Sentencia Social 305/2024 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 1253/2022 de 17 de abril del 2024

PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, a excepción de los que se indican a continuación, al haberse estimado motivos de revisión fáctica planteados por la parte recurrente:

- Se añade un nuevo hecho probado 16º, con el siguiente tenor: "La empresa cuenta con personal TECNICO. Entre ellas la Sra. Belinda fue contratada con fecha 2 de mayo de 2008 como TECNICO y percibiendo unas retribuciones anuales según contrato de 36000 euros".

SEGUNDO.- La demandante fue contratada por "Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Sociedad Anónima", empresa incluida en el sector público del Cabildo Insular de Tenerife, habiendo suscrito contratos temporales para desempeñar el puesto de Jefa de Unidad Administrativa. En la demanda rectora de los autos alegaba que en realidad, al haber realizado tareas como informes jurídicos, se le debería haber encuadrado en el puesto de Técnico Superior y habérsele abonado las retribuciones propias de la misma, conforme al convenio colectivo del Cabildo Insular de Tenerife. La sentencia de instancia, tras rechazar las diversas excepciones procesales y de fondo planteadas por la demandada, desestima la demanda, al considerar, por un lado, que no es aplicable el convenio colectivo del Cabildo aunque la demandada hubiera en 2015 aplicado las tablas salariales del mismo, y esto impide considerar que el puesto de Directora de Servicios Jurídicos y Recursos Humanos que desempeñaba la demandante (percibiendo un complemento mensual de 857,14 euros mensuales desde agosto de 2020), pudiera equipararse al grupo A1 del convenio del Cabildo, indicando además que en el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se recogía que la demandante, aunque realizara funciones más complejas que el resto de personal de la demandada, también percibía una retribución muy superior. Disconforme con esta sentencia la recurre en suplicación la parte actora pretendiendo que sea revocada y en su lugar la Sala dicte otra que estime en su totalidad la demanda, para lo cual plantea tres motivos para la revisión de los hechos probados, por el 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y tres motivos de examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El recurso ha sido impugnado por la parte demandada, la cual se opone al mismo, pide que se desestime, y se confirme la sentencia de instancia.

TERCERO.- Examinando en primer lugar los motivos de revisión de hechos, con carácter general debe recordarse que aunque el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permita a la Sala de Suplicación revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, este motivo de recurso está sujeto a una serie de límites sustantivos, como son:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible, como regla general, admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985). Todo ello exceptuando los casos en los que la valoración efectuada en instancia de tales documentos o periciales se evidencie como claramente irrazonable, por extraer hechos que de ninguna manera puedan sustentarse en los documentos que se supone han sido valorados, o haberse omitido sin justificación datos que resulten claramente de los mismos y no estén contradichos por otros medios de prueba, o haberse efectuado la valoración con apartamiento de las más elementales reglas de la lógica ( sentencias del Tribunal Constitucional 225/2005, de 12 de septiembre o 214/1999, de 29 de noviembre).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( Sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), siempre que esa libre apreciación llevada a cabo en instancia sea razonable ( Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994).

4º) De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados, pues tales documentos se han de valorar conforme a las reglas de la sana crítica, puestos en relación con el resto de prueba y elementos de convicción, y no cabe atribuir a los mismos valoración tasada alguna ( artículos 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 1218 a 1230 del Código Civil) .

5º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia. Esto significa que el error judicial de valoración de la prueba no puede deducirse de poner en relación el documento o pericial con otros medios de prueba, ni infiriendo hechos o conclusiones que no resulten de forma directa del documento, ni cuando lo que se afirme en el documento esté contradicho o matizado por otras partes del mismo documento o por otros medios de prueba.

6º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, en principio con potenciales efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico. No obstante, se puede admitir la revisión cuando la misma refuerza argumentalmente el pronunciamiento de instancia ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012, recurso 19/2011, o 15 de diciembre de 2015, recurso 34/2015, entre otras). Y, en general, que la Sala de suplicación considere intrascendente la modificación solicitada no debería justificar por sí sola la desestimación de la misma, si se cumplen el resto de requisitos para la admisión de la propuesta, porque en casación para unificación de doctrina el Tribunal Supremo puede apreciar trascendencia del hecho aunque en suplicación se haya negado la misma ( sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2014, recurso 1515/2013, y las que en ella se citan).

