Sentencia Social 1340/2023 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 1192/2023 de 31 de octubre del 2023

PRIMERO: La sentencia de instancia desestimó la demanda en la que el actor reclamaba en concepto de daños y perjuicios por las secuelas de un accidente de trabajo sufrido el 19 de agosto de 2020, 119.567,69€ frente a la empresa y la aseguradora respecto de la que estimó la excepción de falta de legitimación pasiva.

Recurre en suplicación el actor al amparo del artículo 193.c) de la LJS, entendiendo como un mero error la referencia al artículo 191.c) de la Ley de Procedimiento Laboral, con tres motivos.

En el primero alega infracción de los artículos 1.101 y 1.902 del Código Civil, artículos 14, 15 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, artículo 2 del RD 485/1997, artículo 96.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, y de la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo (sala cuarta de lo social) 771/2019 de 12 de noviembre de 2019.

Entiende que la conducta empresarial es causa directa del daño o al menos ha contribuido a aumentar el riesgo del trabajo realizado por el actor, describiendo los hechos que se declaran probados sobre la contratación, la sanción impuesta a la empresa y resto de incidencias de la relación laboral entre las partes. La TGSS tramitó de oficio el alta del actor en la empresa con fecha de efectos del 1 de agosto de 2020. Ésta actuación negligente de la empresa en la contratación del trabajador como falso autónomo, supuso la omisión por parte de la misma de las medidas habituales de prevención de riesgos que se toman cuando se contrata a un trabajador por cuenta ajena, siendo una de ellas la formación, tal como se acredita en el expediente de recargo de prestaciones contenido en el hecho probado séptimo de la sentencia, en el que se indica que la empresa no le había dado formación, y alega la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2019 referida, cuyo supuesto es el de un trabajador que sufre una parada cardiorrespiratoria que le deja en estado vegetativo irreversible durante un espectáculo de animación infantil en un colegio, y no estaba dado de alta en la Seguridad Social. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social había levantado tres actas de infracción contra la empresa por falta de evaluación de riesgos y por falta de formación, además de por no haber sido dado de alta el trabajador con carácter previo al inicio de la prestación. En el caso presente se omitió la impartición de formación y por ello ha habido infracción en materia de prevención de riesgos laborales, no pudiendo tener cabida como eximente para la no impartición de tal formación el haber cometido una infracción previa, la contratación del actor como falso autónomo.

En cuanto a la forma de producirse el accidente la magistrada de instancia no ha considerado probado que el mismo ocurriera por caída de un andamio, cuando corresponde a la empresa y no al actor la prueba de las circunstancias en que ocurrió el accidente conforme con el artículo 96.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción social.

El hecho no discutido es que el 19 de agosto de 2020 el trabajador sufrió un accidente de trabajo prestando servicios para la empresa demandada, que la empresa no discutió la declaración inicial que hizo el actor de cómo había ocurrido, por lo que si tropezó con un bordillo es porque había un obstáculo en el lugar de trabajo, siendo obligación del empresario la deuda de seguridad, que apunta más que a una obligación de medios, a una de resultados, y confirma que la efectividad de las medidas preventivas de la empresa deberán prever las distracciones e imprudencias no temerarias del trabajador. Y en relación con la evolución de la jurisprudencia, se ha acentuado el rigor con el que debe ser aplicada la norma que define la culpa o negligencia que no se elimina con el puntual cumplimiento de las precauciones legales y reglamentarias y de las aconsejadas por la técnica, si todas ellas se revelan insuficientes para la evitación del riesgo y exige como canon la necesidad de agotar la diligencia. En conclusión, y de la misma manera que la doctrina aplicada en la sentencia del Tribunal Supremo del 12 de noviembre de 2019, existe responsabilidad puesto que el daño ha de atribuirse a la empresa deudora de seguridad y no a un supuesto de fuerza mayor, caso fortuito, negligencia exclusiva no previsible del trabajador o culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario.

Los otros dos motivos amparados en el mismo artículo 193.c) de la LJS, se refieren a la responsabilidad de la aseguradora Zurich y al importe de la indemnización por daños, suplicando la revocación de la sentencia y que se declare la responsabilidad civil de la empresa en el accidente de trabajo sufrido por el actor, y responsable del pago a la compañía aseguradora por el importe de 119.567,69€ reclamados, o subsidiariamente 80.853,11€ calculados por la compañía aseguradora.

