Sentencia Social 404/2024 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 1058/2023 de 16 de mayo del 2024

PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, al haberse desestimado los motivos de revisión fáctica planteados, por las razones que se expondrán en los siguientes fundamentos de derecho.

SEGUNDO.- La demandante prestaba servicios para " DIRECCION000" como Gerente C. Estuvo destinada al supermercado de DIRECCION001, como coordinadora de planta, desde enero de 2014. A finales de 2020 inició un embarazo, pautándose como medida preventiva realizar solo turno de mañana pero, al no ser posible tal adaptación, finalmente se suspendió su contrato por riesgo durante el embarazo en NUM002 de 2021, dando a luz a finales de ese mismo mes. Durante la baja maternal su coordinador obligó a la demandante a acudir a reuniones de trabajo, y en septiembre de 2021 se le informó que no volvería al centro de DIRECCION001. En diciembre de 2021, finalizado el descanso maternal, la demandante pasó a prestar servicios en un supermercado sito en DIRECCION002, aunque unos seis meses después se la volvió a trasladar a otro supermercado, este último sito en DIRECCION003 y en el cual aparentemente seguía prestando servicios en el momento en el que fue despedida, en octubre de 2022, despido basado en causas disciplinarias,. En concreto le imputaba la empresa, por un lado, la existencia de diversos incumplimientos de procedimiento ocurridos entre enero y julio de 2022, mientras la demandante estuvo destinada en DIRECCION002, y entre agosto y septiembre de 2022, en el centro de trabajo de DIRECCION003; y por otro lado, le imputaba tratos vejatorios contra los empleados del centro de trabajo de DIRECCION001 (hablarles a gritos, tratarlos con malas maneras, dirigirles insultos, etc), que esos empleados, según la carta de despido, solo se atrevieron a denunciar cuando la actora fue trasladada. La demanda impugnaba el despido, negando los hechos y afirmando que desde que inició su embarazo su coordinador había adoptado medidas dirigidas a empeorar las condiciones de trabajo de la demandante, y últimamente a provocar su despido, lo cual consideraba la actora que vulneraba sus derechos fundamentales (principalmente a la igualdad) y por ello reclamaba una indemnización por daños y perjuicios, aunque en el suplico solo pedía la improcedencia del despido más la indemnización por daño moral. La demandada se opuso destacando que en el suplico no se pedía la nulidad del despido, y afirmando que los hechos imputados a la demandante en la carta de despido eran ciertos y justificaban el despido. La sentencia de instancia estima la demanda. Con respecto a los incumplimientos imputados a la demandante a partir de enero de 2022, considera que los mismos no pueden justificar el despido, y, de hecho, en el relato fáctico no recoge que los mismos estén acreditados, afirmando además, en fundamentación jurídica, que el centro de trabajo de DIRECCION002 al que fue trasladada la demandante en diciembre de 2021 estaba en una situación deplorable y a la demandante se le habían fijado de manera deliberada unos objetivos muy por encima de los ordinarios, con la intención de que no alcanzase los mismos. En cuanto al acoso, parte el juzgador de que el mismo estaría prescrito porque el último acto de acoso imputado a la demandante lo fue en junio de 2021 y el mismo solo se denunció en septiembre de 2022, y en todo caso solo considera que la demandante como mucho podía ser un tanto brusca en el trato, pero no considera probados los insultos y falta de respeto a sus subordinados. Declara el despido nulo - tras haber dado traslado a las partes por escrito sobre esta cuestión después de juicio- al considerar que el mismo se produjo dentro de los 12 meses siguientes al nacimiento de la hija de la demandante y hay indicios de discriminación por razón de embarazo y maternidad, y fija una indemnización de 30.000 euros por daños morales derivados de la vulneración de los derechos fundamentales. En auto de complemento de la sentencia planteado a instancias de la demandante, además, acuerda que la readmisión sea en el centro de trabajo de DIRECCION001, aunque esto nunca se pidió en la demanda ni en el juicio. Disconforme con esta sentencia la recurre en suplicación la parte demandada pretendiendo, en primer lugar, que se anulen algunos pronunciamientos de la sentencia de instancia, deduciendo para ello un motivo al amparo de la letra a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social; y subsidiariamente, que la sentencia recurrida sea revocada y en su lugar la Sala dicte otra que, o desestime en su totalidad la demanda, o reduzca los términos de la condena, para lo cual plantea un motivo de revisión de los hechos probados, por el 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y tres para el examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

