Sentencia Social 18/2023 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 18/2023 de 28 de noviembre del 2023

PRIMERO.- CCOO suplica que se declare vulnerado el derecho a la huelga por la empresa ArcelorMittal España SA en relación con las convocatorias de los días14 y 25 de abril de 2023 al haber impuesto unos servicios mínimos de mantenimiento y seguridad no negociados ni justificados, que se califique tal conducta como nula ordenando el inmediato cese de la misma y se condene a la demandada a abonar una indemnización por daños y perjuicios por importe de 240.000€.

La empresa se opone en base a que actuó con buena fe porque los servicios mínimos impuestos eran técnicamente necesarios y que la premura de tiempo en la convocatoria en relación con la fecha de inicio de las movilizaciones obligó a comunicar a un grupo reducido de trabajadores los servicios mínimos a que venían obligados antes de la reunión para la negociación, alegando las altas medidas de seguridad que exige una parada de una horno alto y los riesgos tanto en la parada como en el arranque. Niega que las medidas técnicas a que se refiere la demanda incidan en un menor riesgo en ambas situaciones y sostiene que existe mala fe en el actor al haber dado una falsa apariencia de conformidad porque dejó transcurrir varios meses antes de la interposición de la demanda. Subsidiariamente entiende que la indemnización es desproporcionada, remitiéndose a la jurisprudencia sobre esta materia.

SEGUNDO.- El artículo 28.2 de la Constitución establece el reconocimiento del derecho a la huelga de los trabajadores en defensa de sus intereses y que la ley que regule este ejercicio establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

En este sentido, el RD 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de trabajo, declara en su artículo 1 que el derecho de huelga podrá ejercerse en los términos previstos en el mismo.

En el artículo 10.2 se refiere a las empresas encargadas de la prestación de cualquier servicio público o de reconocida e inaplazable necesidad, cuando concurran circunstancias de especial gravedad, en los que la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos.

En este sentido el Tribunal Constitucional, en la sentencia dictada el 24 de enero de 2022(R. de amparo nº 3967/2019), analiza la jurisprudencia constitucional al respecto que consideró que el hecho de que se trate de un servicio esencial no significa la supresión del derecho a la huelga sino la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertades o bienes que el propio servicio satisface sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual , y que el establecimiento de esas garantía no puede quedar en manos de ninguna de las partes implicadas en el conflicto sino sometido a un tercero imparcial(Autoridad gubernativa) con el control judicial. Las medidas deben ser motivadas y ponderadas valorando los bienes y derechos afectados, el ámbito personal, funcional o territorial de la huelga, su duración y demás características, con el fin de que los destinatarios conozcan las razones por las que su derecho se sacrificó.

En el presente caso la demanda niega y la empresa no alega que su situación se encuadre dentro de los servicios esenciales, por lo que debe acudirse al artículo 6.7 del RD 17/1977 que establece "El Comité de huelga habrá de garantizar durante la misma la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa. Corresponde al empresario la designación de los trabajadores que deban efectuar dichos servicios", si bien la sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de abril declaró inconstitucional la designación unilateral de los trabajadores afectados por los servicios mínimos.

Por tanto se trata de que las partes social y empresarial negocien los servicios mínimos de seguridad. A la vista del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, en un supuesto en el que se puede entender más restringido el derecho fundamental como son los servicios públicos, la determinación de las medidas debe ser razonada y proporcionada a las circunstancias.

TERCERO.- Los servicios mínimos para el mantenimiento y seguridad en caso de huelga, que databan del año 2005, fueron dejados sin efecto por la sentencia dictada por esta sala el 14 de junio de 2022, pendiente de recurso de casación, que analizó su contenido concluyendo que ese acuerdo no se pactó con carácter indefinido sino " a largo plazo", no goza del efecto de ultraactividad sino que tiene efectos obligacionales y ante la denuncia de una de las partes, que acudió al SASEC , la empresa no aportó justificación en relación con las inversiones realizadas entre los años 2005 y 2006, para mantener la prórroga indefinida.

No hubo ninguna convocatoria ni proposición de negociación de otras medidas para suplir a las anuladas.

