Sentencia Social 1391/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 1361/2022 de 19 de octubre del 2023

PRIMERO.- Se recurre ante este Tribunal, en trámite de recurso de suplicación, la Sentencia del Juzgado de instancia que, desestimando la demanda, denegó a la trabajadora municipal el derecho a la percepción de diferencias retributivas derivadas de la realización de tareas de categoría superior (auxiliar administrativo) a la que ostenta (telefonista). La Sentencia aplica la institución de la cosa juzgada al entender que la cuestión ya fue resuelta anteriormente por Sentencia desestimatoria confirmada por esta misma Sala.

La parte recurrente alza dos motivos de suplicación, por dos de las tres vías procesales autorizadas por el art. 193 LJS, (concretamente por las de revisión fáctica y de crítica jurídica), cuyo examen y resolución se aborda seguidamente. El recurso, técnicamente correcto, no es objeto de impugnación por la representación letrada consistorial de la Corporación Local demandada.

SEGUNDO.- Procede acometer el examen del motivo revisorio, que se desarrolla en una propuesta revisoria centrada en el elemento clave del litigio: la concurrencia o no del instituto de la "res iudicata" y, subsidiariamente, la realización o no de las tareas de categoría superior cuya realización la actora sostiene que hace.

A.- Previo a la consideración de la propuesta revisoria convendrá exponer la doctrina general sobre esta clase de motivos (art. 193.b LJS) partiendo de la base de que el recurso de suplicación tiene naturaleza extraordinaria, no de simple apelación.

En este sentido, el examen de los motivos de revisión de hechos probados requiere previamente repasar la doctrina de la Sala en esta clase de motivos.

Al efecto, la Sala ha sintetizado la doctrina relativa a su estimación, razonando que todo motivo de revisión fáctica requiere, para su éxito, de la concurrencia de las siguientes exigencias, derivadas de lo dispuesto en los arts. 193.b y 195 de la LJS y sintetizadas por la doctrina ( Sentencia de la Sala de Tenerife de 28.06.05), todo ello siguiendo la jurisprudencia ( STS 21.05.90):

a) Señalamiento preciso de los hechos probados tildados de erróneos o incompletos, que en el supuesto del presente caso se cumple, al que suele añadirse un segundo requisito de orden formal puro, consistente en que se proponga un texto alternativo que sustituya o complete el de la Sentencia recurrida, requisito que igualmente se cumple por parte del recurrente, y que, de todas formas, no constituye un requisito en sentido estricto, pues su incumplimiento no ocasiona el rechazo del motivo ( STCo 230/00).

b) Que exista soporte probatorio documental o pericial; son inhábiles, a estos efectos revisorios, todas las demás probanzas, a excepción de que se trate de hechos notorios o pacíficos. La convicción fáctica judicial de la instancia, en los demás casos, deviene inatacable en virtud del principio de inmediación de la potestad valorativa probatoria del "ludex a quo", que no es soberana ni excluyente, pero sí muy amplia dados los términos legales antedichos, restrictivos en cuanto a la posibilidad de actuación de este Tribunal Superior en este recurso extraordinario y excepcional.

Sólo excepcionalmente, ( Sentencia de 19-6-08, entre otras pocas) ha admitido la Sala revisión fáctica sin tal apoyo documental o pericial, en los raros casos en los que la afirmación judicial estuviera totalmente ayuna de probanza o, aunque apoyada en prueba, fuera lo que la Jurisprudencia constitucional denomina como o "inferencias absurdas, arbitrarias o irracionales" ( STCo. 175/85), por ejemplo, en la aplicación totalmente equivocada de las normas procesales (y, por tanto, de orden público) relativas a la carga de la prueba (inversión, hechos conformes o hechos notorios) lo que en contadas ocasiones, ciertamente excepcionales se ha hecho ( Sentencias de la Sala de Tenerife de 19-6-08 y 30-6-09 entre muy pocas otras) ante afirmaciones fácticas judiciales totalmente ayunas de prueba. En efecto, la declaración de hechos probados sin soporte probatorio alguno debe ser alterada, porque no puede permitirse que la libertad valorativa del Juez de Instancia, en materia probatoria, sea ilimitada (desde luego que no es tan "soberana", como suele proclamarse) pues está sujeta no sólo a los principios legales de valoración de la prueba (por ejemplo la de presunciones judiciales y legales de los arts. 385 y 386 de la LECv. o a los preceptos que regulan el valor probatorio de determinados medios de prueba como los del art. 319 de la citada Ley adjetiva), sino también a la sujeción a la doctrina jurisprudencial constitucional que proscribe la valoración "arbitraria o irracional" ( STCo. 175/85).

