Sentencia Social 556/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 971/2022 de 28 de junio del 2023

PRIMERO.- La actora recurre al amparo del artículo 193.c) de la LRJS, alega la infracción del articulo 53.5 b del Estatuto de los Trabajadores. Indica que la nulidad del despido debe conllevar tan solo la obligación del recurrente de reintegrar el importe neto de la indemnización, pero no el importe de una retención practicada por parte de la empresa, pues lo contrario obligaría al recurrente a iniciar un proceso de reclamación a la Hacienda de otro país y con el coste y dificultades que puede conllevar aquello, por lo que las consecuencias de la nulidad del despido debe sufrirlas la parte que ha provocado dicha nulidad y no aquella que la ha padecido.

En el presente caso, la sentencia de instancia ha declarado la nulidad del despido declarando extinguida la relación laboral condenando a la empresa a abonar al actor la suma de 119769,27 euros en concepto de indemnización por despido de la que ha de deducirse la cantidad de 11654,2 euros ya percibida. El salario regulador para el calculo de la indemnización del despido es el salario bruto y no el neto ( STS 7 de octubre de 2007), por lo tanto es preciso desestimar el recurso de la actora pues la indemnización a la que se condena a la empresa se ha calculado en relación al salario bruto, y la cantidad final debe calcularse con deducción del importe bruto de la indemnización abonada al actor en el despido colectivo.

SEGUNDO.- La empresa recurre al amparo del artículo 193.a) de la LRJS, alega la nulidad de la sentencia por vulnerar el artículo 97.2 de la LRJS y los artículos 209.2 y 3 y 218 de la LEC. Indica que en el acto del juicio el importe concreto de los salarios de tramitación nunca fue discutido ni fue objeto de alegación y prueba por las partes, sin que se cuantificaran dichos salarios por la actora, por lo que la sentencia incurre en incongruencia.

Señala que la sentencia vulnera los artículos 281 y 286 de la LRJ en relación con la posibilidad de que la extinción de la relación laboral por imposibilidad manifiesta de la readmision pueda adelantarse a un momento anterior al del incidente de readmision irregular. Indica que es en el procedimiento de ejecución en el que las partes deben aportar todas las pruebas que consideren oportunos especialmente en relación a los ingresos que el trabajador hubiera percibido desde la fecha del despido hasta la extinción de la relación laboral.

La declaración de nulidad de actuaciones es un remedio excepcional, que ha de aplicarse con criterio restrictivo, pues una interpretación amplia de la posibilidad de anulación podría incluso vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, proclamado en el art. 24 de la Constitución Española , en su vertiente del derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas. Solamente procederá la nulidad de la sentencia o de las actuaciones cuando concurran los siguientes requisitos: Que se haya producido vulneración de una norma o garantía esencial en la regulación del proceso. Que se haya formulado protesta, si el momento procesal en el que se produjo la irregularidad procesal lo permitía. Que produzca indefensión, que en principio ha de perjudicar a la parte recurrente en suplicación.

Como declara la jurisprudencia (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 31-3-99), la incongruencia, como requisito emanado del principio dispositivo, según afirma nuestra sentencia de 1 de octubre de 1998 , implica una adecuada relación entre las pretensiones y la parte dispositiva de la sentencia, prohibiendo que se otorgue más de lo pedido por el demandante, menos de lo resistido por el demandado o cosa distinta a lo solicitado por ambas partes.

En el presente caso y como se reconoce en el recurso, fue la propia demandada quien solicitó la extinción de la relación laboral por la imposibilidad manifiesta de readmitir al demandante debido al cierre de las bases de las Islas Canarias la resolución impugnada conforme a lo solicitado declaró en sentencia la extinción de la relación laboral y fijo la indemnización y el importe de los salarios dejados de percibir hasta dicha fecha la empresa pudo en el acto del juicio alegar proponer y practicar prueba en relación a los periodos en que procedía el abono de los salarios y fijar su importe y no lo verificó, por lo que debe desestimarse el motivo.

TERCERO.- La empresa recurre al amparo del artículo 193.a) por vulneración del artículo 97.2 de la LRJS 281 y 286 de la LRS y los artículos 209.2 y 3 y 217 y 218 de la LEC artículo 24.1 de la Constitución con cita de la STS de 18 de enero de 2017.