Lo impugnan la empresa demandada y la aseguradora Zurich.

La empresa niega las infracciones denunciadas, correspondiendo a la magistrada de instancia apreciar los elementos de convicción, concepto más amplio que el de medios de prueba, para establecer la verdad procesal intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando, en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la prueba practicada en autos conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorgan el artículo 97.2 del Texto Refundido de la Ley de la Jurisdicción Social, dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación, asumiendo los argumentos de la sentencia y concluyendo que ni siquiera en la vista se dilucidó cómo ocurrió el accidente. Alega que se dio formación y se proporcionaron las medidas de protección individual, y que al no acreditarse las circunstancias del accidente no puede determinarse la relevancia que esa supuesta falta de formación hubiera tenido en su causación. En cuanto a la jurisprudencia invocada entiende que no es aplicable porque en ese supuesto se declaran acreditadas varias infracciones en materia de seguridad.

Zurich, alegando al igual que la empresa una indebida referencia a la Ley de Procedimiento Laboral, añade que el recurso se limita a discrepar de la valoración de la magistrada de instancia sin referirse a infracción normativa alguna, estando a los principios generales del recurso de suplicación en cuanto recurso extraordinario, y a lo resuelto en la sentencia en función de los hechos probados con los que el recurrente está conforme.

Los artículos 1101 y 1106 del Código Civil nos muestran que quien causa un daño a la integridad de una persona debe repararlo íntegramente, lo que supone que la norma garantiza al perjudicado la total indemnidad por el hecho lesivo. El daño tiene distintos aspectos: las lesiones físicas, las psíquicas, las secuelas que dejan unas y otras, los daños morales en toda su extensión, el daño económico emergente (como los mayores gastos a soportar por el lesionado y su familia en transportes, hospedajes, etc.) y el lucro cesante, cuya manifestación es la pérdida de ingresos de todo tipo, incluso la pérdida de las expectativas de mejora profesional.

El Tribunal Supremo(S de 30-9-1997) estableció el carácter complementario y subsidiario de la responsabilidad de los artículos 1902 a 1910 del Código Civil de la responsabilidad contractual y la posibilidad de la concurrencia de ambas en yuxtaposición.

Tradicionalmente se han señalado como requisitos para que prospere la acción por responsabilidad contractual: producción de un daño, dolo, negligencia o morosidad en la conducta de quien lo causó por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la normativa de riesgos laborales y relación de causalidad entre la conducta del agente y el daño que ha de ser consecuencia natural, adecuada y suficiente de la determinación de la voluntad del causante. La falta de cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad en el trabajo generará necesariamente la obligación de reparación íntegra de los daños causados, pero la jurisprudencia entiende que no cualquier infracción en materia de seguridad e higiene debe significar la responsabilidad de la empresa de enfrentar las consecuencias dañosas derivadas de un accidente de trabajo por cuanto la existencia de la infracción en materia de seguridad no prejuzga o, en otros términos, no impide explicar el desarrollo de un accidente de manera desvinculada de dicha infracción ( STSJ Cataluña 23-10-2001). El Tribunal Supremo ( Ss. de 30 de septiembre de 1997 y 2 de febrero de 1998, dictadas en unificación de doctrina, y otra de 22 de enero de 2002), sostiene que en el ámbito de actuación empresarial del artículo 97.3 de la LGSS la responsabilidad del empresario (responsabilidad llamada civil y depurada en el marco de la Jurisdicción Social), con fundamento en la cual pueda hacerse efectiva la indemnización postulada en la demanda, es la responsabilidad subjetiva y culpabilista en su sentido más clásico y tradicional.

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 4 de mayo de 2015(rcud nº 1281/2014), acoge los pronunciamientos previos, entre otros de la sentencia dictada por el Pleno de la sala el 30 de junio de 2010(rcud nº 4123/2008) y reitera: " a) Sobre la deuda de seguridad, su contenido y consecuencias, que << El punto de partida no puede ser otro que recordar que el Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) genéricamente consagra la deuda de seguridad como una de las obligaciones del empresario, al establecer el derecho del trabajador «a su integridad física» [ art. 4.2.d )] y a «una protección eficaz en materia de seguridad e higiene » [ art. 19.1]. Obligación que más específicamente -y con mayor rigor de exigencia- desarrolla la LPRL (RCL 1995 , 3053) [Ley 31/1995, de 8/Noviembre ], cuyos rotundos mandatos -muy particularmente los contenidos en los arts. 14.2 , 15.4 y 17.1 LPRL - determinaron que se afirmase «que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado» y que «deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran» ( STS 08/10/01 -rcud 4403/00 , ya citada) >>; por lo que, derivadamente, << Existiendo ... una deuda de seguridad por parte del empleador, ello nos sitúa en el marco de la responsabilidad contractual y del art. 1.101 CC , que impone la obligación indemnizar los daños y perjuicios causados a los que «en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas». Con todas las consecuencias que acto continuo pasamos a exponer, y que muy resumidamente consisten en mantener -para la exigencia de responsabilidad adicional derivada del contrato de trabajo- la necesidad de culpa, pero con notables atenuaciones en su necesario grado y en la prueba de su concurrencia >>.

