Sentencia Social 2535/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 2269/2022 de 07 de diciembre del 2022

PRIMERO.- La sentencia de instancia desestimó la demanda por despido por causas objetivas (ineptitud sobrevenida) de la actora, y declaró procedente el mismo, absolviendo a la empresa demandada Alimerka SA de las pretensiones deducidas en su contra.

Frente a la misma se alza la trabajadora en suplicación, articulando su representación letrada en el recurso que interpone, el cual ha sido impugnado de contrario, cinco motivos de suplicación, amparados procesalmente en los apartados b) y c) del artículo 193 de la LJRS, estando los dos primeros encaminados a la revisión de hechos, y los tres restantes destinados a la censura jurídica.

En los dos motivos que son formulados al amparo del artículo 193 b) de la LRJS se contienen las siguientes peticiones:

a- la revisión del hecho probado noveno de la sentencia para el que se pide la sustitución de su contenido por el siguiente texto alternativo: "La actora presenta los siguientes padecimientos:

Fascitis plantar bilateral desde 2011. Sufrida tras resbalón en el trabajo.

El dolor aparece en bipedestación prolongada.

Epicondilitis izquierda desde 2014. En observación se recomienda adaptación para evitar sobre cargas.

Artrosis mano izquierda desde 2014, notando mejoría desde 2019 con el tratamiento de rehabilitación".

En su apoyo señala la siguiente documental: informe de rehabilitación de 2 de diciembre de 2013 en cuanto a fascitis plantar (acontecimiento 45 de las actuaciones página 2); el informe de rehabilitación de 26 de abril de 2022 en cuanto a la epicondilitis (acontecimiento 45 de las actuaciones, página 21); e informe de cirugía de 8 de agosto de 2019 en cuanto a la artrosis (acontecimiento 45 de las actuaciones, página 15). Alega que se propone la modificación por contraste con el certificado recogido al hecho quinto que dice que exagera la sintomatología en él recogida respecto a las condiciones reales.

b- Que se adicione un nuevo hecho probado, como décimo (enumerándose correlativamente los sucesivos), y con el contenido que propone, consistente en que se transcriba el artículo 36 del Convenio Colectivo aplicable.

En su apoyo señala el Convenio Colectivo aportado como prueba documental por la demandada (documento nº 5 y acontecimiento 4 de las actuaciones), y señala que se propone la modificación al ser una pretensión deducida en el hecho tercero de la demanda, y no ventilada en la sentencia.

La decisión sobre la revisión fáctica pedida exige recordar que es el Juzgador de instancia el que tiene atribuidas con plenitud las facultades para valorar las pruebas y los restantes elementos de convencimiento presentados ante él en el proceso - artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social- y que en su examen sobre tales materiales dispone de amplios márgenes de actuación, no siendo el recurso de suplicación un instrumento adecuado a fin de proceder a una nueva valoración de los medios aportados para traer al proceso los datos fácticos, por el contrario, su naturaleza extraordinaria (que lo difiere del recurso ordinario de apelación) excluye ese objeto, que queda reservado al juicio de instancia, y únicamente permite corregir los errores del Juzgador, cuando con documentos idóneos o con pericias practicadas se pone de manifiesto el desacierto de la convicción judicial ( artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).

Ha de señalarse también como de este artículo 193 b) y del artículo 196.3 de la LRJS, y de la que viene siendo su interpretación jurisprudencial pacífica, deriva la siguiente doctrina general, respecto al motivo de suplicación consistente en la revisión de los hechos tenidos como probados en la sentencia de instancia recurrida:

1) Que se debe señalar en el motivo, con una absoluta claridad, cuál sea el concreto hecho o hechos probados de los que se pretende obtener su modificación, con detalle en su caso del particular párrafo que se quiere hacer objeto de la misma. Y si lo postulado es su eliminación o su sustitución por otro texto alternativo, debe entonces ser ofrecido en su redacción literal, lo mismo que si lo pretendido es adicionar al relato de hechos probados un determinado texto nuevo y particular, o añadir un completo hecho probado. Ha de ofrecerse el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos, de tal modo que quien invoque el motivo tiene que precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, no siendo suficiente que la parte se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