La huelga convocada el día 14 de abril para los días 24 y 25 y 28 y 29 del mismo mes, motivó el intento de mediación ante el SASEC; donde se planteó la cuestión de fondo que era la negociación del Acuerdo Marco, y la reunión en las instalaciones de la empresa el 21 de abril para determinar de común acuerdo, los servicios mínimos.

A ella acudió la representación de los trabajadores y por parte de la empresa los encargados de las relaciones laborales. Como declaró el testigo-perito propuesto , Pio, Jefe de Producción de los hornos altos, ni él ni ninguno de sus subordinados acudieron a esa reunión ni emitieron informe para explicar los riesgos de las paradas que interesaba CCOO los días de huelga. En el Acta constan las manifestaciones de quienes acudieron sobre la negativa a parar el horno alto B; dado que el A ya lo estaba por un incendio acaecido en marzo de este año, ni los Sinter ni ninguno de los elementos, aduciendo que quería "no poner en riesgo la reparación del horno A ni someter al B a un estrés técnico innecesario, por el riesgo que puede suponer sobre la instalación" sin otra explicación, proponiendo utilizar el Acuerdo de servicios mínimos dejado sin efecto por sentencia. Se refiere al riesgo en la reparación del horno incendiado, cuya reparación había sido subcontratada a 27 empresas que luego fueron 30, y una genérica seguridad del otro horno y de las instalaciones sin precisar cuáles eran los riesgos concretos de la parada durante la huelga.

A ello se añade que previo a esa primera reunión para decidir los servicios mínimos, ya había enviado la comunicación a un grupo de trabajadores afectados por esos servicios, según el Acuerdo de 2005, alegando razones de premura.

En la segundo convocatoria de huelga para varios días del mes de mayo, la reunión sobre servicios mínimos se llevó a cabo el 28 de abril, con los mismos representantes de la empresa, no acudió ni informó ningún técnico, y la propuesta de ella fue la misma.

Deben tenerse en cuenta las paradas de los hornos altos que se declaran probadas y resultan de la amplia documental aportada por ambas partes, con una duración variable, tanto programadas como no programadas. Si estamos a las no programadas porque la empresa destacó en ellas los mayores riesgos, el horno alto A, en el año 2023 paró dos días en febrero y tres días seguidos en marzo por averías, sin que conste algún incidente derivado de ello. El 22 de marzo se incendió, y fue en el mes de julio cuando se reanudó su actividad.

El horno alto B paró los días 5 y 11 de enero, 3 de febrero, 20 y 31 de marzo, 16 a 18 de abril, 23 de abril, 14 y 15 de julio, 2, 5 ,6, 14 y 21 de julio, etc siempre con una duración no superior a dos días, sin que tampoco conste incidente ni peligro.

Por otro lado, en los Acuerdos del año 2005 se estaba a mantener una producción de ambos hornos altos de 6300 Tm/día, que es el 70% de las 9000 Tm/día que es la normal.

La producción de ambos hornos altos en el año 2023, que también resulta de la documental aportada por la empresa, fue variable, desde 20 Tm/día del horno B en un día del mes de marzo, hasta las 7077 del mismo el día 15 de enero.

Los días de la convocatoria de la huelga,(hecho probado 16ª), la producción no bajó, no sólo en las fechas en que se había desconvocado(días 24 y 25 de abril) sino en los restantes.

Así los días 28 y 29 de abril fue de 6370,9 y 6858,7, superiores a varios días de los meses de enero y febrero en cualquiera de los hornos.

En el mes de mayo, la producción fue variable desde las 25 a las 7445,4Tm/día, y curiosamente los días de huelga la producción alcanzó casi el máximo. Fue de 7024,1(día 2), 7443,1(día 4), 6565,6(día 5), 7390,7(día 6), 6734,9(día 8), 6389,1(día 10), 6647,3(día 12), 7177,6(día 15), 6969,1(día 17), 7244,6(día 22), 7238,2(día 23) y 7415,2(día 25).

No resulta que los Sinter ni el resto de elementos hayan reducido su actividad.

En cuanto al horno alto A que se había incendiado el 22 de marzo del presente, la empresa alegó que era necesario destinar al mismo, por razones de seguridad, no sólo al personal de mantenimiento sino al de producción, de forma que la totalidad de los trabajadores fueron llamados a prestar servicios mínimos.

