Sentencia Social 202/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 546/2022 de 14 de marzo del 2023

PRIMERO.- La sentencia de instancia estima la pretensión ejercitada con carácter principal por la actora, Dª Esmeralda, trabajadora que ha venido prestando servicios desde el día 1 de marzo de 1996 para la empresa "COLEGIO BRITÁNICO de TENERIFE" con la categoría profesional de Jefa de Primaria, que solicitaba que se declarara la nulidad o subsidiariamente la improcedencia del despido objetivo por causas económicas del que fuera objeto el día 12 de febrero de 2021, por cuanto considera que el mismo se decreta como represalia por haber ejercitado acciones judiciales con anterioridad frente a la empleadora, por lo cual se produce una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, en la modalidad de garantía de indemnidad.

Frente a la misma se alza la empresa demandada mediante recurso de suplicación articulado a través de un motivo de revisión fáctica y otro de censura jurídica a fin de que, revocada la sentencia combatida, se dicte otra por la que se declare que el despido objetivo de la actora es procedente, al entender contrariamente que no se ha vulnerado su garantía de indemnidad, que ha quedado demostrada la realidad de las causas económicas esgrimidas como fundamento de su cese y que se han cumplido todos los requisitos formales exigibles en este tipo de extinción contractual.

SEGUNDO.- Por el cauce del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social solicita la empresa demandada la modificación del relato fáctico declarado probado por la Magistrada de instancia con la finalidad de sustituir la actual redacción del ordinal octavo, expresivo de los despidos objetivos llevados a cabo por la empresa demandada entre los meses de diciembre de 2020 y marzo de 2021, por la siguiente:

"En el período de 1 de diciembre de 2020 a 31 de marzo de 2021 se despidió a los siguientes trabajadores: Doña Nieves (empleado s). Doña Nuria (educador I). Doña Patricia (Instructora). Doña Petra (instructora). Doña Esmeralda. Doña Rosalia (profesor titular) -folios 191-197 parte demandada.- Don Emiliano cubre vacante de jefe de primaria, cargo llevado a cabo en 2019/2020 y 2020- 2021 por la Directora Académica de forma que ejerció los dos cargos en esos dos cursos académicos -folio 198 parte demandada.- Se le contrató en fecha 27 de agosto de 2021 con fecha de fin de 26 de agosto de 2022, contrato eventual a tiempo completo por circunstancias de la producción como profesor de enseñanza primaria. -folio 224 parte demandada.- La demandada sacó en fecha 30 de abril de 2021 una oferta de empleo de head of primary. Folio 19 parte actora".

Basa sus pretensiones revisorias en el documento obrante al folio 198 del ramo de prueba de la parte demandada, consistente en copia de un certificado emitido por el propio colegio demandado.

Con carácter previo a la vista de la fundamentación del recurso se han de realizar algunas precisiones. Como con reiteración viene señalando esta Sala, los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimiese o rectificarse), si concurren los siguientes requisitos:

- A) De carácter sustantivo:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de

la prueba ( sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994). De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados.

- B) De carácter formal:

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). En cualquier caso, y al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto no puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas que sean predeterminantes del fallo.

3º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995), estando el recurrente obligado a determinar con exactitud y precisión el documento concreto y particularizado en que se apoya su pretensión revisora, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), así como la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que propone ( Sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001).

4º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia.

5º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico.

Hechas las anteriores aclaraciones, la Sala considera que el motivo planteado merece ser rechazado por dos órdenes distintos de razones. En primer lugar porque, sin necesidad de entrar en el análisis de la veracidad de los datos que se pretenden incorporar al relato de hechos probados, los mismos resultan intrascendentes para resolver la cuestión que nos ocupa y en nada afectarían al sentido de la presente resolución, como veremos más detalladamente a la hora de resolver el siguiente motivo de censura jurídica.