CUARTO.- Desde un punto de vista formal, es doctrina judicial consolidada que en la articulación del motivo de revisión fáctica del 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se han de cumplir los siguientes requisitos (en parte, ahora recogidos en el artículo 196.3 de la Ley):

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2022, recurso 2429/2019).

3º) Al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto solo ha de contener verdaderos hechos u extremos necesitados de prueba (como la costumbre, el Derecho extranjero, o normas no publicadas), pero no normas jurídicas incluidas en el principio "iura novit curia" por estar publicadas en un diario oficial; tampoco puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas, especialmente si esas valoraciones jurídicas son predeterminantes del fallo porque implican, explícita o implícitamente, resolver extremos jurídicamente controvertidos.

4º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995).

5º) También el recurrente tiene la carga de fundamentar el motivo, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), y su trascendencia a efectos de resolver.

6º) Finalmente, debe haber una correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001); es decir, el texto alternativo ha de resultar de forma directa e inmediata del documento o pericia en la que se base el motivo.

QUINTO.- Interesa en primer lugar la demandante la adición de un nuevo hecho probado, con el ordinal 16º, para recoger que en la empresa demandada hay personal con categoría de técnico y una retribución anual de 36.000 euros. Se ampara, para ello, en la copia del contrato de trabajo, aportado por la demandante, que consta a los folios 355 a 357 de las actuaciones. El texto que propone es el siguiente: "La empresa cuenta con personal TECNICO. Entre ellas la Sra. Belinda fue contratada con fecha 2 de mayo de 2008 como TECNICO y percibiendo unas retribuciones anuales según contrato de 36000 euros".

SEXTO.- El contrato de trabajo en el que se fundamenta la propuesta indica que la demandada contrató en 2008 a una persona para trabajar como Técnico, con un salario anual de 36.000 euros distribuido en salario base y pagas extraordinarias. La adición es trascendente para confirmar el sentido del Fallo de instancia, porque evidencia que la demandada no estaba aplicando el convenio colectivo del Cabildo Insular de Tenerife, ya que ni ese convenio colectivo se menciona en el contrato de trabajo (pese a que el personal laboral del Cabildo Insular de Tenerife contaba con convenio colectivo propio publicado en 2007), ni la cuantía del salario o la distribución del mismo coincide con lo previsto en ese convenio colectivo. Falta de coincidencia que se confirma poniendo en relación las nóminas de la actora con las tablas salariales del convenio que constan publicadas. Procede por ello estimar el motivo.

SÉPTIMO.- En segundo lugar, la demandante solicita que se adicione un nuevo hecho probado, con el ordinal 17º, en el que se afirme que el personal de la mercantil demandada tiene mismos días de vacaciones y asuntos propios que personal laboral del Cabildo insular de Tenerife, adición que fundamenta en el documento 11 de su ramo de prueba, folio 232 de los autos, puesto en relación con diversos preceptos del convenio colectivo del Cabildo. El texto que propone es el siguiente: "El personal del PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, SA (PCTT o INTECH) disfruta de 22 días de vacaciones hábiles anuales y 6 días de asuntos propios tal y como dispone el art. 47.1 y 48.10 del Convenio Colectivo del Cabildo".