b) Respecto a las atenuaciones, que entiende notables, para la exigencia de culpa, señala que << No puede sostenerse la exigencia culpabilista en su sentido más clásico y sin rigor atenuatorio alguno, fundamentalmente porque no son parejas la respectiva posición de empresario y trabajador en orden a los riesgos derivados de la actividad laboral, desde el punto y hora en que con su actividad productiva el empresario «crea» el riesgo, mientras que el trabajador -al participar en el proceso productivo- es quien lo «sufre»; aparte de que el empresario organiza y controla ese proceso de producción, es quien ordena al trabajador la actividad a desarrollar ( art. 20 ET (RCL 1995, 997) ) y en último término está obligado a evaluar y evitar los riesgos, y a proteger al trabajador, incluso frente a sus propios descuidos e imprudencias no temerarias ( art. 15 LPRL ), estableciéndose el deber genérico de «garantizar la seguridad y salud laboral»de los trabajadores ( art. 14.1 LPRL ) >> y destacando, como punto esencial, que << La deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo [AT], para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá -incluso- de las exigencias reglamentarias >>.

c) En orden a cómo debe probarse o acreditarse haberse agotado " toda " la diligencia exigible y a quien incumbe la carga de la prueba, se establece que << Sobre el primer aspecto [carga de la prueba] ha de destacarse la aplicación -analógica- del art. 1183 CC , del que derivar la conclusión de que el incumplimiento de la obligación ha de atribuirse al deudor y no al caso fortuito, salvo prueba en contrario; y la del art. 217 LECiv , tanto en lo relativo a la prueba de los hechos constitutivos [secuelas derivadas de AT] y de los impeditivas, extintivos u obstativos [diligencia exigible], cuanto a la disponibilidad y facilidad probatoria [es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que para el empresario demostrar la concurrencia de ésta] >>.

d) Sobre el grado de diligencia exigible al deudor de seguridad se afirma su plenitud, razonándose que << Sobre el segundo aspecto [grado de diligencia exigible], la afirmación la hemos hecho porque la obligación del empresario alcanza a evaluar todos los riesgos no eliminados y no sólo aquellos que las disposiciones específicas hubiesen podido contemplar expresamente [vid. arts. 14.2 , 15 y 16 LPRL ], máxime cuando la generalidad de tales normas imposibilita prever todas las situaciones de riesgo que comporta el proceso productivo; y también porque los imperativos términos con los que el legislador define la deuda de seguridad en los arts. 14.2 LPRL [«... deberá garantizar la seguridad ... en todo los aspectos relacionados con el trabajo ... mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad»] y 15.4 LPRL [«La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador»], que incluso parecen apuntar más que a una obligación de medios a otra de resultado, imponen una clara elevación de la diligencia exigible, siquiera -como veremos- la producción del accidente no necesariamente determine la responsabilidad empresarial, que admite claros supuestos de exención >>; añadiendo que << Además, la propia existencia de un daño pudiera implicar -se ha dicho- el fracaso de la acción preventiva a que el empresario está obligado [porque no evaluó correctamente los riesgos, porque no evitó lo evitable, o no protegió frente al riesgo detectable y no evitable], como parece presumir la propia LPRL al obligar al empleador a hacer una investigación de las causas de los daños que se hubiesen producido ( art. 16.3 LPRL )>>.

e) En cuanto a los supuestos de exención de responsabilidad del deudor de seguridad y la carga de la prueba de los hechos en que se fundamente, se interpreta que << el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los arts. 1.105 CC y 15.4 LPRL ], pero en todo estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente >>, sin que lo anterior comporte la aplicación << en el ámbito laboral una responsabilidad plenamente objetiva o por el resultado".

