Sentencia Social 2554/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 2328/2022 de 07 de diciembre del 2022

PRIMERO.- El presente procedimiento trae causa de la demanda interpuesta por la actora frente a su entidad empleadora para, tras haberse adherido a la medida de extinción indemnizada del contrato de trabajo contemplada en el marco del Acuerdo colectivo de 3 de diciembre de 2.021 alcanzado para el expediente de regulación de empleo para los trabajadores de Unicaja Banco S.A. (en lo sucesivo Unicaja) y previa declaración de procedencia del despido de la actora producido el 30 de abril de 2.022, solicitar que se declare que le corresponde la indemnización y demás condiciones previstas en el Capítulo I, apartado Segundo b) del referido acuerdo al entender que debió ser tenida en cuenta la antigüedad desde que comenzó a prestar servicios en la entidad Caja de Ahorros de Asturias y no desde que pasó posteriormente a hacerlo para Liberbank S.A. (en lo sucesivo Liberbank), condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración con todo lo demás que de ello se derive y abono de los atrasos derivados.

Frente a la sentencia de instancia que desestima íntegramente la pretensión se alza en suplicación la representación letrada de la demandante mediante un único motivo por el cauce del apartado c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social para interesar la revocación de la sentencia y la estimación de su demanda en los términos suplicados en la misma.

El recurso ha sido impugnado de contrario por la representación letrada de la empresa demandada para interesar su desestimación, confirmando la sentencia de instancia.

SEGUNDO.- Exclusivamente en sede de censura jurídica el recurso denuncia infracción de los artículos 1.281, 1.283, 1.284 y 1.285 del Código Civil en relación con los artículos 1.091 y 3 del mismo cuerpo legal -en cuanto prevén que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes contratantes y contemplan las normas de interpretación de los contratos según el sentido literal de sus cláusulas cuando los términos del contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, debiendo entenderse las cláusulas en el sentido más adecuado para que produzcan efectos e interpretarse en su conjunto- y con el artículo 3.3 del Estatuto de los Trabajadores -en cuanto impone el principio "pro operario" en la interpretación de las normas-, todo ello a efectos de la interpretación de la letra b) del apartado Tercero del epígrafe IV del Capítulo I del Acta de Acuerdo de 3 de diciembre de 2.021 adoptado en procedimiento de Despido Colectivo en relación con la letra b) del apartado Primero de dicho epígrafe y Capítulo.

La infracción parte formalmente de la cita jurídica para atender en realidad a determinar cuál considera es la interpretación correcta del alcance y significado de la citada cláusula de la letra b) del apartado tercero que define a los efectos de dicho Acuerdo la antigüedad que debe ser tomada, reprochando que la sentencia de instancia infringe los citados preceptos por varias razones que se sintetizan en que yerra la Juzgadora a quo que atienda a que no existió pacto de reconocimiento de antigüedad porque, siendo dicho pacto individual uno de los tres supuestos que el acuerdo distingue, es ilógico y contrario a las reglas hermenéuticas exigir un acuerdo que el apartado b) no exige como supuesto autónomo. Y no tratándose de determinar la antigüedad que correspondería a la actora por aplicación de la normativa laboral sino la que puede hacer valer a efectos del acuerdo de 3 de diciembre de 2.021 para la que, siendo la primera regla interpretativa la del tenor literal de sus términos, no existe ninguna exclusión en la referencia a "entidad de origen" y procede reconocer la que la trabajadora tiene desde el 10 de mayo de 1.996 al provenir de la Caja de Ahorros de Asturias.

Se impugna de contrario por la empresa demandada, que se opone a la interpretación que la parte pretende hacer de las cláusulas invocadas en el entendimiento de que, soslayando las reglas de interpretación cuya infracción denuncia, tergiversa una interpretación judicial que juzga razonada y adecuada.

Para afrontar el examen del motivo conviene recapitular acerca de las premisas de las que trae causa la controversia jurídica y obran al relato de hechos probados. Resumidamente en lo que resulta de interés a estos efectos, el mismo da cuenta de que la actora, nacida el NUM000 de 1.966, comenzó a prestar servicios para la Caja de Ahorros de Asturias el 10 de mayo de 1.996 con la categoría de titulado superior A y las condiciones laborales que describe el hecho probado primero, adscrita a Obra Cultural Caja de Ahorros de Asturias.