TERCERO.- En el motivo de nulidad de actuaciones plantea la empresa recurrente dos cuestiones no necesariamente relacionadas entre sí. En primer lugar, y presumiblemente invocando infracción del artículo 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 24 de la Constitución, plantea, en una argumentación bastante reiterativa, que el auto de 1 de agosto de 2023, al ordenar que la readmisión de la demandante fuera en el centro de trabajo de DIRECCION001, excedió con creces los términos de la aclaración de las sentencias, pues varió el sentido de la resolución, y además admitió una pretensión que la actora no había deducido ni en su demanda ni en juicio, lo que, a su vez, determinaba una incongruencia interna del pronunciamiento con los hechos probados, en los que consta que la demandante no prestaba servicios en DIRECCION001 desde diciembre de 2021; una indebida acumulación de la acción de despido con otra de impugnación de una supuesta movilidad geográfica, no autorizada por el artículo 26 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social; y la estimación de una pretensión en su caso caducada, porque consta que el cambio de centro de trabajo se notificó a la demandante en diciembre de 2021. Todo lo cual considera la empresa que lesiona su derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes. Sin ninguna solución de continuidad, dentro del mismo motivo, pasa la recurrente a criticar que se haya declarado la nulidad del despido cuando en la demanda lo que se pedía era la improcedencia, considerando que ello supone una incongruencia por exceso, prohibida por el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si, pese a lo que se advirtió por la demandada al contestar la demanda, no se pidió a la demandante aclaración o modificación alguna del suplico de su demanda; y que el juzgador no podía acudir a lo previsto en el artículo 87.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, porque se estaría apartando de las pretensiones planteadas por las partes, y, según la recurrente, "las pretensiones de la parte actora, plasmadas en su demanda, sólo permiten la valoración de la procedencia o improcedencia de su despido, careciendo de acción para instar el reconocimiento de una indemnización adicional que ya quedaría cubierta (compensada) en caso de que se declarara judicialmente la improcedencia y la empresa optara por la indemnización, lo que "a sensu contrario" implica que si se declarara de oficio la Nulidad del despido, como así finalmente ocurrió, no puede imponerse ninguna indemnización adicional por no haber sido planteada ni solicitada dicha posibilidad en el acto del juicio, ni ser objeto de debate en el procedimiento judicial tal pretensión", afirmando, finalmente, que la causa de nulidad del despido apreciada por el juzgador era "inédita".

CUARTO.- Presenta bastantes defectos técnicos el motivo, no solo por mezclar dentro del mismo pretensiones distintas en relación con infracción de diferentes normas procesales, sino sobre todo por la forma desperdigada y poco sistemática en la que la recurrente concreta los preceptos y jurisprudencia relativos a las normas y garantías procesales cuya infracción considera que le han provocado indefensión. Pasando, no obstante, al examen de la primera denuncia, cometida según la recurrente con el auto de "aclaración" de sentencia dictado el 1 de agosto de 2023 (el propio juzgado, al dar previo traslado para alegaciones a la parte demandada, deja ver que lo que pedía la demandante excedía de una mera aclaración de un concepto oscuro o rectificación de errores), al concretarse en el mismo que la readmisión de la demandante había de ser en el centro de trabajo de DIRECCION001, ha de darse la razón a la recurrente, pues lo que llevó a cabo el juzgador en ese auto excede con creces no solo de las aclaraciones de conceptos oscuros o rectificación de errores que autoriza el artículo 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en sus apartados 1 a 4, sino también del complemento de sentencias que permite el artículo 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o 267.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues para poder llevar a cabo ese complemento de sentencia es necesario que la misma haya "omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso".

