Sentencia Social 707/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 384/2022 de 18 de mayo del 2023

PRIMERO.- Según consta en Autos, se presentó demanda por Dña. Camila, en reclamación de Reclamación de Cantidad siendo demandados GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD) y ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA y celebrado juicio y dictada Sentencia desestimatoria de fecha 19 de octubre de 2021 , por el Juzgado de referencia.

SEGUNDO.- En la citada Sentencia, se declaran los siguientes:

"PRIMERO.- Doña Camila, Licenciada en Derecho y, en la actualidad, Abogada no ejerciente, presta servicios en el Juzgado de Instancia núm. 7 de esta capital desde el 18 de diciembre de 2013, de forma ininterrumpida, con la categoría de auxilio judicial y con nombramiento como funcionaria interina. La actora había prestado con anterioridad servicios en el Juzgado de Paz de Gáldar, también con nombramiento de auxilio judicial interino, del 24 de junio de 2013 al 18 de octubre de 2013.

SEGUNDO.- La actora ha padecido tres períodos de incapacidad temporal, el primero, del 6 de julio al 7 de octubre de 2015 (por trastorno distímico) , el segundo del 14 de diciembre de 2015 al 2 de marzo de 2017 (por reacción de adaptación) y el tercero iniciado el 16-1-18 a 19-12-18 (por trastorno distímico). Todas las bajas médicas se han debido a trastorno ansioso-depresivo de tipo reactivo ante problemática laboral en su puesto de trabajo. La actora ha solicitado en los tres períodos de incapacidad temporal la totalidad de las percepciones que le corresponden como funcionaria, al amparo de la Orden de 19 de julio de 2013, habiéndosele denegado en vía administrativa en la primera y en la tercera ocasión, y habiéndosele reconocido la totalidad de las retribuciones en la segunda baja médica, la más prolongada, por resolución de 21 de julio de 2016. En cuanto al primer período de incapacidad temporal, la resolución administrativa desestimatoria de la pretensión de la actora ha sido desestimada por sentencia de 19 de febrero de 2018, dictada en autos 106/2017, por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria, la cual es firme en Derecho. Las partes han reconocido que se encuentra interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la resolución denegatoria del tercer período de baja médica, el cual fue desestimado en vía administrativa por resolución de 30 de enero de 2018. Las dos primeras lo son por enfermedad común.

TERCERO.- Con carácter previo a todas las baja médicas de la actora se inició expediente disciplinario contra el Letrado de la Administración de Justicia, D. Ángel, por denuncia de la Presidenta de la Junta de Personal, que fue tramitado por el Ministerio de Justicia con el núm. 1/2015, dictándose resolución de 21 de enero de 2016, por el que el Secretario General de la Administración de Justicia, acuerda imponer a D. Ángel una sanción de 3.000 euros de multa por la comisión de una falta grave prevista en los artículos 468.bis.2.h) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 155.8 del ROCSJ. Contra dicha resolución se interpuso por el Letrado de la Administración de Justicia sancionado recurso contencioso-administrativo, dictándose sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de la Sala de lo Contencioso-administrativo, en procedimiento núm. 1/2018, de 31 de marzo de 2017, desestimando el recurso interpuesto, confirmando así la sanción impuesta. En la fundamentación jurídica de la sentencia se dice que "de la prueba no queda resquicio alguno para la duda respecto a que la conducta del recurrente ha sido desconsiderada con los funcionarios del juzgado", basándose para ello en determinadas testificales, siendo la primera de ellas la de D. Camila, "(...) de la que se destaca su `firmeza, espontaneidad, contundencia y coherenciaŽfrente a lo manifestado por el expediente de `negando de forma simple y cais automática los hechos que se le imputanŽ. Esto realmente fue así doña Camila expresó de forma coherente todo lo que había acontecido en el Juzgado y explicó que el letrado utilizaba unas formas y un lenguaje que ella no admitía aunque fuese usual en él. Lo único que pedía era trabajar en condiciones de respeto y consideración, añadiendo que cuantas veces le había solicitado que dejase de tener conductas como dar portazos o tirar bolígrafos se disculpaba lo reconocía pero que en un par de días volvía a lo mismo. Explicó que se siente humillada y que la tendencia del Letrado en su conducta al funcionario era la de humillar (...)". Tras la inclusión de otros testimonios de funcionarios que han pasado por el juzgado, se concluye que "Lo expuesto no es lo que se espera de un Letrado de la Administración de Justicia quien tiene el privilegio de dirigir una oficina judicial. Queda constatado en el procedimiento que se le han dado oportunidades para corregirse, ya que se hizo una mediación o expediente análogo en el Juzgado, también las funcionarias han hablado con él, y se ha llegado finalmente a la sanción. El Letrado debe ser plenamente consciente de que su conducta, totalmente inadecuada, repercute negativamente en sus funcionarios, que debe ser corregida y reconducida, para mejorar las condiciones de trabajo y la prestación del servicio público de la administración de justicia. Como señala la STS de 22 de julio de 2013 (rec 536/2012) el carácter, temperamento o la forma de expresarse ha de acomodarse al exquisito respeto que debe manifestar por todos los que trabajan en la oficina judicial, sin que la degradación del idioma o su vulgarización pueda ampliar las faltas de consideración respecto de los funcionarios". Hay que señalar que la actora presentó una denuncia 5 de octubre de 2015, ante la Secretaria Coordinadora Provincial, emitiéndose resolución de 28 de enero de 2016, del Secretario General de la Administración de Justicia, entendiendo que no procedía la apertura de expediente disciplinario en virtud del principio "non bis in idem", por considerar que lo que pretendía la actora era denunciar los hechos que ya habían sido objeto de apertura de expediente disciplinario contra el Letrado de la Administración de Justicia, con el núm. 1/2015.

