Sentencia Social 2518/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 2267/2022 de 07 de diciembre del 2022

PRIMERO: Frente a la sentencia de fecha 29 de julio de 2022, dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Avilés, que estimando parcialmente la demanda interpuesta por doña Lina frente a la Autoridad Portuaria de Avilés, declara la vulneración por la demandada de los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, a la integridad física y moral y a la dignidad, al honor y a la intimidad personal y familiar, y condena a tal demandada al abono de una indemnización de 20.000 euros en concepto de daños morales; recurre la misma en suplicación, denunciando, al amparo del artículo 193.a) de la LRJS, la infracción del artículo 97.2 de la LRJS, en relación con el 218 de la LEC y con el 24.1 de la Constitución Española; interesando, al amparo del art. 193.b) LRJS, la modificación del relato de hechos probados contenido en la resolución recurrida y alegando, conforme al artículo 193.c) de la LRJS, la infracción del artículo 1.101 del Código Civil en relación con la jurisprudencia contemplada en la STS de 15 de diciembre de 2008, y la doctrina recogida en la STC de 16 de abril de 2007; y del artículo 183.1 y 2 de la LRJS, en relación con el 3.2 del Código Civil.

SEGUNDO: En el primer motivo de su recurso, formulado al amparo del apartado a) del artículo 193 de la LRJS, denuncia la recurrente la infracción del artículo 97.2 de la LRJS, en relación con el 218 de la LEC y con el 24.1 de la Constitución Española.

El primero de los preceptos citados dispone que "la sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

Por su parte, el 218 de la LEC, dispone:

"1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.

2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.

3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos".

Como se desprende de su mera lectura, tales preceptos exigen únicamente que las resoluciones judiciales sean motivadas, expresando los razonamientos de hecho y de derecho que conducen a la conclusión reflejada en su fallo.

Pues bien, ampara la recurrente en ellos lo que no es sino una pretensión de nueva valoración de la prueba practicada en el procedimiento, por más que en el cuerpo del recurso aduzca no ser ello lo que pretende.

Analizada la sentencia recurrida podemos afirmar que la juzgadora a quo expone en la misma de manera detallada las razones que la llevan a alcanzar la convicción reflejada en el fallo: redacta un completo relato de hechos probados en base (como justifica en los fundamentos de derecho) a la prueba practicada (fundamentalmente a la testifical y al informe emitido por el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales) y pone de manifiesto las razones que le llevan a otorgar mayor credibilidad a parte de las pruebas practicadas frente a otras (y en concreto, a parte de los testimonios prestados por partes y testigos frente a otros de ellos).

Lo que la recurrente pretende, a la vista del contenido de su primer motivo, es, como decimos, que se proceda en esta instancia a realizar una nueva valoración de la prueba practicada que lleve a, contra lo realizado por la magistrada a quo, conferir mayor credibilidad a los testimonios que a ella interesan, a no tener en cuenta el informe citado del Instituto Asturiano de Prevención, y a no valorar como indicio de acoso laboral (también al contrario de lo que considera la juzgadora de instancia) un cambio en los criterios empleados para la contratación de personal laboral temporal que tuvo lugar en diciembre de 2019, que suponía un perjuicio para la demandante frente a los criterios que venían empleándose con anterioridad.

Pues bien, la nueva valoración probatoria pretendida, dada la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación que nos ocupa y no apreciándose razón alguna para considerar carente de justificación o arbitraria la efectuada por la magistrada de instancia, no puede realizarse.

Critica la recurrente que la juzgadora atribuya presunción de certeza al reiterado informe del Instituto Asturiano de Prevención pero no es tal lo que la magistrada realiza, sino valorar tal informe como un medio probatorio más, poniendo de manifiesto las razones por las cuales otorga credibilidad a su contenido. El hecho de que legamente no se atribuya al citado informe presunción de certeza no excluye, al contrario de lo que pretende la recurrente, que su contenido, y no solo el de las declaraciones de los testigos que depusieron en el acto del juicio, pueda ser tenido en consideración.