Los artículos 14 y 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, invocados en el recurso, inciden en esa obligación de protección del trabajador y en los principios de la acción preventiva. El artículo 19 de la misma norma, incluye dentro de esa deuda de seguridad, la obligación de proporcionar al trabajador una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta.

La sentencia invocada dictada por el Tribunal Supremo el 12 de noviembre de 2019(rcud. nº 2356/2017) analizó si procede declarar la responsabilidad de la compañía aseguradora cuando, en la fecha en que acontece el accidente de trabajo que desencadena el riesgo asegurado, el trabajador no está dado de alta en Seguridad Social, determinar cuál es la naturaleza jurídica de la cláusula de vigencia temporal que figura en las condiciones particulares de la póliza de seguro y los efectos que de ello pudieran derivarse, y si procede o no el abono de los intereses de demora cuando existe controversia sobre la obligación o no del pago de la indemnización y sobre su importe, y se declaró probado que se levantaron actas de infracción por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra la empresa por falta de evaluación de riesgos y por falta de formación, además de por no haber sido dado de alta el trabajador con carácter previo al inicio de la prestación de las que derivaron las correspondientes sanciones administrativas firmes. Los presupuestos y el objeto del pronunciamiento no son aplicables al caso.

La sentencia de esta sala dictada el 9 de mayo de 2014(r. suplicación nº 795/2014) analizó los requisitos de la responsabilidad contractual y resolvió que "En consecuencia, para poder imputar el resarcimiento de los daños al empleador es preciso probar, además de que los perjuicios causados exceden de las previsiones legales, la concurrencia de los requisitos previstos para su exigencia que han de referirse a la demostración, junto a la existencia de una conducta culposa, de una relación concatenada de causa a efecto entre la misma y el daño originado. Y esta relación se construye en cada caso bajo el principio de la causalidad adecuada, por lo que se impone la exigencia de valorar en cada caso concreto si el antecedente se presente como causa necesaria del efecto lesivo producido, de tal manera que el cómo y el por qué se produjo dicho efecto lesivo constituyen elementos definitorios del contenido de aquella relación causal." Analizó los hechos que se declaraban probados de los que se deduce que se produjo el accidente de trabajo pero no cuál ha sido la causa exacta del accidente y "no se puede determinar, de manera objetiva, cómo se produce el accidente ni, por tanto, cuáles fueron las normas de prevención o seguridad que han sido infringidas por el empresario".

Debe estarse a los hechos que se declaran probados:

-el actor fue contratado por Imkat mediante un contrato de trabajo temporal a tiempo completo, con la categoría profesional de Peón, el 6 de julio de 2020, siendo el objeto del mismo la obra de reforma de una carnicería sita en la calle Vázquez de Mella nº 21, bajo, en Oviedo, con una duración desde esa fecha a fin de obra. Fue dado de baja en el sistema el 31 de julio de 2020.

-el actor se dio de alta en el RETA el 3 de agosto de 2020 y suscribió un contrato comercial con Imkat para la ejecución de los trabajos de demolición, rozas para el paso de instalaciones, tapado de rozas, enfoscado de paredes y colocación de fábrica de ladrillo, por un precio de 1.680€.

-la Inspección levantó acta de Infracción num. NUM003 el 9 de noviembre de 2020 proponiendo una sanción a Imkat por importe de 3.126€ por una infracción grave tipificada en el artículo 22.2 del RD-Ley 5/2000, de 4 de agosto, que fue abonada. La TGSS acordó de oficio el 30 de octubre de 2020, el alta del actor como trabajador de Imkat , con fecha real de alta el 1 de agosto de 2020, con las correspondientes actas de Liquidación por las que la empresa abonó a la Tesorería 891,06€.

-el actor sufrió un accidente en el trabajo el 19 de agosto de 2020 que determinó el inicio de un periodo de incapacidad temporal por contingencia profesional, el inicio de un expediente para determinar su capacidad laboral y una resolución del Inss de 9 de febrero de 2022 que le reconoció una incapacidad permanente total para su profesión habitual de Peón, derivada de accidente de trabajo, con las prestaciones correspondientes. Las dolencias que determinaron el reconocimiento eran gonalgia izquierda secundaria a rotura completa del ligamento cruzado anterior con rotura de los ligamentos del complejo arcuato poplíteo, fractura de la cabeza del peroné de cóndilo femoral externo y de la meseta tibial del mismo lado IQ (17-9-2020) reparación de LCA con plastia utologa de semimembranosos y recto interno y regularización de menisco externo Trastorno ansioso depresivo.