CUARTO.- El juzgado de instancia núm. 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido una historia de denuncias que se remontan a 26 de abril de 2013, en que se produce la denuncia de dos delegados de prevención, manifestando la posible existencia de riesgos psicosociales. Como consecuencia de esta situación se solicitó por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia a la Dirección General de la Función Pública el 2 de mayo de 2013, evaluaciones específicas, inspecciones y estudios de salud y seguridad laboral en relación con dicho juzgado, en particular, solicitando evaluación de riesgos psicosociales. Con posterioridad, se ha reiterado esta petición el 6 de julio de 2015, el 30 de noviembre de 2015 y el 3 de diciembre de 2015. La Dirección General de la Administración de Justicia puso en marcha una actividad de mediación en el juzgado de primera instancia núm. 7 que finalizó en noviembre de 2013, y consistió con entrevistas con todos los implicados, intentando generar procesos de transformación del conflicto allí acreditado. Se reconoce por la Administración que el local en el que el Juzgado desarrollaba su actividad, en la calle Lectoral Feo Ramos de esta capital, no reunía las condiciones, al tratarse al parecer, de un antiguo garaje. Con la mudanza del juzgado al nuevo edificio de la Ciudad de la Justicia en diciembre de 2013, y con la celebración de un nuevo concurso de traslado, se observó un período de descenso de la conflictividad laboral en el juzgado, siendo uno de los elementos relevantes la distribución en plantas diferentes del Magistrado titular del juzgado y del Letrado de la Administración de Justicia y los restantes funcionarios del Juzgado, a excepción del auxilio judicial Dña. Camila y del auxilio itinerante que tenía asignado, entre otros el juzgado de instancia núm. 7 en aquel entonces. De febrero a mayo de 2015 se visitó al juzgado en varias ocasiones por la implantación de un plan de Autoprotección y Emergencias en las Torres I y II de la Ciudad de la Justicia, sin que conste que se apreciase la existencia de ningún riesgo específico. A continuación, se encargó a un equipo externo la evaluación de los informes iniciales de riesgos en dichas Torres, emitiendo informe el 19 de noviembre de 2015, sin ninguna reseña digna de mención, si bien a quien se encargó la evaluación no se le facilitó información previa de lo sucedido en el juzgado con anterioridad.