Alega, asimismo, que se infringe el principio de cosa juzgada (sin citar, por cierto, siquiera, el precepto en que el mismo se regula) cuando la juzgadora de instancia considera como indicio de acoso laboral el mencionado cambio de criterio en las bases para la contratación de personal laboral temporal, habiendo sido declaradas tales bases conforme a derecho por la Sala de lo Contencioso Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia.

Pues bien, en la sentencia impugnada no se desconoce el contenido de las dictadas por dicha Sala de lo Contencioso Administrativo. Al contrario, reconociendo el mismo, se parte de la legalidad de las bases de la convocatoria para la estabilización del empleo publicada en diciembre de 2019, pero se exponen las razones por las cuales, el cambio de criterio frente a lo que venía valorándose con anterioridad supone un perjuicio para la actora frente al resto de sus compañeros.

Por último, no existe razón alguna para, conforme a lo pretendido en el recurso, otorgar mayor credibilidad a la declaración de don Luis Carlos (Presidente de la Autoridad Portuaria) y de don Luis Enrique (Director General) frente a la de don Jesús Luis, máxime teniendo en cuenta que la juzgadora de instancia expone claramente las razones que le llevan a descartar lo manifestado por ellos (en concreto, el desconocimiento por la Autoridad Portuaria de la situación de acoso sufrida por la demandante, y de los rumores que, entre los otros trabajadores e incluso personal ajeno a tal Autoridad, circulaban sobre ella), ni puede considerarse que exista arbitrariedad alguna en la valoración de las testificales realizada por la magistrada a quo.

Por todo ello, no pudiendo considerarse que la resolución impugnada infrinja ninguno de los preceptos invocados por la recurrente en el primer motivo de su recurso, ni que incurra en los vicios procesales por ella alegados, procede la desestimación de tal primer motivo.

TERCERO: En el segundo motivo, formulado al amparo del artículo 193.b) de la LRJS, interesa la recurrente la modificación de los hechos probados quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo segundo y décimo tercero de la sentencia impugnada.

En primer lugar, deben recordarse los requisitos jurisprudencialmente exigidos para que la modificación del relato fáctico contenido en una resolución judicial a través del recurso extraordinario de suplicación interpuesto frente a ella pueda prosperar:

- En relación con los hechos, se exige que lo que se trate de modificar sea un enunciado contenido en el relato fáctico de la resolución impugnada, o bien una afirmación con valor fáctico contenida en la fundamentación jurídica de la misma. Puede pretenderse tanto la modificación de un enunciado en concreto, como su supresión, o la adición de un nuevo hecho al citado relato.

Además, la parte recurrente ha de proponer una redacción alternativa al enunciado que pretende modificar (o simplemente, la redacción del hecho que pretende introducir).

- En relación con la prueba, se exige que la modificación pretendida se desprenda directamente del contenido de una prueba documental o pericial concreta, obrante en las actuaciones y lícita, que sea invocada por la parte recurrente a tal efecto.

No se admite, por tanto, que la modificación se fundamente en pruebas de otro tipo, como puede ser el interrogatorio de parte o la testifical. Además, se excluye el valor de prueba documental a estos efectos de elementos como el acta del juicio, la demanda, las actas de la inspección de trabajo, etc.

Tampoco se admite que se fundamente la supresión de un hecho probado no en una prueba documental o pericial concreta, sino en la falta de prueba del mismo (prueba negativa).

No puede pretenderse a través de este motivo que el órgano judicial encargado de resolver el recurso realice una nueva valoración completa de la prueba practicada en instancia, tarea esta de la valoración de la prueba que corresponde exclusivamente al juez a quo y no puede ser suplida a través de un recurso extraordinario como es el de suplicación.

Asimismo, es necesario que la prueba en la que se fundamenta la pretensión de modificación no haya sido valorada por el órgano que dictó la resolución impugnada, salvo que se ponga de manifiesto el error en que el mismo podría haber incurrido en tal valoración.