QUINTO.- Pues bien, como denuncia la recurrente, ni en la demanda, ni en juicio, dedujo solicitud alguna la demandante de que la readmisión, en caso de estimarse la demanda, hubiera de tener lugar precisamente en el centro de trabajo de DIRECCION001. Esta pretensión solo la introdujo la actora en el proceso una vez dictada sentencia que declaró nulo el despido. Por tanto, que la sentencia de instancia inicialmente dictada no dijera cual era el centro de trabajo donde debía operar la readmisión no puede considerarse, en modo alguno, una manifiesta omisión de pronunciamiento, pues, en los momentos procesales oportunos para ello (demanda, ampliación de demanda, alegaciones iniciales, contestación), ninguna de las partes planteó que tal readmisión no debería llevarse a cabo "en las mismas condiciones que regían antes del despido", que es lo que literalmente dicen los artículos 110.1 o 283.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, sino en otras distintas. Y entre las condiciones que regían el contrato de trabajo antes del despido producido en octubre de 2022 no estaba que el centro de trabajo fuera el de DIRECCION001, pues consta probado que la demandante fue trasladada del mismo en diciembre de 2021 y, desde entonces, no ha vuelto a él, siendo el centro de trabajo en el que prestaba servicios cuando fue despedida el de DIRECCION003, al cual, por lo que se desprende de la carta de despido y el relato fáctico, fue trasladada antes del 15 de julio de 2022 (aunque, de la lectura de la sentencia recurrida, se termina teniendo la impresión de que el juzgador no ha tenido en cuenta que era ese centro de trabajo de DIRECCION003 donde estaba prestando servicios la demandante cuando fue despedida). Incluso si el juzgador ha considerado que el traslado de la demandante al centro de trabajo de DIRECCION004, en DIRECCION002, en diciembre de 2021, supuso una discriminación por razón de sexo relacionado con la maternidad de la demandante, ese traslado no consta impugnado en tiempo (como plantea la demandada, podría haber una caducidad de la acción, si es que la demandante consideraba que ese traslado era una modificación sustancial de condiciones de trabajo) y forma (no se ha presentado demanda, de la clase que sea, impugnando el traslado) y, en cualquier caso, para el posterior traslado a DIRECCION003 (bastante más cerca del domicilio de la demandante, por lo que se planteaba en la demanda), aparte de que tampoco aparece impugnado, no se ha planteado, ni se puede considerar probada, ninguna finalidad discriminatoria (en la demanda incluso se alega que pensaba que ese último traslado se había acordado a favor de la trabajadora) que enerve considerar ese concreto centro de trabajo como parte de las condiciones laborales existentes al momento del despido.

SEXTO.- En consecuencia, al estimar el juzgador las pretensiones indebidamente introducidas por la demandante después de dictada la sentencia, el mismo conculcó el principio de invariabilidad de las resoluciones judiciales, que contempla en el artículo 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, e incurrió en una incongruencia por exceso, al resolver y estimar pretensiones que, de ninguna manera, puede considerarse que hubieran sido planteadas en tiempo y forma por las partes. Se debe por tanto estimar la censura y anular lo acordado en el auto de 1 de agosto de 2023.

SÉPTIMO.- La segunda infracción procesal planteada por la empresa se refiere al pronunciamiento de nulidad del despido. A este respecto, efectivamente, el suplico de la demanda lo que pedía era la declaración de improcedencia del despido y el abono de una importante indemnización por daños morales derivados de la vulneración de derechos fundamentales. Pero la lectura de la demanda evidencia que el contenido del suplico es manifiestamente incoherente con los argumentos de hecho y de Derecho que se deducían en la demanda, pues en el cuerpo de la demanda la actora planteaba que la demandada había llevado a cabo toda una serie de actuaciones discriminatorias contra la demandante, culminadas en su despido, desde que la misma comunicó su embarazo. Tal discrepancia entre lo planteado en la demanda, y lo pedido en el suplico, o responde a un error material en la redacción de dicho suplico, o a un grave error de calificación jurídica cometido al redactar la demanda. Y, como alega la recurrente, lo más correcto, aunque fuera para ahorrarse posteriores protestas, no necesariamente fundadas, de la parte demandada, hubiera sido que, antes de admitirse la demanda, se requiriera de subsanación a la parte actora, para que aclarase si estaba pidiendo la nulidad del despido, o como mínimo haberse hecho tal aclaración al comienzo del juicio.