Y, en segundo lugar, porque no todo documento unido a los autos puede tener virtualidad revisoria, sino que han de consistir en documentos que por si mismos evidencien la equivocación del juzgador de instancia a la hora de valorar la prueba.

La fehaciencia se predica de los documentos públicos auténticos o autenticados ( artículos 1.216 y siguientes del Código Civil, en relación con los artículos 317 a 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), así como de los documentos privados reconocidos o adverados en juicio por la parte a quien pudieran perjudicar ( artículos 1.225 del Código Civil y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en ambos casos, siempre que no resulten contradichos por otros elementos probatorios. La valoración de los restantes documentos queda al libre e irrevisable criterio del juzgador y, aunque forman parte de los elementos de convicción, no puede en base a los mismos interesarse la rectificación de los hechos declarados probados en la instancia.

Por ello hemos de decir que el documento invocado por la parte recurrente (una certificación emitida por el propio colegio demandado), ha de ser considerada como documento de parte, carente, por tanto, de fehaciencia y de virtualidad revisoria en el ámbito del recurso extraordinario de suplicación, dado que se ha elaborado ad hoc para que surta efectos exculpatorios en el presente procedimiento.

Se desestima, por tanto, el motivo de revisión fáctica articulado por la empresa demandada, quedando los hechos probados firmes e inalterados.

TERCERO.- Por el cauce del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social denuncia la empresa demandada en su motivo de censura jurídica la infracción de los artículos 14 y 24 párrafo 1º de la Constitución Española, de los artículos 51 párrafo º y 52 letra c del Estatuto de los Trabajadores y de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo en las sentencias que detalla en el escrito de interposición de su recurso. Argumenta en su discurso impugnatorio, en esencia, que de la prueba practicada en el acto del juicio oral no se desprende en ningún caso que el cese de la actora constituya una represalia por haber interpuesto demanda por modificación sustancial de condiciones de trabajo en su contra, sino que fue debido a la situación económica negativa que atraviesa la empresa, que determinó que junto con ella fueron despedidos por la misma causa otros cinco trabajadores, por ello en ningún caso puede ser calificado como despido nulo.

En la resolución de la cuestión que nos ocupa hemos de partir necesariamente de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional a la hora de interpretar el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 párrafo 1º de la Constitución Española y que se refleja en la esfera de las relaciones laborales en el artículo 4 párrafo 2º letra g) del Estatuto de los Trabajadores, materializada principalmente en las sentencias 168/1999 de 27 de septiembre, 101/2000 de 10 de abril y 199/2000 de 24 de julio. A los efectos que ahora nos ocupan, la protección del referido derecho a la tutela judicial efectiva se desdobla en dos planos diferentes:

a) el que se denomina derecho o garantía de indemnidad, consistente en la prohibición para la empresa de ejecutar actos que constituyan una represalia a cualquier actuación del trabajador dirigida a hacer valer judicialmente los derechos de los que crea ser titular;

b) la prohibición de la injerencia indirecta, que no es otra cosa que el derecho a la ejecución efectiva de las resoluciones judiciales, el cual implica la prohibición de toda actuación que impida o limite la posibilidad de que una determinada resolución judicial se ejecute.

Centrándonos en la garantía de indemnidad, como viene manteniendo esta Sala con reiteración, entre otras en su sentencia de 28 de noviembre de 2005:

"El Tribunal Constitucional ha elaborado un cuerpo de doctrina a propósito de la vulneración de los derechos fundamentales que cabe resumir en los siguientes términos:

La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso que ocasionen privación de garantías procesales, sino que tal derecho puede verse lesionado igualmente cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para el ejercicio de una acción judicial, produzca como consecuencia una conducta de represalia por parte del empresario. Por tal razón hemos dicho que el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos al mismo no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza.