- Por último, se exige que la modificación propuesta resulte trascendente, teniendo virtualidad para afectar al fallo de la resolución que se dicte.

Por todas, STS de 5 de junio de 2013, rec. 2/2012, que, en doctrina para el recurso de casación, pero aplicable al de suplicación, también de carácter extraordinario, se remite a muchas otras anteriores en relación con los citados requisitos, a la luz de los cuales pasamos a analizar cada una de las pretensiones de revisión fáctica formuladas.

CUARTO: En primer lugar, interesa la recurrente la modificación del hecho probado quinto de la sentencia impugnada mediante la adición al mismo del siguiente texto:

"En las actas de dichas reuniones no consta referencia alguna sobre que Silvia esté siendo sometida a una situación de acoso o sobre algunas de las conductas denunciadas por ella en el escrito de 29 de mayo de 2020 como constitutivas de acoso hacia ella".

Tal adición, que se fundamenta en el documento número 12 de los aportados por la demandada carece de trascendencia alguna.

El hecho que se pretende modificar hace referencia a la publicación, en diciembre de 2015, de las bases para la contratación de cinco puestos de policía portuaria de personal laboral temporal, y la incorporación, a consecuencia de ello, de cinco trabajadores entre los meses de febrero y abril de 2016, a las razones por las que doña Lina decidió no participar en dicha convocatoria y a la modificación del criterio para la adjudicación de contratos, pasando de valorar como criterio determinante la antigüedad a la superación de un proceso de selección completo y una evaluación del desempeño; y al tratamiento del tema en el seno del Comité de Empresa.

Nada que ver con dicha cuestión tiene si se trató en las mismas reuniones del Comité con la Dirección de la empresa la situación de acoso sobre doña Lina o las conductas denunciadas por ella con posterioridad. Ni siquiera el hecho de que en las reuniones a que hace referencia el hecho probado quinto no se tratase tal cuestión implica que la misma no se plantease en otras reuniones, anteriores o posteriores.

Carece, por ello, como decimos, de toda relevancia, la circunstancia de que en las concretas reuniones a que hace referencia el hecho probado que se pretende modificar, no se tratase el tema del acoso denunciado por la demandante.

Por ello, la primera pretensión de revisión fáctica formulada debe ser desestimada.

QUINTO: En segundo lugar, interesa la recurrente la modificación del hecho probado sexto de la sentencia impugnada y la sustitución de su contenido por el siguiente (modificaciones concretas en negrita):

El servicio de Prevención CUALTIS, a petición de la AP, realizó una evaluación de riesgos psicosociales en la PP, cuyo informe de 5 de diciembre de 2017 concluye "un nivel de riesgo muy elevado" en el factor psicosocial participación/supervisión; y un nivel de riesgo elevado en los factores interés por el trabajo y desempeño de rol.

En el citado informe se definen lo que se entiende por "participación/supervisión" en los siguientes términos: la participación se refiere a la valoración que el trabajador hace del nivel de control que sus superiores inmediatos ejercen sobre aspectos diversos de la ejecución del trabajo; la participación explora los distintos niveles de implicación, intervención y colaboración que el trabajador mantiene con distintos aspectos de su trabajo y de la organización. Los ítems que comprende este factor son: participación en la introducción de cambios en equipos y materiales; en métodos de trabajo; en el lanzamiento de nuevos productos; en la reorganización de áreas de trabajo; en la introducción de cambios en la dirección; en contrataciones de personal; en la elaboración de normas de trabajo; sobre los métodos; sobre la planificación; sobre el ritmo; sobre la calidad.

Asimismo se define lo que se entiende por "interés por el trabajador y desempeño de rol" en la siguiente forma: El interés por el trabajador hace referencia al grado en que la empresa muestra una preocupación de carácter personal y a largo plazo por el trabajador. Estas cuestiones se manifiestan en la preocupación de la organización por la promoción, formación, desarrollo de carrera de sus trabajadores, por mantener informados a los trabajadores sobre tales cuestiones, así como por la percepción tanto de seguridad en el empleo como de la existencia de un equilibrio entre lo que el trabajador aporta y la compensación que por ello obtiene. Los ítems que comprende este factor son: interés por la formación, posibilidades de promoción, requisitos de promoción, situación de la empresa, facilidades para el desarrollo profesional, valoración de la formación, equilibrio entre esfuerzo y recompensas y satisfacción con el salario.