2) Debe igualmente indicarse con detalle, el concreto documento obrante en los autos, o bien la pericia practicada contradictoriamente en el acto de juicio oral, que, en opinión de la parte recurrente, sirvan de soporte a la revisión fáctica pretendida en el motivo, al ser estos los únicos medios de prueba que permite el artículo 193 b) LJS que pueden ser empleados para apoyar, en este particular trámite, una pretensión de revisión fáctica. De tal modo que no es dable una invocación genérica o inespecífica de la documental obrante en los autos ( STS de 11-7-96). Sobre tal requisito el Tribunal Supremo tiene declarado que "la cita global y genérica de documentos, carece de valor y operatividad a efectos del recurso ..." ( Sentencia de 14-7-95), añadiendo que "el recurrente está obligado a determinar con exactitud y precisión el documento concreto y particularizado en que se apoya su pretensión revisora, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia" ( sentencia de 26-9-95), debiendo la parte recurrente señalar el punto específico de contenido de cada documento que ponga de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que propone ( sentencia de 3-5-01).

3) Se tiene que tener en cuenta, en concreto respecto a la cita de documentos, lo siguiente: a) Que deben ostentar realmente tal cualidad los que sean señalados, de tal modo que no cabe basarse en el contenido de la prueba testifical o en el interrogatorio de partes ( artículo 2991.1 LEC), pues pese a que se encuentre resumen suficiente de las mismas en el acta de juicio, no pierden por ello su concreta cualidad probatoria ( STS de 16-5-90), no transformándose por lo tanto en prueba documental; b) Además, el soporte documental que sirva de base al motivo, debe contener, inexcusablemente, una suficiencia probatoria, de tal modo que se desprenda claramente la modificación pretendida del mismo, sin que exista necesidad de tener que acudir a conjeturas, razonamientos añadidos, deducciones o elucubraciones ( SSTS de 19-7-85 o de 14-7-95).

4) Ha de tenerse en cuenta que no es válida, a efectos de este recurso, la prueba de interrogatorio de parte, ni tampoco la prueba testifical; con independencia ello del eventual valor probatorio que, en ejercicio razonado de la función que le atribuye el artículo 97.2 de la norma procesal citada, le pueda conferir el juzgador de instancia.

5) Dado el carácter de recurso extraordinario de la suplicación, distinto de la apelación ( STC 18-10-93), no se puede pretender que se realice una nueva lectura, por parte de la Sala, de todo el material probatorio obrante, al no ser esa su función, que le viene normativamente atribuida al órgano judicial de instancia por el artículo 97.2 LJS citada; ni por tanto, tampoco es admisible que sea este órgano judicial el que construya el recurso a la parte recurrente, pues ello iría en contra de su obligación esencial de imparcialidad, y vulneraría tanto el derecho a la defensa como a la contradicción de las demás partes personadas, con infracción del artículo 24,1 del Texto Constitucional ( STS de 28-9-93).

6) Debe derivar claramente la modificación pretendida, sea de sustitución, de adición, o de eliminación, del apoyo útil alegado, sin necesidad de tener que acudir para ello a deducciones, elucubraciones o argumentaciones añadidas. De tal modo que se desprenda de ese apoyo probatorio señalado, de modo contundente y sin sombra de duda, tanto la nueva situación fáctica propuesta, como la pertinente y paralela equivocación del órgano judicial de instancia al alcanzar su propia convicción, que se pretende revisar.

7) Por último, se requiere que la modificación que se pide sea relevante a los efectos de la resolución de la causa, acreditando error, omisión o arbitraria interpretación de las pruebas por parte del Juzgador, de manera que lo pretendido no quede desvirtuado por otras probanzas que hayan podido ser consideradas por el Juzgador de instancia, de las que quepa deducir una interpretación distinta a aquella que obtiene la parte, pues ante posibles contradicciones debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional, que actúa en el pleito de manera imparcial y objetiva frente a la parte; a su vez, no basta con aportar con la modificación una puntualización o matización, al ser preciso, como ya decíamos, que la revisión sea trascendente y de entidad suficiente para variar los hechos de la sentencia recurrida.

Igualmente es doctrina judicial reiterada que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

A ello hay que añadir que no resulta posible admitir la revisión fáctica con base en las mismas pruebas que sirvieron de fundamento a la sentencia impugnada, por cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador de instancia, por un juicio valorativo subjetivo de la parte interesada. En el supuesto de documento o documentos contradictorios, y en la medida de que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica del Juzgador de instancia en el ejercicio de la función de apreciación de la prueba que le corresponde en exclusiva.

