Sentencia Social 362/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 681/2022 de 25 de abril del 2023

PRIMERO.- La sentencia de instancia, sin entrar en el fondo, desestima la pretensión ejercitada por el actor, D. Pio, quien ha venido prestando servicios primero para el Ayuntamiento de El Sauzal y después para la Agrupación Musical San Pedro de El Sauzal como Director de la Banda Municipal y como Profesor de Música desde el día 1 de enero de 2010, no habiéndose articulado formalmente dicha relación, que interesaba que se declarara la existencia de relación laboral entre las partes y que el cese del que fuera objeto el día 3 de marzo de 2021 era constitutivo de despido improcedente al no existir causa legal que lo justifique ni respetarse las formalidades exigidas legalmente y que se condenara a las demandadas a abonar al actor la cantidad total de 10.515,94 € en concepto de diferencias salariales.

Frente a la misma se alza el demandante mediante el presente recurso de suplicación, articulado a través de un motivo de revisión fáctica y otro de censura jurídica a fin de que, revocada la sentencia de instancia, se dicte otra por la que se estimen todas las pretensiones articuladas en la demanda que da inicio al presente procedimiento.

SEGUNDO.- Por el cauce del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social solicita el demandante la modificación del relato fáctico declarado probado por la Magistrada de instancia con la finalidad de sustituir la actual redacción del ordinal séptimo, expresivo de las funciones desempeñadas por el actor, por la siguiente:

"Don Pio, los días que no podía acudir a impartir las clases, lo comunicaba a la Agrupación, mediante la remisión de un mensaje de texto; no precisaba acompañar el correspondiente justificante de inasistencia. La agrupación musical estableció normas nuevas, la falta de asistencia sería notificada al director. Las cuestiones que se plantearan en relación a cuestiones musicales de la banda municipal (en concreto el repertorio musical) eran decididas por don Pio, director de la misma. La Agrupación musical decidía cuando tenía que contratar como refuerzo a otros músicos".

Basa sus pretensiones revisorias en los documentos obrantes a los folios 195 a 203 de las actuaciones, consistentes en fotocopias de las actas de las reuniones de la agrupación musical.

Con carácter previo a la vista de la fundamentación del recurso se han de realizar algunas precisiones. Como con reiteración viene señalando esta Sala, los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimiese o rectificarse), si concurren los siguientes requisitos:

- A) De carácter sustantivo:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994). De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados.

- B) De carácter formal:

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). En cualquier caso, y al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto no puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas que sean predeterminantes del fallo.

3º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995), estando el recurrente obligado a determinar con exactitud y precisión el documento concreto y particularizado en que se apoya su pretensión revisora, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), así como la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que propone ( Sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001).

4º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia.

5º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico.

Hechas las anteriores aclaraciones, la Sala considera que el motivo planteado merece ser rechazado pues, sin necesidad de entrar en el análisis de la veracidad de los datos que se pretenden incorporar al relato de hechos probados, los mismos resultan intrascendentes para resolver la cuestión que nos ocupa y en nada afectarían al sentido de la presente resolución, como veremos más detalladamente a la hora de resolver el siguiente motivo de censura jurídica.

Se desestima, por tanto, el motivo de revisión fáctica articulado por el actor, quedando los hechos probados firmes e inalterados.

TERCERO.- Por el cauce del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social denuncia el demandante la infracción de los artículos 1 y 8 del Estatuto de los Trabajadores. Argumenta en su discurso impugnatorio, en esencia, que de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, una vez operada la modificación que propone en los mismos, se desprende claramente la existencia de una relación laboral entre actor, Profesor de Música y Director de la Banda Municipal, y el Ayuntamiento de El Sauzal primero y la Agrupación Musical San Pedro de El Sauzal después, y no un contrato administrativo menor de eneseñanza, al darse en ella todas las notas configuradoras de tal clase de relaciones.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 párrafo 1º del Estatuto de los Trabajadores, contrato de trabajo sería aquel por el que una persona (trabajador) se compromete voluntariamente a prestar personalmente unos servicios retribuidos y por cuenta ajena, dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona (empresario).

