Sentencia Social 2718/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 2331/2022 de 27 de diciembre del 2022

PRIMERO: La sentencia de instancia desestimando la demanda de despido interpuesta por la actora frente a las empresas CASTRO ALONSO ASESORES S.L., CASTRO ALONSO CONSULTORES S.L., BLOOMVER TECH S.L., SUMMA ABOGADOS Y ECONOMISTAS FORENSES SLP, y D. Cornelio, declara la procedencia del despido de que fue objeto la misma y acordado por la empleadora Castro Alonso Asesores SL con efectos del 3 de febrero de 2022.

Frente a dicha sentencia se alza en suplicación la trabajadora demandante a fin de que sea declarada la improcedencia del despido con las consecuencias legales inherentes a tal declaración, y responsabilidad solidaria de todos los demandados. En el recurso interpuesto se formulan por su representación letrada dos motivos de suplicación, encaminado uno a la revisión del relato de hechos probados, y destinado el otro al examen del derecho aplicado.

El recurso interpuesto ha sido impugnado de contrario por la representación letrada de las empresas codemandadas CASTRO ALONSO ASESORES S.L., CASTRO ALONSO CONSULTORES S.L., BLOOMVER TECH S.L., y SUMMA ABOGADOS Y ECONOMISTAS FORENSES SLP para que sea confirmada la sentencia de instancia. Así mismo ha sido impugnado por la representación letrada del codemandado D. Cornelio, a fin de que sea ratificada la sentencia de instancia en todos sus extremos, excepto en lo relativo a la responsabilidad solidaria de D. Cornelio, quien solicita en su impugnación la rectificación de un hecho probado de la sentencia recurrida.

SEGUNDO: En el primer motivo del recurso, que se formula por la representación letrada de la trabajadora por la vía que habilita el apartado b) del artículo 193 de la LRJS, se interesa la revisión de los hechos probados de la sentencia de instancia, siendo en concreto sus peticiones, las dos siguientes:

a- que al contenido del hecho probado quinto se adicionen dos nuevos párrafos iniciales del siguiente tenor:

"En fecha 28 de marzo de 2012 se publica en el BORME la ampliación del objeto social de CASTRO ALONSO ASESORES SL a "El desarrollo de las funciones de la administración concursal bajo la denominación social, que se atribuirá todos los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de dichas actividades como titular de las relaciones jurídicas que se establezcan.

En fecha 27 diciembre de 2019, publicado en el BORME 4 de junio de 2020, se eleva a público los acuerdos sociales adoptados el 26 de diciembre de 2019, los cuales incluyen el cambio del nuevo objeto social, que ha eliminado la administración concursal ampliándolo a la actividad de ciberseguridad.".

En apoyo de esta modificación señala el documento nº 29 por su parte aportado (PDF 130 prueba digitalizada demandante); y los documentos que indica y que figuran en la prueba aportada por Castro Alonso SL, PDF 62, DOC REQUERIDA A CASTRO ALONSO ASESORES SL, en los folios siguientes: 95 a 123 del PDF (y en concreto a los folios 95 a 123, y 117 a 122); 127 a 130; 21 a 36; 23 y 24; 1 a 19 (en concreto el 8). Manifiesta que la revisión tiene relevancia porque la realidad es que la empresa de la que es socia la trabajadora se constituyó después de que Castro Alonso Asesores SL abandonara el negocio de la administración concursal, y modificara el objeto social de sus estatutos excluyéndola.

b- que se añada al relato un nuevo hecho probado, como quito bis, y con el siguiente contenido:

"El 28/10/2021, un día después de tener conocimiento de la existencia de la sociedad CENTICOS ASOCIADOS SLP, la empresa accede a la información general del Registro Mercantil de la Sociedad teniendo conocimiento, entre otros, de los siguientes datos: objeto social ("Actividad propia de las profesiones de abogacía, economista, mediación civil y mercantil, y administración concursal, en sus términos más amplios, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente"), fecha de inicio de operaciones (1/1/2021), domicilio social (Gijón), administradores (administrador único: Elisabeth) y cargos sociales y relación de actos inscritos publicados en el BORME. Por esta consulta tiene conocimiento de que los trabajadores de CASTROALONSO Carla, Ramona, Berta y Jorge son socios profesionales de la misma desde el 5/11/2020, fecha de constitución."