En el campo de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos ( SSTC 14/1993, de 18 de enero); 54/1995, de 24 de febrero); 97/1998, de 13 de octubre); 140/1999, de 22 de julio; 101/2000, de 10 de abril); y 196/2000, de 24 de julio), de donde se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de una derechos de los que el trabajador se creía asistido, debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental ( SSTC 7/1 993, de 18 de enero; y las ya citadas 54/1 995, de 24 de febrero; 101/2000, de 10 de abril; y 196/2000, de 24 de julio), ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo ( art. 4.2.g) del Estatuto de los Trabajadores.

Tratándose de la tutela frente a actos de discriminación, hemos subrayado reiteradamente la importancia que en relación con la misma tiene la regla de la prueba. Como señalamos en la STC 90/1997, de 6 de mayo, la necesidad de garantizar que los derechos fundamentales del trabajador no sean desconocidos por el empresario bajo la cobertura formal del ejercicio por parte de éste de los derechos y facultades reconocidos por las normas laborales para organizar las prestaciones de trabajo, pasa por considerar la especial dificultad que en no pocas ocasiones ofrece la operación de desvelar en los procedimientos judiciales correspondientes la lesión constitucional, encubierta tras la legalidad sólo aparente del acto empresarial. Una necesidad tanto más fuerte cuanto mayor es el margen de discrecionalidad con que operan en el contrato de trabajo las facultades organizativas y disciplinarias del empleador. Y proseguíamos: 'Precisamente, la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajador y las especiales dificultades probatorias de su vulneración en aquellos casos constituyen las premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la específica distribución de la carga de la prueba en las relaciones de trabajo (hoy recogida en los arts. 96 y 179.2 LPL; SSTC 38/1981, 37/1986, 47/1985, 114/1989, 21/1992, 266/1993, 180/1994 y 136/1996, entre otras).

La finalidad de la prueba indiciaria no es sino la de evitar que la imposibilidad de revelar los verdaderos motivos del acto empresarial impida declarar que éste resulta lesivo del derecho fundamental ( STC 38/1981), finalidad en orden a la cual se articula el doble elemento de la prueba indiciaria. El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental (STC 38/1 986), principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquél; un indicio que, como ha venido poniendo de relieve la jurisprudencia de este Tribunal, no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla se haya producido (así, STS 166/1987, 114/1989, 21/1992, 266/1993, 293/1994, 180/1994 y 85/1995).

Sólo una vez cubierto este primer e inexcusable presupuesto, añadíamos, 'sobre la parte demandada recae la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente como para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios. Se trata de una auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria ( STC 114/1989)-, que debe llevar a la convicción del Juzgador que tales causas han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial, de forma que ésta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo propósito vulnerador de derecho fundamentales. Se trata, en definitiva, de que el empleador acredite que tales causas explican objetiva, razonable y proporcionalmente por sí mismas su decisión, eliminando toda sospecha de que aquélla ocultó la lesión de un derecho fundamental del trabajador (reflejan estos criterios las SSTC 38/1981, 104/1987, 114/1989, 21/1992, 85/1995 y 136/1996, así como también las SSTC 38/1986, 166/1988, 135/1990, 7/1993 y 17/1996).

La ausencia de prueba trasciende de este modo el ámbito puramente procesal y determina, en último término, que los indicios aportados por el demandante despliegan toda su operatividad para declarar la lesión del propio derecho fundamental del trabajador ( SSTC 197/1990; 136/1996, así como SSTC 38/1981, 104/1987, 166/1988, 114/1989, 147/1995).

Esta doctrina, que ha sido reiteradamente expuesta por este Tribunal en supuestos de decisiones empresariales de despido, así como también en relación con otras facultades empresariales como la resolución del contrato en periodo de prueba ( SSTC 95/1984, de 16 de octubre, 166/1988, de 24 de mayo), la negativa a readmitir tras una excedencia voluntaria (SIC 266/1993, de 20 de septiembre), la denegación de ciertas cantidades ( STC 38/1986, de 21 de marzo) o el establecimiento de diferencias salariales ( SSTC 58/1994, de 28 de febrero, 147/1995, de 16 de octubre), es igualmente aplicable al supuesto de autos, en que la pretendida represalia por el ejercicio de las acciones judiciales se habría materializado impidiendo el acceso de la trabajadora a un nuevo contrato de trabajo, posterior a aquél en relación con el cual se ejercieron las acciones judiciales.