En el informe aportado por la demandada, elaborado por el testigo-perito, se dice que la grave situación del horno incendiado hacía imprescindible disponer de profesionales mecánicos para maniobras con fluidos y en los circuitos de refrigeración, profesionales eléctricos para el aislamiento o dar servicio a los equipos de las empresa subcontratadas, personal de nave de colada para retirar porta-vientos, toberas u otros elementos, y operadores de panel de control de estufas y circuitos de refrigeración.

Es una alusión genérica al personal destinado en el horno sin concretar qué número de operarios de cada rama y dentro de ella en cada puesto de trabajo eran necesarios, el número de días u horas de trabajo con el mismo fin ni ningún otro dato que explique realmente las necesidades de seguridad, teniendo en cuenta que eran las empresas subcontratadas quienes realizaban las tareas de determinación del alcance del daño y de la reparación en sus distintas fases, de forma que el personal de ArcelorMittal era de apoyo.

En las reuniones mantenidas para determinar los servicios mínimos, ni siquiera constan los escasos datos contenidos en el informe, como ya se declaró probado.

CUARTO.- El ejercicio del derecho de huelga es calificado reiteradamente por el Tribunal Constitucional desde la sentencia de 8 de abril de 1981, de subjetivo por su contenido y fundamental por su configuración constitucional:" Define al derecho de huelga el ser un derecho atribuido a los trabajadores "uti singuli", aunque tenga que ser ejercitado colectivamente mediante concierto o acuerdo entre ellos. Para aclarar lo que se entiende por ejercicio colectivo debe señalarse que son facultades del derecho de huelga la convocatoria o llamada, el establecimiento de las reivindicaciones, la publicidad o proyección exterior, la negociación y, finalmente, la decisión de darla por terminada. Se puede, por ello, decir que si bien la titularidad del derecho de huelga pertenece a los trabajadores, y que a cada uno de ellos corresponde el derecho de sumarse o no a las huelgas declaradas, las facultades en que consiste el ejercicio del derecho de huelga, en cuanto acción colectiva y concertada, corresponden tanto a los trabajadores como a sus representantes y a las organizaciones sindicales".

Goza además de una singular preeminencia por su más intensa protección. En efecto, la Constitución reconoce en su art. 37 el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, pero desgaja de este marco general una de ellas, la huelga, para colocarlo en lugar preferente, el art. 28, confiriéndole -como a todos los de su grupo- una mayor consistencia que se refleja en el mayor rango exigible para la Ley que lo regule y en la más completa tutela jurisdiccional, con un cauce procesal ad hoc en la vía judicial ordinaria y el recurso de amparo ante nosotros ( arts. 53, 81 y 161 CE) ( sentencia TC de 28-9-1992).

La finalidad del derecho de huelga es la de presionar a la empresa, no perjudicar a su empleadora o a terceros, porque, conforme con la sentencia del Tribunal Supremo 17 de diciembre de 1999 , es el derecho que tienen los trabajadores a no prestar el trabajo mientras la empresa no les conceda unas condiciones en el desempeño del mismo que se estiman exigibles, y aunque ciertamente este derecho acarrea perjuicios a la empresa, este mal no es la finalidad y el objeto de ella sino obtener condiciones que mejoren los intereses profesionales de los trabajadores», tal como se desprende en forma positiva del artículo 28 CE.

Conforme con la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia, la huelga está reconocida como un derecho subjetivo de carácter fundamental a favor de los trabajadores precisamente para poder presionar a los empresarios en la obtención de sus intereses; es " una perturbación que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y en particular en el proceso de producción de bienes y de servicios, que se lleva a cabo en forma pacífica y no violenta mediante un concierto de los trabajadores y de los demás intervinientes en dicho proceso" y " constituye un instrumento de presión que pretende modificar la correlación de fuerzas existentes entre las partes es consustancial a ella la producción de daños a la Empresa, que han de ser superiores a los soportados por los trabajadores". Y respecto de los límites de este derecho dice la STC 43/1990, de 15 de marzo, que « no son sólo los derivados directamente de su acomodación con el ejercicio de otros derechos reconocidos y declarados igualmente por la Constitución, sino que también pueden consistir en otros bienes constitucionalmente protegidos», de modo que tales límites derivan «no sólo de su posible conexión con otros derechos constitucionales, sino también con otros bienes constitucionalmente tutelados ( STC 11/1981, fundamentos jurídicos 7º y 9º)».