Fundamenta tal petición en la prueba obrante como documento nº 27 aportado por la empresa Castro Alonso Asesores SL (PDF 120.ESC 0008442 2022 DOC 1 AL 34 FE.PRE 14 06 2022.pdf. folios 174 a 176), consistente en información general Registro Mercantil de la sociedad Centicus Asociados Sociedad Limitada Profesional expedida el 28 de octubre de 2021, y señalando también que la fecha de conocimiento de la existencia de la empresa (27/10/2021) se reconoce en la carta de despido que figura transcrita en el hecho tercero de la sentencia.

La decisión sobre la revisiones fácticas pedidas exige recordar que es el Juzgador de instancia el que tiene atribuidas con plenitud las facultades para valorar las pruebas y los restantes elementos de convencimiento presentados ante él en el proceso - artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social- y que en su examen sobre tales materiales dispone de amplios márgenes de actuación, no siendo el recurso de suplicación un instrumento adecuado a fin de proceder a una nueva valoración de los medios aportados para traer al proceso los datos fácticos, por el contrario, su naturaleza extraordinaria (que lo difiere del recurso ordinario de apelación) excluye ese objeto, que queda reservado al juicio de instancia, y únicamente permite corregir los errores del Juzgador, cuando con documentos idóneos o con pericias practicadas se pone de manifiesto el desacierto de la convicción judicial ( artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). Igualmente cabe señalar como de este artículo 193 b) y del artículo 196.3 LRJS, y de la que viene siendo su interpretación jurisprudencial pacífica ( SSTS de 11 de junio de 1993, 15 y 26 de julio y 26 de septiembre de 1995, 2 y 11 de noviembre de 1998, 2 de febrero de 2000, 24 de octubre de 2002 y 12 de mayo de 2003), derivan las siguientes exigencias para la prosperabilidad de tal motivo:

a) Que la equivocación que se imputa al Juzgador "a quo" resulte patente, sin necesidad de llevar a cabo conjeturas o razonamientos, de documentos o pericias obrantes en los autos que así lo evidencien.

b) Que se señalen los párrafos a modificar, ofreciendo redacción alternativa que delimite el contenido de la pretensión revisora.

c) Que los resultados postulados, aun deduciéndose de aquellos medios de prueba, no queden desvirtuados por otras pruebas practicadas en autos, pues en caso de contradicción entre ellas debe prevalecer el criterio del Juez de instancia, a quien la ley reserva la función de valoración de las pruebas aportadas por las partes.

d) Finalmente, que las modificaciones solicitadas sean relevantes y trascendentes para resolución de las cuestiones planteadas. Sin la conjunta concurrencia de estos requisitos, no puede prosperar el motivo de suplicación acogido al apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Partiendo de tales consideraciones, procede el rechazo de la modificación pedida para el hecho probado quinto, pues el dato de que la empresa empleadora de la actora, Castro Alonso Asociados SL, lleva dedicándose más de trece años al derecho de la insolvencia y la administración concursal (concursos de acreedores, acuerdos extrajudiciales de pagos, mediación concursal, refinanciaciones de deuda y reestructuraciones empresariales), siendo ésta su actividad principal, ya aparece recogida en los ordinales tercero (carta de despido) y cuarto (en el que la juzgadora declara probados todos los hechos contenidos en la carta de despido), no advirtiéndose, en consecuencia, ningún error u omisión en tal sentido. Por otro lado ya está recogida en el relato la decisión de Castro Alonso Asesores SL de enfocar su actividad hacia el negocio desde la gestion concursal a la de ciberseguridad, abandonando progresivamente el primero, lo que le llevó a despedir por causas objetivas a dos trabajadores en julio de 2021, y que la empresa, no obstante, continuaba gestionando los concursos en los que había sido designada administradora concursal, y en realidad la escritura por la que se elevaron a públicos los acuerdos sociales relativos al cambio del objeto social, se incluye un apartado H), que textualmente reza: "Prestación de todo tipo de servicios de asistencia y gestión administrativa, comercial, financiera, económica y legal. La llevanza de contabilidades. La prestación de servicios de asesoramiento a empresas en las áreas de recursos humanos, así como las áreas de gestión propias de una compañía. El asesoramiento, consultoría y prestación de servicios de gestión empresarial. La prestación de servicios de consulta, asistencia y asesoramiento de carácter técnico, económico, financiero, contable, fiscal, laboral, comercial y organizativo; La elaboración de informes periciales en los ámbitos señalados. Mandato, representación, administración y gestión empresarial. La administración y representación de negocios y patrimonios en general, así como la realización de trabajos administrativos, redacción de correspondencia, establecimiento de sistemas de control, y en general la ejecución de toda clase de trabajos de oficina para todo tipo de empresas....", lo cual es tanto como decir que no se había renunciado a la llevanza de administraciones concursales, no evidenciando error manifiesto alguno de la juzgadora de instancia.