En su página 18 afirma que "existe un porcentaje importante de trabajadores que manifiestan estar expuestos a situaciones de violencia psicológica de manera frecuente" (concretamente, un 14% de los entrevistados, aunque un 47% dice que raras veces están expuestos a ese tipo de situaciones y un 38% dice que no existen ese tipo de situaciones) y que "por otro lado, existe bastante desconocimiento de qué hacer en caso de sufrir situaciones de conflicto interpersonal entre trabajadores", aunque en el informe se dice que a este respecto cabe mencionar que se ha implantado en fechas próximas a la realización de esta evaluación el protocolo "Canal Alerta" para la gestión de situaciones relacionadas con conductas de acoso.

También cabe destacar que en el aspecto de "calidad de las relaciones" el 85% de los entrevistados dice que son buenas y el 14% que son regulares, y que en el aspecto de "exposición a conflictos interpersonales" un 85% dice que raras veces ocurre, un 9% dice que nunca ocurre y un 4% dice que ocurre constantemente".

Nuevamente, carece de trascendencia la revisión interesada, que la propia recurrente fundamenta en el informe sobre riesgos psicosociales elaborado por Cualtis, obrante al documento número 10 del ramo de prueba de la parte demandada, al que se remite ya la resolución impugnada, pudiendo ser tenido en cuenta por esta Sala la totalidad de su contenido.

Los textos cuya transcripción solicita la recurrente no excluyen que, como considera la juzgadora de instancia, se reflejase en tal informe la existencia de trabajadores que manifestasen estar expuestos de manera frecuente a situaciones de violencia psicológica y que le constase, por tanto, a la Autoridad Portuaria, dicha circunstancia.

El hecho de que en el mismo se valorasen otras cuestiones como la participación en el trabajo, la supervisión, o el interés por el trabajador en cuestiones como su formación o su promoción profesional no excluye el que se pusiese de manifiesto también la percepción por parte del personal de la existencia de situaciones de violencia psicológica, sin importar que el porcentaje de trabajadores que percibía tal violencia con frecuencia fuese inferior al que consideraba la misma inexistente; así como el desconocimiento de cómo actuar ante tales situaciones.

Por ello, procede la desestimación de la segunda pretensión de revisión fáctica formulada.

SEXTO: En tercer lugar, interesa la recurrente la modificación del hecho probado séptimo de la sentencia impugnada, mediante la supresión de su contenido del siguiente párrafo:

"Se trata de un protocolo genérico, válido para cualquier empresa, no adaptado a las particularidades de la Autoridad Portuaria."

No se fundamenta tal pretensión en prueba documental ni pericial alguna por lo que, no admitiéndose, conforme a lo antes indicado, las revisiones fácticas fundamentadas en prueba negativa o en la inexistencia de prueba, procede la desestimación de la misma.

SÉPTIMO: En cuarto lugar, interesa la recurrente la adición al hecho probado octavo de la sentencia impugnada del siguiente texto:

" ... Las citadas Bases fueron acordadas por la Dirección y el Comité de Empresa, con el único voto en contra de CC.OO. En las actas de las reuniones celebradas sobre las bases (los días 26 de junio, 30 de octubre y 5 de noviembre de 2019) no consta referencia alguna de la parte social sobre que Lina esté siendo sometida a una situación de acoso o sobre las conductas denunciadas por ella en el escrito de 29 de mayo de 2020 como constitutivas de acoso hacia ella...".

Nuevamente, la adición planteada, fundamentada en las actas de las reuniones a que la misma se refiere, obrantes al documento 14 aportado por la parte demandada, carece de trascendencia.