Siguiendo en este punto al Profesor Sala Franco, hemos de decir que los elementos definitorios del contrato de trabajo son:

el carácter personal de la prestación,

la voluntariedad,

la retribución,

la dependencia, y

la ajenidad.

Pero en la medida en que las notas del carácter personal, la voluntariedad y la retribución se dan también en otros contratos de cambio no laborales en los que se prestan servicios retribuidos, son las notas de la dependencia y la ajenidad las estrictamente definidoras y diferenciadoras del contrato de trabajo (y de la relación jurídica que nace del mismo) frente a otro contratos (y relaciones jurídicas).

Por dependencia o subordinación hay que entender el trabajar bajo el poder de dirección y disciplinario de otra persona, "trabajar dentro del círculo orgánico, rector y disciplinario de un empleador o empresario" ( sentencias del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 1990, 27 de mayo de 1992 y 26 de enero de 1994). Como indicios o manifestaciones de la dependencia se considera el hecho de trabajar en locales del empleador, el sometimiento a una jornada y horario regulares, la sujeción estricta a órdenes e instrucciones del empleador, así como a su control y vigilancia, etc. ( sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2000).

Entendiendo por ajenidad la circunstancia de que el trabajador tiene garantizada una retribución, independientemente de los resultados de la empresa, la misma puede ser entendida desde diversos puntos de vista: ajenidad en los riesgos, ajenidad en los frutos o en la utilidad patrimonial, ajenidad en la titularidad de la organización, etc. Manifestaciones de la ajenidad son la existencia de una retribución fija y no variable, la normalidad en la remuneración, la ausencia de participación en los beneficios de la empresa, etc. ( sentencias del Tribunal Supremo de 10 de abril de 1995 y 16 de febrero de 1998).

Para una mejor comprensión de la cuestión debatida, hemos de hacer las siguientes precisiones, basadas todas ellas en la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida: - a) el actor prestó servicios entre los días 1 de enero de 2010 y 3 de marzo de 2021 como Profesor de Música y Director de la Banda Municipal para el Ayuntamiento de El Sauzal primero y para la Agrupación Musical San Pedro de El Sauzal después, sin haberse documentado por escrito dicha relación de prestación de servicios (hecho probado primero); -b) el actor prestaba sus servicios en los locales municipales de la denominada "Escuela de Música", los lunes, miércoles y viernes, en horario de 17 a 19 horas, como profesor de música, y los miércoles de 20,30 a 22,30 horas como Director de la banda de música, sin perjuicio de que pudieran prolongarse los ensayos por más tiempo e incluso ensayar un día más a la semana (hecho probado cuarto); -c) los días en que el actor no podía acudir a impartir las clases, lo comunicaba a la Agrupación, mediante la remisión de un mensaje de texto no precisaba acompañar el correspondiente justificante de inasistencia y en caso de que un alumno no pudiere asistir a alguna de las clases, lo comunicaba al profesor, las incidencias que se plantearan en relación a cuestiones musicales de la banda municipal las resolvía el actor, repertorio, necesidad de colaboración de un músico externo, etc. (hecho probado séptimo); -d) desde julio de 2018 la Agrupación Musical ha venido realizando transferencias mensuales a la cuenta bancaria designada por el actor en la cuantía de 993 €, previa emisión de factura por parte de aquél por el desempeño de la docencia musical (hecho probado sexto); -e) la banda municipal tiene obligación de participar en las Fiestas de San José, una procesión, en Semana Santa, dos procesiones en Ravelo y dos procesiones en el Casco, en las Fiestas del Calvario, una procesión, en el Corpus, una procesión en Ravelo y una procesión en el Casco, en las Fiestas de San Pedro, cuatro procesiones y un concierto (hecho probado tercero); -f) el día 3 de marzo de 2021 la Concejala de Cultura, Dª Belen, le comunicó telefónicamente al actor que se prescindía de sus servicios, entendiendo el actor que había sido despedido verbalmente (hecho probado octavo).