OCTAVO.- No puede estimarse la propuesta. Del documento probatorio invocado no queda claro si el cuadro recoge los días de vacaciones y permisos efectivamente disfrutados por la demandante en 2020, o meramente solicitados, pero es que, en todo caso, la propuesta de texto alternativo implica poner en relación los datos de ese documento con ciertos preceptos del convenio colectivo para el personal laboral del Cabildo Insular de Tenerife, lo que implica que, para llegar a la propuesta, es necesario hacer deducciones y conjeturas a partir del documento, lo que excede de las revisiones que son admisibles al amparo del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

NOVENO.- Finalmente, la demandante pretende que se introduzca un hecho probado 18º reflejando las retribuciones que corresponderían de conformidad con el convenio colectivo del Cabildo Insular de Tenerife, invocando las tablas salariales que se aportaron por la demandante como documentos 13 y 14 de su ramo de prueba (folios 297 a 300 y 301 a 307), destacando que en las del documento 14 consta el sello de la empresa demandada (aunque sin explicar cuando, quien y por qué puso ese sello). El texto alternativo propuesto es el siguiente: "Según el convenio colectivo del personal del Cabildo, las retribuciones del Técnico Superior del Cabildo ascienden 35.505,23 euros anuales. Por su parte, las retribuciones de un Jefe de Unidad Administrativo ascienden a 27.618,68 euros anuales".

DÉCIMO.- Los documentos en los que se basa la propuesta no son hábiles para modificar los hechos probados, pues las tablas salariales que forman parte de un convenio colectivo oportunamente publicado no son documentos de prueba, sino de tipo jurídico. En consecuencia, no puede estimarse la modificación.

UNDÉCIMO.- En el primer motivo de censura jurídica se denuncia infracción de los artículos 84 y 86.2 del ET en redacción dada por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, en relación con los artículos 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 27 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Pretende la demandante que al presente caso se aplique la regulación establecida por el Real Decreto-ley 32/2021 en materia de prioridad aplicativa de los convenios colectivos sectoriales sobre los de empresa en materia de salario, prioridad aplicativa que entiende procedente porque considera que "Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Sociedad Anónima" forma parte del sector público del Cabildo Insular de Tenerife, y, en base a los preceptos sobre sector público que se invocan en el motivo, y alguno más, pretende la demandante que esa integración en el sector público determina que las sociedades mercantiles que lo integran están sujetas al convenio colectivo de la administración de las que esas mercantiles son sociedades instrumentales, alegando que "hay una voluntad del legislador de equiparar las entidades instrumentales (...) con sus administraciones dependientes", o que el control de la masa salarial de "Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Sociedad Anónima" por parte del Cabildo implica esa vinculación al convenio colectivo del Cabildo.

DUODÉCIMO.- El motivo no puede estimarse. En primer lugar, porque la regulación contenida en el Real Decreto- Ley 32/2021 no es de ninguna manera aplicable a la presente reclamación, por elementales cuestiones temporales, ya que no solo la demanda se presentó antes de publicarse ese Real Decreto- ley 32/2021, sino que todo el periodo reclamado en la demanda y en juicio (hasta el 6 de diciembre de 2021) se devengó antes de entrar en vigor la reforma de los artículos 84 y 86.2 del Estatuto de los Trabajadores llevada a cabo a finales de diciembre de 2021. Además la demandante pretende desconocer que la prioridad que se da, a partir de esa reforma, es al convenio colectivo sectorial con respecto al convenio de empresa en determinadas materias. Pero el convenio colectivo para el personal laboral del Cabildo Insular de Tenerife no es, en, absoluto, un convenio sectorial, pues su ámbito de aplicación ni incluye, ni pretende incluir, a todas las entidades que realizan la misma actividad productiva que el Cabildo Insular, sino que es un convenio de empresa, pues su ámbito se limita a ese concreto Cabildo Insular de Tenerife.

DECIMOTERCERO.- Todo el motivo constituye una interpretación voluntarista o directamente desiderativa de las normas que se van invocando a lo largo del alegato. En realidad, ni uno solo de los preceptos que invoca la recurrente establece que el personal de una sociedad mercantil integrada en el sector público haya de regirse por el convenio colectivo para el personal laboral de la administración en cuyo sector público se integra tal administración. Esto ni se dice, ni se pretende decir, en la Ley del Sector Público, ni en la Ley de Bases del Régimen Local, ni en el Estatuto Básico del Empleado Público, ni en el Estatuto de los Trabajadores, y esta necesaria aplicación del convenio colectivo de la administración dominante no puede venir dada por el hecho de que las entidades del sector público tengan limitaciones en su masa salarial y que la administración que ostente la tutela de esas entidades haya de controlar que se respeten tales limitaciones, que es algo distinto de cual sea el convenio colectivo que haya de aplicarse a esas entidades.