El día 25 de julio de 2.014 la empresa procedió a extinguir su contrato de trabajo por causas económicas y productivas ex artículo 52 c) del Estatuto de los trabajadores, extinción frente a la que accionó la actora por despido nulo o subsidiariamente improcedente, dando lugar al procedimiento judicial al que alude el hecho probado segundo, que refleja además que la actora comenzó a percibir prestación de desempleo el día 6 de agosto de 2.014 y se mantuvo en el percibo de la misma hasta el 30 de enero de 2.015.

El día 13 de enero de 2.015 se alcanza acuerdo en conciliación judicial entre las partes en los términos que recoge el hecho probado tercero de los que sirve destacar: primero, la convalidación de la extinción del contrato por causas objetivas consolidando la trabajadora la indemnización percibida de 77.454,85 euros; segundo, la incorporación de 1a trabajadora a 1a plantilla de Liberbank con efectos de 1 de febrero de 2.015 y las siguientes condiciones que extensamente detalla la sentencia de instancia, entre las que se encuentra el compromiso de " No ser trasladada, ni despedida, salvo por motivos disciplinarios procedentes, hasta el 30/06/2019. En el caso de ser despedida por Despido Objetivo, la indemnización que corresponda se calculará tomando en consideración el salario que venía percibiendo en la Obra Cultural de Caja de Ahorros de Asturias".

En fecha 3 de diciembre de 2.021 se alcanza un acuerdo en el periodo de consultas del expediente de despido colectivo, movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo, previsto en los artículos 51, 40 y 41 del Estatuto de los trabajadores en Unicaja Banco S.A., cuyo contenido el hecho probado quinto da por íntegramente reproducido aunque destaca del mismo que recoge " IV.- Extinción indemnizada.- Primero.- Las personas trabajadoras afectadas por el despido colectivo percibirán la indemnización que a continuación se establece en función de la edad considerada a 31 de diciembre de 2.021 y antigüedad señalada en cada caso", siendo la que la trabajadora reclama la que corresponde a " b) Personas trabajadoras con edad comprendida entre 54 y 62 años y con una antigüedad mínima en el Banco igual o superior a 10 años a 31 de diciembre de 2.021 [...]" y " Tercero.- Definiciones a los efectos del presente Acuerdo", dentro de las que la discutida en instancia y suplicación concierne a que " b) Se considerará antigüedad a los efectos del presente Acuerdo la mayor antigüedad de entre las siguientes: a) fecha de inicio de prestación de servicios en Unicaja Banco, b) fecha de antigüedad en la entidad de origen de cada persona trabajadora, c) la que tengan reconocida por acuerdo individual a efectos indemnizatorios".

Los hechos probados sexto y séptimo reflejan la disconformidad de la actora con la antigüedad reconocida a efectos del susodicho acuerdo, comenzando porque el día 15 de diciembre de 2.021 la actora remite correo electrónico a Buzón ERE 2021 comunicando que existe un error en su adscripción a un colectivo y la fecha de referencia de antigüedad que no le corresponde. Señala que trabajó en Cajastur desde 1.991 según consta en informe de vida laboral y sin embargo se le computa la antigüedad de alta en el banco en febrero de 2.015, solicitando que modifiquen la propuesta de extinción en ese sentido al tener además cumplidos cincuenta y cinco años a 31 de diciembre, propuesta que ni entonces ni después fue atendida de contrario: el día 6 de abril de 2.022 la empresa le entrega comunicación en la que se extingue su contrato de trabajo con efectos al día 30 de abril de 2.022, al amparo de lo dispuesto en el artículo 51, en relación con el artículo 53.1 del Estatuto de los trabajadores, como consecuencia del expediente de despido colectivo promovido por Unicaja Banco SA y concluido con acuerdo con la representación legal de los trabajadores en fecha 3 de diciembre de 2.021. Se le reconocía la indemnización prevista en el Capítulo I, apartado cuarto, del iniciado acuerdo de 3 de diciembre de 2.021 con arreglo al módulo indemnizatorio regulado en el mismo. La actora firmó su recepción haciendo constar " Recibido. No conforme con las cantidades del monto de la indemnización".

La demanda reitera la pretensión actora de que se le incluya en el colectivo "b" a efectos de la indemnización en el despido colectivo tramitado por la empresa al entender que debe computarse la antigüedad desde que comenzó a prestar servicios en la entidad Caja de ahorros de Asturias, por lo que cumpliría los requisitos para estar incluido en ese colectivo y no en el "d" como le reconoció la empresa, contando con cincuenta y cinco años de edad cumplidos a fecha 31 de diciembre de 2.021 y más de diez años de antigüedad en la empresa.