En cuanto a las huelgas intermitentes, gozan de la presunción de licitud como declaran las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1999, con cita de las sentencias del Tribunal Constitucional 72/1982, de 2 de diciembre y 41/1984, de 21 de marzo , y de las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de febrero y 30 de junio de 1990 « el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han tenido ocasión de señalar [...] que esta alternancia o sucesión de horas o jornadas de huelga con horas o jornadas de trabajo, dentro de un conflicto colectivo único, no constituye en principio un supuesto de huelga abusiva, pero que puede calificarse como tal cuando el desarrollo de los paros intermitentes produce un daño desproporcionado a la otra parte de la relación de conflicto», señalando a este respecto que «la desproporción entre los daños producidos al empresario y los sacrificios asumidos por los huelguistas» ha de fundamentarse en hechos probados, y que «esta base fáctica ha de ser aportada por el empresario, de acuerdo con sentencia de esta Sala de 30 de junio de 1990 ».

La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2003 recoge la doctrina constitucional y jurisprudencia previa sobre los servicios mínimos durante la huelga, en relación con el párrafo último del apartado 7 del art. 6.º del Real Decreto 17/1977 que dice que «la adopción de las medidas de seguridad no compete de manera exclusiva al empresario, sino que en ellas participa el comité de huelga». El Tribunal Supremo añade:" Así se pronunció, en efecto, el Alto Tribunal. Pero no cabe olvidar que en el propio fundamento jurídico vigésimo de la sentencia 11/81 , declaró también «que no obstante la huelga deban adoptarse medidas de seguridad de las personas en los casos en que tales medidas sean necesarias, y medidas de mantenimiento y preservación de los locales, de la maquinaria, de las instalaciones o materias primas, con el fin de que el trabajo pueda reanudarse sin dificultad tan pronto como se ponga fin a la huelga, es algo que no ofrece seria duda»; que «la ejecución de las medidas de seguridad compete a los propios trabajadores y es éste uno de los sacrificios que el ejercicio responsable del derecho de huelga les impone, pues es claro que no es el de huelga un derecho que pueda ejercerse sin contrapartida»; y que «la adopción de las medidas de seguridad no compete de manera exclusiva al empresario, sino que en ellas participa el comité de huelga que es quien las garantiza, con la inevitable secuela de que la huelga en que el comité no preste esta participación podrá ser considerada ilícita por abusiva».

Tampoco cabe que sea la empresa quien imponga los servicios mínimos, como ya se declaró por el Tribunal Constitucional y reitera el Tribunal Supremo en la sentencia dictada el 17 de marzo de 2021 (r. de casación nº 118/2019) que dice " En todo caso debemos recordar, que la STC 11/1981, de 8 de abril (RTC 1981, 11) , declaró la inconstitucionalidad del último inciso del art. 6.7, en cuanto atribuía al empresario la facultad de designar unilateralmente los trabajadores que deban efectuar dichos servicios, con el argumento de dicha facultad "no compete de manera exclusiva al empresario, sino que en ellas participa el comité de huelga que es quien las garantiza con la inevitable". Lo que en el presente supuesto hubiere comportado igualmente la nulidad de la decisión empresarial, si hipotéticamente se tratare de los servicios de seguridad y mantenimiento de instalaciones y maquinaria durante la huelga, en tanto que la empresa los habría impuesto unilateralmente sin intervención del comité de huelga, ya que "los servicios esenciales de mantenimiento no pueden ser declarados unilateralmente por parte empresarial, sino que es preciso acudir a una negociación con el Comité" ( STS 12-12-2005 (RJ 2006, 2876), rec. 59/2005 )."