c) Evidencia del error (o de la insuficiencia) del relato histórico a partir de la probanza anterior, sin que sea menester realizar conjeturas, deducciones o hipótesis más o menos lógicas para mostrar el pretendido error o insuficiencia ( STS 21.05.90).

d) Y, por último, trascendencia, utilidad o necesariedad de practicar la alteración fáctica propuesta a los fines de modificar el signo del fallo; esto es, que sea precisa la revisión de los hechos probados para poder invertir o alterar el signo del fallo de la Sentencia recurrida, pues, si ésta va a confirmarse, por cuanto no se produce infracción normativa o jurisprudencial (arts. 193.c y 195 LJS) o bien si la Sentencia no precisa de alteración fáctica para ser revocada total o parcialmente, resulta estéril acceder a la revisión de hechos, por más que concurran lo anteriores requisitos, salvo que la alteración sea precisa para el supuesto de revisión del criterio de esta Sala por el Tribunal Supremo en un eventual recurso de casación por unificación de doctrina ( STS 25.02.03).

B.- Se propone la adición de un nuevo párrafo al final del hecho declarado probado SEGUNDO, que debe ser igualmente declarado probado, y que, sería del siguiente tenor literal:

"Que, igualmente en la Sentencia del TSJ de Canarias de fecha 28 de julio de 2020 (Rollo 408/2020), dictada en Recurso de suplicación se establece que:

Pudiera ser que en la Oficina Técnica a la trabajadora se le hayan asignado tareas que excedan de las que son propias a la categoría que ostenta e integren el núcleos de una categoría superior, como la de auxiliar administrativo, pero ni se alega, ni de piden diferencias por tal razón, ni se enjuicia, ni se resuelve - en congruencia- tal cuestión".

C.- Proyectando la doctrina indicada al caso, es de ver que, efectivamente, al folio 109 figura la Sentencia de esta Sala en la que figura el texto al que hace referencia la recurrente, por lo que el éxito del motivo depende de la relevancia o efecto que tal afirmación judicial tenga para el presente litigio.

Y como se verá en el próximo Fundamento Jurídico, la decisión de esta Sala va a coincidir con la del Juez de instancia, por lo que la alteración propuesta deviene irrelevante, por cierta que sea afirmación que postula añadir.

Por tanto, el motivo no puede ser acogido.

TERCERO.- La Sala aborda la resolución del segundo de los motivos del recurso de la parte demandante, encauzado, como se dijo, como motivo de censura jurídica al amparo del apartado c del art. 193 LJS.

El motivo señala infracción de lo dispuesto 27 del EBEP y 39 del ET, preceptos aplicables siempre que no concurriera el obstáculo de la "res iudicata" material del art. 222 LECv. y, además, siempre que se acreditara que las efectivas funciones realizadas exceden, en su totalidad o casi, de las de telefonista-tramitadora (detalle que se omite en la demanda, que se ciñe sólo a "telefonista" como categoría de la actora). Ni un condicionante ni otro se dan (concurre cosa juzgada y no se han acreditado las funciones superiores), por lo que -desde ahora se adelanta- el motivo va a ser desestimado.

A.- La figura de la cosa juzgada material del art. 222 LECv (distinta de la formal de los arts. 207.2 LECv. y 245 LOPJ) está extensamente analizada en la Sentencia y, efectivamente, el art. 222.1 LEC dispone que la cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.

Su fundamento se encuentra en la seguridad jurídica evitando continuos procesos sobre la misma cuestión entre las mismas partes, no solo en función de lo que en el primer proceso se haya deducido sino, también, lo que se hubiera podido deducir.

Como indica la STS 650/14 de 27 de noviembre, Roj: STS 5251/2014 - ECLI:ES:TS:2014:5251, la cosa juzgada significó antiguamente una presunción de que lo juzgado es cierto -"quia res iudicata pro veritate accipitur " (porque la cosa juzgada se tiene por verdad) -, y se ha reconducido modernamente - como resulta de la exposición de motivos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil - a la condición de instituto, de naturaleza procesal, dirigido a evitar la repetición indebida de litigios, mediante el llamado efecto negativo o excluyente, para impedir que una contienda judicial, ya dilucidada por sentencia firme sobre el fondo de la cuestión, pueda volver a plantearse (En igual sentido, 123/13 de 11 de marzo, STS 360/2012 de 13 de junio, STS 826/2011 de 23 de noviembre y 155/2014 de 19 de marzo).