La sentencia de instancia, tras entrar a dar contestación a las diferentes excepciones procesales opuestas por la empresa para rechazarlas, entra al análisis del fondo de la pretensión relativa a la interpretación de la cláusula controvertida cuando alude a la " fecha de antigüedad en la entidad de origen de cada persona trabajadora" y concluye que, llevada a la aplicación al caso, en las circunstancias de la actora no puede ser estimada su pretensión merced a la ruptura del vínculo contractual que los hechos probados reflejan.

TERCERO.- La tradicional prevalencia del órgano de instancia en la interpretación de convenios colectivos, acuerdos y contratos en el orden jurisdiccional social que la jurisprudencia había venido reiterando partía de su consideración como " facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio ha de prevalecer salvo que no sea racional y lógico o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual" (entre las más recientes, Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2.018, rcud. 198/2.017). Tal afirmación ha sido recientemente matizada -en lo que pudiere haber dado lugar a interpretaciones en sede de recurso favorables a una mayor amplitud de facultades del órgano de instancia- y así se advierte en sentencias como la de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2021 (rco. 187/2019) y las que en ella se citan que «la Sala ha precisado recientemente su papel en este tipo de recursos, en los que se discute la interpretación efectuada por el órgano de instancia. Generalmente, habíamos dicho, siguiendo una antigua línea jurisprudencial, que "lainterpretación de los contratos y demás negocios jurídicos(y el convenio colectivo participa de tal naturaleza) es facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio, como más objetivo, ha de prevalecer sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica, o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual" ( SSTS de 5 de junio de 2012, rec. 71/2011 ; de 15 de septiembre de 2009, rec. 78/2008 , entre muchas otras) [...]. Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos matizado dicho criterio, y hemos establecido que, "Frente a la opción de dar por buena, en todo caso, la interpretación efectuada por la sentencia de instancia, la Sala considera que lo que le corresponde realizar en supuestos como el presente, en los que se discute por el recurrente aquella interpretación, consiste en verificar que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los artículos 3 y 1281 y ss. CC , tal como las ha venido analizando la Sala en la jurisprudencia recién expuesta". (SSTS de 13 de octubre de 2020, Rec. 132/2019 ; 21 de diciembre de 2020, Rec. 76/2019 ; 3 de marzo de 2021, Rec. 131/2019 ; 10 de marzo de 2021, Rec. 102/2019 y 22 de abril de 2021, Rec. 145/2019 ) [...]».

El canon jurisprudencial expuesto atiende así tanto a que la interpretación del órgano judicial de instancia no haya sido arbitraria ni irrazonable, como a que se atenga escrupulosamente a las reglas de interpretación establecidas en el Código Civil -cuya infracción el recurso denuncia-, reglas conforme a las que el sentido literal de los términos empleados, el contexto, los antecedentes y actos coetáneos y posteriores, así como la intención de las partes son criterios determinantes de la adecuación de la interpretación en este ámbito.

Llevando tales consideraciones al supuesto examinado, conviene reparar en las razones de la desestimación que se condensan en los fundamentos de derecho tercero y cuarto. La sentencia de instancia parte de que la cuestión litigiosa se centra en interpretar el contenido del apartado tercero b) del acuerdo de 3 de diciembre de 2.021 cuando se refiere a que debe entenderse por antigüedad cuando establece que " Se considerará antigüedad a los efectos del presente Acuerdo la mayor antigüedad de entre las siguientes: a) fecha de inicio de prestación de servicios en Unicaja Banco, b) fecha de antigüedad en la entidad de origen de cada persona trabajadora, c) la que tengan reconocida por acuerdo individual a efectos indemnizatorios" ya que mantiene la empresa que la antigüedad a computar de la trabajadora es el día 1 de febrero de 2.015, que es cuando comenzó la prestación de servicios para la entidad Liberbank, mientras que la trabajadora entiende que comenzó a prestar servicios para Cajastur y que, por tanto, esa es la entidad de origen y la antigüedad a computar.