Por el contrario procede acceder a la otra revisión interesada e introducir el nuevo hecho probado que se pide incorporar, como quinto bis, ya que se trata de un hecho incontrovertido el que por la empresa Castro Alonso se tiene conocimiento de la existencia de la sociedad Centicus Asociados, y además porque resulta acreditado de manera directa, clara y evidente con los medios probatorios que la recurrente invoca, la consulta habida a la Información General Mercantil, que refleja con amplitud y detalle la fecha de comienzo de sus operaciones societarias por la mercantil CENTICUS ASOCIADOS SLP, sus administradores y cargos sociales, la consideración de la recurrente como socio profesional de la misma, etc., ofreciendo una descripción plena y exacta de los datos generales de la misma, con la suficiente fuerza de convicción para poner de relieve unos datos que la Magistrada a quo ha omitido en el relato, y que tienen trascendencia en orden a una posible modificación del fallo.

TERCERO: Como quiera que en la impugnación del recurso realizada por el codemandado D. Cornelio se solicita al amparo de las previsiones del artículo 197.1 de la LRJS la rectificación del hecho probado sexto de la sentencia de instancia, procede resolver sobre tal petición revisora a fin de que quede definitivamente configurado el relato fáctico de la sentencia de instancia antes de proceder al examen del motivo formulado por la recurrente en sede de censura jurídica.

Por dicha parte impugnante se pide la sustitución de dicho ordinal que es del siguiente tenor literal: "Don Cornelio es administrador de las codemandadas "Castro Alonso Asesores, SL", "Castro Alonso Consultores S.L.", "Bloomver Tech S.L",y "Summa Abogados y Economistas Forenses SLP". La trabajadora demandante prestaba servicios indistintamente para todas ellas, así como para el mismo Sr. Cornelio, atendiendo las órdenes que éste le dirigía. No consta que entre las sociedades del grupo se contabilizara, compensara y facturara el tiempo de trabajo prestado por la demandante".

Interesa la sustitución del mismo por el siguiente texto alternativo que ofrece:

"D. Cornelio es administrador de las codemandadas "CASTRO ALONSO ASESORES S.L, "CASTRO ALONSO CONSULTORES, S.L.", BLOOMVER TECH S.L.", y "SUMMA ABOGADOS Y ECONOMISTAS FORENSES, S.L.P". La trabajadora demandante prestaba servicios para todas las mercantiles demandadas, atendiendo a las órdenes que daba la dirección y administración de las empresas.

Del informe pericial presentado por KRESTON IBERAUDIT IBAC, SLP, firmado y ratificado en el acto de juicio por el auditor Fulgencio se concluye lo siguiente:

La trabajadora Adriana, percibió sus nóminas durante los ejercicios 2017 a su efectivo despido en 2022, teniendo entre otros conceptos retribuibles uno designado "productividad".

Se ha podido verificar, que la totalidad de los nombramientos como administradores concursales y/o mediadores, de Doña Adriana, han sido facturados, declarados y cobrados en sus cuentas bancarias por las sociedades CAA y SUMMA; existiendo en los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020, cuarenta y ocho nombramientos realizados, por un importe total de 54.251,41 euros, de los cuales treinta y tres son a Doña Adriana. Dicha cantidad ha sido íntegramente facturada por la sociedad SUMMA.

Se ha podido apreciar que existe una correlación entre las fechas en las que se producen ingresos en las cuentas de las sociedades SUMMA y CAA procedentes de los trabajos adjudicados a Doña Adriana y las percepciones de estas en sus nóminas mensuales de una cantidad bajo el epígrafe Productividad".

Con la revisión propuesta se pretende, en primer lugar, la supresión del contenido del ordinal que dice que la actora "(también prestaba sus servicios) para el mismo Sr. Cornelio, atendiendo a las órdenes que este dirigía. No consta que entre las sociedades del grupo se contabilizara, compensara y facturara el tiempo de trabajo prestado por la demandante". Pues bien, en apoyo de la supresión postulada no se señala documento o pericia alguna que avale tal pretensión, siendo además que existe otra documental obrante en autos, como los documentos 21, 16, 17 y 18 del ramo de prueba de la actora , de la que resulta que el impugnante no solamente era el administrador único de todas las empresas del grupo, sino que también participaba en calidad de empresario -persona física - con adjudicaciones propias de concursos de manera personal y no mediante una figura jurídica interpuesta, y que la demandante prestaba servicios para los concursos en los que aquél había sido designado de manera personal administrador concursal, y que en definitiva, avala la convicción fáctica que fue alcanzada por la juzgadora, y que la parte impugnante pretende suprimir.