DECIMOCUARTO.- Por muy integrada que esté en el sector público, "Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Sociedad Anónima" tiene personalidad jurídica propia, diferenciada de la del Cabildo de Tenerife, y esa personalidad jurídica propia (privada, además) implica que "Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Sociedad Anónima" podría quedar sujeta a un convenio colectivo sectorial (si es que hubiera alguno aplicable a la actividad de la demandada, que parece ser la investigación biotecnológica), o negociar su propio convenio colectivo de empresa, o incluso adherirse al convenio colectivo del Cabildo Insular de Tenerife o a cualquier otro convenio, conforme a lo previsto en el artículo 92.1 del Estatuto de los Trabajadores, adhesión expresa que no consta producida en el presente caso, como tampoco consta que a "Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Sociedad Anónima" se le haya aplicado la extensión de convenio que prevé el artículo 92.2 del Estatuto de los Trabajadores.

DECIMOQUINTO.- El motivo ignora principios básicos en materia de ámbito de aplicación de los convenios colectivos, pues conforme al artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, "los convenios colectivos regulados por esta ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia"; y esto, puesto en relación con las normas sobre legitimación para negociar convenios colectivos ( artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores) , implica que un convenio colectivo estatutario solo vincula a las empresas y trabajadores que puedan considerarse han estado debidamente representados en la negociación del convenio, porque las partes que han suscrito dicho convenio contaban con la legitimación legalmente exigida para la negociación colectiva en el concreto ámbito funcional que se haya querido dar a dicho convenio colectivo.

DECIMOSEXTO.- Pues bien, en el presente caso el convenio colectivo para el personal laboral del Cabildo Insular de Tenerife, publicado en 2014, deja meridianamente claro cual es su ámbito funcional, y el mismo excluye, de todo punto, a la empresa demandada, ya que el artículo 1 del convenio por un lado señala en su apartado 1 que el mismo ha sido negociado "entre la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras y la Corporación", y regula "en el ámbito territorial insular, las relaciones laborales entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el personal laboral al servicio directo de la Corporación". Con ese apartado 1 del artículo 1 queda ya bastante claro que el convenio colectivo solo se aplica a los trabajadores contratados directamente por el Cabildo Insular; pero cualquier atisbo de duda lo despeja el apartado 2 del mismo artículo, que, en su letra a), excluye expresamente del ámbito funcional del convenio "El personal laboral de los Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, Consorcios, Empresas Públicas y Sociedades Mercantiles dependientes o participadas del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife". Ante lo que se acaba de exponer, las pretensiones actoras de aplicación del convenio colectivo del Cabildo Insular de Tenerife no son admisibles, y el motivo ha de ser desestimado.

DECIMOSÉPTIMO.- En el segundo motivo de censura jurídica denuncia la demandante infracción de los artículos 3.1, 84 y 86.2 del Estatuto de los Trabajadores, en redacción dada por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, y jurisprudencia relativa a la condición más beneficiosa. Pretende la recurrente que "Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Sociedad Anónima" ha venido aplicando, de hecho, el convenio colectivo para el personal laboral del Cabildo Insular de Tenerife, apoyándose en lo que se afirma en el hecho probado 12º y en la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida en interpretación de ese hecho probado, y alegando que comparando las tablas salariales del convenio colectivo del Cabildo de Tenerife con lo que percibía la demandante, se comprueba que las retribuciones de la actora se corresponden con las de una Jefe Administrativa en el convenio del Cabildo.