QUINTO.- Consta la solicitud de baja voluntaria en el Juzgado de Dña. Marina el 16 de abril de 2014, acogiéndose al mecanismo previsto en el art. 15.j) de la Orden de 20 de mayo de 2009, según el cual, se prevé el cese del funcionario interino "(...) por incapacidad temporal, acreditada mediante certificado o informe médico expedido por facultativo de la Seguridad Social, a solicitud del interesado, y previa audiencia por la Comisión de interinos, cuando el lugar de destino hubiese influido en la causa de la incapacidad temporal. No podrá acordarse un nuevo nombramiento para puesto de trabajo en el mismo órgano del que se ha cesado por esta causa". Consta que a la actora se le ha ofrecido por parte de la Administración, la posibilidad de acogerse a este artículo, si bien la actora siempre se ha negado a un cese voluntario en su puesto de trabajo. En relación con la actora, la Comisión de evaluación médica del personal del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, informó, el 2 de noviembre de 2016, a instancia de escrito remitido por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de 18 de julio de 2016, que "consideramos que es necesario que se le conceda un cambio de centro de trabajo, para evitar un agravamiento del estado de salud de la trabajadora. Solicitada aclaración respecto de lo que se quería decir en dicho informe, según escrito de 17 de mayo de 2017, se emite el 9 de febrero de 2018 nuevo informe por la comisión médica en el que se señala que "(...) le recordamos que con fecha 2/11/2016 esta Inspección emitió un informe en el que se recomendó un cambio de puesto de trabajo para evitar un agravamiento del estado de salud de la trabajadora y con fecha 6/7/2017 emitimos otro informe en el quese aconsejó un nuevo cambio de destino por motivos de salud, debiendo cesar en su actual destino (ajustándose al artículo 15J de la Orden de 20 de mayo de 2009)". Otro trabajador que participó como testigo en el expediente disciplinario de D. Ángel, D. Benito Bolaños, fue designado nuevamente como funcionario interino en el Juzgado de primera instancia núm. 7 de esta capital, presentando escrito el referido Letrado manifestando la existencia de una relación de enemistad manifiesta por parte de dicho funcionario, por lo que se requería datos sobre el orden de la lista de interinos para, en su caso, "preparar las acciones legales oportunas, por mobbing laboral realizado contra mi persona". Como consecuencia de ello, se acordó ofrecer al funcionario interino en cuestión recomendación del cese por la vía del art. 15.j de la Orden de 20 de mayo de 2009, por analogía, lo cual fue aceptado por el mismo.

