos:

- De la cláusula primera del contrato resulta que CEDIPSA se compromete a proveer al empresario de la asistencia técnica, comercial y formativa que se requiera, para llevar a cabo la explotación y gestión de laestación y la prestación de los servicios encomendados por CEDIPSA, siendo la actividad principal la comercialización de combustibles y carburantes, que se realizará de acuerdo con unas técnicas comerciales incluidas en el manual básico de la estación de servicio entregado por CEDIPSA.

- El empresario venderá a los usuarios la totalidad de los carburantes y combustibles que se comercialicen en la de la estación, de acuerdo con las pautas de CEDIPSA.

- El mantenimiento de la estación no permite introducir ninguna modificación sin la autorización de CEDIPSA.

- El riesgo del producto depositado en los tanques de la estación será asumido por CEDIPSA.

- El empresario se compromete a aceptar las tarjetas que se indiquen por CEDIPSA, para el pago de las transacciones que se realicen en la estación, a través de los terminales que CEPSA tenga estandarizados.

-El empresario hará entrega de la recaudación obtenida a CEDIPSA.

- El empresario no asumirá en ningún caso el riesgo y ventura de las operaciones comerciales que se efectúen en la estación, ni el impago de las mismas por los clientes.

- Los costes y gastos del mantenimiento de la estación serán a cargo de CEDIPSA.

- CEDIPSA proporciona al empresario la aplicación CONTROLAR para la gestión documental de su actividad, asignándole usuario y contraseña; el empresario deberá remitir a CEDIPSA a través del sistema CEPSANET las ventas de los productos a los efectos del cálculo de las comisiones,

- El personal de la estación deberá cumplir con los estándares de uniformidad que determine CEDIPSA.

- CEDIPSA podrá acceder a las instalaciones para revisar su funcionamiento.

- La formación del personal la realizará CEDIPSA.

- El empresario percibirá de CEDIPSA la contraprestación que se determina en el anexo nº 2 del contrato.

Considera la Letrada de la Administración de la Seguridad Social que en el supuesto analizado concurren las notas de ajeneidad, dependencia y retribución que caracteriza a una relación laboral, así:

1.- Respecto de la ajeneidad, el empresario ha de entregar a CEDIPSA el importe de la recaudación obtenida por la venta de los productos ofrecidos en la estación de servicio y, a cambio, la mercantil se compromete a una remuneración con un componente fijo y otro variable. Además, el empresario no asume el riesgo y ventura de las transacciones comerciales que se efectúen en la estación de servicio, ni el impago de las mismas por los clientes.

2.- Respecto de la dependencia, el empresario debe de efectuar las ventas según el precio comunicado por CEDIPSA, que informará de las ofertas o promociones aplicables a los clientes, efectuándose los pagos a través de los terminales de CEPSA; la mercantil proporciona los aplicativos informáticos para la gestión de la estación, también se facilita el uso de SIGES, sistema de gestión propio para el mantenimiento y logística de las instalaciones; debiendo el titular comunicar el volumen de ventas a la sociedad para el cálculo de la comisión, emitiendo en todo caso los recibos a nombre de CEDIPSA. Existencia de un manual básico de la estación de servicio por el que se rige la misma, la venta que se realizará según la política de suministros de CEDIPSA, lo que puede ser considerado como orden o directriz. Respecto del horario se fija en el contrato, aunque caben modificaciones que se notifican a CEDIPSA.

Otros datos a destacar son la existencia de un manual básico de la estación de servicio por el que se rige la misma, la venta que se realizará según la política de suministros de CEDIPSA, lo que puede ser considerado como orden o directriz ( STS de 10 de julio de 2000, rec. 4121/1999 ), la entrega por la mercantil de listas de ofertas y promociones que se establecerán en todas las estaciones, y la acción formativa que se realiza por CEDIPSA para los trabajadores contratados.

3.- Respecto de la retribución, el sistema estipulado fijo más variable, es perfectamente subsumible en la remuneración que se establece en la relación laboral típica, cuya existencia aquí se defiende entre D. Augusto y CEDIPSA.