OCTAVO.- Pero, en cualquier caso, las vehementes quejas de la demandada sobre alteración de las pretensiones actoras e incongruencia de la sentencia por haber declarado el despido nulo, no pueden acogerse. Es verdad que la previsión de declaración de oficio de la nulidad del despido cuando se concluya que el mismo se ha producido vulnerando derechos fundamentales, solo se contempla de forma clara para los despidos por causas objetivas ( artículo 53.4 del Estatuto de los Trabajadores: "Cuando la decisión extintiva del empresario tuviera como móvil algunas de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley o bien se hubiera producido con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, la decisión extintiva será nula, debiendo la autoridad judicial hacer tal declaración de oficio"), y de forma más equívoca para los despidos disciplinarios y demás tipos de extinciones del contrato de trabajo ( artículo 108.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social: "Si se acreditara que el móvil del despido obedeciera a alguna de las causas del número anterior, el juez se pronunciará sobre ella, con independencia de cuál haya sido la forma del mismo"). Pero la jurisprudencia siempre ha sostenido, de manera constante y reiterada, que una sentencia que declara la nulidad del despido que no se pedía en la demanda no incurre en incongruencia, siempre que la causa de nulidad apreciada de oficio por el tribunal sí estuviera planteada en la demanda, aunque no se tradujera en su suplico. Y ello desde la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1987, según la cual "no se debe desconocer que la calificación jurídica correspondiente al despido del trabajador es misión exclusiva del magistrado de Trabajo, quien a la vista del resultado de las pruebas verificadas en el acto del juicio, procederá a calificarlo en derecho sin tener que atenerse ni vincularse a la que se ha hecho en la demanda, bastando con que el demandante impugne en su demanda el despido de que ha sido objeto, señalando los datos personales de las parte litigantes, lugar y clase de trabajo, antigüedad y salario en las de despido, su fecha y los motivos alegados por la empresa, para que a la vista de ello y de las pruebas practicadas, calificar en derecho el despido de, procedente, improcedente, nulo o radicalmente nulo", doctrina que recoge la posterior sentencia de 2 de octubre de 2020, recurso para unificación de doctrina 4443/2017, o la de 2 de febrero de 2022, recurso para unificación de doctrina, 4633/2018, la cual concluye que "la calificación del despido como procedente, improcedente o nulo debe realizarse conforme a derecho, sin que el órgano judicial esté vinculado por la calificación efectuada por el actor. La razón es que no es una materia dispositiva que dependa de la petición de la parte actora sino que corresponde al órgano judicial determinar cuál es la calificación ajustada a derecho, con sujeción en todo caso a los hechos alegados por el demandante".

NOVENO.- Para que la sentencia de instancia pudiera declarar la nulidad del despido bastaba, conforme a esta jurisprudencia, con que en la demanda se plantearan los hechos y fundamentos (la "causa petendi") relativos a la discriminación o vulneración de los derechos fundamentales que se consideran la real causa de despido, aunque luego en el suplico se pida, por error o deliberadamente, solo la improcedencia y no la nulidad. Lo cual deriva, en parte, de que en el proceso regulado en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social la demanda debe estar en principio solo fundamentada en lo que se refiere a los hechos, pero no se exige que se haga una calificación jurídica de los mismos, aunque es verdad que, tratándose de tutela de derechos fundamentales, el artículo 179.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige no solo "expresar con claridad los hechos constitutivos de la vulneración", sino también "el derecho o libertad infringidos", es decir concretar el precepto constitucional que recoge el derecho fundamental o libertad pública especialmente protegidos por el ordenamiento jurídico y que se consideran vulnerados.

DÉCIMO.- Todo lo anterior se ha producido en este caso, pues la demanda afirmaba que se había vulnerado el artículo 14 de la Constitución, por producirse una discriminación por razón de sexo derivada del embarazo y maternidad de la demandante, y exponía detalladamente los hechos que consideraba indiciarios de la conducta discriminatoria imputada a la empresa, los cuales vinculaba causalmente al despido, reclamando incluso una indemnización adicional derivada de la disciminación que planteaba en la demanda por lo que, por más que formalmente en el suplico solo se pidiera la improcedencia, la empresa demandada no puede en modo alguno pretender desconocer qué se estaba planteando en la demanda y cuales eran las consecuencias jurídicas (la declaración de nulidad del despido) en caso de considerarse probado el panorama indiciario de discriminación que planteaba la demandante. Por tanto, si el juzgador acudió prudentemente, antes de dictar sentencia, al trámite de alegaciones previsto en el artículo 87.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al entender que debía hacer un pronunciamiento de oficio que no había sido expresamente pedido por las partes, actuó de manera correcta, y no habría incurrido en incongruencia alguna por declarar nulo el despido por considerar acreditada la causa de nulidad (hechos determinantes de la nulidad del despido) planteada en la demanda. Este segundo alegato de la empresa, por tanto, no puede estimarse.

UNDÉCIMO.- Examinando seguidamente el motivo de revisión de hechos, con carácter general debe recordarse que aunque el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permita a la Sala de Suplicación revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, este motivo de recurso está sujeto a una serie de límites sustantivos, como son:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible, como regla general, admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985). Todo ello exceptuando los casos en los que la valoración efectuada en instancia de tales documentos o periciales se evidencie como claramente irrazonable, por extraer hechos que de ninguna manera puedan sustentarse en los documentos que se supone han sido valorados, o haberse omitido sin justificación datos que resulten claramente de los mismos y no estén contradichos por otros medios de prueba, o haberse efectuado la valoración con apartamiento de las más elementales reglas de la lógica ( sentencias del Tribunal Constitucional 225/2005, de 12 de septiembre o 214/1999, de 29 de noviembre).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( Sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), siempre que esa libre apreciación llevada a cabo en instancia sea razonable ( Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994).