En definitiva hay que tener presente que la revisión de hechos probados está limitada en nuestro ordenamiento procesal laboral, habida cuenta del carácter extraordinario que tiene el recurso de suplicación. Dicho carácter supone que tal recurso no es una segunda instancia y que la valoración de la prueba es competencia del Juez de lo social, que preside el acto del juicio y la práctica de la misma, y que la modificación del relato de hechos probados únicamente es posible cuando a través de la prueba documental o pericial se constata un error claro y evidente del juzgador.

Partiendo de estas premisas, la Sala acuerda el rechazo de las modificaciones pedidas, por las siguientes razones:

a- Los informes médicos que se invocan para la revisión del hecho probado noveno, por su propia naturaleza son documentos sin un decisivo valor probatorio para conducir en el recurso a un cambio en las premisas fácticas, pues ni tienen atribuida una eficacia prevalente, ni disponen de garantías sobre el acierto de su contenido. A ello cabe añadir que se trata la invocada de prueba documental que ya ha sido valorada por la juzgadora de instancia., y la cual no evidencia error manifiesto alguno en cuanto a la convicción fáctica por ella alcanzada, sin que de la misma tampoco resulte de manera contundente e incuestionable todos y cada uno los datos que por la parte recurrente se pretenden incorporar.

b- En el relato de hechos probados no puede incorporarse lo que no sea un dato en sí mismo, y los preceptos de un convenio colectivo no tienen tal condición, por lo que no pueden figurar en el relato de hechos probados. A ello cabe añadir que la parte recurrente relaciona la adición del nuevo hecho probado con el contenido del hecho tercero del escrito de demanda, cuando ciertamente este hecho tercero ninguna relación tiene con la revisión fáctica interesada.

SEGUNDO.- Los tres motivos siguientes del recurso son formulados por la recurrente al amparo procesal del apartado c) del artículo 193 de la LRJS.

En el primero de ellos se denuncia por la representación letrada recurrente la infracción de los artículos 53.1 del Estatuto de los Trabajadores y 122.3 de la LRJS en relación con el artículo 36 del Convenio Colectivo aplicable, y el articulo 37.3 del Real Decreto 29/1997. Tras hacer en el mismo referencia a la doctrina jurisprudencial sobre el contenido mínimo de la comunicación escrita de despido según la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 2015, al artículo 36 del Convenio Colectivo (que establece que al trabajador se le entregará el resultado de la vigilancia de su estado de salud), y al contenido del artículo 37.3 del RD 39/97 (que establece el contenido de los exámenes de salud), alega la parte recurrente que no puede concluirse en el presente caso que la actora presente la ineptitud sobrevenida alegada por la empresa porque: el certificado de no apto de 15 de junio es anterior al informe de dolencias de 4 de julio; de ninguno de ellos se dio traslado a la actora; que dicho informe no se ajusta a los requisitos del RD 39/97; las descripciones aparecen desligadas de concretos diagnósticos y padecimientos; ello en un contexto en que los diversos informes de sanidad mantienen conclusiones distintas (sanidad pública habla de bipedestación prolongada frente a los 10-15 minutos del informe del servicio de PRL; no se acreditan otros episodios de la índole del narrado en el hecho octavo; y que el proceso narrado en este hecho octavo es de incapacidad temporal que como tal no es causa de una real y definitiva ineptitud.

Concluye señalando que no se llega a acreditar que los concretos diagnósticos hechos por el médico de PRL sean ciertos, de carácter permanente, susceptibles o no de tratamiento e impeditivos de la posibilidad de continuar desarrollando su actividad laboral, y que al haberse incumplido la obligación del artículo 36 del Convenio se dificulta la defensa de la trabajadora.

No puede considerarse que la sentencia de instancia haya incurrido en las infracciones normativas denunciadas en el motivo. En primer lugar la comunicación extintiva entrega por la empresa a la trabajadora demandante no puede considerarse, visto su contenido que figura transcrito en el hecho probado segundo de la sentencia de instancia, que incumpla el contenido mínimo exigido por reiterada doctrina jurisprudencial a la que alude la parte recurrente en el motivo, ya que su contenido es claro y expresivo en cuanto a la causa de ineptitud sobrevenida que ampara la decisión extintiva ya que recoge: la categoría y el puesto que ocupa la actora, el proceso de incapacidad temporal en que estuvo incursa, el hecho de ser convocada tras el mismo a efectuar un reconocimiento médico en el Servicio de Vigilancia de la Salud que la empresa tiene concertado para evaluar su estado de salud en relación con su puesto de trabajo, la calificación tras el examen de la salud por Quirón Prevención de no apto de la actora para el desempeño de su puesto de trabajo; el contenido del documento recibido por la empresa del facultativo informando sobre las limitaciones concretas por las que se considera a la trabajadora no apta para el desempeño de su trabajo; se pone en relación esas limitaciones con las condiciones específicas que requiere las tareas básicas de su puesto de trabajo, indicando cuales no puede realizar; la incidencia de las limitaciones con el puesto de mozo en general; y la no posibilidad de reubicación en otro puesto.