El propio hecho probado que se pretende modificar hace referencia al acuerdo de modificación de las bases para la consolidación de empleo temporal adoptado en reunión del comité de empresa con la Dirección, resultando irrelevante que CCOO votase en contra.

No existe razón alguna, además, y como ya razonamos en el fundamento de derecho cuarto de la presente resolución, ni para considerar que el acoso sufrido por doña Lina debiese haber sido tratado en tales reuniones, ni siquiera el texto propuesto permite excluir que fuese discutido en otras, de otra fecha.

Por ello, procede la desestimación de la cuarta pretensión de revisión fáctica formulada.

OCTAVO: En quinto lugar, interesa la recurrente la adición al hecho probado décimo de la sentencia impugnada de un nuevo párrafo con el contenido siguiente:

"En la sentencia del TSJ de Asturias de 29 de diciembre de 2021 , que resuelve el recurso presentado por CC.OO contra las Bases de contratación, se dice literalmente que "... hay que rechazar que estemos ante una medida desproporcionada, arbitraria o irrazonable con relación a la finalidad de estabilización de empleo temporal, ni que vulnere los principios de mérito y capacidad ..." y que las bases "... fueron objeto de negociación con la participación de las organizaciones sindicales y aplicadas en la mayor parte de los procesos de selección convocados al efecto, sin que fueran objeto de impugnación, que la participación y superación anterior de un proceso selectivo en términos coincidentes con el presente, es un medio adecuado e idóneo para determinar la capacidad de los aspirantes, en definitiva, de los conocimientos y aptitudes básicas para el desempeño de los puestos convocados, y el que se valore con la puntuación establecida no resulta desproporcionada teniendo en cuenta que no supera el límite legal, la valoración global, y la que se atribuye a otros méritos, así como tampoco predeterminada como resaltan las partes codemandadas, y ello a falta de elementos directos e indiciarios que tenga como destinatarios y beneficien a personas determinadas haciendo inútil la concurrencia siendo un mérito eliminatorio. El procedimiento por tanto como aduce uno de los Sindicatos codemandados no es cerrado ni está destinado a persona concreta alguna, sino al que cumpla dichos requisitos ... por lo que no se puede intuir bajo ningún concepto trato de favor hacia opositor concreto alguno ...". Asimismo, la sentencia del TSJ de Asturias de 17 de enero de 2022 que resuelve el recurso presentado por la actora contra las Bases de selección dice literalmente que "... la superación de un proceso selectivo completo para acceder a la entrevista, tal y como acontece en los procesos selectivos de carácter libre de policía portuario, no puede ser tachado de irrazonable o desproporcionado, sino que es plenamente objetivo y coherente, máxime cuando consta en el informe acompañado al escrito de demanda que es idéntico a otros procesos de selección convocados por la Autoridad Portuaria de Avilés para consolidación de plazas de carácter temporal y que no consta hayan sido impugnados ... el hecho de que las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria obtuvieran este elevado índice de aprobación por parte de las organizaciones sindicales y sean empleadas en otros procesos de selección resulta un indicio importante para descartar la arbitrariedad que le achaca la recurrente ...".

El hecho probado que se trata de modificar contempla ya que las Sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia de 29 de diciembre de 2021 y 17 de enero de 2022 declararon válida la convocatoria de concurso de méritos para la cobertura de las cinco plazas de Policía Portuaria en turno libre y con carácter fijo, partiendo precisamente la juzgadora de instancia en la fundamentación jurídica de su resolución de tal legalidad declarada en las sentencias citadas, sin que nada relevante aporten las razones por las cuales la convocatoria mencionada se consideró ajustada a derecho, y sin que tales razones excluyan lo descrito en los fundamentos de derecho de la resolución impugnada: que a consecuencia de los nuevos criterios en que se fundamentaba tal convocatoria, la demandante fuese la única trabajadora que no pudiese pasar a la fase de entrevista, pese a tener una antigüedad superior a la de sus compañeros (razonamiento que, al contrario de lo invocado por la recurrente no infringe la fuerza de cosa juzgada de las Sentencias de la Sala de lo Contencioso citadas).