Teniendo en cuenta la presunción iuris tantum de laboralidad que establece el artículo 8 párrafo 1º del Estatuto de los Trabajadores, hemos de concluir que del conjunto de indicios que nos ofrece la relación concreta de prestación de servicios que nos ocupa se desprenden elementos más que suficientes como para entender que existe una auténtica relación jurídico laboral entre las partes, pues claramente se dan las notas de la dependencia y la ajenidad consustanciales a la relación laboral.

Así, el actor estaba sometido al ámbito de organización y dirección de las demandadas, recibiendo órdenes e instrucciones de éstas a la hora de desarrollar su actividad, pues las clases de música que impartía el actor como Profesor son controladas por el Ayuntamiento demandado a través de la Agrupación Musical, que es la que fijaba los horarios de la escuela de música en su labor educativa de fomento y difusión de la música en el municipio y quien determinaba los días y horario de ensayo y los acontecimientos en los que la Banda de Música dirigida por el demandante debía actuar (días de actuaciones), demandando su intervención. La dependencia jerárquica del actor respecto de las codemandadas llega hasta tal punto de que el mismo es cesado verbalmente por la Concejala de Cultura, Dª Belen.

Además, la actividad la realiza el actor con los medios materiales que la empresa le proporciona (instrumentos, locales.), tiene asignada una jornada y un horario de trabajo estables y garantizada una retribución fija mensual que se le abona en forma de liquidación de facturas emitidas por servicios prestados.

El hecho de que sus retribuciones no se denominen formalmente salario y que el actor emita, también formalmente, facturas de manera periódica que han de ser liquidadas para justificar el abono de sus retribuciones y que no esté dado de alta por el Ayuntamiento ni por la Agrupación Musical en el Régimen General de la Seguridad Social, no dejan de ser indicios neutros o irrelevantes a la hora de calificar la relación jurídica. La denominación que las partes den a la relación de servicios mantenida entre ambas no tiene la virtualidad de transformar la verdadera naturaleza de la misma, pues las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son.

De todo ello se desprende que el actor ha venido prestando sus servicios por cuenta de las codemandadas, bajo su ámbito, dirección y organización y a cambio de una retribución, por lo que hemos de entender que entre las partes existía contrato de trabajo, según se establece en el artículo 8 párrafo 1º del Estatuto de los Trabajadores por cumplirse así todos los requisitos exigidos por el artículo 1 párrafo 1º del mismo cuerpo legal.

Acreditada la existencia de relación laboral y al no haberlo entendido en el mismo sentido la Magistrada de instancia, procede la estimación del motivo de censura jurídica con los efectos que ahora veremos.

CUARTO.- Llegados a este punto esta Sala advierte que, de manera inexplicable, la parte actora no articula ningún motivo más de censura jurídica a fin de impugnar y calificar jurídicamente el cese del actor ni para sostener la reclamación de cantidad ejercitada en su demanda, pretensiones que fueron reiteradas en la fase declarativa del procedimiento de instancia en el trámite de ratificación a la demanda, ocasionando así una ruptura fatal en la línea argumental del recurso.

Dicho lo anterior, hemos de puntualizar que la sentencia es el acto el Juez en el que se enjuician los hechos debatidos y sus fundamentos de derecho y, en vista de ellos, se decide o falla. La sentencia, como respuesta que proporciona el Juez en la solución de un conflicto, debe ser, además de motivada, congruente con las peticiones de las partes ( artículos 209 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y artículo 97 de la Ley Reguladora de la Seguridad Social).

Que la sentencia tenga que ser congruente supone la concordancia entre la decisión judicial y lo pedido en la demanda y demás peticiones oportunamente articuladas en el juicio. Puede por ello la sentencia incurrir en defecto de incongruencia, que a su vez puede ser:

omisiva, si no resuelve acerca de todo lo pedido;

infra petita, si concede menos de lo pedido por las partes;

ultra petita, si concede más de lo pedido por las partes;

extra petita, si se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo solicitado por las partes;

por error o mixta, si se produce una combinación de la incongruencia omisiva y de la incongruencia extra petita y no se decide sobre lo que se ha pedido y se concede lo que no se había reclamado.