Como hemos recordado recientemente en la STC 29/2002, de 11 de febrero, cuando la conducta prohibida ha tenido como consecuencia el crear un obstáculo definitivo al acceso al empleo de la trabajadora afectada, sus efectos pueden ser equiparados a los de aquellas medidas que, en el ordenamiento laboral, impiden la continuidad del vínculo laboral por decisión unilateral del empresario, esto es, a los del despido fundado en la vulneración de un derecho fundamental ( STC 166/1988)".

Por tanto, y como su propia denominación indica, para que se produzca una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en la modalidad de derecho a la garantía de indemnidad del trabajador, es necesario que en la práctica se den los siguientes elementos:

una acción positiva por parte del trabajador dirigida a impugnar judicialmente una decisión empresarial;

una conducta empresarial constitutiva de una represalia a la acción positiva iniciada por el trabajador;

una relación de causalidad entre la acción del trabajador y la respuesta empresarial (de forma que entre ambas exista una vinculación de acción-reacción).

Pasando ahora a analizar la prohibición de la injerencia indirecta, nos encontramos con que es el derecho a que se ejecute el fallo recogido en la sentencia para garantizar la efectividad de las decisiones judiciales. Sobre esa garantía de ejecución de sentencias el Tribunal Constitucional en su sentencia 32/1982, de 7 de juni,o declara que: "El derecho a la tutela efectiva que dicho artículo consagra no agota su contenido en la exigencia de que el interesado tenga acceso a los Tribunales de Justicia, pueda ante ellos manifestar y defender su pretensión jurídica en igualdad con las otras partes y goce de la libertad de aportar todas aquellas pruebas que procesalmente fueran oportunas y admisibles, ni se limita a garantizar la obtención de una resolución de fondo fundada en derecho, sea o no favorable a la pretensión formulada, si concurren todos los requisitos procesales para ello. Exige también que el fallo judicial se cumpla y que el recurrente sea repuesto en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido: lo contrario sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan en favor de alguna de las partes, en meras declaraciones de intenciones".

Dicho lo anterior, en el caso cuya resolución nos ocupa la Juzgadora de instancia, entendió que existían indicios racionales de que se había producido una violación de derechos fundamentales en el cese de la actora. Dichos indicios estarían recogidos en los ordinales primero, sexto y undécimo de la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida y serían concretamente:

que la Sra. Esmeralda venía prestando servicios como Jefa de Primaria en el Colegio Británico de Tenerife sito en Los Realejos desde el día 1 de marzo de 1996 (hecho probado primero);

que el día 1 de septiembre de 2019 la empresa modificó sustancialmente las condiciones de trabajo de la actora, desposeyéndola de su condición de Jefa de Primaria y de las retribuciones correspondientes a la misma, pasando a ser únicamente Profesora de Primaria (hecho probado séptimo);

que no estando de acuerdo con dicha modificación, la actora interpuso demanda impugnándola el día 22 de octubre de 2019, dando lugar a los autos 994/2019 del Juzgado de lo Social N.º 4 de Santa Cruz de Tenerife, los cuales concluyeron por sentencia de fecha 21 de julio de 2020, que declaró injustificada la modificación de la categoría profesional de la actora y ordenó la reposición en su puesto de Jefa de Primaria, con todos los efectos inherentes a tal declaración, incluidos lo salariales (hecho probado séptimo);

que en fechas no determinadas del mes de diciembre de 2020, siempre anteriores al día 11, la actora de nuevo interpuso demanda frente a la empresa demandada, dando lugar a los autos 979/2020 del Juzgado de lo Social Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, solicitando que se declarara su derecho a percibir la cantidad total de 3.117,07 €, devengada en concepto de complementos salariales durante el periodo de tiempo comprendido entre los días 1 de septiembre de 2019 y 31 de julio de 2020 (hecho probado séptimo);

que la actora es cesada por causas objetivas (concretamente económicas) el día 12 de febrero de 2021 (hecho probado séptimo);

que en el periodo de tiempo comprendido entre los meses de diciembre de 2020 y marzo de 2021, junto con la actora y por las mismas causas la empresa demandada despidió a otros cinco trabajadores (hecho probado octavo).