CUARTO: En el siguiente motivo que ya es formulado por la trabajadora recurrente en sede de censura jurídica, y al amparo procesal del apartado c) del artículo 193 de la LRJS, por su representación letradase denuncian como infringidos los artículos 9.3 y 38 de la Constitución, los artículos 5.d), 21.1, 54.2.d) y 60.2 del Estatuto de los Trabajadores, y el artículo 36 apartados 5, 9 y 11, así como el artículo 37, todos ellos del Convenio Colectivo de ámbito estatal para despachos técnicos tributarios y asesores fiscales (BOE 27/2/2020), y ello en relación con la jurisprudencia que los interpreta, señalando la STS de 27 de noviembre de 2019, rec. 430/2018).

En el motivo se argumenta, como fundamento de la denuncia, que los hechos imputados en la carta de despido y motivadores del mismo, se materializarían en la constitución por la demandante, junto con otros compañeros, de la sociedad CENTICUS ASOCIADOS SLP, cuyo objeto social es la administración concursal, y su actividad en clara concurrencia desleal, y que sin embargo, la empleadora demandada tuvo conocimiento de la existencia de dicha sociedad el 27 de octubre de 2021, habiendo accedido el 28 de octubre de 2021 a toda la información del Registro Mercantil, de modo que en esas fechas tuvo un conocimiento suficiente, cabal, pleno y exacto de los hechos que más tarde se le imputarían a la actora en la carta de despido relativos a su condición de socia profesional de aquella empresa en la que participaba, lo que determina que a tales fechas sea a las que haya que acudir para que se inicie el computo del plazo corto de la prescripción, y al no haberlo hecho así la juzgadora a quo, se infringió la normativa y la doctrina legal que se dejan enunciadas.

Como quiera que la cuestión planteada por la recurrente es coincidente con la que ha sido planteada por la misma representación letrada, y abordada por esta Sala en el recurso de suplicación 2330/2022, que fue interpuesto contra la sentencia (de igual fecha que la aquí recurrida del Juzgado de lo Social nº 3 de Gijón), y que también fue desestimatoria de la demanda que por despido había sido interpuesta por otra trabajadora de la empresa Castro Alonso Asesores SL, que la interpuso contra las mismas partes aquí demandadas, y la cual también había sido despedida mediante carta de despido disciplinario recibida el 3 de febrero de 2022, y en base fundamentalmente a los mismos hechos e imputaciones que los contenidos en la que fue entregada a la trabajadora aquí demandante, no cabe sino estar a lo ya resuelto en dicho recurso.

Sin dejar de señalar que la cita en el recurso de unos preceptos constitucionales resulta inapropiada, al constituir una referencia normativa genérica, existiendo preceptos legales más concretas sobre la materia discutida, hemos de recordar que el Art. 60.2 del Estatuto de los Trabajadores determina que: "Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte días, y las muy graves, a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido".

El precepto contempla una doble previsión y un doble régimen jurídico en relación con la prescripción pues mientras la de los veinte días, conocida como "prescripción corta", comienza a contar desde que la empresa tuvo conocimiento de la comisión de la falta, la de los seis meses o "prescripción larga" comienza a contar desde que se cometió la falta y no desde que la empresa tuvo conocimiento de la misma, con el fin de que la pendencia de una posible falta no se perpetúe a lo largo del tiempo.

Advierte en tal sentido la STS de 14 de diciembre de 2021, rec. 1869/2019, que:

"Esta Sala ha tenido ocasión de analizar la materia concernida elaborando una consolidada jurisprudencia ( SSTS de 15 de julio de 2003; Rcud. 3217/2002; de 11 de octubre de 2005; Rcud. 3512/2004; de 8 de mayo de 2018, Rcud. 383/2017 y 811/2019, de 27 de noviembre, Rcud. 430/2018, entre otras) que resume la STS 13 de octubre de 2021, rcud 4141/2018, del siguiente modo:

"a).- En los supuestos de despidos por transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza, la fecha en que se inicia el plazo de prescripción establecido en el artículo 60.2 ET no es aquella en que la empresa tiene un conocimiento superficial, genérico o indiciario de las faltas cometidas, sino que, cuando la naturaleza de los hechos lo requiera, ésta se debe fijar en el día en que la empresa tenga un conocimiento cabal, pleno y exacto de los mismos.

b).- Se ha de entender que ese conocimiento cabal y exacto lo tiene o adquiere la empresa, cuando el mismo llega a un órgano de la misma dotado de facultades sancionadoras.

c).- En los supuestos en los actos transgresores de la buena fe contractual se cometen por el trabajador de modo fraudulento o con ocultación, eludiendo los posibles controles del empresario, debe tenerse en cuenta que tal ocultación no requiere ineludiblemente actos positivos, basta para que no empiece a computarse la prescripción, que el cargo que desempeña el infractor obligue a la vigilancia y denuncia de la falta cometida, pues en este supuesto, el estar de modo continuo gozando de una confianza especial de la empresa, que sirve para la ocultación de la propia falta, es una falta continua de lealtad que impide mientras perdura que se inicie el computo de la prescripción.

d).- El conocimiento empresarial tiene que ser un conocimiento efectivo, real y cierto, no siendo aceptable sustituir ese conocimiento real y cierto por la mera posibilidad de haber tenido la empresa noticia de los hechos acontecidos, sin que ese conocimiento hubiese tenido lugar. El mero hecho de efectuar en la contabilidad de la empresa los oportunos asientos contables, aunque tal contabilidad se lleve informáticamente y aunque se realicen los pertinentes arqueos diarios, no supone de ningún modo que en la realidad de las cosas la empresa haya tomado noticia y conocimiento de la falta o faltas cometidas".

Precisando la anterior, «se ha declarado que el cómputo de la prescripción de las faltas laborales cometidas fraudulentamente, con ocultación y eludiendo los controles del empresario, no se inicia hasta que éste tenga conocimiento de los hechos y pueda ejercer sus facultades disciplinarias» ( ATS 12-6-02, rec. 2274/2001).

En el supuesto examinado, de la extensa carta de despido se desprende que el motivo para la sanción fue la constitución, junto con otros compañeros y excompañeros de la propia empresa, de una sociedad profesional cuyo objeto social era: "la actividad propia de las profesiones de abogacía, economista, mediación civil y mercantil, y administración concursal, en sus términos más amplios, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente", por lo que existe la competencia desleal pues la actora había sido contratada y venía desempeñando por cuenta de la recurrida, "Castro Alonso Asesores S.L.", el puesto de trabajo de abogada con la posición de responsable jurídica del área de concursos, teniendo asignadas la tareas que se especifican en la carta de despido y que, entre otras, consistían en ejercer como responsable del área jurídica (con poder notarial de representación suficiente para atender servicios jurídicos en diferentes jurisdicciones, entre ellas la civil, concursal y mercantil), y ejercer como administradora concursal.

Conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, plasmada en la sentencia de 8-3-1991, "La concurrencia implica una actividad económica o profesional en satisfacción de un interés privado por parte del trabajador, que entra en competencia económica con la del empresario por incidir en un mismo ámbito de mercado, en el que se disputa un mismo potencial de clientes. Esta Sala, al valorar la concurrencia desleal como quebranto de la buena fe contractual, exige que la concurrencia, aunque no haya originado un perjuicio objetivado, sí que la actividad del trabajador incida en el ámbito de mercado de la empresa, significando una auténtica competencia, y ésta se valora como desleal, porque la perfección profesional que el trabajador adquirió en su relación laboral, es utilizada en contra de su principal, así la sentencia de 30 de marzo de 1987 y las citadas en ella, bien con un carácter más mesurado, para calificar de desleal la concurrencia, se exige que el puesto que el trabajador desempeña en la empresa signifique por su categoría o función la posesión de datos internos de la empresa que constituyen una potenciación de la actividad competitiva, y por ello mismo, una deslealtad en la libre concurrencia del mercado, así la Sentencia de 29 de marzo de 1990, entre otras. Por último, en todo caso y como es obvio, es necesario para que se dé la competencia desleal la ausencia del consentimiento expreso o tácito del empresario.".