Tales pronunciamientos llevan a entender que se vulneró el derecho fundamental a la huelga porque la empresa impuso los servicios mínimos de mantenimiento y seguridad, sin voluntad de negociar dado que incluso antes de la primera reunión ya comunicó a un grupo de trabajadores su designación, y una vez reunidos no aportó ninguna propuesta ni razones de seguridad sino que manifestó su intención de mantener un Acuerdo del año 2005 que ya había sido dejado sin efecto por sentencia dictada en junio de 2022. Aplicó ese Acuerdo en todos sus términos en las dos ocasiones, destinando incluso al horno alto A, que estaba siendo reparado por personal de otras empresas, a la totalidad de los trabajadores, sin justificación ni cuando se intentó la negociación, que era el momento adecuado para hacerlo, ni tampoco en la vista.

Las circunstancias de producción y las paradas no programadas, todas las que se produjeron en el año 2023, de una duración de uno a tres días, llevan a entender no justificada la negativa de la empresa a parar el único horno alto ni los demás elementos de producción y transformación por razones de seguridad, dado que en esas cortas paradas no se produjo ningún incidente a pesar de no haber sido previstas; incluso la producción fuera de las paradas, es muy variable, desde unas escasas 20Tm/día a otras cantidades que incluso se alcanzaron alguno de los días de huelga. No son razones de seguridad para la instalación y los trabajadores las que llevaron a la empresa a mantener en activo y a pleno rendimiento toda la fábrica.

QUINTO.- Una vez declarada la vulneración del derecho fundamental, queda por resolver la reclamación de indemnización por daños y perjuicios en 240.000€.

La sentencia del Tribunal Supremo ya referida d e17 de marzo de 2021(r. de casación nº 118/2019) analizó esta consecuencia prevista en el artículo 183 de la LJS y dice: "Como señala esta Sala IV/TS en la sentencia anteriormente señalada, con cita de la STS/IV de 9/12/2020 (RJ 2020, 5033) (rco. 92/2019):

<< (...) el artículo 183 LRJS dispone, en su apartado primero, que "Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados", añadiendo en su segundo apartado que "El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño".

<< (...) probada la violación del derecho de libertad sindical, la sentencia cumplió con su obligación de decretar la reparación consiguiente de sus consecuencias ilícitas (tal como dispone el artícu lo 15 LOLS (RCL 1985, 1980) ), disponiendo el restablecimiento del Sindicato demandante en la integridad de su derecho, integridad que comporta, entre otros extremos, la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera ( artículo 182.1.dLOLS). Tal indemnización debe fijarse en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados. En este caso la pretensión indemnizatoria de la parte demandante se circunscribió a la reparación del daño moral, al no haberse acreditado otros perjuicios materiales, por ello, el Tribunal para cumplir con el deber de pronunciarse sobre la cuantía del daño, podía determinar prudencialmente su importe cuando, como acontece en general tratándose de daños morales, la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, flexibilizando, en lo necesario, las exigencias normales para la determinación de la indemnización, y debiendo ser la indemnización fijada suficiente para resarcir a la víctima y para restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño.

Por otro lado, nuestra jurisprudencia (por todas SSTS de 24 de enero de 2017, Rcud. 1092/2015 y de 19 de diciembre de 2017, Rcud. 624/2016 (RJ 2017, 5973)) admite como criterio orientativo a los fines de fijar dichas indemnizaciones por daños morales el acudimiento a los criterios de la LISOS.>>.

Doctrina que se traslada al caso de autos, en el que la decisión empresarial de imponer unilateralmente unos determinados servicios mínimos incidió sin ninguna duda en el éxito de la huelga, al imponerse la obligación de prestar servicio a un elevado número de trabajadores a los que se les impidió el derecho de participar en la huelga, minorando considerablemente su incidencia....."

En tal sentido se ha pronunciado la Sala 4ª del Tribunal Supremo en sentencias entre otras de 27 octubre 2019 (rec. 95/2018) y 3 y 9 febrero 2021 ( rec. 36/2019 y 113/2019), al señalar que es facultad del órgano de instancia determinar la cuantía del daño mediante criterios prudenciales pero suficientes no solo para la reparación íntegra sino, además, para contribuir a la finalidad de prevenir el daño, faceta preventiva que permite condenar a la empresa al pago de una indemnización aún, no habiéndose acreditado daño concreto alguno.