Por ello la Juzgadora desplazó la carga de la prueba hacia la empresa demandada, conforme establece el artículo 181 párrafo 2º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y le exigió una justificación razonable y fundada de que la extinción del contrato de trabajo de la Sra. Esmeralda no obedecía a las causas por ella alegadas y entendiendo que ésta no se ha dado, declaró la nulidad de su cese.

Al contrario de lo que en su momento entendió la Magistrada de instancia, analizando las circunstancias concretas que rodean el presente supuesto, entiende la Sala que la empresa "Colegio Británico de Tenerife" resalta distintos datos de entidad suficiente como para permitir descartar la existencia de un móvil discriminatorio como fundamento del cese de la trabajadora, que vienen a ser, en esencia, que a la misma no se le extingue su relación laboral de manera aislada sino junto con otros cinco trabajadores que con distintas categorías profesionales prestaban servicios en el Colegio, y que todos los ceses tienen como causa la situación económica negativa en la que se encuentra (reconocida por la juzgadora en el hecho probado noveno y en el fundamento de derecho cuarto in fine).

En efecto, consta acreditado que la actora es despedida en el marco de un despido objetivo y por las mismas causas económicas junto con otros cinco trabajadores de la empresa demandada, sin que conste que eso otros trabajadores hubieran emprendido acciones judiciales frente a la misma.

Dar por acreditada la vulneración de la garantía de indemnidad en base a los hechos acreditados en el presente procedimiento equivaldría, en la práctica, a admitir que se asegurarían la calificación de despido nulo todos aquellos trabajadores que emprendieran cualquier tipo de acción contra su empleadora en momentos anteriores a su cese.

En resumen, consideramos que queda desvirtuada la alegación relativa a la existencia de represalias contra la actora por la actuación de la misma dirigida a hacer valer los derechos de los que creía ser titular como trabajadora.

Ahora bien, en el caso de la Sra. Esmeralda entra en juego la segunda modalidad de salvaguarda de la tutela judicial efectiva, que no es otra que la prohibición de la injerencia indirecta y la garantía de ejecución efectiva de las resoluciones judiciales, que implica la prohibición de toda actuación que impida o limite la posibilidad de que una determinada resolución judicial se ejecute. En efecto, con el despido objetivo de la Sra. Esmeralda el Colegio Británico de Tenerife pretende impedir la ejecución efectiva de la sentencia que declaraba la no justificación de la modificación sustancial de condiciones de trabajo de la misma (privarla de la condición de Jefa de Primaria y de las retribuciones inherentes a tal cargo) y la reposición en sus anteriores condiciones de trabajo. Prueba indeleble de ello y de que el despido objetivo de la actora carece de causas económicas que lo justifique es el hecho de que, tras el cese de la actora en el mes de abril de 2021, al inicio del nuevo curso 2021/2022 la empresa sigue necesitando un Jefe de Primaria, nombrando como tal al profesor D. Emiliano.

En atención a todo lo anteriormente expuesto, y aunque por razones diferentes a las explicitadas por la Magistrada de instancia, procede la desestimación del motivo de censura jurídica y, por su efecto, la del recurso de suplicación interpuesto por la empresa demandada.

CUARTO.- En aplicación de lo dispuesto en los artículos 204 y 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social procede hacer los pronunciamientos pertinentes respecto del depósito efectuado para recurrir, del aseguramiento de la cantidad objeto de condena y de las costas causadas en el presente recurso.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,