-el 19 de agosto de 2020 el trabajador acudió a la mutua Fremap que cubría las contingencias profesionales y cuando se le preguntó cómo había ocurrido el accidente, relató que cuando se encontraba subiendo un carretillo de pasta al local que reformaban, se le volcó con un escalón, haciéndose daño en la rodilla y tobillo izquierdos y cayendo al suelo.

-el 1 de octubre de 2020 presentó denuncia ante la Inspección de trabajo contra Imkat y relató "...en la obra del Bajo comercial de Vázquez de Mella nº 21 de Oviedo. En la que el 19/08/2020 me caí en dicho bajo comercial con una carretilla de la cual sufrí rotura de ligamento cruzado anterior y reconstrucción de menisco...".

-el 20 de abril de 2021 se inició a instancias del trabajador, un expediente de Recargo de Prestaciones por el accidente, en el que la Inspección de trabajo emitió un informe que se reproduce ampliamente en el hecho probado 7º, del que se destaca que en el parte médico se recoge lo manifestado por el paciente quien dice que "hace aproximadamente una hora mientras se encontraba transportando una carretilla con pasta, había un bordillo con el que tropezó y cayó al suelo, golpeándose con hemicuerpo izquierdo principalmente, región inferior, cadera, rodilla y tobillo izquierdo". En el mismo informe de la Inspección se hace constar que en la reclamación presentada por el trabajador se dice que "Me caí en dicho bajo comercial con una carretilla". Al subinspector designado el trabajador le manifestó que sufrió un accidente al tropezarse cuando iba con una carretilla. El 21 de diciembre de 2021 cuando la Inspección vuelve a contactar con el trabajador, éste relata que tenía que enfoscar una pared y debía utilizar una plataforma de trabajo que estaba formada por dos caballetes sobre los que colocaron unos tablones, pero como era corta, le añadieron otro tablón que , por un lado, se sujetaba sobre el caballete y por el otro sobre unas cajas o similar, no recordándolo bien, a una altura de 1metro, pero dada la inestabilidad, al subirse a la plataforma, venció y el trabajador cayó de rodillas hacia adelante; añade que la plataforma la colocó el responsable de la obra y que la versión anterior la dio a propuesta de la empresa porque era más conveniente.

El Inss dictó resolución el 8 de febrero de 2023 en la que declaró la inexistencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad. No consta la impugnación.

-Imkat tenía un Plan de Seguridad y Salud para el proyecto de Reforma de almacén formado por una Planificación Preventiva de la empresa, el Acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud y la Adhesión al mismo por el actor. La empresa le había entregado los equipos de protección individual.

-Imkat contrató con ZURICH Seguro de Responsabilidad Civil General, póliza Nº NUM004, con efecto de 25-11-19 y vencimiento 24-11-20, renovable, aportando las condiciones particulares.

De las versiones sobre lo sucedido concluye acertadamente la sentencia que se desconoce el modo en que se produjo el accidente, si se debió a un tropiezo del trabajador, en un escalón cuya ubicación se desconoce y en qué maniobra, más allá de mover una carretilla, o se cayó desde una plataforma elevada un metro, formada por tablones. No se interesa la modificación de los hechos que reflejan esa falta de concreción de forma que no es posible determinar lo sucedido.

Resulta acreditado que el recurrente se había adherido al Plan de Seguridad y Salud, del que no se declara que fuera deficiente, y que había recibido las medidas de protección; no hay constancia de que la empresa no le hubiera dado formación, dado que se trataba de un trabajador autónomo en esa fecha, sin que tampoco pueda relacionarse causalmente la caída con esa falta de formación; pero es que además en la materia litigiosa no es suficiente que se produzca la omisión de medidas de seguridad o prevención para atribuir la responsabilidad por cualquier daño, sino que es necesario que dicho incumplimiento sea la causa determinante del daño producido, premisa que en el presente supuesto no se da.

Por todo ello se desestima el primer motivo del recurso de suplicación, lo que hace innecesario el pronunciamiento sobre los restantes motivos referidos a la responsabilidad de la aseguradora y al importe de los daños reclamados. No procede expresa imposición de las costas conforme con el artículo 235 de la LJS.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,