La Juzgadora a quo, por el contrario, descarta la concurrencia de las expresadas notas en atención a que:

a) es el empresario el que se ocupa de la selección y contratación del personal, sin intervención alguna de CEDIPSA.

El empresario contrata todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales, teniendo que comunicarlo a CEDIPSA, gestiona y organiza directamente a su personal, ostenta el poder disciplinario sobre el mismo y se encarga de impartir la formación a sus empleados; limitándose CEDIPSA a mantener reuniones con el empresario a efectos de informarle sobre las políticas comerciales de la marca CEPSA.

b) Bien que la Estación de Servicios está configurada comercialmente para prestar el servicio en una franja horaria, de 6.00 a 24.00 horas, pero es el empresario el que fija el horario de apertura y cierre de la Estación de Servicios, que también puede modificar a su voluntad, sin intervención alguna de CEDIPSA, a quien sólo tiene que comunicar el horario comercial que decide, y CEDIPSA no impone horario, ni turnos, no controla ni registra la jornada.

c) CEDIPSA no asume el riesgo y ventura de la actividad empresarial sino que los asume el empresario, que tiene numerosas obligaciones laborales, de Seguridad Social, de prevención de riesgos, etc. Además, CEDIPSA fija o recomienda un precio de venta, tanto del combustible como de los productos de la tienda, pero el empresario tiene liberta para reducir su comisión y aplicar un precio de venta al público inferior al establecido por CEDIPSA, desconociendo ésta el contenido de la contabilidad del empresario, salvo el resultado de las ventas a efectos de comisiones".

Y en los siguientes fundamentos de derecho tercero a octavo, en la sentencia se manifiesta:

" TERCERO: "El Art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores califica como laborales las relaciones en las que se aprecien las notas de ajenidad, dependencia, el carácter retribuido de los servicios prestados y la naturaleza personal de éstos.

La STS-Pleno de 25 de septiembre de 2020 (rec. 4746/2019 ) resume los criterios jurisprudenciales [SSTSde 24 de enero de 2018 (Pleno) -recs. 3394/2015 y 3595/2015; 8 de febrero de 2018 -rec. 3389/2015; y 4 de febrero de 2020- rec. 3008/2017]: para diferenciar el contrato de trabajo de otros vínculos de naturaleza semejante en los siguientes términos:

1) La realidad fáctica debe prevalecer sobre el nomen iuris porque «los contratos tienen la naturaleza que se deriva de su real contenido obligacional, independientemente de la calificación jurídica que les den las partes; de modo que a la hora de calificar la naturaleza laboral o no de una relación debe prevalecer sobre la atribuida por las partes, la que se derive de la concurrencia de los requisitos que determinan la laboralidad y de las prestaciones realmente llevadas a cabo».

2) Además de la presunción iuris tantum de laboralidad que el art. 8 del ET atribuye a la relación existente entre quien presta un servicio retribuido y quien lo recibe, el art. 1.1 del ET delimita, desde el punto de vista positivo, la relación laboral, calificando de tal la prestación de servicios con carácter voluntario cuando concurran, además de dicha voluntariedad, tres notas que también han sido puestas reiteradamente de manifiesto por la jurisprudencia, cuales son, la ajenidad en los resultados, la dependencia en su realización y la retribución de los servicios.

3) La línea divisora entre el contrato de trabajo y otros vínculos de naturaleza análoga (particularmente la ejecución de obra y el arrendamiento de servicios), regulados por la legislación civil o mercantil, no aparece nítida ni en la doctrina, ni en la legislación, y ni siquiera en la realidad social. Y ello es así, porque en el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un «precio» o remuneración de los servicios, en tanto que el contrato de trabajo es una especie del género anterior, consistente en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo, pero en este caso dependiente, por cuenta ajena y a cambio de retribución garantizada. En consecuencia, la materia se rige por el más puro casuismo, de forma que es necesario tomar en consideración la totalidad de las circunstancias concurrentes en el caso, a fin de constatar si se dan las notas de ajenidad, retribución y dependencia, en el sentido en que estos conceptos son concebidos por la jurisprudencia.