Por otro lado tampoco puede considerarse que la sentencia de instancia haya incurrido en la vulneración denunciada por haber incumplido la empresa algún requisito del artículo 53.1 del ET. La recurrente alude a que no se le dio traslado del resultado del reconocimiento médico y que el examen de salud no cumple el contenido del artículo 37.3 del Real Decreto 39/97. Al respecto ha de señalarse, y así consta en el hecho probado cuarto, que la empresa lo que hizo fue convocar a la trabajadora, tras estar la misma incursa en un proceso de incapacidad temporal, a un examen y reconocimiento previo a su retorno por parte de los servicios de prevención de la empresa (Quirón Prevención), estando declarado probado que la actora se sometió a dicho examen del día 6 de junio de 2022, y que tras ello Quirón Prevención la declaró en fecha 15 de junio de 2022 no apta para el desempeño del puesto de trabajo de mozo almacén/Centro Logístico Alimerka, y ello considerando la aplicación de los protocolos Dermatosis laboral, manipulación manual de cargas, de vigilancia de la salud según la evaluación de riesgos específicos en función de su puesto de trabajo y la información sanitaria obtenida y laboral disponible a las condiciones del puesto de trabajo. Pues bien la empresa de lo que tiene conocimiento es de las conclusiones del informe del servicio de prevención ajeno, calificando a la actora de no apta para el desempeño del puesto de trabajo, y del documento emitido quince días después por el mismo facultativo en el que se señala las limitaciones concretas por las que es considerada la trabajadora no apta en base al profesiograma aportado por la empresa, no teniendo la misma copia del informe elaborado por el servicio de prevención con la información concreta del estado de salud de la trabajadora, ya que dicha información a ella no se le traslada por el servicio de prevención al estar la misma protegida por su derecho a la intimidad y a la protección de datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de LPRL, en su apartado 3 que dispone que los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados, y en su apartado 4 que señala que los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador, y que el acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. Es decir no es la empresa la que ha de dar traslado al trabajador del contenido del informe o examen de salud, del cual en realidad no tiene conocimiento, sino que tal cometido de traslado ha de ser realizado por el servicio de prevención, pudiendo incluso y en todo caso efectuarse en cualquier momento una solicitud de su entrega por el trabajador, y en el presente caso no figurando incorporado a las actuaciones tal informe o examen de salud realizado por el servicio de prevención, cuya aportación incumbía en todo caso a la parte demandante pues es la única que podía tener acceso al mismo, no puede siquiera analizarse si el mismo cumple o no con lo establecido en el artículo 37.3 del Real Decreto 39/97.

TERCERO.- En los dos siguientes motivos de censura jurídica se vuelve a denunciar como infringidos, en el cuarto, los artículos 55.1 del Estatuto de los Trabajadores y 1.221 de la LRJS, y de la jurisprudencia que los interpreta, haciendo mención a la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2022. En el quinto se denuncia la infracción del artículo 52 a) del ET en relación con los artículos 22 y 25 de la LPRL.

En el primero de esos motivos se alega que la juzgadora aplica la sentencia aludida de forma errada, porque el informe transcrito al hecho quinto no se ajusta a los requisitos del Real Decreto 39/97 como ya se indica en el motivo anterior, y porque debió de valorarse lo que supone la incapacidad temporal en relación con la ineptitud sobrevenida, manifestando, haciendo referencia a la sentencia de esta Sala de lo Social de 22 de febrero de 2022 (rsu 20/22) que la ineptitud sobrevenida como causa de despido objetivo se corresponde normalmente en la práctica con una incapacidad permanente parcial del trabajador, quedando excluidas las situaciones de incapacidad temporal que por su carácter transitorio si bien impiden al trabajador realizar su cometido, no son causa de una real y definitiva ineptitud, y las situaciones de incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez que extinguen automáticamente la relación laboral por causa diferente a la del despido por causas objetivas. Se manifiesta por la parte recurrente que si conforme con la doctrina del Tribunal Supremo se exige un plus de pruebe cuando la entidad gestora ha descartado la declaración de invalidez permanente, con mayor razón deberán exigirse mayores exigencias cuando lo resuelto sea una situación de incapacidad temporal, que por definición hace referencia a una situación transitoria, y señala que en el presente caso no se cumple con el carácter permanente y no eventual de las limitaciones, o la posibilidad de reversión o mejoría, por lo que en consecuencia considera que el despido debe declararse improcedente.