Indica que en los hechos probado no se hace referencia a las actuaciones supuestamente fraudulentas ni conducta alguna relativa a la supuesta intención de la empresa de no facilitara la ejecución. Señala que no hay mención alguna en los hechos probados ni los mismos fueron objeto de alegación alguna y el auto de la audiencia nacional de 5 de marzo de 2021 no tiene eficacia ni relevancia en este procedimiento ya que la actora voluntariamente no formo parte del colectivo que promovió dicha ejecución colectiva y no tiene eficacia de cosa juzgada ni puede ser usado como prueba de la conducta del la empresa respecto del actor.

La STS de 18 de enero de 2017 en relación a las condiciones en las que puede imponerse la indemnización adicional del artículo 281 de la LRJS recuerda que la doctrina tradicional de la Sala (STS de 28 de abril de 1998, sobre el artículo 279,2,b) LPL), exige que sea pedida por la parte ejecutante que es, además, quien debe acreditar los perjuicios que, en todo caso, deben ser distintos de los de la propia extinción que ya resultan satisfechos con la condena al abono de la indemnización principal y la correspondiente a los salarios de sustanciación. Entiende que dicha doctrina debe mantenerse tras la entrada en vigor de la LRJS. En efecto, la indemnización adicional no puede imponerse por la simple omisión o por el irregular cumplimiento del fallo, sino que exige una incidencia dañosa para el trabajador que no puede ser, exclusivamente, la derivada de la extinción de la relación laboral que es la que determina la indemnización principal. De ello se sigue que la responsabilidad económica adicional dependa, entre otros factores, del grado de culpabilidad empresarial en el incumplimiento. La valoración separada de los daños que puede haber sufrido el trabajador ampara la existencia de dos posibles indemnizaciones a abonar por el ejecutado: la que compensa la extinción del contrato -legalmente tasada- y la que está llamada a compensar otros daños y perjuicios cuya imposición deberá ser solicitada por la parte que los ha sufrido y que, consecuentemente, deberá acreditar su existencia. Por último, la distinta utilización que el legislador hace de los términos empleados para referirse a cada indemnización avalan, más si cabe, la conclusión apuntada. Así, mientras que al referirse a la indemnización principal utiliza la ley la expresión "acordará" y para los salarios de tramitación usa el término "condenará", para referirse a la indemnización adicional emplea la expresión "podrá fijar", lo que resulta revelador de que ésta última indemnización no puede imponerse de oficio por el juzgador que, tal como continua el precepto, lo realizará en función de los perjuicios causados que, obviamente, deberán ser alegados y acreditados.

En el presente supuesto la resolución recurrida en el hecho probado séptimo reproduce el contenido del auto de fecha 5 de marzo de 2021 dictado por la Audiencia Nacional y acuerda incrementar la indemnización en al indemnización adicional de quince días de salarios por año de servicio aplicando dichos razonamientos. En este caso el actor no ejercitó su acción en el proceso de ejecución colectiva y la resolución dictada en el proceso de ejecución colectiva no tiene eficacia de cosa juzgada en la sentencia dictada en el proceso de despido individual, sin que conste acreditado que el demandante tras su despido se encontrara afectado por el procedimiento de suspensión de contrato por fuerza mayor ni acredita perjuicios distintos de los de la propia extinción. Por lo tanto, debe dejarse sin efecto tal pronunciamiento de la sentencia de instancia.