2. Este Tribunal ha utilizado como indicio de la existencia de una relación laboral ( sentencias del TS de 24 de enero de 2018, recurso 3394/2015 ; 8 de febrero de 2018, recurso 3389/2015 ; y 4 de febrero de 2020, recurso 3008/2017 ) la diferencia entre la escasísima cuantía en inversión que el trabajador ha de realizar para poder desarrollar la actividad encomendada (herramientas comunes, teléfono móvil o pequeño vehículo) frente a la mayor inversión que realiza la principal y entrega al actor (herramienta especializada, vehículos para transporte de piezas importantes, así como el conocimiento de las instalaciones a montar para lo que se forma al actor).

3. Por el contrario, se tratará de un contrato de arrendamiento de servicios y no de una relación laboral cuando el demandante ( sentencia del TS de 24 de enero de 2018, recurso 3595/2015 ):

1) Se limita a la práctica de actos profesionales concretos.

2) No está sujeto a jornada, vacaciones, órdenes, ni instrucciones.

3) Practica su trabajo con entera libertad; con independencia y asunción del riesgo empresarial.

DÉCIMO .- Este Tribunal define la dependencia o subordinación como la integración «en el ámbito de organización y dirección del empresario (es decir, la ajenidad respecto a la organización de la propia prestación laboral) [...] cristalización de una larga elaboración jurisprudencial en la que se concluyó que no se opone a que concurra esta nota de la dependencia la "autonomía profesional" imprescindible en determinadas actividades» ( sentencia del TS de 19 de febrero de 2014, recurso 3205/2012 ). La dependencia es la «situación del trabajador sujeto, aun en forma flexible y no rígida, a la esfera organicista y rectora de la empresa» (por todas, sentencias del TS de 8 de febrero 2018, recurso 3389/2015 ; 1 de julio de 2020, recurso 3585/2018 ; y 2 de julio de 2020, recurso 5121/2018 ). Es decir, la dependencia o subordinación se manifiesta mediante la integración de los trabajadores en la organización empresarial.

El TS explica que hay indicios comunes a la mayoría de los trabajos y otros específicos de algunas actividades laborales. Los indicios comunes de dependencia son los siguientes:

1) La asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario.

2) El desempeño personal del trabajo. Aunque no excluye el contrato de trabajo la existencia en determinados servicios de régimen excepcional de suplencias o sustituciones.

3) La inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad.

4) La ausencia de organización empresarial propia del trabajador.

UNDECIMO. - 1. Este Tribunal ha considerado indicios comunes de la nota de ajenidad los siguientes (por todas, sentencias del TS de 4 de febrero de 2020, recurso 3008/2017 ; 1 de julio de 2020, recurso 3585/2018 ; y 2 de julio de 2020, recurso 5121/2018 ):

1) La entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados.

2) La adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección de clientela o indicación de personas a atender.

3) El carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo.

4) El cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones.

2. La ajenidad concurre cuando concurren las circunstancias siguientes ( sentencias del TS de 24 de enero de 2018, recurso 3595/2015 ; 8 de febrero de 2018, recurso 3389/2015 ; y 29 de octubre de 2019, recurso 1338/2017 ):

1) Los frutos del trabajo pasan ab initio a la empresa, que asume la obligación de retribuir dichos servicios que están garantizados.

2) No se ha probado que el demandante asuma riesgo empresarial de clase alguna.

3) Tampoco se ha acreditado que realice una inversión en bienes de capital relevante, pues la inversión que constituye elemento esencial de la actividad contratada se entrega directamente por la demandada.

3. La ajenidad en los frutos se produce cuando «la utilidad patrimonial derivada del mismo -es decir, lo que pagan los clientes- ingresa directamente en el patrimonio de la empresa y no en el de los actores (ajenidad en los frutos y en la utilidad patrimonial) y estos percibirán su salario, en la modalidad de por unidad de obra» ( sentencias del TS de 6 de octubre de 2010, recurso 2010/2009 y 19 de febrero de 2014, recurso 3205/2012 ).

