Sentencia Social 1828/2023 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 1636/2023 de 27 de diciembre del 2023

PRIMERO: Recurso de suplicación.

1. El Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo conoció de los autos 804/2022, promovidos a instancia de Eloy., contra la empresa Bofrost, S.A.U., impugnando la decisión empresarial de despido disciplinario acordado el 14 de octubre de 2022. Con fecha 2 de octubre de 2023 se dictó sentencia desestimatoria de la demanda al considerarse que el trabajador no justificó adecuadamente su ausencia al trabajo desde el momento en que fue dado de alta de la incapacidad temporal por la que no podía trabajar.

2. Recurre en suplicación la defensa del trabajador demandante, planteando en el escrito de interposición cinco motivos de recurso, los dos primeros destinados a la reponer los autos al momento anterior al dictado de la sentencia por insuficiencia de hechos, con soporte en el apartado a) del artículo 193 LRJS; el tercero está destinado a discutir la improcedencia del despido; el cuarto denuncia el incumplimiento del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, y finalmente, en el último, se argumenta sobre la falta de abono de la prestación de incapacidad temporal y del finiquito. Pretende en definitiva que se declare la nulidad de la sentencia recurrida por insuficiencia de hechos, para que se dicte otra nueva estimando sus pretensiones, o subsidiariamente se revoque la sentencia de instancia y se dicte otra estimando la demanda interpuesta por el trabajador en todos sus extremos y costas.

3. El recurso ha sido impugnado por la defensa de la empresa demandada, planteando primeramente un motivo de inadmisibilidad por incumplimiento de requisitos, y discrepando del resto de motivos según expone en el escrito de impugnación. Interesa la desestimación íntegra del recurso.

Sobre el incumplimiento de requisitos del recurso interpuesto de contrario que denuncia la parte impugnante, si bien es cierto que el escrito de interposición no se ajusta en alguno de sus extremos a lo previsto en el artículo 196 LRJS, lo que se irá analizando en el desarrollo de los distintos motivos si es necesario, sin embargo no estamos ante un incumplimiento total y absoluto que determine, de inicio, la inadmisión del recurso, por lo que resulta más adecuado analizar los distintos motivos del recurso a fin de evitar situaciones de indefensión para la parte recurrente.

SEGUNDO: Nulidad de actuaciones.

1. Pretende la recurrente la reposición de los autos al estado en que se encontraban en el momento de cometerse la infracción de normas y/o garantías del procedimiento que ha producido indefensión, en concreto al momento de dictarse sentencia, al amparo del apartado a) del artículo 193 LRJS. Considera que la sentencia de instancia adolece de insuficiencia de hechos probados, señalando que de forma genérica y con gran cantidad de vaguedades da por bueno el relato fáctico expresado por la parte demandada. En el motivo segundo expone la actuación del trabajador durante la incapacidad temporal que padeció, respecto a la remisión a la empresa de los partes médicos de baja, así como que durante ese tiempo la empresa instauró un nuevo sistema de comunicación de incidencias a través de una aplicación informática. Añade que no fue requerido por la empresa para reincorporarse.

2. El artículo 193.a) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, regula como objeto del recurso de suplicación, "reponer los autos al estado en que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión".