El artículo 40 de la Ley de Infracciones y Sanciones indica los importes de éstas en sus grados mínimo, medio y máximo, para cuya graduación el artículo 39 establece que se debe estar a la "negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude o connivencia, incumplimiento de las advertencias previas y requerimientos de la Inspección, cifra de negocios de la empresa, número de trabajadores o de beneficiarios afectados en su caso, perjuicio causado y cantidad defraudada, como circunstancias que puedan agravar o atenuar la graduación a aplicar a la infracción cometida."

Los importes previstos para la infracción del artículo 8 de la misma norma, cuyo apartado 10 tipifica "los actos del empresario lesivos del derecho de huelga de los trabajadores consistentes en la sustitución de los trabajadores en huelga por otros no vinculados al centro de trabajo al tiempo de su ejercicio, salvo en los casos justificados por el ordenamiento", en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros, en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros, y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.

El sindicato actor solicita 120.000€ por cada una de las infracciones que es el grado medio de la infracción grave, lo que supone 240.000€ en total, basándose en la intensidad con que se materializó la vulneración del derecho al vaciarlo de contenido en demérito de la acción sindical, por la percepción de los trabajadores de la inutilidad de ese medio de acción, en el sindicato más representativo en la empresa y en la región, refiriéndose a las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2019(rc.95/2018) y de 3 y 9 de febrero de 2021( ref.(sic)36/2019 y 113/2019 que reconocen la facultad del órgano de instancia para determinar la cuantía de la indemnización, así como otras del Tribunal Constitucional sobre la utilización como referencia de la LISOS( STC 247/2006(RTC 2006, 247) y la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 3 de noviembre de 2021 (RJ 2021, 5629). Añade que dada la capacidad económica de la empresa y la gravedad de los hechos reiterados, el efecto preventivo aconseja que el importe no sea mínima.

En esas mismas razones se fundamentó la sentencia dictada por la sala de lo social de Cantabria en la sentencia dictada el 31 de marzo de 2023 (r. nº 163/2023) que calificó la reparación como de "naturaleza plural porque no sólo está fundada en un principio de resarcimiento sino también en una lógica preventiva. De un lado, pretende compensar los perjuicios morales debidos a la vulneración de los derechos fundamentales y garantizar así la plena indemnidad de la víctima por la injustificada privación de los mismos. Por otra parte, favorece la restitución de la confianza en la vigencia de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales y en la efectividad de los mecanismos de protección y contribuye al máximo respeto de esa categoría de derechos y a evitar que se produzcan nuevas conductas atentatorias de los mismos" para confirmar el importe de 7501€ impuesto en la instancia.

La sentencia dictada en instancia por la sala de lo social de Galicia el 27 de marzo de 2023 (procedimiento nº 7/23) tiene en cuenta la concreta tipificación del artículo 8.10 de la LISOS, sobre la vulneración del derecho de huelga, que no era el supuesto enjuiciado, por lo que fijó discrecionalmente tomando como referencia la citada norma, el importe para cada uno de los 15 trabajadores afectados por la haber sido requeridos para reincorporarse a sus puestos de trabajo cuando se encontraban en huelga, en 25.000€ atendiendo al resarcimiento íntegro del daño, el número de trabajadores afectado que califica de reiteración en la infracción y la conducta empresarial entronca precisamente con la naturaleza particularmente trascendente de la actividad laboral de los demandantes y sus funciones estratégicas o particularmente influyentes en la proyección y éxito de la demandada como Sindicato, de modo que la conducta vulneradora adquiere así un particular matiz agravante, porque implica la ejecución de una orden empresarial por así decirlo ejemplificadora en su proyección al resto de los trabajadores de la empresa y notoriamente atenuante de los efectos de la huelga no sólo para los huelguistas concernidos, sino para todos los trabajadores de la empresa, es decir, para la huelga en su conjunto.

En la sentencia dictada en instancia por esta sala el 21 de julio de 2020 (procedimiento nº 6/2020) contra ArcelorMittal por haber superado en el tren de alambrón y ferrocarriles los servicios mínimos del Acuerdo de 2005 durante un día de huelga, impuso la indemnización de 30.000€ por vulneración del derecho de huelga en relación con el de libertad sindical.