La finalidad de la cosa juzgada es impedir que un mismo litigio se reproduzca indefinidamente y que sobre una misma cuestión que afecta a unas mismas partes recaigan sentencias contradictorias o bien se reiteren sin razón sentencias en el mismo sentido (STS 164/11 de 21 de marzo, Roj: STS 1240/2011 - ECLI:ES:TS:2011:1240).

En la STS 392/06 de 19 abril 2006 ( Roj: STS 2972/2006 - ECLI:ES: TS:2006:2972) y 768/13 de 5 de diciembre, se concluye que la cosa juzgada material crea una situación de plena estabilidad que no sólo permite actuar en consonancia con lo resuelto, sino que trasciende con eficacia al futuro, impidiendo reproducir la misma cuestión y volver sobre lo que se ha se ha resuelto impidiendo en el nuevo proceso toda actividad jurisdiccional sobre el asunto, incluso para dictar una declaración idéntica sobre él. Su esencia es impedir declaraciones contrarias a la cuestión completamente resuelta, con posibilidad únicamente de actividad jurisdiccional posterior de aspectos que afecten a su efectividad.

Los requisitos para apreciar el efecto de cosa juzgada material en su sentido negativo o excluyente, son la identidad de sujetos, objeto y causa de pedir, que es lo que la doctrina clàsica denomina "eadem res, eadem personae atque eadem causa petendi". Esta triple identidad supone:

a) que entre el proceso ya resuelto y el nuevo en el que se opone la autoridad de cosa juzgada de la resolución dictada en el primero exista identidad de sujetos, de litigantes, identidad subjetiva contemplada en el art. 222.3 LEC cuando dice que la cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley. Se identifica este requisito con la calidad jurídica del interviniente en el primer proceso pues lo que importa es la titularidad de la relación jurídica, no la identidad física sino la jurídica, salvo en los casos exceptuados por la ley (i) herederos o causahabientes de las partes (ii) sujetos titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley (casos de legitimación procesal extraordinaria -sustitución- u ordinaria -asociaciones de consumidores-, y en los casos de la ley de forma taxativa extienda los efectos de la sentencia a terceros, como en el caso de la impugnación de acuerdos sociales, en que se extiende a los socios).

Con carácter específico, el art 222.3 LEC hace extensiva la cosa juzgada material «erga omnes», a partir de la inscripción o anotación en el Registro Civil, respecto de las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y reintegración de la capacidad.

b) que entre el litigio ya resuelto y el nuevo, exista identidad de objeto litigioso. Así, el art. 222.1 LEC hace referencia a la identidad de objeto del proceso en que aquélla se produjo, lo cual ha debido quedar claramente determinado en la demanda o reconvención.

Por objeto del proceso no hay que entender únicamente lo que ha sido objeto del debate jurídico, sino también forman parte del contenido de la cosa juzgada material en su sentido negativo o excluyente, las excepciones materiales y los hechos extintivos, impeditivos o excluyentes de la relación jurídica debatida en del proceso no alegados por el demandado que pudieron ser alegados. Así, la STS 629/13 de 28 de octubre Roj: STS 5188/2013 - ECLI:ES:TS:2013:5188, indica que la cosa juzgada se extiende incluso a cuestiones no juzgadas, en cuanto no deducidas expresamente en el proceso, pero que resultan cubiertas igualmente por la cosa juzgada impidiendo su reproducción en ulterior proceso, cual sucede con peticiones complementarias de otra principal u otras cuestiones deducibles y no deducidas, como una indemnización de daños no solicitada, siempre que entre ellas y el objeto principal del pleito exista un profundo enlace, pues el mantenimiento en el tiempo de la incertidumbre litigiosa, después de una demanda donde objetiva y causalmente el actor pudo hacer valer todos los pedimentos que tenía contra el demandado, quiebra las garantías jurídicas del demandado ( SSTS 28-2-91 y 30-7-96) postulados en gran medida incorporados explícitamente al art. 400 de la LEC.

El art. 400 LEC impone la necesidad de alegar los hechos, fundamentos o títulos jurídicos en que pueda fundarse lo que se pide en la demanda, sin poder reservarse su alegación para un proceso ulterior. Se pretende que el demandante haga valer en el proceso todas las causas de pedir de la pretensión deducida, de forma que a efectos de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste, lo que la STS 189/11, de 30 marzo, Roj: STS 2227/2011 - ECLI:ES:TS:2011:2227, interpreta exigiendo que ante la existencia de dos demandas, las causas de pedir alegadas en ellas sean diferentes (bien por sus elementos fácticos, es decir, diferentes hechos, bien por sus elementos normativos, es decir, distintos fundamentos o títulos jurídicos), y que habiendo podido ser alegada en la primera demanda la causa de pedir, haya quedado reservada para el proceso ulterior - "resulten conocidos o puedan invocarse"-, y por lo tanto se trata de haber pedido lo mismo en las dos demandas. En definitiva, no pueden ejercitarse acciones posteriores basadas en distintos hechos, fundamentos o títulos jurídicos cuando lo que se pide es lo mismo y cuando tales fundamentos, fácticos y jurídicos, pudieron ser alegados en la primera demanda.