4º) De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados, pues tales documentos se han de valorar conforme a las reglas de la sana crítica, puestos en relación con el resto de prueba y elementos de convicción, y no cabe atribuir a los mismos valoración tasada alguna ( artículos 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 1218 a 1230 del Código Civil) .

5º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia. Esto significa que el error judicial de valoración de la prueba no puede deducirse de poner en relación el documento o pericial con otros medios de prueba, ni infiriendo hechos o conclusiones que no resulten de forma directa del documento, ni cuando lo que se afirme en el documento esté contradicho o matizado por otras partes del mismo documento o por otros medios de prueba.

6º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, en principio con potenciales efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico. No obstante, se puede admitir la revisión cuando la misma refuerza argumentalmente el pronunciamiento de instancia ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012, recurso 19/2011, o 15 de diciembre de 2015, recurso 34/2015, entre otras). Y, en general, que la Sala de suplicación considere intrascendente la modificación solicitada no debería justificar por sí sola la desestimación de la misma, si se cumplen el resto de requisitos para la admisión de la propuesta, porque en casación para unificación de doctrina el Tribunal Supremo puede apreciar trascendencia del hecho aunque en suplicación se haya negado la misma ( sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2014, recurso 1515/2013, y las que en ella se citan).

DUODÉCIMO.- Desde un punto de vista formal, es doctrina judicial consolidada que en la articulación del motivo de revisión fáctica del 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se han de cumplir los siguientes requisitos (en parte, ahora recogidos en el artículo 196.3 de la Ley):

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2022, recurso 2429/2019).

3º) Al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto solo ha de contener verdaderos hechos u extremos necesitados de prueba (como la costumbre, el Derecho extranjero, o normas no publicadas), pero no normas jurídicas incluidas en el principio "iura novit curia" por estar publicadas en un diario oficial; tampoco puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas, especialmente si esas valoraciones jurídicas son predeterminantes del fallo porque implican, explícita o implícitamente, resolver extremos jurídicamente controvertidos.

4º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995).

5º) También el recurrente tiene la carga de fundamentar el motivo, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), y su trascendencia a efectos de resolver.

6º) Finalmente, debe haber una correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001); es decir, el texto alternativo ha de resultar de forma directa e inmediata del documento o pericia en la que se base el motivo.

DECIMOTERCERO.- Solicita la empresa recurrente modificar el hecho probado 3º, esencialmente para recoger en el mismo que la hija de la demandante nació en NUM002 de 2021 y que, por tanto, el despido se produjo transcurridos más de doce meses desde el parto. Para ello se ampara en varios, documentos, invocando los de los folios 17 de las actuaciones [que es parte de la demanda, en la que se afirma que el nacimiento de la hija se produjo el NUM002 de 2022 (sic)], 258 (resolución de la mutua sobre prestaciones por riesgo durante el embarazo, emitida el 5 de julio de 2021), y los folios 96 y siguientes, que consisten en unas "actas SME" en las que se menciona que la demandante estaba embarazada y la fecha de REM era el 6 de julio de 2021. El texto que se propone es el siguiente: "El día 3 de octubre de 2022 se dicta carta de despido disciplinario. El despido tuvo lugar una vez transcurrido el plazo de doce meses posteriores al nacimiento de la hija de la actora, ocurrido el día NUM002 de 2021. Se da íntegramente por reproducida la carta de despido. No obstante, se destaca las siguientes partes:.que desde el mes de enero ha habido una serie de irregularidades y de errores en su puesto de trabajo que, como coordinadora veterana, no se pueden tolerar".

DECIMOCUARTO.- Aunque el cómputo hecho por el juzgador sobre el tiempo transcurrido entre el parto y el despido es, con toda probabilidad, erróneo, los documentos que se invocan por la demandada no evidencian de manera patente cual es la fecha correcta de nacimiento de la hija de la demandante. La demanda rectora de los autos no es documentos hábil para revisar los hechos probados, aunque es verdad que si en ella se afirma que ya a finales de 2020 la demandante estaba embarazada, y que se reincorporó desde el descanso maternal a finales de diciembre de 2021, es biológica, material, y lógicamente imposible que el parto tuviera lugar el NUM002 de 2022 como literalmente se dice en la demanda, tratándose sin duda de un error material manifiesto y queriéndose decir 2021. El documento del folio 258 indica que la demandante estaba embarazada a principios de julio de 2021, pero del mismo no resulta la fecha del parto. Y en cuanto a los documentos de los folios 96 y siguientes, se desconoce qué significado tienen las siglas "SME" que encabezan las actas (posiblemente, "seguimiento maternidad y embarazo"), o REM (posiblemente, "riesgo durante el embarazo o maternidad") que era la situación que se supone tenía (o debía tener) la demandante a fecha 6 de julio de 2021; pero se trata, en cualquier caso, de un documento fechado en marzo de 2021 y del cual no resulta de forma directa la fecha en la que la demandante dio a luz.