SEXTO.- Se ha acreditado que no existe protocolo de acoso específico en el ámbito de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, aplicándose, cuando así se estima oportuno en el seno del Comité de seguridad y salud laboral, el existente para la Dirección General de Función Pública. No se ha realizado un informe específico sobre riesgos psicosociales en el juzgado de primera instancia núm. 7 por entender que existían otras prioridades en la Administración de Justicia, si bien la Administración es consciente de la necesidad desde que en 2011 así lo plantease la Inspección de Trabajo en Tenerife, que todos los juzgados han de ser analizados por riesgos psicosociales. Tras la mediación realizada en el juzgado en 2013, no se produjeron nuevas actuaciones específicas por parte de la Administración en relación con el juzgado de instancia núm. 7, hasta que se produce en 2015 la apertura del expediente disciplinario contra D. Ángel. En septiembre de 2016 se llevó la problemática de Dña. Camila a la mesa de salud y seguridad, planteándose allí un debate en el que se llegó a hablar entre los representantes de la Administración y los sindicatos de modificar el art. 15.j) de la Orden de 20 de mayo de 2009 para buscar salidas en problemas como el de Dña. Camila. No obstante, no se llegó a ningún acuerdo. En la siguiente reunión del comité de salud y seguridad se llevó nuevamente el tema en septiembre de 2017, acordándose la creación de una comisión investigadora sobre los sucedido en el juzgado de primera instancia núm. 7. Las conclusiones de dicho comité se han incorporado a los autos el 11 de junio de 2018, las cuales se dan por reproducidas en su integridad, dada su extensión, destacándose que "(...) para concluir, tal y como se ha expuesto con anterioridad, existen antecedentes de trato desconsiderado con los subordinados, existe una lista amplia de ceses de funcionarios interinos que han referido conflictos laborales con el Letrado del Juzgado de primera instancia núm. 7, sentencia firme en la que se establece un trato desconsiderado específicamente hacia Dña. Camila, que después de la incoación del expediente disciplinario a D. Ángel, éste toma la decisión de no comunicarse con la demandante y de que sea ubicada en la planta tercera, que esto dificulta de manera considerable la ejecución de determinadas tareas de la funcionaria, que le incoan un expediente disciplinario a la funcionaria tras denuncia del Letrado y del Magistrado que fue sobreseído y desestimado, que se produce indefensión porque Dña. Camila no sabe si puede acudir a cursos de formación obligatorios o no, ya que no existe el Vº Bº del Letrado, lo mismo sucede con vacaciones y permisos, de los cuales no obtiene respuesta a los diferentes correos que le envía para su conocimiento. la incomunicación recurrente y periódica a la que se ve sometida Dña. Camila y lo relatado anteriormente hace concluir que Dña. Camila está pasando por una situación de conflicto laboral con contenido de acoso laboral por parte del Letrado D. Ángel. Además, Dña. Camila sufre consecuencias de este trato con contenido de acoso laboral, refiere diagnóstico distímico y de ansiedad. En este punto esta comisión hace referencia al Informe de la Comisión de Evaluación Médica de la Inspección Médica de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, con fecha 2 de noviembre de 2016, en donde se manifiesta: `...el día 14 de septiembre de 2016, y habiéndose valorado el estado de salud de la funcionaria interina del cuerpo de auxilio judicial, adscrita al Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Dña. Camila, consideramos que es necesario que se le conceda un cambio de centro de trabajo, parea evitar un agravamiento del estado de salud de la trabajadoraŽ. Por lo mencionado con anterioridad, cabe exponer que de acuerdo con la jurisprudencia más extendido el conflicto y el acoso moral no son realidades correlativas. No toda falta de consideración que pueda tener lugar en el marco de las relaciones laborales, puede identificarse con un ataque a la dignidad de la personal y al derecho constitucional reconocido en el artículo 10 de la CE, pues para que ello fuera así, sería necesario que tal atentado estuviera dotado de una intensidad suficiente, cualitativa y cuantitativamente que lo hiciera intolerable. Esta Comisión entiende que los hechos denunciados pro Dña.7 Camila que produjeron la incoación del expediente disciplinario a D. Ángel fueron falta grave de consideración, pero no acoso laboral. Con posterioridad a este hecho, el incoar un expediente disciplinario a la funcionaria en los términos ya descritos, el imposibilitar la comunicación de la misma con su superior dificultando y limitando la realización de sus tareas y funciones, no dar Vº Ángel a vacaciones, permisos y cursos de manera generalizada pero posteriormente refiere escritos haciendo referencia a que no ha dado Vº Bº y denunciando que la funcionaria ha abandonado su puesto de trabajo, constituyen una serie de conductas con contenido de acoso laboral que en su conjunto generan un clima de verdadera hostilidad, vejación y persecución sistemática, diferenciándose de lo que puede ser la exigencia rigurosa de un determinado comportamiento laboral. No puede confundirse el acoso moral, con los conflictos, enfrentamientos y desentendidos laborales, en el seno de la empresa, por defender los sujetos de la relación laboral intereses contrapuestos. En este caso en un principio, existió un conflicto importante laboral entre las partes que derivó en una asimetría de la relación, en una relación de fuerzas desigual entre los protagonistas. Los acontecimientos no son esporádicos, se dan de manera continuada en la relación entre el Sr. Ángel y la Sra. Camila. Esta relación desigual se produce en exclusividad hacia Dña. Camila, por lo que ya no se trata de un conflicto colectivo de varios funcionarios en donde el trato sea desconsiderado sino un trato discriminatorio hacia Dña. Camila que ha evolucionada en una situación de acoso laboral (...)".