Por ello, procede la desestimación de la quinta pretensión de revisión fáctica.

NOVENO: Por último, interesa la recurrente la modificación del hecho probado décimo tercero y la sustitución de su contenido por el siguiente:

"El Informe Médico del Servicio Público de Salud del Principado de Asturias, Servicio de Salud Mental, de 2 de marzo de 2021 diagnostica a la actora: depresión mayor sin respuesta por persistencia de desencadenantes, cronificada y riesgos en el desempeño de su trabajo por el riesgo de descontrol de impulsos al manejar un arma y tener en su poder explosivos (documento nº 5 de ramo de prueba de la demandante).

El Informe del médico psiquiatra Celestino de 5 de septiembre de 2021, establece: "Cuadro DIRECCION001 e incapacitante, de mal pronóstico y cronificado, incompatible con una actividad laboral normalizada (en ningún caso con los riesgos y responsabilidades implícitos a su profesión de policía portuaria)" Previamente se ha indicado que "Los riesgos para sí misma y para terceros que supone un trabajo donde se tiene acceso a armas y explosivos, hacen inasumible su reincorporación laboral". (Documento número 6 del ramo de prueba de la demandante).

El Informe de Salud Mental del HOSPITAL000 DIRECCION000 de 29 de noviembre de 2021 señala: paciente de 49 años que continúa acudiendo a consultas en este CSM, diagnosticada inicialmente de DIRECCION002 y posteriormente de DIRECCION001 por tendencia a la cronificación de la clínica y persistencia de factores estresantes prolongados, centrados en el desempeño de la profesión habitual, con situación de conflicto pendiente de resolución de la Inspección de Trabajo. Respecto al informe realizado por su terapeuta de referencia el 02- 03-2021, se mantiene una evolución sin cambios relevantes, impresión de situación de bloqueo y cronificación. A lo cual se suma la prescripción de psicofármacos que interfieren en el uso de maquinaria o herramientas peligrosas, como pueden ser las armas de fuego u otras similares.

La policía portuaria no hace uso de armas de fuego."

De nuevo, la modificación propuesta resulta intrascendente: lo cierto es que en los informes médicos al que el hecho probado que se pretende modificar hace referencia se refleja que la demandante se encuentra diagnosticada de " DIRECCION001", lo que ya de por sí excluye que su estado, como pretende la recurrente, carezca de gravedad, así como la influencia de las circunstancias laborales en tal trastorno.

Ni es el peligro que supone el acceso a armas de fuego y explosivos el único dato justificativo de la gravedad de su estado, ni el hecho de que en el trabajo no tenga acceso a ellos no determina que el trastorno por ella padecido sea menos grave, y ni siquiera del informe citado por la recurrente (documento número 24 de la prueba aportada por la demandada) se desprende inequívocamente que la actora no tenga acceso a dichas armas y explosivos en el marco de su actividad laboral.

Por ello, procede la desestimación de la última de las pretensiones de revisión fáctica formuladas.

DÉCIMO: Entrando ya en el ámbito de la censura jurídica, formula la recurrente dos motivos al amparo del apartado c) del artículo 193 de la LRJS.

En el primero de ellos, denuncia la infracción del artículo 1.101 del Código Civil en relación con la jurisprudencia contemplada en la STS de 15 de diciembre de 2008, y la doctrina recogida en la STC de 16 de abril de 2007.

Alega que, no pudiendo considerarse acreditado que la demandada tuviese conocimiento de la situación de acoso a que la actora se encontraba sometida (situación que ni siquiera discute) antes de la comunicación remitida por la misma en mayo de 2020, y habiendo actuado correctamente ante dicha comunicación (el Servicio de Prevención Interno comunicó a la demandante que el procedimiento para la gestión de situaciones de acoso se realizaba a través del Canal Alerta de Cualtis que no podía actuar sin previa denuncia formal de la actora, que nunca llegó a formularse), no puede imputársele responsabilidad alguna.