Razona la Juzgadora a quo en la sentencia que " A efectos de la interpretación de éste tipo de acuerdos deben seguirse las mismas normas de interpretación de las normas y de los contratos establecidas en el Código civil, de forma que si los términos literales son claros y no ofrecen lugar a dudas deben seguirse estrictamente los mismos, debiendo tomarse en consideración, igualmente, cuál fue la intención de las partes y los actos previos, coetáneos y posteriores. Partiendo de esas premisas hemos de tener en cuenta que el Acuerdo que se analiza es consecuencia de la fusión entre Unicaja Banca y Liberbank, al haber sido ésta absorbida por aquella. Esta circunstancia debe ser tenida en cuenta pues ello ya nos permite interpretar que es lo que quisieron establecer las partes cuando definieron la antigüedad, estableciendo tres supuestos, uno referido a los casos en que exista un acuerdo individual entre las partes y otros dos, que es lo que aquí nos interesa, cuando no exista ese acuerdo individual, y, en esos casos se distinguen dos supuestos, que el trabajador que se acoja sea trabajador de Unicaja o que el trabajador sea trabajador de otra entidad distinta, bien trabajador de Liberbank que es la última entidad absorbida por Unicaja o de cualquier otra entidad que haya sido absorbida o fusionada con anterioridad, pues en el acuerdo se hace mención en varios párrafos a respetar condiciones de los empleados que hayan tenido su origen en Caja de Extremadura, Banco Urquijo, etc. Esa antigüedad de origen no se corresponde, necesariamente con la empresa Liberbank o cuando ésta se creó, sino que se corresponde con la antigüedad que derive de la entidad de origen que puede ser distinta, siempre que esa antigüedad sea la reconocida por Liberbank. Así se desprende, por ejemplo, de lo dispuesto en el capítulo III, cuando trata de la retribución señala que las personas trabajadoras procedentes de Liberbank mantendrán la misma retribución total, estructura retributiva y fórmula de pago que tuviera reconocida en función de su entidad de origen, lo que supone un reconocimiento de que los trabajadores de ésta empresa provienen, como es público y notorio, de otras entidades distintas, en unos casos Cajastur o en otros Caja de Castilla la Mancha. Y ese reconocimiento de que la entidad de origen es Cajastur, se recoge también en el apartado 3º de ese capítulo, cuando al regular las vacaciones señala que las personas trabajadoras con origen en las entidades Cajastur y Caja Extremadura tendrán derecho a disfrutar de un día adicional de vacaciones. Por tanto, en aquellos trabajadores de Liberbank que comenzaron a prestar servicios en Caja de Ahorros de Asturias su entidad de origen es ésta y es el inicio de prestación en esa entidad lo que debe tomarse a efectos de antigüedad, conforme a lo pactado entre los representantes de los trabajadores y la empresa".

Tomando esta interpretación que las partes no discuten en el recurso, en segundo lugar y al caso de la actora, " de ese acuerdo no puede deducirse, como pretende la parte, que debía tratarse de empleados de banca, por lo que no resultaba aplicable a la actora, que prestaba servicios en la obra cultural, pues no existe ninguna exclusión en el acuerdo y lo cierto es que la demandante, tal como se desprende del informe de vida laboral, era trabajadora de Caja de Ahorros de Asturias". Mas debiendo " analizar cuál es la situación concreta de la demandante", en primer lugar, " señala en la demanda que la antigüedad es del año 1.991 porque en ese momento comenzó la prestación de servicios para Caja de ahorros de Asturias, lo que así figura en el informe de vida laboral, pero también lo es que tras ello prestó servicios para otras empresas distintas, no siendo hasta mayo de 1.995 cuando vuelve a prestar servicios en la misma, siendo esa antigüedad la que tenía reconocida en la empresa Caja de ahorros de Asturias". Y en segundo lugar, " tal como se desprende de la prueba documental aportada por la empresa, esa relación que le vinculaba desde el año 1.995 finalizó por medio de un despido objetivo, que la actora impugnó solicitando una declaración de despido nulo o subsidiariamente improcedente. En conciliación judicial se alcanzó un acuerdo en el que tanto la actora como la empresa acordaron convalidar la extinción de la relación laboral y consolidar la indemnización que le había sido abonada por el despido objetivo y que excedía de los 77.000 euros. Ello supone que voluntariamente ambas partes acordaron que el despido era procedente y que esa relación laboral había terminado, como lo demuestra el hecho de que la actora cobró la indemnización correspondiente y no existieron salarios de tramitación porque la actora percibió las prestaciones por desempleo, por tanto, esa relación laboral quedó finiquitada". A refuerzo de esta idea señala que " cierto es que las partes, fruto de las negociaciones llevadas a cabo, alcanzaron el acuerdo que la demandante prestase servicios en Liberbank, pero se trató de una relación nueva y distinta de la anterior. Se fijó una categoría profesional distinta, unas funciones también distintas de las realizadas hasta ese momento" y destaca en cualquier caso que " si bien es cierto que se pactó que el salario sería el mismo que venía percibiendo con anterioridad y que la actora no podría ser despedida hasta el año 2.019, ningún pacto se alcanzó sobre el reconocimiento de la antigüedad, [...] de ahí que la antigüedad que se reconozca en las nóminas de Liberbank sea la de febrero de 2.015 y que la antigüedad que se le haya venido abonando durante todo este tiempo por Liberbank sea la correspondiente al año 2.015". Añade que tal interpretación " no supone vulnerar el principio de igualdad con respecto al resto de sus compañeros, pues la situación existente no es idéntica, pues el resto de trabajadores, a los que se les respetó la antigüedad de la entidad de origen como consecuencia de los distintos cambios de empresario, en ningún momento percibieron indemnización alguna de la empresa como consecuencia de esos cambios, mientras que la demandante sí que percibió una indemnización superior a los 70.000 como consecuencia de la finalización de su relación laboral [...]".