4. Este Tribunal ha explicado que «el no establecimiento de retribución o salario fijo, no es un elemento característico delimitador del contrato de trabajo respecto de otras figuras, dado el concepto de salario contenido en el art. 26.1 ET comprensivo de "la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo» ( sentencias del TS de 29 de diciembre de 1999, recurso 1093/1999 y 25 de marzo de 2013, recurso 1564/2012 )."

CUARTO: Para encontrar un concepto de agente, debemos acudir al texto de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes, cuyo Art. 1 lo define como toda persona que, como intermediario independiente, se encargue de manera permanente ya sea de negociar por cuenta de otra persona, denominada en lo sucesivo el "empresario", la venta o la compra de mercancías, ya sea de negociar y concluir estas operaciones en nombre y por cuenta del empresario.

La Ley 12/1992, de 27 mayo, sobre régimen jurídico del contrato de agencia - al trasponer al ordenamiento español la Directiva 86/653/CEE-, contempla, como hipótesis normal, la del agente comercial que, al igual que el representante de comercio ( Art. 2.1 del ET ), es ajeno a los riesgos de su actividad, salvo pacto en contrario, por lo que al ser la ajenidad rasgo compartido por ambos negocios jurídicos, se diluye su virtualidad como criterio delimitador. En definitiva, todos los mediadores mercantiles por cuenta propia que responden del buen fin de las operaciones quedan, obviamente, extramuros del Derecho del Trabajo, pero ello no significa que todos los mediadores mercantiles por cuenta ajena vayan a ser titulares de una relación jurídico-laboral. La calificación de la relación, como laboral o mercantil, habrá de hacerse, pues, recurriendo a criterios distintos. Y ese criterio discriminador no es otro que la "dependencia"

Así lo viene a proclamar el TS en su importante Sentencia de 2 de julio de 1996 (rec. 454/1996 ): "La delimitación del ámbito de la relación laboral especial prevista por el artículo 2.1, f) del Estatuto de los Trabajadores , desarrollada por el Real Decreto 1438/1985 , y sus fronteras con la que se genera por el contrato de agencia , regulado por Ley 12/1992 , ha de efectuarse actualmente teniendo presente lo que, transponiendo a nuestro ordenamiento interno la Directiva 86/653 CEE, de 18 diciembre 1986 , determina en términos imperativos esta última Ley , por la que por vía refleja se deja precisado el ámbito de la exclusión de laboralidad que consagra el artículo 1.3, f) del Estatuto de los Trabajadores y el de la relación laboral especial prevista por el artículo 2.1, f) del mismo cuerpo legal . La nota que diferencia al representante de comercio, sometido a la relación laboral especial antes citada, de quien asume el papel de agente como consecuencia de la válida celebración de un contrato de agencia , radica esencialmente en la dependencia, la que ha de presumirse excluida, con consecuencias eliminatorias de la laboralidad, cuando aquel que por cuenta de una o varias empresas se dedica a promover o a promover y concluir, actos u operaciones de comercio, despliega dicha actividad en términos de independencia, circunstancia ésta que ha de entenderse concurrente en aquellos supuestos en que, al asumir dichas funciones, queda facultado para organizar su actividad profesional y el tiempo que fuera a dedicar a la misma, conforme a sus propios criterios, sin quedar sometido, por tanto, en el desenvolvimiento de su relación, a los que pudiera impartir en tal aspecto la empresa por cuya cuenta actuare" [En el mismo sentido, SSTS de 21-10-1996 (rec. 4053/1995 ), 17-4- 2000 (rec.1423/1999 ) y 21-07-2016 (rec. 2147/2014 )].

A lo que se ve el Tribunal Supremo a la hora de trazar el perfil propio del contrato de agencia lo hace siguiendo las pautas que establece el propio art. 2.1 de la Ley 12/1992 , al establecer que "no se considerarán agentes los representantes y viajantes de comercio dependientes ni, en general, las personas que se encuentren vinculadas por una relación laboral, sea común o especial, con el empresario por cuya cuenta actúan", a lo que se continúa añadiendo, en el número siguiente, que: "Se presumirá que existe dependencia cuando quien se dedique a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena o a concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, no pueda organizar su actividad profesional ni el tiempo dedicado a la misma conforme a sus propios criterios".