Pues bien, atendiendo a las circunstancias que se reflejan en la sentencia impugnada, no podemos admitir que no existan indicios serios que denoten el conocimiento por parte de la ahora recurrente de la situación de acoso sufrida por la demandante con anterioridad a la remisión por ella del escrito fechado en mayo de 2020.

Así, consta acreditado que a finales del año 2015 comienzan ya a surgir en la empresa distintos rumores de naturaleza sexual y sobre el comportamiento profesional de doña Lina, tales como que patrullaba en solitario para mantener encuentros sexuales con hombres en horario de trabajo, que se marchaba reiteradamente del trabajo en el turno de noche, o que el 27 de agosto de 2015, habiendo solicitado un día por enfermedad había ido a tomar una mariscada.

Además, don Jesús Luis, testigo cuya declaración recoge la juzgadora de instancia en la fundamentación jurídica de su resolución, y a la que otorga credibilidad, manifestó conocer la existencia de comentarios ofensivos sobre la demandante y haberlo comunicado al Presidente y al Director de la autoridad portuaria en varias ocasiones.

Otros testigos, como don Indalecio, Jefe de Equipo de la Autoridad Portuaria ya jubilado, manifestaron que los rumores y comentarios ofensivos eran conocidos por otros responsables de la Autoridad Portuaria y de la Policía Portuaria, quienes incluso en alguna ocasión, participaron de tales comentarios ("ya está escaqueándose").

Consta, además, que el responsable de la Policía Portuaria, don Leon, requirió a la actora; días después de haberse ausentado la misma del turno de noche a consecuencia de un sangrado nasal, y autorizada por el Jefe de Turno para acudir a los servicios médicos; para que aportase justificante de asistencia, y al preguntarle el citado Jefe de Turno si resultaba necesario tal justificante, contando con su autorización para ausentarse, el mismo respondió "sí, como la mariscada", en referencia al rumor relativo a que doña Lina había utilizado un día de permiso por enfermedad para irse a Galicia a comer.

Existen, a la vista de lo anterior, indicios bastantes para considerar, como hace la juzgadora de instancia, que la Autoridad Portuaria conocía la existencia de comentarios despectivos hacia la demandante, generalizados, no solo entre la plantilla, sino entre trabajadores externos, como estibadores, consignatarios y transportistas.

A ello se une el hecho de que, realizada en septiembre de 2017 por el Servicio de Prevención Cualtis una evaluación de riesgos psicosociales, en la misma se puso de manifiesto la existencia de un importante porcentaje de trabajadores que manifestaron estar expuestos a situaciones de violencia psicológica de manera frecuente; y que la demandante fue la única mujer que prestó servicios en un ambiente fuertemente masculinizado como es el de la Policía Portuaria (en el Puerto de Avilés) entre 2013 y 2016.

A pesar, por tanto, del conocimiento de la existencia de violencia psicológica frecuente, de la situación de vulnerabilidad en que se encontraba la actora por su condición de mujer, de las afirmaciones de los testigos de haber comunicado la existencia de rumores y comentarios despectivos sobre doña Lina a los responsables de la Autoridad Portuaria en varias ocasiones y de haber participado el responsable de la Policía Portuaria en tales comentarios; no consta que la ahora recurrente adoptase medida alguna dirigida a cesar o impedir la situación de acoso sufrida por la trabajadora.

Es más, incluso en el momento en que la misma comunicó por escrito el trato de que estaba siendo objeto, la única medida adoptada por la demandada y por su Servicio de Prevención fue instarla a que denunciase a través del Canal Alerta las conductas concretas constitutivas de acoso y a las personas responsables de las mismas; medida que no puede considerarse suficiente.

Por todo ello, e incluso sin tener en consideración el perjuicio que pudo suponer para la demandante la modificación en los criterios de selección para la cobertura de puestos definitivos que refleja la resolución impugnada, existen datos suficientes para imputar responsabilidad a la demandada por el acoso infligido a la trabajadora demandante, cuya existencia ni siquiera se discute; existiendo, conforme a lo indicado, indicios más que suficientes para considerar que la misma tenía conocimiento de tal situación de acoso y no adoptó medidas eficaces para evitarlo.