SÉPTIMO.- Que el 1 de octubre de 2015 se presenta escrito por parte del Magistrado y Letrado de la Administración de Justicia titulares del Juzgado de primera instancia núm. 7 de esta capital en los que solicitan la apertura de expediente disciplinario por falta muy grave contra la funcionaria interina de Auxilio Judicial Dña. Camila. El Letrado, el 20 de noviembre de 2015, informa también de los hechos al Colegio de Abogados de Las Palmas, por si fueran susceptibles de sanción. En esencia, se observa por parte del Magistrado y del Letrado que la actora, en un proceso monitorio recaído en dicho juzgado, había prestado asesoramiento como Abogada en ejercicio a la parte actora del proceso. Como consecuencia de dichos hechos, se abre un expediente disciplinario contra la actora por el colegio de Abogados, al entender que la defendida en aquel procedimiento por la actora era su madre, y que lo único que había sucedido es que, sin firmar la demanda, se había dirigido a la contraparte en escritos previos firmando como "Abogada", cuando constaba en alguno de los períodos como no ejerciente en el Colegio, y asimismo, habiendo solicitado previamente en algunos casos la habilitación específica en el propio Colegio para defender a su madre en condición de pariente de primer grado. Iniciado expediente disciplinario contra la actora por resolución de 29 de abril de 2016, este fue sobreseído finalmente por decisión del instructor de 13 de julio de 2016. La conclusión final del mismo fue que "de toda la documentación anterior, queda suficiente (sic) probado que la Sra. Camila figuraba en el Colegio de Abogados de Las Palmas como colegiada no ejerciente, cuanto el 5 de agosto de 2015 entró por reparto el procedimiento monitorio número 920/2015, en el Juzgado de primera instancia núm. 7 de Las palmas de Gran Canaria, así como durante toda la tramitación del referido procedimiento". Hay que mencionar que el Letrado de la Administración de Justicia presentó varios escritos solicitando información sobre la marcha del expediente disciplinario, calificando la actuación de la Administración como inacción (abril, mayo de 2016). En otro escrito, de fecha 14 de noviembre de 2016, se señala que "dado el tiempo transcurrido desde la incoación del expediente8 disciplinario (...) solicito que dada mi condición de jefe de la unidad en la que está adscrita la susodicha funcionaria, se me notifique la resolución que en su caso haya recaído en el mencionado expediente". El 20 de noviembre de 2015 presenta otro escrito relacionado con la supuesta falta muy grave cometida por la actora, señalando que el correo electrónico que figuraba con la demanda habría sido remitido desde el propio juzgado. El 26 de noviembre de 2015 comunica a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia que la actora ha abandonado su puesto de trabajo, debiéndose proceder a la suspensión de diversos juicios en el juzgado. Queda acreditado, además, que la actora, en un determinado momento y por razones desconocidas, se trasladó a una planta distinta de aquella en la que desempeñaba su labor con anterioridad, dejando así de coincidir en la misma planta con el Letrado y el Magistrado. Además, el Letrado no le ha dirigido desde el verano de 2015 la palabra a la actora, ni le da directrices en su trabajo, al considerar que no tiene por qué tener relación con la actora por ser auxilio judicial, y sin que haya visado habitualmente ni sus vacaciones o permisos ni las de sus compañeros.

OCTAVO.- Consta un informe de la Jefa de Recursos Humanos de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, remitido en el verano de 2016, de 16 páginas, que se da por reproducido y que aparece con la referencia 02/21/40/ajm, y de título "Informe relativo a la situación de los expedientes de solicitud de cambio de puesto por motivos de salud que se tramitan en el área de gestión de personal de la Dirección General de relaciones con la Administración de Justicia", en el que se sugiere para determinados funcionarios de carrera o interinos (entre ellos, en el caso de la actora) una interpretación "extensiva" que fuera propuesta al Comité de Seguridad y Salud laboral y que permitiera, en casos excepcionales, el cambio temporal de puesto de trabajo de los funcionarios afectados por motivos de salud.

NOVENO.- Se emitió informe por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de fecha de registro de salida de 11 de abril de 2018, el cual damos por reproducido dada su extensión. No obstante, conviene destacar en las páginas 32 y 33 que se aprecian tres conductas infractoras por parte de la Administración, como son no haber llevado a cabo una evaluación específica de riesgos psicosociales, falta de intervención o reacción inmediata ante situaciones de riesgo sobrevenidas, y falta de protección de las personas que se encuentran afectadas por la exposición a los riesgos psicosociales. Y en cuanto al conflicto existente entre la actora y el Letrado de la Administración de Justicia, se concluye que "se hace constar que, si bien existen conductas que no encajan dentro del concepto de acoso moral, sí son atentatorias al derecho a la consideración debida a la dignidad de los trabajadores, y que, por tanto, deben ser objeto de reproche jurídico".

DÉCIMO.- La actora ha tenido unos gastos médicos extraordinarios que ascienden a 1.318 euros.

UNDÉCIMO.- "La actora puso en conocimiento de la situación de acoso laboral que sufría mediante escrito sellado de 13 de julio de 2015. La Jefa de Servicio de Recursos Humanos solicitó la realización de una evaluación de riesgo psicosociales en el Juzgado de Instancia Número Siete de Las Palmas el día 6 de julio de 2015 y 28 de octubre de 2015, ésta última a razón del escrito presentado por la actora. No obstante, no se realizó por parte de la Comunidad Autónoma dicha evaluación."

DÉCIMO SEGUNDO.- La entidad demandada la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene suscrita póliza de seguro de responsabilidad civil con la aseguradora Zurich insurance PLC sucursal en España que consta en autos y se da por reproducida.