CUARTO.- La parte demandante recurre al amparo de lo establecido en el artículo 193.b) de la LRJS para revisar los hechos declarados probados. Los requisitos que se exigen para la revisión son los siguientes: a) La concreción exacta del que haya de ser objeto de revisión. b) La precisión del sentido en que ha de ser revisado; es decir si hay que adicionar, suprimir o modificar algo. En cualquier caso, y por principio, se requiere que la revisión tenga trascendencia o relevancia para provocar la alteración del fallo de la sentencia. c) La manifestación clara de la redacción que debe darse al hecho probado, cuando el sentido de la revisión no sea la de su supresión total. Por lo que se refiere a la forma de instrumentalizar la revisión: a) Se limitan doblemente los medios que pongan en evidencia el error del Juzgador; por otra parte, porque en los diversos medios probatorios existentes únicamente puede acudirse a la prueba documental, sea ésta privada -siempre que tenga carácter indubitado- o pública, y a la prueba pericial; por otra parte, porque tales medios de prueba, como corresponde a un recurso extraordinario, sólo pueden obtenerse de los que obran en autos. b) No basta con que la revisión se base en un documento o pericia, sino que es necesario señalar específicamente el documento objeto de la pretendida revisión. c) El error ha de evidenciarse simplemente del documento alegado en el que se demuestre su existencia, sin necesidad de que el recurrente realice conjeturas, hipótesis o razonamientos; por ello mismo se impide la inclusión de afirmaciones, valoraciones o juicios críticos sobre la prueba practicada. Esto significa que el error ha de ser evidente; evidencia que ha de destacarse por si misma, superando la valoración conjunta de las pruebas practicadas que haya podido realizar el juzgador a quo. d) No pueden ser combatidos los hechos probados si éstos han sido obtenidos por el Juez del mismo documento en que la parte pretende amparar el recurso.

La demandada solicita que se introduzca un nuevo hecho probado con el siguiente contenido: "El actor era uno de los socios fundadores y era el el representante legal de la compañía Ampe Aaviation sl de nacionalidad irlandesa la cual presto servicios mercantiles a la entidad Mcginley Aviation que a su vez proporcionaron servicio de pilotajes a Rayan Air desde el 29 de agosto de 2012 hasta el 30 de julio de 2018". Se apoya en el documento 1 de la actora, no se accede a la revisión pues no es trascendente para modificar el sentido del fallo ya que en el hecho probado primero se refleja que era representante de la empresa

QUINTO.- La parte demandada recurre al amparo de lo establecido en el artículo 193.c) de la LRJS alega la vulneración de los artículos 1.1, 42 y 43 del Estatuto de los Trabajadores. Señala que no existió relación laboral entre el actor y la empresa .Indica que a diferencia de los previsto en cualquier contrato laboral ordinario el actor podía ser sustituido en la prestación de servicios, si bien el actor debía utilizar un uniforme identificativo obedecía a cuestiones de seguridad, al igual que el uso de manual de operaciones y el manual de capitán, la tarjeta de tripulante se expide a cualquier persona que presente sus servicios en el recinto aeroportuario, el avión era propiedad de la demandada , pero el objeto del contrato no es indicio suficiente pues constituye un elemento esencial en la prestación de servicios que se tiene necesariamente que proyectar sobre una infraestructura aeronáutica.

Alega que tampoco concurre la ajenidad de los resultados pues el actor cobraba por horas de vuelo y no cobraba ninguna compensación económica fija participaba en los beneficios y perdida de su compañía. Señala que tampoco había inserción en el circulo rector, pues la empresa como contratista debía dar formación incluso los profesionales externos por razón de seguridad. Señala que no existía retribución salarial, pues su compensación era de carácter variable y no fijo y no percibía cada mes los mismos importes, sino que atendía a los servicios prestados.

Igualmente indica que debe diferenciarse la cesión ilegal de trabajadores y la subcontratación de obras y servicios que regula el artículo 42, las entidades codemandadas suscribieron los contratos mercantiles , el actor facturaba a sus servicios a través de su compaña de la cual ostentaba la tercera parte de las participaciones sobre las que tenia poderes de representación y era socio fundador, existiendo una legitima relación mercantil entre entidades de nacionalidad extranjera, por lo que la antigüedad del demandante a todos los efectos era de 1 de agosto de 2018 y la indemnización por extinción de la relación laboral enjuiciada ascendía a 44516,48 euros.