Respecto a la insuficiencia del relato fáctico en la sentencia, el TS en su sentencia de 10.07.2000, Recurso 4315/1999, manifestó que "1.- La obligada determinación de los hechos probados en la sentencia se recoge en el art. 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , al expresar, con simpleza, que, entre otros datos, la misma comprenderá "los hechos probados". En forma más garantizadora, se expresa la Ley de Procedimiento Laboral, hoy de la LRJS, cuyo art. 97.2 manifiesta que el Juzgador "apreciando los elementos de convicción declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión". Esta necesidad de motivación fáctica no es solamente una exigencia de la legislación orgánica u ordinaria, sino también de la Constitucional ("las sentencias serán siempre motivadas", según el art. 120.3 CE ) en cuanto, como afirma el Tribunal Constitucional ( STC 14/1991, de 28 de enero , debe reconocerse "el derecho del justiciable a conocer las razones de las decisiones judiciales, y, debe tutelarse por tanto, el enlace de las mismas con la ley y el sistema general de las fuentes de que son aplicación". Ello es consecuencia necesaria de la propia función judicial y de su vinculación a la ley, y el derecho constitucional del justiciable a exigirlo encuentra su fundamento en que el conocimiento de las razones, que conducen al órgano judicial a adoptar sus decisiones, constituye instrumento necesario para contrastar su razonabilidad a los efectos de ejercitar los recursos judiciales que procedan. 2.- En aplicación práctica de lo anteriormente afirmado, una constante y extendida doctrina jurisprudencial, elaborada por los distintos Tribunales del Orden Jurisdiccional Social, ha venido declarando la nulidad de las sentencias dictadas en la instancia cuando las mismas omiten datos esenciales en los "hechos probados" que el Tribunal "ad quem" considera necesarios, a los efectos de fundamentar la sentencia de suplicación o casación. Esta misma jurisprudencia ha proclamado, con igual asiduidad, que esta nulidad se produce cuando las sentencias contienen declaraciones fácticas, oscuras, incompletas o contradictorias. También, ha sentado la necesidad de dejar constancia, en el relato histórico, de los hechos probados, con toda precisión y detalle que requiera el reflejo de la realidad, deducible de los medios de prueba aportados a los autos, con la claridad y exactitud suficientes para que el Tribunal "ad quem" -que no puede alterar aquéllos, sino mediante el cauce procesal adecuado que los recurrentes le ofrezcan- tenga, en caso de recurso, los datos imprescindibles para poder resolver, con el debido conocimiento, la cuestión controvertida. 3.- En definitiva, esta obligación del Órgano Judicial de motivar el "factum" de su sentencia, actúa pues, de una parte, para garantizar el ejercicio adecuado del derecho de defensa en juicio, y, de otra, como elemento preventivo de la arbitrariedad ( A.T.C. 77/1993 ), aunque, lógicamente, esta obligación no debe ser entendida en el sentido de que coarte la libertad del Juez en la formación de su convicción o de que le imponga una extensa y prolija redacción. Basta, en términos generales, con decir que la motivación fáctica -y también, evidentemente la jurídica- ha de ser suficiente; suficiencia que, como todo concepto indeterminado, habrá de ser precisada en cada caso concreto ( STC de 12 de diciembre de 1.994 ). Como afirma la jurisprudencia ( STS de 15 de enero de 1998 )". La declaración de hechos probados debe ser concreta y detallada en el grado mínimo requerido para que los litigantes puedan proceder a su impugnación en todos los aspectos relevantes del proceso, y para que los órganos jurisdiccionales de suplicación o de casación puedan comprender cabalmente el debate procesal y resolver sobre el mismo en los términos previstos en la ley". Como se razona en la STS de 15 de julio de 2010 (rec.219/2009 ), el deber de motivar las resoluciones judiciales se halla integrado dentro del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución , pero conecta de una manera directa con el principio del Estado democrático de derecho -art. 1 de la misma- y con el principio legitimador de la función jurisdiccional en cuanto sometido al imperio de la Ley y por ello exigente de la expresión judicial de los motivos por los que estima que una pretensión tiene o no amparo en la misma -art. 120 de aquélla-, de forma que cuando se omite todo razonamiento respecto de alguna de las pretensiones esenciales no puede sostenerse que se ha dictado una resolución fundada en derecho -por todas SSTC 55/1987, de 13 de mayo , 211/1998 , de 1º de junio, y las que en ellas se citan-, y, aun cuando la exigencia de motivación no excluye la posible economía de los razonamientos, ni que estos sean escuetos, sucintos o expuestos de forma expresa o por referencia a los que ya constan en el proceso "lo importante es que guarden relación y sean proporcionados y congruentes con el problema que se resuelve y que, a través de los mismos puedan las partes conocer el motivo de la decisión a efectos de una posible impugnación y permitan a los órganos judiciales superiores ejercer la función que les corresponde" - SSTC 184/1988, de 13 de octubre - pues "en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que consagra el art. 24.1CE se comprende el de obtener, como respuesta a la pretensión de la parte, una resolución fundada en derecho, es decir, motivada y razonada, lejos de la arbitrariedad, y razonable, extraña al capricho o puro voluntarismo" - STC 232/2992, de 14 de diciembre -. Se trata de exigencias que el Tribunal Constitucional ha venido reiterando hasta la actualidad - por todas SSTC 135/1995, de 11 de septiembre , 184/1998, de 28 de septiembre , 68/1999, de 26 de abril , 32/2002, de 11 de febrero o 65/2009, de 9 de marzo -, en doctrina que ha hecho suya esta Sala del Tribunal Supremo , en reiteradas sentencias entre las que pueden citarse las SSTS de 3 de junio de 2003 (rec.- 151/2002 ) o 3 de diciembre de 2009 (rec.- 30/2009 ), entre otras, de forma que, como se señala en esta última "el razonamiento fundado en derecho se ha convertido en requisito esencial de legitimación y validez de la sentencia" ya que "la obligación de dictar una resolución fundada en derecho no puede ser suplida con la mera omisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento, ya que, la existencia formal de una argumentación no es expresión de la Administración de Justicia, sino mera apariencia de ésta por ser fruto de un mero voluntarismo judicial...".