DECIMOCTAVO.- El motivo se ampara, por un lado, en una valoración errónea que hace la juzgadora respecto a lo que, literalmente, se recoge en el hecho probado 12º (que solo dice que un informe dice una cosa, lo cual no significa que la afirmación de ese informe sea cierta); y por otro lado, en una nueva valoración global de la prueba más favorable a los intereses de la demandante. Pero, por más que un informe provisional de control financiero de "Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Sociedad Anónima" afirmara que la empresa aplicaba en materia salarial las tablas del Cabildo Insular de Tenerife, esa aplicación, visto lo que se recoge en los hechos probados 1º y 16º, resulta ser completamente incierta, pues en realidad ni por cuantías, y mucho menos por estructura salarial, coinciden los salarios de los trabajadores de "Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Sociedad Anónima" con los previstos en el convenio colectivo del Cabildo Insular de Tenerife.

DECIMONOVENO.- Dejando aparte que la estructura salarial en "Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Sociedad Anónima" es mucho más simple que en el convenio colectivo que la demandante pretende aplicar, cosa que era de fácil comprobación viendo las nóminas aportadas y comparándolas con lo que prevé el convenio colectivo para el personal laboral del Cabildo Insular de Tenerife, resulta que, de los hechos probados, se aprecia que tanto la demandante, como las trabajadoras contratadas como técnicos, perciben retribuciones distintas y, en el caso de la demandante superiores, a las previstas para el personal laboral del Cabildo Insular de supuestamente la misma categoría. Así, en el caso de la demandante, en el año 2016 se le reconoció un salario anual de 27.618,68 euros. Pero en la tabla salarial del convenio colectivo del Cabildo de Tenerife, publicado en 2014 (única tabla salarial que se ha publicado desde entonces), el salario mensual prorrateado para el puesto de Jefe/a de Administrativo/a (sic), grupo C1, que la demandante considera asimilado al que tiene reconocido por la demandada (aunque la denominación no coincide) era de 2.060,95 euros, lo que equivale a un salario anual de 24.731,40 euros, que, actualizado para el año 2016 conforme a lo que permitían las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado -que solo permitieron un incremento del 1% para el año 2016-, representarían 24.978,71 anuales, bastante menos, por tanto, del salario reconocido a la demandante en su contrato. Y lo mismo puede decirse para la trabajadora contratada en 2008 como técnico, a la que se le reconoció un salario de 36.000 euros anuales, cuando en el convenio colectivo del Cabildo de Tenerife que se publicó el 22 de noviembre de 2007 en la tabla salarial se preveía, para un trabajador con categoría de técnico superior, un salario anual de 35.485,88, que para el año 2008 podría haberse incrementado hasta 36.195,60 euros. Y lo mismo puede decirse para técnico contratada en 2020 según el hecho probado 10º, cuya retribución anual es bastante inferior a la prevista en las tablas salariales del Cabildo Insular de Tenerife.

VIGÉSIMO.- Así pues, examinados todos los hechos probados, y afirmara lo que afirmara el informe provisional de control financiero emitido en 2015, resulta que no es cierto que "Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Sociedad Anónima" esté aplicando a su personal las tablas salariales del convenio colectivo para el personal laboral del Cabildo Insular de Tenerife. Como mucho, habría una cierta semejanza en las cuantías anuales, pero desde luego no equivalencia total y, mucho menos, aplicación mimética de lo previsto en el convenio colectivo, lo que, todo lo más, puede sugerir que "Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Sociedad Anónima" utiliza las retribuciones anuales del personal laboral del Cabildo a modo de referencia orientativa para fijar, por vía de contrato individual o de otra manera, los importes a abonar a su propio personal. Pero esto, en modo alguno, equivale a la pretendida condición más beneficiosa consistente en aplicación total del convenio colectivo (incluyendo su sistema de clasificación profesional), aplicación total que, por lo demás, ni siquiera pretende la actora, pues reclama la consolidación de la superior categoría a desprecio de que en el artículo 60.5 del convenio colectivo que con tanto ahínco pretende le es de aplicación se prohíbe terminantemente el reconocimiento permanente de una superior categoría por el mero desempeño continuado de las funciones propias de la misma. El motivo, por tanto, no puede ser estimado.