Esta Sala, en sentencia de 2 de septiembre de 2019 en relación a una supuesto similar ha señalado, con cita de la STS de 10 de julio de 2007: "1) La calificación de los contratos no depende de cómo hayan sido denominados por las partes contratantes, sino de la configuración efectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo contractual y de las prestaciones que constituyen su objeto [ SsTS, entre otras muchas, 11-12-1989 y 29-12-1999]. 2) La configuración de las obligaciones y prestaciones del contrato de arrendamiento de servicios regulado en el Código Civil, no es incompatible con la del contrato de trabajo propiamente dicho "al haberse desplazado su regulación, por evolución legislativa, del referido Código a la legislación laboral actualmente vigente" [ STS 7-6-1986]: en el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un "precio" o remuneración de los servicios; en el contrato de trabajo dicho esquema o causa objetiva del tipo contractual es una especie del género anterior que consiste en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo dependiente por cuenta ajena a cambio de retribución garantizada; cuando concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y retribución, las notas específicas de ajenidad del trabajo y de dependencia en el régimen de ejecución del mismo nos encontramos ante un contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral. 3)Tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de abstracción bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera según las actividades y los modos de producción, y que además, aunque sus contornos no coincidan exactamente, guardan entre sí una estrecha relación; de ahí que en la resolución de los casos litigiosos se recurra con frecuencia para la identificación de estas notas del contrato de trabajo a un conjunto de indicios o hechos indiciarios de una y otra; estos indicios son unas veces comunes a la generalidad de las actividades o trabajos y otras veces específicos de ciertas actividades laborales o profesionales. 4) los indicios comunes de dependencia más habituales en la doctrina jurisprudencial son seguramente la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario; también se utilizan como hechos indiciarios de dependencia, entre otros, el desempeño personal del trabajo [ STS 23-10-1989], compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones [ STS 20-9-1995], la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad [ SsTS 8-10-1992 y 22-4-1996], y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador. 5) Indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros, la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados [ STS 31-3- 1997], la adopción por parte del empresario --y no del trabajador-- de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender [ STS 15-4-1990 y 29-12-1999], el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo [ STS 20-9-1995], y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones [ STS 23-10-1989]. 6) En el caso de las profesiones liberales, son indicios contrarios a la existencia de laboralidad la percepción de honorarios por actuaciones o servicios fijados de acuerdo con indicaciones corporativas [ STS 15-4-1990 y 3-4-1992] o la percepción de igualas o cantidades fijas pagadas directamente por los clientes [ STS 22-1-2001]; en cambio, la percepción de una retribución garantizada a cargo no del paciente sino de la entidad de asistencia sanitaria en función de una tarifa predeterminada por actos médicos realizados [ STS 7-6-1986] o de un coeficiente por el número de asegurados atendidos o atendibles, constituyen indicios de laboralidad, en cuanto que la atribución a un tercero de la obligación retributiva y la correlación de la remuneración del trabajo con criterios o factores estandarizados de actividad profesional manifiestan la existencia de trabajo por cuenta ajena [ STS 20-9-1995 ]. 7) No está de más señalar, por último, que tanto en la profesión médica como en general en las profesiones liberales la nota de la dependencia en el modo de la prestación de los servicios se encuentra muy atenuada e incluso puede desaparecer del todo a la vista de las exigencias deontológicas y profesionales de independencia técnica que caracterizan el ejercicio de las mismas [ STS 11-12-1989].

.- En cuanto al carácter personalísimo del trabajo, afirma RAYNAIR que el actor podía ser sustituido comunicándolo con cuatro semanas de antelación y que no tenía carácter personalísimo la relación por cuanto era relación mercantil entre empresas, RAYNAIR DAC y FRANYLEE.