DECIMOQUINTO.- Pasando a resolver los motivos de censura jurídica que la empresa recurrente deduce por el 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en el primero de ellos se denuncia indebida aplicación del artículo 55.5.c) del Estatuto de los Trabajadores, porque el despido de la demandante se produjo transcurridos más de doce meses desde el nacimiento de la hija de la demandante.

DECIMOSEXTO.- Entre las causas de nulidad objetiva del despido que el artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores contempla, normalmente en relación al embarazo, la maternidad o paternidad, y permisos y licencias asociados, se contempla, en su letra c) el caso de "las personas trabajadoras después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre que no hubieran transcurrido más de doce meses desde la fecha del nacimiento, la adopción, la guarda con fines de adopción o el acogimiento", de conformidad con la redacción del precepto que estaba en vigor a la fecha del despido.

DECIMOSÉPTIMO.- El juez de instancia ha concluido que este precepto era de aplicación a este caso por haber calculado, en realidad en base a meras conjeturas y suposiciones, que no transcurrieron doce meses entre el nacimiento de la hija de la demandante y el despido. Pero esta causa de nulidad no puede considerarse planteada en modo alguno en la demanda, en la cual, y como se ha expuesto al resolver el motivo de revisión fáctica, lo que se afirmaba es que el nacimiento de la hija de la demandante se produjo el NUM002 de 2021, por lo que, entre esa fecha, y el despido, sí que transcurrieron más de doce meses. Y teniendo en cuenta que la fecha de nacimiento de la hija de la demandante alegada en la demanda no se cuestionó de contrario, y menos aún para decir que fue posterior a julio de 2021, no se puede considerar correcto el cálculo que hace el juzgador basándose exclusivamente en que no consta la fecha de nacimiento (desconociendo el juzgador que la misma, en realidad, se alegaba en la demanda y no era controvertida), y en que tampoco constaba que la demandante hubiera disfrutado de forma continuada de las 16 semanas de descanso posteriores al parto, cuando lo que sí que hace constar es que la demandante ya estaba embarazada a finales de 2020 (hecho probado 12º), que antes del parto su último día de trabajo efectivo fue el 28 de junio de 2021 y su reincorporación al trabajo se produjo el 30 de diciembre de 2021 (hecho probado 9º), así como que en el mes de septiembre de 2021 estaba en descanso maternal (hecho probado 12º), todo lo cual indica que el parto se produjo en la fecha que indicaba la demanda, en julio de 2021, y, en todo caso, antes de octubre de 2021, así como que la demandante disfrutó en su totalidad y de forma continuada del descanso por nacimiento, y, muy probablemente, sin solución de continuidad con ese descanso, de las vacaciones de 2021 y del periodo de lactancia. Procede por tanto estimar el motivo, pues la aplicación del artículo 55.5.c) del Estatuto de los Trabajadores en la sentencia de instancia se ha basado en premisas de hecho patentemente erróneas o inexistentes, aunque tal estimación no tiene por qué provocar las consecuencias apetecidas por la recurrente, pues la sentencia ha apreciado también nulidad por discriminación, aparte de por haber aplicado la causa de nulidad objetiva.

DECIMOCTAVO.- El segundo motivo de censura jurídica denuncia vulneración de lo dispuesto en los artículos 55 y 54.2 d) del Estatuto de los Trabajadores, 33 apartados B9, C1 y C9, y 34 del Convenio Colectivo de la empresa DIRECCION000, del artículo 87.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuestiona en el motivo la empresa la declaración, de oficio, de la nulidad del despido por haber apreciado el juzgador que el mismo era un acto de discriminación directo cometido por la parte demandada contra la trabajadora por motivos relacionados con la maternidad. La mayor parte del motivo la consume la empresa en volver a plantear exactamente lo mismo que alegó en nulidad de actuaciones en relación a la declaración de oficio de la nulidad del despido previo traslado para alegaciones a las partes después de celebrado el juicio, que luego mezcla con alegatos referentes a que la demandante ya había tenido con anterioridad otro hijo, que transcurrió más de un año entre el nacimiento de la segunda hija y el despido, y que se han acreditado tanto los malos tratos de palabra y obra que la demandante infligía a sus subordinados, como los numerosos incumplimientos de métodos de trabajo que recogía la carta de despido, y que no se puede apreciar discriminación en el despido por el hecho de que un acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social emitida más de cuatro meses después del despido haya apreciado la misma en el traslado de la demandante operado en diciembre de 2021, defendiendo en cambio la recurrente que el despido ha de calificarse como procedente, y todo lo más improcedente pero sin indemnización adicional alguna.