Esto es la nota o característica profesional que distingue la relación laboral especial del Art. 2.1.f) del Estatuto de los Trabajadores , frente al contrato de agencia mercantil, es la dependencia del trabajador. Pero si el operador mercantil no disfruta de una mínima autonomía funcional, compatible con la nota de dependencia, su relación laboral no será especial, sino de naturaleza común.

QUINTO: Un dato relevante para la resolución del recurso es el hecho de que el denominado "cofista" en la jerga de la recurrida contaba con una organización empresarial propia; según lo que se declara probado en la resolución de instancia, Augusto, "en su calidad empresario independiente, adoptará las medidas necesarias para la realización, con personal de su organización, de las tareas precisas para cumplimentar los servicios contratados, organizando adecuadamente el trabajo, estableciendo el personal de mando que precise para la mejor programación, coordinación y control de los trabajos a desarrollar".

Consta efectivamente acreditado que el referido empleador procedió a contratar el personal que estimó oportuno y necesario para explotar la estación de servicios, en concreto contrato a los 11 trabajadores que, junto con él, aparecen codemandados en el presente litigio, respecto de las cuales ejercitó sus potestades como empleador: organizo las jornadas y los turnos de trabajo, concertó y les abono los salarios, los seguros sociales, les dio de alta y de baja en la Seguridad Social y asumió con carácter general, según se especifica en la fundamentación jurídica, la gestión u organización directa de dicho personal, al margen y sin intervención alguna de CEDIPSA y sin que esta exigiera un número mínimo o máximo de empleados trabajadores, o llevara a cabo supervisión o control alguno sobre las personas contratadas por el cofista, que no se limitó a ser un mero delegado o mando intermedio de aquella compañía, sino que era quien efectivamente ostentaba el poder directivo y disciplinario sobre aquellos, se encargaba de impartir la formación a sus empleados y se responsabilizaba de la prevención en materia de riesgos laborales.

En otras palabras, el cofista se servía de sus propios empleados para atender la gasolinera y realizar las ventas y los cobros tanto de los productos de la tienda como de las gasolinas y los combustibles almacenados en sus tanques, lo que excluye el carácter personalísimo de la prestación.

SEXTO: Por otra parte, siendo cierto como afirma la recurrente que CEDIPSA era la propietaria de la estación de servicio, de los medios materiales adscritos a la misma, del combustible y carburantes que se expendía y de los otros productos de venta en la tienda de la estación de servicios, y que se encargaba igualmente de la asistencia técnica, comercial e formativa, asumiendo el riesgo del producto depositado en los tanques y de los posibles impagos de los clientes, no se aprecia sin embargo la nota de dependencia pues, conforme señala la juzgadora a quo, aunque la estación está configurada comercialmente para prestar el servicio en una franja horaria de 6.00 a 24.00 horas, pero es el empresario el que fija el horario de apertura y cierre de la estación de servicios, horario que también puede modificar a su voluntad, sin intervención alguna de CEDIPSA, a quien sólo tiene que comunicar el horario comercial que ha decidido; esto es, fuera de las instrucciones del contrato para la comercialización de los productos, no consta que CEDIPSA ordenara o registrara las horas que tenía que trabajar el cofista, o cómo se tenía que organizar el trabajo en la gasolinera, o que aquella llevara control de clase alguna sobre ese tiempo de trabajo o sobre la programación de la actividad.

CEDIPSA, en suma, no ejercía ningún control sobre las vacaciones que disfrutaba el cofista, ni sobre su horario y jornada de trabajo, no constando tampoco que ejerciera sobre él ningún tipo de potestad disciplinaria, limitándose este a cumplir con los términos que se habían pactado en el contrato.