Procede, así, la desestimación del primero de los motivos de censura jurídica formulados por la recurrente.

UNDÉCIMO: En el cuarto y último motivo (segundo de los de censura jurídica), denuncia la recurrente la infracción de los artículos 183.1 y 2 de la LRJS, y 3.2 del Código Civil.

Alega la misma que la indemnización fijada en la sentencia impugnada resulta claramente desproporcionada por varias razones:

- Que la demandante ha sido dada de alta por el Servicio de Salud y se encuentra reincorporada al trabajo.

- Porque el hecho de que la misma haya solicitado el reconocimiento de la incapacidad permanente total no supone que merezca tal reconocimiento.

- Porque la baja médica obedecía a un dato erróneo como era el contacto con armas de fuego y explosivos en el ámbito laboral y el riesgo que tal contacto podía suponer.

- Porque la dolencia psicológica de la actora tuvo otros desencadenantes además de la situación de acoso sufrida.

- Que ni los responsables del sindicato a que la actora se encontraba afiliada ni ella misma hicieron nada para cesar la situación de acoso, razón por la cual la misma se prolongó en el tiempo.

En primer lugar, debemos recordar que la competencia para la determinación de la indemnización que por daños morales se reconoce a consecuencia de la vulneración de un derecho fundamental como la que se reconoce en el presente caso, corresponde al juzgador de instancia, debiendo ser revisada únicamente en el supuesto de que la misma se considere manifiestamente irrazonable o arbitraria, circunstancia que no concurre en el caso actual.

Solicitaba la demandante una indemnización de 150.000 euros, que la juzgadora de instancia rebajó a 20.000.

Tal indemnización se considera adecuada por las siguientes razones:

- La LISOS, parámetro al que la jurisprudencia viene admitiendo la posibilidad de acudir a la hora de fijar indemnizaciones como la discutida en el presente procedimiento, prevé como sanción para las infracciones muy graves una multa en su grado mínimo de 6.251 a 25.000 euros.

- La situación de acoso debe considerarse grave, habida cuenta de la variedad de rumores y comentarios despectivos sobre la trabajadora demandante que se consideran acreditados, la gravedad de las conductas que falsamente se imputaban a la misma y el amplio ámbito de difusión de tales rumores (incluso entre personal no trabajador de la demandada).

- Resulta acreditado que la actora se encuentra diagnosticada de depresión mayor en la cual influye la situación a que se encuentra sometida en el ámbito laboral (así lo reflejan los informes médicos cuyo contenido se recoge en los hechos probados). El hecho de que pudiesen existir otras causas que influyesen también en el estado de doña Lina no excluye la influencia que su situación laboral tuvo en el mismo.

La misma ha permanecido de baja médica por tal dolencia desde diciembre de 2019 (no consta el dato de que haya retornado a su actividad, de que la baja fuese ocasionada exclusivamente para evitar el contacto con armas de fuego y explosivos y el riesgo derivado del mismo, ni de que no exista tal posibilidad de contacto en el marco de la profesión desempeñada por doña Lina).

- La situación de acoso se prolongó durante años sin que se adoptase medida alguna para evitarla.

Todo ello pone de manifiesto la gravedad de la conducta (la omisión, más bien) imputable a la entidad ahora recurrente, así como del perjuicio sufrido por la demandante, y justifica, sin lugar a dudas, el importe de la indemnización fijado en la sentencia de instancia.

Por ello, procede la desestimación del cuarto y último motivo del recurso interpuesto y la confirmación de la sentencia impugnada.

DUODÉCIMO: Dada la desestimación del recurso, las costas procesales deben ser impuestas a la parte recurrente, incluidos los honorarios del Letrado de la impugnación, en la cuantía de 500 euros más IVA.

Vistos los preceptos legales invocados, y demás de general y pertinente aplicación,