La incongruencia omisiva, como hemos apuntado, se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones planteadas por las partes siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación puede inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales ( sentencias del Tribunal Constitucional 91/1995, 56/1996, 59/1996, 85/1996 y 26/1997).

Como textualmente señalan las sentencias del Tribunal Constitucional de 21 de noviembre de 1994 y 8 de marzo de 1999, es doctrina reiterada de este Tribunal que:

"El vicio de incongruencia entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta a lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial, siempre y cuando la desviación sea de ?tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurra la controversia procesal".

De forma que si el Magistrado de instancia incurre en el error referido, la consecuencia obligada es la anulación de la sentencia que haya dictado y todas las actuaciones posteriores, a fin de que se dicte otra que cumpla adecuadamente lo que ordena el citado artículo 97 de la Ley de Reguladora de la Jurisdicción Social y se resuelva en ella sobre la pretensión formulada en la demanda y las demás pretensiones articuladas en el juicio. Y como esta exigencia de la congruencia de la sentencia es manifestación de un derecho fundamental y es de derecho necesario, al afectar al orden público del proceso, procede decretar dicha nulidad incluso de oficio, como han precisado las sentencias del Tribunal Supremo de 19 de enero y 16 de septiembre de 1998, entre otras.

Dicho lo anterior, en el presente procedimiento, a pesar de que el actor solicitó en su demanda y ratificó en el acto de la vista oral que se estimara la misma y que se declarara la existencia de relación laboral y que se declarara que su cese es constitutivo de despido improcedente, por carecer de causa que lo justifique y, además, reclamaba que se condenara a las codemandadas a abonarle la cantidad total de 10.515 € en concepto de diferencias salariales, como consta en el antecedente de hecho primero, la Magistrada de instancia en los fundamentos jurídicos de su sentencia no resuelve las dos últimas cuestiones al estimar la falta de competencia del orden social para conocer de las reclamaciones efectuadas por el actor.

Constatadas tales circunstancias, acreditada la existencia de relación laboral entre las partes, la Sala necesariamente ha de concluir que la Juzgadora ha dictado sentencia dejando sin resolver dos de las pretensiones del demandante, la calificación jurídica de su cese y la reclamación de cantidad, lo que lleva a la inaceptable consecuencia jurídica de no resolver sobre todas las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, incurriendo con ello en el vicio procesal de la incongruencia omisiva.

Pero la estimación de la existencia de la referida incongruencia omisiva no conduce, como es la norma general para todos los demás motivos de impugnación procesal, a la nulidad de actuaciones, sino a resolver por esta Sala lo que corresponda dentro de los términos en que aparezca planteado el debate, siempre que el relato de hechos probados de la sentencia recurrida fuere suficiente para ello ( artículo 202 párrafo 2º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), y en el presente caso lo es, como veremos seguidamente.

QUINTO.- En la demanda y en el acto de la vista oral el demandante sostuvo su pretensión argumentando que su cese fue llevado a cabo sin cumplir los requisitos formales exigidos por el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores y de manera verbal, mediante una llamada telefónica de la Concejala de Cultura, Dª Belen, que le comunicó que la Agrupación no iba a seguir pagando su salario, sin más explicaciones.