Consta acreditado también que, aunque las tarifas de precios de los carburantes y de los productos de la tienda los fija CEDISA, el empresario cuenta con libertad para, a su costa y asumiendo el riesgo y ventura, reducir su comisión y aplicar un precio de venta al público de aquellos productos y servicios inferior al establecido por CEDIPSA, sin necesidad de dar cuenta ni de informar de su contabilidad a la principal ( clausula 2.1.1 del contrato de prestación de servicios de 17 de marzo de 2019).

A este respecto cabe tener presente con la STS 1ª de 20 de diciembre de 2018, (rec. 1184/2016 ) que:

"1.- En lo que se refiere a la nulidad de los acuerdos por fijación directa o indirecta de los precios de venta ( art. 81.1º, apartado a), TCE ; actual art. 101.1 a) TFUE ), hemos recordado en la sentencia de pleno 67/2018, de 7 de febrero , que, si bien en un primer momento, respecto de contratos de abanderamiento similares al de este procedimiento, esta sala mantuvo una postura muy estricta en las sentencias 1066/2008, de 20 noviembre , y 249/2009, de 15 de abril , el criterio se matizó a partir de la sentencia 863/2009, de 15 de enero de 2010 , en la que, siguiendo la pauta fijada por el Tribunal de Justicia en la STJCE de 11 de septiembre de 2008, C-279/06 (caso Cepsa ), y la STJUE de 2 de abril de 2009, C- 260/07 (caso Pedro IV ), estableció que las cláusulas relativas a los precios de venta al público pueden acogerse a la exención por categorías prevista en el Reglamento CEE nº 1984/83 si el proveedor se limita a imponer un precio de venta máximo o a recomendar un precio de venta y el revendedor tiene la posibilidad real de determinar el precio final de venta al público.

Las sentencias 214/2102, de 16 de abril ; 447/2012, de 10 de julio ; 491/2012, de 20 de julio ; y 601/2012, de 24 de octubre , refrendaron esta postura. Y las sentencias 713/2014, de 17 de diciembre , 764/2014, de 13 de enero de 2015 (Pleno ), 699/2015, de 17 de diciembre , y 450/2018, de 17 de julio, han culminado esta evolución jurisprudencial. Tales resoluciones parten de la doctrina fijada por el TJUE en la citada sentencia de 2 de abril de 2009, caso Pedro IV (C-260/07 ), que atribuye al tribunal nacional que conoce del litigo la facultad de "verificar, teniendo en cuenta el conjunto de obligaciones contractuales consideradas en su contexto económico y jurídico, así como el comportamiento de las partes del litigio principal, si el precio de venta al público recomendado por el suministrador no constituye en realidad un precio de venta fijo o mínimo" (apartado 79). Y para ello debe "examinar si el revendedor tiene una posibilidad real de disminuir ese precio de venta recomendado. En particular, debe comprobar si tal precio de venta al público no se impone, en realidad, a través de medios indirectos o subrepticios, como la fijación del margen de distribución del revendedor o del nivel máximo de las reducciones que puede conceder a partir del precio de venta recomendado, la formulación de amenazas, intimidaciones o advertencias, la previsión de sanciones o el ofrecimiento de incentivos" (apartado 80).

2.- Las sentencias 713/2014 y 764/2014 se remiten expresamente a la sentencia 789/2012, de 4 de enero de 2013 , conforme a la cual "si el contrato permite hacer descuentos en el precio de venta al público, la prueba de su imposibilidad real incumbe a la parte litigante que pide la nulidad, normalmente mediante prueba pericial, de modo que por regla general habrá de respetarse el juicio probatorio del tribunal de instancia sobre este punto", como ya se dijo en las SSTS 61/2011, de 28 de febrero (EDJ 2011/11676 ); 312/2011, de 5 de mayo ; 300/2011, de 13 de junio ; 647/2011, de 28 de septiembre ; 739/2011, de 2 de noviembre ; 166/2012, de 3 de abril ; y 236/2012, de 10 de abril . Y la doctrina contenida en las mismas vuelve a reiterarse en la sentencia 699/2015, de 17 de diciembre .