DÉCIMO TERCERO.- Por sentencia del Juzgado de lo social n.º 5 de esta localidad de 20-7-18 se declaró: "Que declarando de oficio la incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer del acoso laboral planteado, que deberá plantearse ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo estimo parcialmente la demanda interpuesta por Dña. Camila, contra la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Ministerio de Justicia y D. Ángel, con citación del Ministerio Fiscal, declarando que el Gobierno de Canarias ha incumplido los arts. 14, 15, 16 y 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, condenando a la misma a cambiar de puesto de forma inmediata a la funcionaria afectada en la primera vacante de su categoría que se genere en otro órgano judicial en este partido judicial, sin merma alguna de sus retribuciones y manteniendo la vinculación de su nombramiento a la vacante que en la actualidad cubre en el Juzgado de primera instancia núm. 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Igualmente, se condena al Gobierno de Canarias a abonar a la actora la cantidad de 13.258 euros, en concepto de indemnización por daños y perjuicios por el período 2 de noviembre de 2016 a 20 de julio de 2018, generando el derecho a 30 euros diarios de indemnización adicional mientras no se produzca el cambio de adscripción de puesto de trabajo y continúe la baja médica. Se absuelve a los restantes codemandados. Se estima la medida cautelar solicitada, debiendo ser la actora adscrita al primer puesto de trabajo vacante de su categoría que se produzca en distinto juzgado en el partido judicial, con carácter provisional y hasta la firmeza de la sentencia, sin merma de retribuciones y manteniendo la duración de su nombramiento vinculada al puesto de trabajo para el que fue en su día nombrada en el Juzgado de primera instancia núm. 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Todo ello hasta que en vía de recurso se acuerde lo contrario o hasta la firmeza de la sentencia".

DÉCIMO CUARTO.- Por sentencia del Tsj de Las Palmas de 27-2-19 se declaró: "Se estima parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria dictada en fecha 20/07/2018 en los autos nº 544/2017 de dicho Juzgado, revocando la misma en el extremo relativo a la condena a abonar 30 euros diarios de indemnización adicional a la fijada en aquella mientras no se produzca el cambio de adscripción de puesto de trabajo y continúe la baja médica, pronunciamiento que se deja sin efecto, desestimándose los demás pedimentos formulados en dicho recurso. 2) Se estima parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la representación de la demandante contra la referida sentencia de instancia, revocándola en parte, y ello en el sentido de fijar la indemnización objeto de condena por los incumplimientos de la Administración Autonómica en materia de prevención de riesgos desde el 06/07/2015 hasta la fecha de la sentencia de instancia en la suma de 49.124 euros, lo que unido a los 1.318 euros por gastos médicos hace un total de 50.442 euros".

DÉCIMO QUINTO.- Por sentencia del Juzgado de lo social n.º 10 de esta localidad de 30-9-19 se declaró: "Que DEBO ESTIMAR y ESTIMO la demanda interpuesta por Dña. Camila, contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua MAC, Gobierno de Canarias (Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad), Ministerio de Justicia y D. Ángel, declarando que el proceso de IT iniciado por el demandante el 16 de Enero de 2018 a 19 de Diciembre de 2018, es derivado de contingencia profesional, debiendo los litigantes aquietarse con dicho pronunciamiento, dejándose por tanto sin efecto la resolución que declaraba que la IT derivaba de contingencias comunes, y condenándose a MUTUA MAC a asumir la asistencia sanitaria y pago de la prestación en la cuantía reglamentaria correspondiente, sin perjuicio de las compensaciones que proceda practicar entre INSS y Mutua como consecuencia del cambio de contingencia".

DÉCIMO SEXTO.- La parte actora se encuentra en tratamiento psicoterapeútico con psicóloga clínica por depresión mayor asociada a un trastorno de ansiedad postraumático.

TERCERO.- El Fallo de la Sentencia de instancia literalmente dice:

" Que estimando parcialmente la excepción de cosa juzgada y estimando la excepción de prescripción se desestima la demanda absolviendo a los demandados de los pedimentos efectuados en su contra."

CUARTO.- Que contra dicha Sentencia, se interpuso Recurso de Suplicación por la parte Dña. Camila, y recibidos los Autos por esta Sala, se formó el oportuno rollo y pase al Ponente. Señalándose para votación y fallo el día indicado.