DECIMONOVENO.- Las acusaciones de incongruencia que la recurrente vierte contra la sentencia de instancia por haberse declarado, de oficio, la nulidad del despido, ya han sido resueltas por la Sala en el motivo de nulidad de actuaciones, en los Fundamentos de Derecho 7º a 10º, a los que nos remitimos para no incurrir en inútiles reiteraciones. En cuanto las cuestiones "de fondo", los alegatos del motivo en orden a que han quedado acreditados los incumplimientos que se imputaban a la demandante en la carta de despido no se compadecen en absoluto con el contenido de los hechos probados, en los cuales, con respecto al acoso imputado a la demandante, lo único que recogen es la existencia de una queja contra la actora el 16 de septiembre de 2022 (hecho probado 11º), que esa era la primera queja recibida contra la demandante (hecho probado 10º), y que se constituyó una comisión de investigación en la que, tras oírse a varios trabajadores pero no a la demandante (hecho probado 6º) se alcanzaron una serie de conclusiones (hecho probado 11º). Pero ni de la redacción del hecho probado 11º, ni de la lectura de la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, se puede concluir que el juzgador comparta en lo más mínimo las conclusiones de la comisión investigadora, pues en el fundamento de derecho 3º, punto b), lo único que considera probado, tras el examen de la testifical de cargo, es que la demandante alzaba la voz en el trabajo como método de dirección, y que, cuando estaba disgustada con alguno de sus subordinados, le dejaba de hablar; pero en cuanto a los insultos, no considera creíble el testimonio de los testigos propuestos por la empresa, por contradicciones con lo recogido en la carta de despido o poca precisión de su testimonio, entre otros motivos. Lo que concluye finalmente la sentencia recurrida es que no han quedado probados los hechos descritos en la segunda parte de la carta de despido y, coherentemente con ello, en parte alguna de los hechos probados se afirma que la demandante hubiera realizado actos vejatorios o insultantes contra sus subordinados.

VIGÉSIMO.- En cuanto a los incumplimientos de método, que integraban la primera parte de la carta de despido, lo que recoge la sentencia de instancia en hechos probados es que las evaluaciones de la demandante siempre han sido muy positivas, tanto antes como después de ser trasladada al centro de trabajo de DIRECCION002 (hecho probado 7º), y en el relato de hechos probados no aparece acreditado ni tan solo uno de los diversos incumplimientos que se imputaban a la demandante en la primera parte de la carta de despido, valorando el juzgador en el Fundamento de Derecho 2º de la sentencia recurrida que el centro de trabajo de DIRECCION004 ( DIRECCION002) "era un campo de minas", que arrastraba graves problemas previos que se esperaba fueran a estallar mientras la demandante fuera coordinadora del mismo, lo cual sabía la empleadora, que, además, fijó a la demandante para esa tienda unos objetivos inalcanzables, a fin de imputar posteriormente a la demandante su incumplimiento. Y que todo esto se hizo no solo deliberadamente, sino además inmediatamente después de reincorporarse la demandante del descanso maternal y en el periodo de nueve meses después de haber dado a luz.