El reproche que el recurrente formula atiende solo a la interpretación de la misma cláusula a las que la Juzgadora a quo se atiene para concluir en sentido contrario al razonado por razones que no pueden merecer favorable acogida. Como hemos dicho, el canon jurisprudencial expuesto atiende así tanto a que la interpretación del órgano judicial de instancia no haya sido arbitraria ni irrazonable, como a que se atenga escrupulosamente a las reglas de interpretación establecidas en el Código Civil, cual aquí acontece de un modo en el que no podemos convenir en el error que en detrimento de la interpretación judicial pretende la parte. Que la trabajadora hubiese prestado servicios en la Caja de Ahorros de Asturias no determina que esta pueda ser aquí tomada como "entidad de origen". De entrada y encontrándonos en el marco de un procedimiento de despido en el que lo discutido es la antigüedad a efectos del cálculo de la indemnización por aquella causa, bien que en aplicación de las condiciones pactadas en el acuerdo de 3 de diciembre de 2.021, el razonamiento judicial no deviene erróneo por advertir que cuando la actora inició la relación laboral con Liberbank en ningún caso las partes acordaron el reconocimiento de una antigüedad distinta a estos efectos. Sirva recordar que incluso en relación con los efectos indemnizatorios para caso de despido improcedente y la antigüedad en la prestación de servicios que a estos efectos pueda ser computada -con relevante trascendencia en la cuantía de la indemnización a calcular-, el Alto Tribunal reitera como doctrina unificada en sentencias de 5 de febrero de 2.001 (rcud. 2450/2000) y de 13 de noviembre de 2.006 (rcud. 3110/2005) que a efectos de cuantificar la indemnización por despido " no es confundible la antigüedad que pudiera asignarse al trabajador en el contrato de trabajo que inicie relación laboral, derivada de respetar la lograda con anteriores contratos, respecto a los cuales, aquel no constituye subrogación, con el tiempo de servicios que se genere en desarrollo de este, siendo sólo tal tiempo de servicios el que ha de ser computado para el cálculo de la indemnización que correspondiera, si dicho último contrato se extinguiera por despido, que, impugnado, fuera declarado improcedente, salvo en supuestos en los que, al asignarse la mayor antigüedad, se pactare que la misma había de operar a todos los efectos - incluidos, por tanto, los del cálculo de la indemnización por despido improcedente - o así se estableciere en el orden normativo aplicable".

Ahora bien, en tales consideraciones no pivota principalmente la razón de la desestimación en la instancia, siendo lo relevante a favor de la interpretación judicial que no es posible desdeñar en la aplicación al caso de la cláusula controvertida la ruptura del vínculo contractual, ruptura declarada procedente por acuerdo de ambas partes en el marco de un procedimiento judicial, tributaria de la indemnización a que alude la sentencia y que se prolongó durante varios meses durante los que la actora percibió en consecuencia prestaciones por desempleo. La propia Juzgadora a quo advierte incluso con carácter previo de la existencia de otra ruptura precedente por razones análogas cuando, habiendo comenzado en 1.991 la prestación de servicios para Caja de ahorros de Asturias , " lo que así figura en el informe de vida laboral, pero también lo es que tras ello prestó servicios para otras empresas distintas, no siendo hasta mayo de 1.995 cuando vuelve a prestar servicios en la misma" y no es aquella primera fecha la que a estos efectos reclama. En definitiva, las razones de censura jurídica no alcanzan a desautorizar un razonamiento judicial no desligado de la literalidad del apartado b) de la cláusula tercera del acuerdo cuya aplicación se reclama porque realmente incurre el recurso en una discrepancia valorativa, pero no pone de manifiesto que la realizada por la Juzgadora a quo sea irrazonable o ilógica atendida la literalidad de la cláusula y su interpretación de conjunto en las circunstancias fácticas que el recurso incluso asume. Ello aboca a su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,