Difiere esta Sala de dichas conclusiones. En primer lugar, porque si se tratara de un contrato mercantil entre empresas y dado que FRANYLEE no era sólo del actor, el cuál sólo poseía el 33% de sus participaciones, la prestación del servicio se podía realizar por cualquier piloto que proporcionara FRANYLEE a RAYNAIR, y no sólo exclusivamente por don Emilio. Si RAYNAIR DAC hubiera tenido voluntad contractual de adquirir 15 los servicios de pilotos a través de una empresa y no de contratar sólo a don Emilio, la contratación no hubiera sido personal de él sino de una empresa que proporcionaría pilotos a RAYNAIR sin que fuera necesario que ésta supervisará la sustitución del actor con cuatro semanas de antelación.Y es que por más que RAYNAIR haya contratado a don Emilio a través de la sociedad Franylee, su voluntad era contratar exclusivamente la prestación de los servicios de capitán de base con don Emilio y no con cualquier otro piloto cualificado que hubiera proporcionado a RAYNAIR la empresa FRANYLEE.Qué interés contractual tenía, por tanto, para RAYNAIR, la contratación a través e FRANYLEE, y no directamente con don Emilio, sino puramente económica a nivel fiscal y laboral. No quería los servicios de una empresa, sino los servicios de don Emilio, máxime cuando la empresa no existía con anterioridad y fue exigencia de RAYNAIR su constitución.Es claro para esta Sala el carácter personalísimo que la prestación del servicio de capitán de base por don Emilio tenía para RAYNAIR, de ahí que no le servía cualquiera sino sólo el actor.

.- En lo que respecta a la ajenidad del trabajo.- No consta ninguna indicio de relación mercantil, en cuanto el actor sólo aportaba a la relación entre las partes sus conocimientos técnicos y profesionales, como cualquier trabajador por cuenta ajena, sin tener intervención alguna en la mayor operatividad de los vuelos de Raynair.

.- Y en el mismo sentido se limita a aplicar sus conocimientos técnicos y profesionales a los vuelos que se organizan y programan por RAYNAIR.

.- En cuanto a la remuneración.- es un nota característica de la relación laboral, la percepción de una cantidad fija por el trabajo prestado. Y aunque el actor percibía una cantidad mensual variable si era fija la cantidad percibida por hora de trabajo -hecho probado segundo.-; de tal manera que no dependía de las circunstancias del mercado ni del precio cobrado por RAYNAIR a sus clientes, la percepción por don Emilio de sus percepciones por hora. No asumía así riesgo alguno en su trabajo y tenía garantizado un salario fijo, que pudiera aumentar en función del número de horas, como cualquier trabajador por cuenta ajena que realiza horas extras, pero que en cualquier caso, era un mínimo de 8000 euros mensuales y no dependía del precio del billete en el mercado, siendo RAYNAIR al que asumía el riesgo y ventura de su actividad y garantizaba al actor una retribución fija por hora.Ninguna intervención tenía BROOKIFIELD en el precio de la hora trabajada del actor, era RAYNAIR la que decidía que horas le atribuía mensualmente al actor, y la que como reconoce, decidía las evaluaciones del actor en orden al cobro del suplemento de 18.000 euros y la prima de 7000 euros.La relación laboral es clara, desde el momento en que el actor presta servicios de forma personal, exclusiva y directa, bajo las órdenes e instrucciones de RAYNAIR y no asume ningún riesgo y ventura sobre el mismo, limitándose a aportar sus conocimientos y pericias profesionales y cumplir el horario e indicaciones de su real empleador.....

...Ya esta Sala ha expresado el criterio que mantiene respecto a la cesión ilegal de trabajadores, en sentencia de 6 de junio de 2006 , que indica: "Respecto a esa institución, ya la Sala ya indicado, siguiendo la jurisprudencia (STS 17.1.91 o 25.10.99 ) en Sentencias de este Tribunal como la de 6 de abril de 1.999 o la más reciente de 23 de mayo de 2006 , que cuando la actividad de la empresa se limita a suministrar mano de obra o fuerza de trabajo para el desarrollo de un servicio se está en un supuesto de cesión ilegal, llegándose a tal conclusión de conformidad con los criterios sentados en la STS de 19.1.94 en cuya virtud existe cesión ilegal, aun cuando la empresa adjudicataria tuviese una actividad y organización propia, no siendo ficticia, si esta organización empresarial no se pone en juego, limitando su actividad al suministro de fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo del servicio concebido y puesto en practica por la empresa contratante. En este orden de cosas se ha señalado que pese a la existencia de convenios o encomiendas que crean un marco jurídico formal, existe cesión ilegal cuando en el desarrollo de los trabajos la empresa no pone en juego su organización salvo en el único aspecto de suscribir los contratos, pagar las nóminas, y la Seguridad Social.