VIGÉSIMO PRIMERO.- La sentencia de instancia, por tanto, no ha considerado probado ni uno solo de los incumplimientos que se imputaban a la demandante en la carta de despido. Y lo que sí que ha considerado probado es que la empresa, deliberadamente, colocó a la demandante en una encerrona, destinándola a otro centro de trabajo particularmente problemático con la finalidad de poder imputar a la demandante incumplimientos y luego proceder a su despido en base a ellos. Así como que toda esta maniobra se inició como consecuencia del embarazo y maternidad de la demandante. Ante ello, no es que el despido en modo alguno podría considerarse procedente, sino que el panorama discriminatorio que el juzgador ha considerado probado sería evidente, al colocarse a la demandante en peor situación que la que tenía antes de quedar embarazada, con la finalidad de poder imputarle incumplimientos laborales que justificaran su posterior despido, pues la demandada no ha probado las razones económicas, organizativas, técnicas o productivas que llevaron a trasladar a la demandante a DIRECCION002, ni que los objetivos que se le fijaran para esa tienda fueran razonables, ni tampoco que la actora incurriera en los incumplimientos imputados en la carta de despido, y ante esta situación, aplicando las reglas de la carga de la prueba del artículo 96.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, ha de concluirse que, como ha entendido la sentencia de despido, el móvil último del despido fue una discriminación por razón de sexo, y por ello su calificación correcta es la de nulidad que ha acordado la sentencia de instancia. El motivo, en consecuencia, ha de ser desestimado.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- En el último motivo del recurso se denuncia infracción de los artículos 179.3 y 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con el 40.1.c de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2022, para defender que el único daño sufrido por la trabajadora sería el derivado de la extinción de su contrato de trabajo, lo cual ha de resarcirse en la forma prevista en el artículo 55.6 del Estatuto de los Trabajadores; y que la indemnización adicional fijada por la sentencia de instancia resulta excesiva porque, según la recurrente, sí que se ha considerado por el juzgador acreditados "gran parte de los hechos expuestos en la carta de despido relativos a los actos que acoso que la demandante efectuó a los trabajadores que tenía a su cargo y la acreditación de todos los actos de incumplimientos de métodos de trabajo que se especificaban en la carta de despido", proponiendo que no se fije cantidad alguna como indemnización adicional y que, de mantenerse la misma, se reduzca a 7.501 euros.

VIGÉSIMO TERCERO.- En materia de cálculo de indemnizaciones por daño moral señala la jurisprudencia ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2015, 279/2013; y 18 de mayo de 2016, recuso 150/2015) que la fijación del importe de la indemnización por daños morales corresponde al órgano judicial que conoce del procedimiento en instancia, y solo debe ser corregido cuando resulte manifiestamente irrazonable, desproporcionado e injustificado, lo que significa que su cuantía ha de ajustarse a parámetros de razonabilidad que no resulten excesivos y desorbitados en función de las circunstancias del caso. Considerando que el empleo a efectos orientadores de las cuantías de las multas pecuniarias previstas en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social en principio es un parámetro de cálculo razonable y avalado tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo, sin que tal uso orientativo signifique que haya que examinarse el asunto desde la misma óptica que cuando se está imponiendo una sanción administrativa (legalidad, tipicidad, non bis in ídem, etc.), sino que hay que partir de una vulneración de derechos fundamentales y de que se debe fijar la indemnización asociada a ello ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2017).

VIGÉSIMO CUARTO.- En este caso, no tiene la Sala motivos para considerar que la cantidad fijada en instancia sea manifiestamente irrazonable, desproporcionada, o injustificada. El juzgador ha reconocido a la demandante menos de la sexta parte del importe que se reclamaba en la demanda, acudiendo a los importes previstos en el artículo 40.1.c) de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para las multas por infracciones muy graves. La fundamentación del Fundamento de Derecho 6º de la sentencia recurrida no es muy coherente con lo razonado en otras partes de la sentencia, porque en el mismo el juzgador sí que considera probado que la demandante, a veces, dirigía palabras injuriosas contra sus subordinados, aunque con anterioridad eso no lo ha considerado probado y, desde luego, no recoge en hechos probados que alguna vez la demandante haya proferido insulto alguno contra otro empleado. Pero deducir, como hace la recurrente, de lo que se dice en el fundamento de derecho 6º, que el juzgador ha considerado probadas la mayor parte de las imputaciones de la carta de despido, es una interpretación más bien voluntarista. En cualquier caso, si la sentencia de instancia ha considerado probado que la empleadora sometió a la demandante, después de quedar embarazada, a cambios en el desempeño de su trabajo cuya única finalidad era provocar errores de la demandante que luego pudieran emplearse con fines disciplinarios, semejante maquinación discriminatoria que condujo al despido ha de provocar daños morales, y teniendo en cuenta lo inaceptable de la conducta y la finalidad preventiva que también ha de cumplir la indemnización ( artículo 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), lo que no se puede considerar razonable, justificado o proporcionado es, como pretende la recurrente, no fijar la indemnización o dejarla en solamente 7.501 euros. El motivo, por lo expuesto, ha de ser desestimado. Lo cual determina la confirmación del pronunciamiento de instancia, a excepción del indebido pronunciamiento que se hizo en auto de aclaración sobre el lugar en el que debía tener el reingreso.

VIGÉSIMO QUINTO.- De acuerdo con lo previsto en los artículos 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con el 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al estimarse el recurso, aunque sea muy parcialmente, no habría parte vencida y en consecuencia no procede hacer especial imposición de costas.