3.- Las alegaciones de la parte recurrente sobre la fijación de precios son inatendibles. No cabe apreciar infracción de las normas sobre interpretación del contrato cuando la sentencia recurrida parte de la propia literalidad de la cláusula que permite la reducción del precio de venta recomendado con cargo a la comisión del agente. La interpretación integradora o sistemática a que se refiere el art. 1285 CC solo procede cuando existen dudas en la literalidad del contrato, lo que no sucede en este caso, en que prima lo dispuesto en el primer párrafo del art. 1281 CC (por todas, sentencia 82/2014, de 20 de febrero , y las que en ella se citan).

Además, como dijimos en la citada sentencia 236/2012, de 10 de abril :

"[...] no es cierto que el mero hecho de fijar precios a un empresario económico independiente infringiera el art. 81 del Tratado CE (hoy art. 101 TFUE ). Muy al contrario, la ya citada STJUE 2-4-2009 , matizando lo declarado en la STJUE 11-9- 2008 , acordó que las cláusulas contractuales relativas a los precios de venta al público podían acogerse a la exención tanto del Reglamento nº 1984/83 como del Reglamento nº 2790/99 "si el proveedor se limita a imponer un precio de venta máximo o a recomendar un precio de venta y si, por lo tanto, el revendedor tiene una posibilidad real de determinar el precio de venta al público"".

SÉPTIMO: Ya en referencia a la retribución, es cierto que se pactó un componente fijo de 2.700 euros al mes, más impuestos, pero no cabe duda de que la parte sustanciosa del contrato venia constituida por las comisiones, cifradas (ordinal cuarto) en 12 euros por cada metro cubico de combustible - 10 euros si el producto se abonaba con tarjetas CEPSA y 15 euros si era de la gama optima - y el 50 % del margen comercial de la tienda; comisiones propias del contrato de agencia suscrito entre las partes, lo cual no puede considerarse un salario, sino que los ingresos percibidos por tal concepto superaban con creces a los que le habrían correspondido se acuerdo con las tablas salariales del convenio colectivo si hubiera estado contratado laboralmente como encargado general de la estación de servicios, pues le permitían tal como se acaba de ver contar con una plantilla cifrada entre 6 y 5 trabajadores durante el periodo considerado, contraprestación que se justifica en atención a los mayores riesgos que asumía que si hubiera estado contratado por cuenta ajena.

OCTAVO: De todo lo anterior se colige, en el mismo sentido que la sentencia recurrida, que la naturaleza jurídica de la relación entre las partes era mercantil, no tratándose de un contrato de trabajo ni el actor de un trabajador por cuenta ajena, en el sentido del Art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores , pues si bien CEDIPSA tenía la facultad de fijar el precio de los combustibles y de las mercaderías de la tienda, y también facilitaba el SIGES, que es un sistema de gestión para el mantenimiento y logística de las instalaciones, y le informaba de las ofertas y promociones que se establecían en todas las estaciones, el actor gozaba de amplia libertad para organizarse y producir su trabajo, sin directrices directas sobre el modo de proceder, sin control de tiempo de trabajo, empleando sus propios trabajadores hasta el punto de que tenía su propia organización empresarial y no estaba sometido a la disciplina de aquella compañía. En cuanto a la retribución, no se aprecia homogeneidad en su importe, sino que esta era variable en función del importe de la facturación de los productos de la tienda y de las ventas de carburantes.

Este mismo criterio ha sido seguido en supuestos análogos, entre otras, por las STSJ- Castilla y León (Burgos) de 6 de octubre de 2022 (rec. 579/22 ) y 28 de septiembre de 2023 (rec. 542/2023 ); STSJ-Navarra de 25 de mayo de 2023 (rec. 266/2023 ); STSJ-Canarias de 3 de marzo de 2023 (756/2022) y STSJ-Cataluña de 30 de noviembre de 2023 (rec. 2493/2023 )".

Lo expuesto determina la desestimación del recurso de suplicación interpuesto, y la consiguiente confirmación de la sentencia de instancia, ya que no puede considerarse que la relación existente entre CEDIPSA y Celso sea de carácter laboral.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,