VIGÉSIMO PRIMERO.- En el último motivo del recurso, denuncia la demandante infracción del artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores y 72 del convenio colectivo del Cabildo Insular de Tenerife y de la jurisprudencia. Postula la demandante que, de acuerdo con la clasificación profesional prevista en el convenio colectivo, a la demandante se la habría encuadrado por la empresa en el grupo C1, cuando por el tipo de funciones que realizaba le correspondería el grupo A1, atendiendo a las tareas que realizaba conforme a lo previsto en su contrato de trabajo y las que constan en los hechos probados, desempeñando la demandante funciones propias de un técnico jurídico, por lo que se le debería haber reconocido el derecho a ser clasificada en esa categoría superior y a percibir las retribuciones propias de la misma, que la demandante calcula en 35.505,23 euros anuales, generándose unas diferencias que cifra la recurrente en 5.885,64 euros, a razón de 490,47 euros mensuales.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Los cálculos de la demandante son, probablemente erróneos, aunque los hechos probados de la sentencia de instancia no dejan claro si a la demandante se le llegó a pagar alguna vez el complemento de 857,14 euros mensuales que se reconoció en agosto de 2020 (hecho probado 11º), ni cual es el salario que percibía la demandante en 2021.

VIGÉSIMO TERCERO.- Pero, en todo caso, el motivo parte de la aplicación de normas jurídicas que no afectan a la relación laboral de la demandante, pues ni le es a la misma de aplicación el convenio colectivo para el personal laboral del Cabildo Insular de Tenerife, ni tampoco la Disposición Adicional 2ª de la Ley de la Función Pública Canaria, que lo que regula es el sistema de clasificación profesional de los funcionarios, no del personal laboral. Pretende, en definitiva, la demandante un cambio de categoría profesional empleando un sistema de clasificación profesional que no es el que se aplica en la empresa, y que no puede aplicarse a la "Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Sociedad Anónima". Como ya se ha apuntado, el puesto de "Jefa de Unidad Administrativa" no equivale, en su denominación, al puesto de "Jefa Administrativa" previsto en el convenio colectivo del Cabildo, y que las retribuciones de la demandante sean superiores a las que cobraría un trabajador del Cabildo encuadrado en el grupo C1, denota que, precisamente, esa mayor retribución está relacionada con una mayor responsabilidad y complejidad de las funciones encomendadas a la demandante con respecto a las que correspondería a un administrativo; es también de destacar que incluso el personal técnico contratado por la demandada, por lo que consta en hechos probados, tiene unas retribuciones inferiores -y en un caso, muy inferiores- a las previstas para los técnicos laborales del Cabildo Insular de Tenerife; y si bien a la demandante, por lo que consta en el hecho probado 9º, fue reclasificada a mediados de 2020 como Directora jurídica, administrativa y de recursos humanos -con carácter temporal, por lo que resulta del hecho probado 11º- esas nuevas funciones asignadas formalmente también vinieron acompañadas de un importante incremento salarial (hecho probado 11º).

VIGÉSIMO CUARTO.- En cualquier caso, si el convenio colectivo para el personal laboral del Cabildo Insular de Tenerife no es aplicable a la relación laboral de la demandante, la demandante no puede fundamentar sus pretensiones de promoción profesional y abono de diferencias salariales en lo que esté previsto en ese convenio colectivo, sino que, en su caso, habría de aplicarse el sistema de clasificación profesional que materialmente esté aplicando "Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Sociedad Anónima", lo que implica que la actora debería acreditar que realiza habitualmente tareas que, por su autonomía, responsabilidad y complejidad, son equivalentes a las que desempeña personal de "Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Sociedad Anónima" contratado formalmente como técnico; y en ese caso, tendría derecho a que su retribución se equiparase a la del personal de "Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Sociedad Anónima" que presta servicios como técnico. Pero no es así como se planteó la demanda, ni como discurrió el debate en instancia, ni como se está deduciendo el recurso de suplicación, ante lo cual no cabe sino desestimar el motivo, con él el recurso, y confirmar la sentencia de instancia.

VIGÉSIMO QUINTO.- Gozando la parte vencida de beneficio de justicia gratuita por disposición legal al ser trabajadora o beneficiaria de seguridad social ( artículo 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita), de conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede la imposición de costas.