En el segundo se sostiene que de los preceptos denunciados como infringidos se deduce una suerte de principio de proporcionalidad, que impide que la causa de extinción por ineptitud sobrevenida opere de forma automática, refiriéndose al contenido de la sentencia de esta Sala de 14 de septiembre de 2014 (rsu. 1.460/14)

El criterio a seguir para resolver el recurso, lo marca la STS, Pleno, de 23 de febrero de 2022 (rcud. 3.259/2020) a la que la sentencia de instancia hace referencia, y cuya doctrina en ella contenida no puede considerarse haya sido vulnerada por la misma, teniendo en cuenta las siguientes manifestaciones contenidas en la sentencia del Tribunal Supremo:

- La noción de ineptitud sobrevenida según se indica en dicha resolución se puede relacionar con una disminución de las condiciones físicas o psíquicas del trabajador o con la ausencia o disminución de facultades, condiciones, destrezas y otros recursos personales necesarios para el desarrollo del trabajo en términos de normalidad y eficiencia, entendido como imposibilidad de desempeño de todas o al menos las funciones básicas del puesto de trabajo.

- La empresa, que pretenda extinguir el contrato de trabajo de trabajo por ineptitud sobrevenida del trabajador, deberá precisar en la carta de extinción cuales son las limitaciones del trabajador y de qué manera provocan una ineptitud sobrevenida para el desempeño de las tareas propias de su profesión.

- Cuando el servicio de prevención ajeno informe al empresario sobre la ineptitud sobrevenida para el desempeño de su puesto de trabajo, éste, en cumplimiento de su deber de seguridad para con sus trabajadores, previsto en el art. 14.2 ET, deberá ordenar al trabajador afectado que deje de prestar servicios en el puesto de trabajo afectado para evitar, de este modo, cualquier riesgo en el desempeño de su puesto de trabajo. Pero el cumplimiento de esa obligación de seguridad por parte del empleador, no comporta que éste pueda extinguir mecánicamente el contrato de trabajo del trabajador por ineptitud sobrevenida del trabajador con base únicamente a las conclusiones del informe del servicio de prevención ajeno, cuya finalidad, como hemos resaltado, es meramente informativa, limitándose a trasladar unas conclusiones, que no pueden fundarse en las lesiones del trabajador, toda vez que, la información, relacionada con el estado de salud del trabajador, está protegida por su derecho a la intimidad y su derecho a la protección de datos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.3 y 4 LPRL. Consiguientemente, la obligación de los servicios de prevención ajeno de trasladar al empresario sus conclusiones sobre los reconocimientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores, referidos en el art. 22.1 LPRL , relacionados con la aptitud del trabajador, tiene por finalidad fundamental asegurar que el empresario tome las medidas precisas para evitar cualquier riesgo del trabajador afectado, pero no permite concluir sin más que, un informe, expedido por el servicio de prevención ajeno, a solicitud unilateral del empresario, aunque la Entidad Gestora haya descartado que el trabajador esté incapacitado para el desempeño de su profesión y, sin que el trabajador se haya incorporado, siquiera, a su puesto de trabajo, constituya por sí solo un medio de prueba imbatible para acreditar la ineptitud sobrevenida para el trabajo del trabajador afectado, que justifique, sin más pruebas, la extinción del contrato de trabajo por ineptitud sobrevenida, toda vez que los datos, relativos a la vigilancia de salud de los trabajadores, no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador, a tenor con lo dispuesto en el art. 22.4 LPRL, ya que, las conclusiones controvertidas derivan necesariamente de dichos datos. Dicha conclusión no implica, sin más, que los informes controvertidos no tengan ningún valor probatorio para acreditar la ineptitud sobrevenida de los trabajadores para el desempeño de su puesto de trabajo. Será necesario, a estos efectos, que el informe identifique con precisión cuáles son las limitaciones concretas detectadas y su incidencia sobre las funciones desempeñadas por el trabajador, sin que baste la simple afirmación de que el trabajador ha perdido su aptitud para el desempeño del puesto, cuando dicha afirmación no esté justificada en los términos expuestos y no se soporte con otros medios de prueba útiles.