3. En la sentencia de instancia se contiene un relato de hechos probados adecuado y suficiente que colma las exigencias legales y constitucionales expuestas, pues refleja pormenorizadamente los hechos controvertidos objeto del proceso: así la relación laboral existente entre las partes, el proceso de incapacidad temporal iniciado y completado por el trabajador con minuciosa relación de la remisión de los partes médicos de baja por el actor a la empresa, así como el medio empleado para ello y las diferentes comunicaciones habidas entre las partes. También se declara probada la actuación de la empresa tras el alta médica del demandante, comprensiva de un requerimiento previo a adoptar la decisión de despedir ante lo que considera la patronal la ausencia injustificada del trabajador a su puesto de trabajo. En el desarrollo del motivo la parte recurrente se limita en realidad a argumentar sobre su actuar tras recibir el alta médica, pero se echa en falta la especificación de qué hechos son los omitidos por la recurrida que formaban parte del debate procesal como hechos controvertidos y por ello sujetos a la oportuna constancia en el relato fáctico de la sentencia de instancia, si bien nada de esto se contiene en el motivo y por ello ha de ser rechazada la pretensión anulatoria.

TERCERO: Censura jurídica.

1. El tercer motivo del recurso lo destina la parte recurrente a discrepar del contenido de la carta de despido, al entender que le causa indefensión ya que se encuentra plagada de inexactitudes, vaguedades y referencias erróneas a la normativa aplicable. Expone que de acuerdo con el convenio colectivo aplicable, el despido acordado por la empresa no tiene su base en ninguno de los artículos citados en la carta de despido, y además se remite a una normativa que no está vigente y no sería de aplicación, causando ello una gravísima indefensión al trabajador. Añade que la calificación en la carta de despido como falta muy grave no se encuadra en el tipo adecuado regulado en el Acuerdo para la sustitución de la ordenanza de comercio de 21/03/1996, el cual por otra parte se refiere como falta muy grave a las ausencias injustificadas por más de dos días al trabajo, causa que hubiera justificado el despido disciplinario, si bien la empresa impidió en todo momento al trabajador que pudiera comunicarlo así y tampoco le dio instrucciones para su reincorporación, y por ello la empresa trata de subsumir el despido en una causa inexistente pero que sea genérica y permita encajar la situación que la misma empresa generó y así basan el despido en el apartado 3 del artículo 16 del Acuerdo, único motivo que puede dar lugar a la rescisión del contrato de trabajo como sanción disciplinaria, ya que solo las faltas tipificadas como muy graves podrían llevar aparejada la sanción de rescisión del contrato de trabajo.

2. En el motivo cuarto se denuncia el incumplimiento del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, alegando que el comportamiento del trabajador no ha constituido un incumplimiento contractual grave y culpable que motive el despido disciplinario, por lo que no existiendo infracción alguna ninguna sanción puede llevar aparejada.

3. A la vista del relato fáctico contenido en la recurrida, no discutido por la parte recurrente, que nos habla de un trabajador que permaneció en situación de incapacidad temporal desde el 10.01.2022 hasta el 07.09.2022, momento en el que se le expidió el alta médica por mejoría que permite trabajar, sin que se reincorporara posteriormente a su trabajo y no fue hasta el siguiente día 30.09.2022, esto es, tres semanas después del alta, cuando comunica esta circunstancia a la empresa, la Sala no puede acoger los argumentos de la parte recurrente.

4. En primer lugar, como bien indica la parte impugnante, se vierten alegaciones novedosas por la parte recurrente que no fueron objeto de debate en la instancia, por lo que no pueden ser analizadas en esta alzada so pena de colocar a la otra parte, caso de que prosperaran, en situación de indefensión pues no pudo en el momento procesal previsto para ello, el juicio, articular la defensa que a su derecho conviniera. Así en la demanda la actora se limitó a manifestar que los hechos alegados para el despido son falsos, injustificados y carentes de fundamento, y añade que la comunicación del despido le producía indefensión al trabajador al no acreditar la empresa los incumplimientos que se le atribuyen como causa de despido, siendo los alegados de contrario genéricos.