En el mismo sentido, la sentencia dictada por la sala de lo social de Cataluña el 9 de noviembre de 2020 (r. suplicación nº 2378/2020) sobre la indemnización solicitada por el sindicato convocante de la huelga, declara que no constan los daños morales que se enuncian en la demanda (desprestigio del sindicato frente al conjunto de trabajadores por un seguimiento menor de la huelga, reparación para la restitución de confianza en el sindicato y por la repetición de la conducta empresarial en cada una de las convocatorias de huelga ) pero reconoce el derecho porque ".... en los términos señalados en la sentencia STS de fecha 11/07/1994 esa misma conducta empresarial reconocida como vulneración del derecho de huelga supone una vulneración del derecho a la libertad sindical en cuanto que ya señala que ".... tener en cuenta que la libertad sindical implica la libertad para el ejercicio de la acción sindical. Contenido esencial de la libertad sindical en cuanto que integrado en ese derecho, manifestación específica de la actividad sindical, es el ejercicio del derecho de huelga ( artícu lo 2.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (RCL 1985, 1980) ), que forma parte del núcleo mínimo e indispensable que lo hace reconocible, esto es, como hemos dicho, de su contenido esencial (así sentencia del Tribunal Constitucional 39/1986, de 31 de marzo (RTC 1986 , 39 ) y 30/1992, de 18 de marzo (RTC 1992 , 30 ) , y 105/1992, de 1 de julio (RTC 1992, 105) , entre otras..." y la fija en 6251 euros .

Las circunstancias a tener en cuenta son el pronunciamiento de la sentencia que dejó sin efecto los Acuerdos de servicios mínimos de 2005 que fueron precisamente los aplicados por la empresa en estas nuevas movilizaciones del año 2023; no propuso ni después de dictarse la sentencia de esta sala que así los declaró ni en ningún momento anterior a las huelgas convocadas en abril de 2023, negociación sobre esos servicios; una vez convocadas las huelgas para varios días en abril y mayo, no hizo tampoco ninguna propuesta ni fundamentó en razones técnicas concretas la necesidad de mantener los mismos servicios mínimos cuando la sentencia de esta sala dictada en el año 2022 entendió que las mejoras técnicas implantadas en los años 2005 y 2006 no habían sido tenidas en cuenta para adaptar dichos servicios. Tan es así, que incluso, antes de la primera reunión con los representantes sindicales, ya había enviado cartas sobre servicios mínimos a un número de trabajadores.

Destinó a la totalidad de la plantilla del horno alto A, tanto de producción como de mantenimiento, a sus puestos de trabajo, cuando el horno estaba apagado por un incendio y la reparación no se hizo con personal propio, sin justificar mínimamente las necesidades de todo ese personal, dado que ninguna persona experta acudió a las reuniones ni tampoco en el informe y el testimonio del Jefe de Producción, aportado a la vista y que declaró como testigo-perito, se dicen las razones concretas que justificaron esa medida. Constan paradas no previstas y una reducción notable de la producción en ambos hornos altos, durante todo el año 2023, en fechas no relacionadas con la huelga, sin que se acrediten riesgos o daños.

La huelga no tuvo repercusión en la producción ninguno de los días efectivos, porque la premisa de la empresa era que no pararía el único horno alto que seguía en funcionamiento, los Sinter ni otros elementos de la fábrica; incluso alguno de los días de paro alcanzó casi los máximos del mes.

La entidad de la empresa que ya fue condenada en el año 2020 por vulneración del derecho de huelga en una de las unidades productivas con menor repercusión y trascendencia que la situación que ahora se plantea en que la empresa mantuvo la misma actitud de no negociar y mantener unos servicios que habían sido dejados sin efecto , en las dos convocatorias de huelga, que puede entenderse como un mantenimiento de la decisión, lo que unido a todas las circunstancias anteriores, llevan a fijar la cuantía de la indemnización en 60.000€ siguiendo con carácter orientativo la LISOS, por cada una de las infracciones, lo que lleva a la estimación parcial de la demanda, cantidad que conforme con el artículo 576 de la LEC devengará, desde que fue dictada en primera instancia, el devengo del interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,