En el presente caso la juzgadora de instancia ha basado su decisión teniendo en cuenta no solamente la mera declaración de no aptitud para el desempeño del puesto de trabajo que fue remitida a la empresa por el Servicio de Prevención ajeno (Quirón Prevención), sino también la información que posteriormente le fue remitida por el mismo facultativo de Quirón Prevención en la que se especifica las limitaciones de la trabajadora (no tolera más de 10-15 minutos en bipedestación según refiere; no puede realizar movimientos repetitivos principalmente con la mano izquierda y le perjudica la manipulación de productos fríos con ambas manos; no puede manipular cargas de más de 10 Kgr.), y el resultado de otras pruebas practicadas, como las testificales practicadas en el acto del juicio, la documental del profesiograma del puesto de trabajo de la actora (mozo en el almacén de despiece de vacuno del Centro Logístico), en el que se describen las funciones y las condiciones físicas que el mismo requiere (cuyas funciones y condiciones físicas describe en el hecho probado sexto), y teniendo en cuenta las lesiones que considera probado la juzgadora que la demandante padece (fascitis plantar bilateral, epicondilitis izquierda y artrosis de manos). Y tales presupuestos avalan la conclusión por ella alcanzada de considerar concurrente la causa de ineptitud sobrevenida invocada por la empresa y expresada en la comunicación extintiva. En efecto la actora, según recoge el relato fáctico de la sentencia, padece fascitis plantar bilateral, epicondilitis izquierda, y artrosis en manos, presentando como limitaciones la no tolerancia en bipedestación más de 10-15 minutos según le refiere la actora (incluso por ella se reconoce en el motivo de revisión fáctica que con la fascitis plantar bilateral el dolor aparece en la bipedestación prolongada), el no poder realizar movimientos repetitivos principalmente con la mano izquierda, y el no poder manipular cargas de más de 10 kgr., estando acreditado que la realización de las tareas o funciones de su puesto de trabajo conlleva requerimientos físicos de bipedestación continuada, manipulación manual de cargas (piezas de ternera de peso variable de hasta 15 kgr. y cajas donde se almacena el producto final y tareas de empuje y tracción de canales de ternera de más de 40 Kgr), movimientos repetitivos de miembros superiores, y de fuerza en mano y brazo, lo que supone una real pérdida de la capacidad física para el desempeño de su concreto puesto de trabajo.

La trabajadora recurrente insiste en los requisitos que ha de reunir el informe del Servicio de Prevención, pero lo cierto es que en el presente caso y apoyándose en prueba distinta del informe de Servicio de Prevención (cuya incorporación ni siquiera ha intentado la trabajadora demandante), la juzgadora considera probadas las limitaciones concretas que padece y la incidencia que las mismas tienen en las funciones a desempeñar en el concreto puesto de trabajo de la demandante. También se alude por ella al carácter temporal o eventual, y no permanente de las limitaciones, sin que en realidad ninguna prueba haya logrado la demostración de tal afirmación de transitoriedad, como tampoco la alegada de una reversión o mejoría posible (cuya carga correspondería a la trabajadora), y las cuales por otro lado no tienen reflejo alguno en el relato de la sentencia. Por otro lado frente a las alegaciones realizadas, cabe indicar que el que la entidad gestora hubiera descartado una declaración de invalidez permanente, que no es el caso o al menos tal extremo no resulta acreditado, ello no supondría necesariamente que el trabajador tuviera aptitud para el desempeño del puesto de trabajo que hasta entonces venía desarrollando, pudiendo la empresa probar por distintos medios de prueba que el trabajador efectivamente ha perdido su aptitud para el desarrollo del puesto de trabajo. Igualmente cabe señalar que resulta estar acreditado que en la sala de despiece todos los operarios realizan las mismas funciones, sin que conste la existencia de algún puesto vacante compatible con la situación de la demandante, que hay que tener en cuenta presenta limitaciones para la bipedestación prolongada, para los movimientos repetitivos con las manos, principalmente la izquierda, y para la manipulación de cargas de más de diez kilos, y la cual manifestó en la conciliación previa al juicio y frente a la alegación de la empresa de inexistencia de puesto compatible, que rechazaba de existir ese puesto, otro distinto al que desarrollaba.

Lo expuesto determina la desestimación del recurso de suplicación interpuesto, y la consiguiente confirmación de la sentencia impugnada.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,