Según la doctrina del T.Supremo expuesta en la Sentencia citada nº 629/13 de 28 de octubre, que se remite a la nº 309/09, de 21 de mayo, no sólo se trata de incluir dentro de la excepción de cosa juzgada aquellas alegaciones que se realizaron en el Juicio Cambiario, sino aquellas que no se alegaron pudiendo haberlo hecho, por lo que no pueden volver a repetirse en un procedimiento ordinario posterior. Así, el art. 827.3 LEC otorga efectos de cosa juzgada a la sentencia firme que se dicte en el juicio cambiario tras la oposición del demandado, respecto de las cuestiones que pudieron ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondiente, regla que confirma la jurisprudencia de la Sala 1ª del T.Supremo a propósito del art. 1479 de la LEC de 1881

c) Entre los requisitos para que tenga lugar ese efecto negativo de la cosa juzgada, se encuentra el referido a la identidad de la causa de pedir, esto es, del conjunto de hechos jurídicamente relevantes a los que la norma aplicable vincula el efecto jurídico que se pretende, hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión, es decir, que entre el litigio ya resuelto y el nuevo exista identidad de la causa de pedir en el sentido del art. 222.2 LEC según el cual la cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 LEC, considerando hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen. La causa de pedir viene integrada por el conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora.

La STS nº 539/14 de 14 de enero de 2015, Roj: STS 125/2015 - ECLI:ES:TS:2015:125, se refiere a la causa de pedir como hechos constitutivos con relevancia jurídica que sirvan de fundamento a la petición y que delimitan, individualizan e identifican la pretensión procesal.

B.- En el caso, la Sentencia de esta Sala de 28-7-20, confirmatoria de la de instancia, denegó a la actora la reclamación por diferencias salariales derivadas de la realización de funciones de auxiliar administrativa, acción que había acumulado a la de clasificación profesional, igual que había acontecido en un litigio anterior, que no llegó a recurso, en el que igual sesgo desestimatorio se dictó por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Arrecife, en el procedimiento 97/18.

La concurrencia de la "res iudicata" material requiere, como antes se ha expuesto, la triple identidad de sujetos, objeto y pretensión ("eadem res, eadem personae, atque eadem causa petendi"), para desplegar el efecto negativo (además del positivo) que aquí es el objeto del debate: impedir la repetición del procedimiento, si éste -se insiste- es igual.

En el caso, la conclusión debe ser la misma que el de la Sentencia de instancia, si bien ampliando su razonamiento de la siguiente forma: la cosa juzgada no operaría si el objeto de la demanda y su pretensión hubiera sido distinto en el sentido temporal o cronológico, es decir, admitiendo que al tiempo de formularse las anteriores demandas no hubo desempeño de tareas de categoría superior, pero que más tarde, al tiempo de presentar la demanda del presente procedimiento, las tareas sí que se realizaban al cambiar la situación. Pero no es así, en la demanda nada se dice del desempeño de tareas o funciones distintas de las que hacía cuando se formularon las dos anteriores, y, con ello, el objeto y la pretensión del presente "libellus" coincide con las anteriores.

No obstante, "obiter dictum", debe indicarse que en el relato fáctico no constan las efectivas funciones desempeñadas, por lo que, aún en el caso de no aplicarse el instituto de la cosa juzgada material, se carece de soporte fáctico para la estimación de la demanda, ya que en el recurso que aquí se resuelve no se ha planteado motivo revisorio que permitiera (eventualmente) describir las funciones superiores pretendidamente desempeñadas.

No hay, pues, infracción de la normativa material reguladora del salario ( arts. 27 EBEP y 39 ET), con lo que la denuncia de infracción jurídica que contiene el recurso no puede ser compartida.

El motivo, así, decae. Por tanto, el recurso debe ser desestimado y la Sentencia de instancia debe ser confirmada por la presente, si bien sin imponer condena en costas, al disfrutar la demandante del beneficio de justicia gratuita por litigar como trabajadora.