En esta línea, la jurisprudencia ha proclamado que existe cesión ilegal de trabajadores cuando en la prestación de servicios no se pone en juego la organización y medios propios, limitándose la actividad al suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo para el desarrollo del servicio. Por el contrario, estamos ante una contrata cuando la empresa contratista ejerce actividad empresarial propia y cuenta, por tanto, con patrimonio, instrumentos, maquinaria y organización estables y mantiene a los trabajadores de su plantilla dentro del ámbito de su poder de dirección. Y ha declarado que la línea divisoria entre los supuestos de subcontratación lícita y17 de seudocontrata o cesión ilegal de trabajadores bajo falsa apariencia de contrata de obras o servicios ha de ser trazada de acuerdo con la doctrina del empresario efectivo ( STS 11.7.86 , 17.7.93, 11.10.93 , 18.3.94 y 12.12.97 , entre otras), debiendo ponderarse el desempeño de la posición empresarial no de manera general sino en relación al trabajador concreto que la solicita ( STS 12.9.98 y 19.1.94). "En el mismo sentido se ha pronunciado esta Sala en sus sentencias de 19 y 31 de enero de 2018 y 6 y 28 de febrero de 2018 , entre otras.

Afirma RAYNAIR que era la empresa BROOKFIELD la que mantenía su organización propia. No niega la instancia que BROOKIFIELD tuviera comunicaciones con FRANYLEE, al llevar la asesoría fiscal y ser por medio de ellas que se abonaba los servicios al actor.Ahora bien, qué intervención tenía BROOKFIELD o FRANYLEE en la prestación de sus servicios de piloto o capitán de base; la respuesta no puede ser otra que ninguna. Ninguna instrucción sobre la prestación de sus servicios recibía don Emilio de otras empresa que no fuera RAYNAIR, ésta le proporciona los medios materiales y la da todas las instrucciones e indicaciones para el desarrollo de sus funciones. La intervención de BROOKIFIELD o de FRANYLEE en la prestación de los servicios de capitán de base era ninguna e innecesaria, y sólo tenían una intervención a efectos fiscales, que nada tienen que ver con la prestación de su trabajo."

En aplicación de estos criterios y conforme al relato factico, el actor prestaba servicios de forma personal, exclusiva y directa, bajo las órdenes e instrucciones de RYANAIR y no asumía ningún riesgo y ventura sobre el mismo, limitándose a aportar sus conocimientos y pericias profesionales y cumplir el horario e indicaciones de su real empleador (hecho probado primero y tercero) Ryanair se encargaba de programar su actividad (hecho probado primero), impartía instrucciones y controlaba su desempeño (hecho probado tercero) el actor estaba obligado a vestir uniforme de la empresa Ryanair e identificación acreditativa y la empresa también le proporcionaba el material (hecho probado tercero y cuarto); consta el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo y su cálculo con arreglo a un criterio que guarda una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones se pacto una retribución por horas programadas (hecho probado segundo). Por lo tanto, no nos encontramos ante una relación mercantil entre empresas como se alega en el motivo que por lo tanto debe ser desestimado.

SEXTO.- La empresa recurre al amparo del artículo 193.c de la LRJS; alega la infracción del articulo 56.2 del Estatuto articulo 1895 del Código Civil de la jurisprudencia en materia de salarios de tramitación establecida en SSTS 12 de junio de 2012, 18 de abril de 2007 y 25 de abril de 2018 y de la institucional jurídica del enriquecimiento injusto, señala que la sentencia no resta de los salarios de tramitación el importe de los ingresos percibidos desde la fecha del despido hasta el 10 de enero de 2022, creando un enriquecimiento injusto, pues acabaría percibiendo el importe integro de los salarios y se sumaria los ingresos percibidos durante el periodo analizado. El motivo debe ser desestimado la empresa en el acto del juicio no acredito la percepción de otros ingresos por el trabajador en el periodo cuestionado, por lo tanto, nos encontramos ante una cuestión nueva. En consecuencia, el motivo debe ser desestimado.

?SÉPTIMO.- En aplicación de lo dispuesto en los artículos 204 y 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede hacer los pronunciamientos pertinentes respecto del depósito efectuado para recurrir y de las costas causadas en el presente recurso.