Cuanto se ha dicho hace necesario entrar a conocer del despido en si mismo considerado pues, determinada la existencia relación laboral puede existir tal despido. Y llegados a este punto hemos de hacer dos consideraciones de tipo normativo a la hora de abordar tal cuestión jurídica. La primera es que, conforme a lo dispuesto en el artículo 55 párrafo 1º del Estatuto de los Trabajadores, el despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos. Se configura así la denominada carta de despido, cuyas exigencias legales son: debe ser escrita, debe contener los hechos que lo motivan (los que, a juicio del empresario, justifican su voluntad resolutoria), debe figurar la fecha a partir de la cual el despido tendrá efecto y debe ser notificada al trabajador; requisitos todos ellos que convierten al despido e un acto formal y recepticio ( sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2000). En consecuencia, se ha de considerar improcedente aquel despido en el que no se han cumplido las formalidades requeridas. Y la segunda es que, el antiguo y ya derogado artículo 1.214 del Código Civil hacía recaer y ahora el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil hace recaer la carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la demanda (el hecho del despido) en la parte demandante y, una vez acreditado éste, correspondería a la parte demandada acreditar los hechos que conllevarían la procedencia del mismo.

Dicho lo anterior, desprendiéndose de la inalterada resultancia de hechos probados de la sentencia combatida:

que el actor ha estado trabajando primero para el Ayuntamiento de El Sauzal y después para la Agrupación Musical San Pedro de El Sauzal como Director de la Banda Municipal y como Profesor de Música desde el día 1 de enero de 2010 (hecho probado primero), percibiendo por ello de la Agrupación Musical un salario mensual de 993 €, sin prorratear pagas extraordinarias (hechos probados sexto y noveno); y

que el día 3 de marzo de 2021 la Concejala de Cultura, Dª Belen le comunicó telefónicamente al actor que se prescindía de sus servicios, entendiendo el actor que había sido despedido verbalmente (hecho probado octavo);

queda claro que las codemandadas, a la hora de proceder al despido del actor, incumplió los requisitos formales que el artículo 55 párrafo 1º del Estatuto de los Trabajadores establece para dicho acto, por lo que el mismo ha de ser calificado como despido improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 108 párrafo 1º Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

La inexplicable actuación de la parte recurrente, que no articula ningún motivo de censura jurídica a fin de impugnar y calificar jurídicamente el cese del actor, ni para determinar la responsabilidad de cada una de las codemandadas ni para sostener la reclamación de cantidad ejercitada en su demanda, hacen que este Tribunal únicamente pueda tener como empresario del actor a la última entidad que le abonaba una contraprestación por sus servicios, la Agrupación Musical San Pedro de El Sauzal, y por salario la cantidad que de ésta percibía en el momento del cese, 993 € mensuales sin prorrata de pagas extraordinarias y, además, que no pueda entrar a resolver la pretensión de reclamación de cantidad.

Dicho lo anterior, a la hora de cuantificar la indemnización por despido improcedente se han de tener en cuenta los siguientes parámetros: - a) que su salario diario asciende a 38,08 € (1.158,50 € mensuales con prorrateo de pagas extraordinarias); - b), que su antigüedad se

ha de computar desde el día 1 de enero de 2010; y - c) que la fecha de extinción de la relación laboral es la de 3 de marzo de 2021.

Así las cosas, teniendo en cuenta los parámetros antes referidos, hemos de distinguir:

Primer tramo: 1 de enero de 2010 a 11 de febrero de 2012 (26 meses redondeados): 38,08 x 45 días x 26 = 3.712,80 €.

Segundo tramo: 12 de febrero de 2012 a 3 de marzo de 2021 (109 meses redondeados): 38,08 x 33 x 109 =11.414,48 €.

TOTAL: 15.127,28 €.

Todo ello conduce a la Sala, al no haberlo entendido en el mismo sentido la Magistrada de instancia, a la estimación en parte del recurso de suplicación interpuesto por el actor y, con revocación de la sentencia combatida y, previa declaración de la existencia de relación laboral entre las partes, a declarar que el cese del que fue objeto el mismo es constitutivo de despido improcedente, condenando a la Agrupación Musical San Pedro de El Sauzal a que, en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de esta resolución, opte por readmitirlo o le abone una indemnización de 15.127,28 € y, en el primer caso, el importe de los salarios devengados desde la fecha del despido, 3 de marzo de 2021, hasta el día de la notificación de la presente sentencia, a razón de 38,08 € diarios.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,