Como puede apreciarse nada se dice ni de la calificación de los hechos, ni de su tipificación, ni tampoco de la vigencia de la normativa sancionadora utilizada por la empleadora, por lo que no cabe en esta fase de recurso introducir alegaciones que no fueron oportunamente realizadas en el momento del juicio. Expone el Tribunal Supremo en su sentencia de 02.02.2022, Recurso 4633/2018, que como regla general, en los recursos extraordinarios de suplicación y casación no pueden examinarse las denominadas "cuestiones nuevas" porque el objeto de los citados recursos no consiste en volver a enjuiciar la cuestión de fondo sino en examinar la corrección de la sentencia de instancia a la vista de los motivos previstos en la LRJS, lo que excluye que puedan suscitarse cuestiones que no fueron alegadas ni examinadas por el órgano judicial de instancia. En relación con el recurso de casación, la sentencia de Pleno del TS de 16 de diciembre de 2021, recurso 210/2021 , explica que el criterio general de la inadmisibilidad de cuestiones nuevas "tiene su fundamento en el principio de justicia rogada [...] el recurso de casación [...] ha de ceñirse a los errores de apreciación fáctica o a las infracciones de derecho sustantivo o procesal en que haya podido incurrir la sentencia recurrida, en atención tanto a su carácter extraordinario como a las garantías de defensa de las partes recurridas, cuyos medios de oposición quedarían limitados ante un planteamiento nuevo, que desconocería -asimismo- los principios de audiencia bilateral y congruencia".

5. Por lo que se refiere a la vulneración del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, nos encontramos con una denuncia que no se ajusta a las exigencias del artículo 196 LRJS, cuando señala que en el escrito de interposición del recurso, junto con las alegaciones sobre su procedencia y sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, se expresarán, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos. Se ha precisado por el Tribunal Supremo que una denuncia correctamente formulada se tiene que referir necesariamente al precepto o preceptos concretos que resulten vulnerados, individualizados de modo preciso y determinado, sin que a tales efectos sea válida la cita o mención genérica de una norma o de un precepto extenso y complejo, que contenga en su seno disposiciones diversas, pues en tal caso resulta obligado identificar el extremo o extremos específicos del mismo que se consideren conculcados ( SSTS 30.06.10, Rec. 4123/08, y 05.06.12, Rec. 1400/11). El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores contiene una extensa relación de incumplimientos contractuales que permiten a la empresa acordar el despido del trabajador, si bien en el recurso se omite toda especificación de cuál de esos incumplimientos por el que ha sido sancionado el trabajador no concurre en el presente caso, sin que la genérica afirmación contenida en el escrito de interposición de que el comportamiento del trabajador en ningún caso ha constituido un incumplimiento contractual grave y culpable colme las exigencias del transcrito artículo 196 LRJS, pues colocaría a la Sala en una posición de parte que no le corresponde al tener que elegir por la recurrente la causa de despido que considera infringida.

6. Por último, señalar que la carta de despido cumple los requisitos de forma contemplados en el artículo 55.1 ET (no citado por la parte recurrente), ya que contiene los hechos por los que sanciona al trabajador, consistentes en el abandono del puesto de trabajo desde el día 7 de septiembre de 2022, cuando recibió el alta médica sin que hasta tres semanas después, el día 30.09.2022, comunicara a la empresa el alta médica, y sin que tampoco aportara justificación alguna de su ausencia en el trabajo desde el alta no obstante ser requerido para ello por la empresa, lo que es considerado por ésta como una transgresión de la buena fe contractual y pérdida de confianza. Se relacionan pormenorizadamente los hechos tomados en consideración para adoptar la decisión de despido por la empresa, por lo que no se trata de una comunicación plagada de inexactitudes y vaguedades como se afirma por la parte recurrente.

Es por lo expuesto que los motivos se rechazan.

CUARTO: Censura jurídica.

1. En el último motivo de recurso se habla de hechos completamente ajenos al debate procesal, como son que durante la baja el demandante no percibió la prestación por incapacidad temporal, ni tampoco al momento del despido ha recibido el finiquito correspondiente, afirmando que son cuestiones que a pesar de haber sido puestas en conocimiento del juzgador a quo, no han sido resueltas en sentencia con el consiguiente perjuicio a mi representado. Finaliza señalando que durante todo el periodo de IT, la empresa llamaba diariamente desde un número oculto al trabajador, recordándole la obligación de devolver el dispositivo electrónico que le daba acceso a la aplicación META 4, así como para recordarle la obligación de presentar los partes médicos por medio de esa aplicación.

2. El rechazo del motivo resulta obligado a la vista de lo razonado en el fundamento anterior para desestimar las alegaciones nuevas que plantea la parte recurrente, dándose la misma circunstancia ahora, pues en la demanda nada se discute sobre los extremos que se han dejado expuestos.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,