Pues bien, con arreglo a la doctrina de mérito, hemos de convenir con la recurrente que la empresa tuvo un cocimiento efectivo, real y cierto, de la participación de la actora en una sociedad de la competencia, los días 27 y 28 de octubre de 2021, pues a través de la información suministrada por el Registro Mercantil vino a tener un conocimiento suficiente de su condición de socia profesional de la mercantil Centicus Asociados SLP. Efectivamente, tal como expresa la propia carta de despido, con ocasión de las prospecciones que regularmente llevaba a cabo la sociedad demandada en el mercado de la administración concursal con el fin de conocer las compañías de la competencia que operaban en el sector, el 27 de octubre tuvo noticia de la constitución de Centicus Asociados, teniendo acceso al día siguiente a toda la información disponible sobre la misma en el Registro Mercantil, y ello le permitió averiguar, no solamente su objeto social, sino que la misma había sido constituida el 17 de noviembre de 2020 por cuatro trabajadores o extrabajadores de la empresa, entre ellos la actora, en calidad de socios profesionales; que la fecha en la que había dado comienzo a sus operaciones había sido el 1 de enero de 2021, que el administrador único de la sociedad era la Sra. Elisabeth, así como del resto de los actos inscritos y publicados en el BORME, lo que permite concluir que en dichas fechas tuvo un conocimiento fehaciente, de la competencia desleal de la trabajadora.

Como es sabido, las sociedades profesionales son aquellas que, constituidas por cualquier forma societaria prevista por las leyes, es decir, bien siendo una sociedad colectiva, comanditaria, de responsabilidad limitada, anónima, o de cualquier otro tipo, presenta como característica esencial que su objeto social consiste, exclusivamente, en el ejercicio en común de una actividad profesional, sea de una única profesión o de varias profesiones (las llamadas sociedades multidisciplinares). En este sentido, la STS (Civil) de 18 julio de 2012 afirma que tal y como establece el art.1.1 Ley 2/2007 de 15 marzo de 2007, las sociedades que deberán constituirse como sociedades profesionales en los términos de dicha Ley son aquéllas que tengan por objeto social el ejercicio en común de una actividad profesional; y para que se entienda que hay ejercicio en común de dicha actividad profesional es necesario que los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le sean atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular de la relación jurídica establecida con el cliente.

En el presente supuesto se le imputa a la actora la constitución de una sociedad de tal carácter, y por tanto ha de apreciarse la prescripción, tanto si se toma en consideración el plazo largo de los 6 meses, toda vez que la empresa comenzó a operar en el tráfico mercantil, en el mismo sector de actividad y en la misma localidad que la que la demandada (su domicilio social es C/ de la Muralla 9 Gijón-Asturias, en tanto que el de la recurrida es la C/ Calle del Prof. Potter 221, Gijón -Asturias), a finales del año 2020, esto es, una vez que el grupo empresarial Castro Alonso adoptó la decisión de abandonar progresivamente el negocio de la gestión concursal y enfocar su actividad hacia la ciberseguridad, habiéndose publicado concretamente el 11/12/20 en el BORME (Boletín Nº : 237. Referencia Nº : 0435112) la constitución de la sociedad, el nombramiento de los miembros del órgano de administración y el alta de los cuatro socios, todos ellos empleados de la compañía. La misma solución se alcanza si hemos de estar al mero transcurso de 60 días desde que la empresa tuvo el 28 de octubre de 2021 un conocimiento cabal, con todo su alcance y significación, de la participación de la actora en una empresa de la competencia que era operativa en el mismo sector de actividad, pues el despido se produjo el día 3 de febrero de 2022.

Procede, en consecuencia, la estimación del motivo y del recurso, y con revocación de la sentencia de instancia, que al estimar la procedencia del despido no se ajustó estrictamente a lo dispuesto en el artículo que se afirma infringido, declarar la improcedencia del despido, conforme a lo dispuesto en el art. 56.1 ET y art. 110.1 LRJS, y ello con condena solidaria de todas las empresas codemandadas, dado el propio contenido del hecho probado sexto, a las consecuencias inherentes a dicha declaración, lo que supone la opción en el plazo de los cinco días siguientes desde la notificación de la presente resolución, entre la inmediata readmisión de la actora en las mismas condiciones con abono en este caso de los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la notificación de la presente resolución a razón de 113,87 euros ( artículo 56.2 ET), o el abono a la misma de una indemnización ( artículo 56 ET y Disp. Transitoria 11ª ET), en la cuantía de 64.051,88 euros, partiendo de los parámetros de antigüedad y salario diario declarados probados, y sin que haya lugar a la imposición de las costas, a tenor de lo preceptuado en el artículo 235 de la LRJS.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,