Sentencia Social 1507/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 1413/2022 de 05 de octubre del 2023

PRIMERO.- La parte demandante interpone recurso de suplicación frente a la sentencia nº 48/2022 dictada en fecha 16 de marzo de 2022 en las actuaciones 466/2021 del Juzgado de lo Social nº 2 con sede en Puerto del Rosario (Fuerteventura), en cuya virtud se desestima la demanda interpuesta en la que solicita la declaración de la actora en situación de incapacidad permanente absoluta o subsidiariamente total para su profesión habitual de cajera reponedora, porque no se aprecia que las dolencias y limitaciones padecidas sean incompatibles con el desarrollo de las funciones propias de su categoría profesional.

El recurso ha sido impugnado por la MUTUA UNIVERSAL.

SEGUNDO.- En el primer y segundo motivo del recurso, al amparo del art. 193 b) de la LRJS, se solicita la revisión fáctica . También se hace referencia al art. 193 a) de la LRJS pero sin señalarse infracción alguna , por lo que podemos presumir que se trata de un error , y caso de no serlo carece de viabilidad alguna al no concretarse la infracción ni la nulidad que se solicita.

La recurrente en este motivo se limita a reproducir el relato fáctico de la sentencia recurrida sin hacer propuesta alternativa de redacción alguna .

La Mutua impugnante se opuso a este motivo por los graves defectos formales en los que incurre.

Los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimirse o rectificarse), si concurren las siguientes circunstancias:

a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia fáctica que contenga la sentencia recurrida;

b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas (no siendo cauce para demostrar el error de hecho, la «prueba negativa», consistente en afirmar que los hechos que el juzgador estima probados no lo han sido de forma suficiente ( STS 14 de enero, 23 de octubre y 10 de noviembre de 1986) y STS, 17 de noviembre de 1990) «... sin necesidad de conjeturas, suposiciones o interpretaciones y sin recurrir a la prueba negativa consistente en invocar la inexistencia de prueba que respalde las afirmaciones del juzgador...);

c), que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola;

d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, pues, aun en la hipótesis de haberse incurrido en error si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida;

e) que en caso de concurrencia de varias pruebas documentales o pericia les que presenten conclusiones plurales divergentes, sólo son eficaces los de mayor solvencia o relevancia de los que sirvieron de base al establecimiento de la narración fáctica y,

f) que en modo alguno ha de tratarse de la nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Aplicando los criterios expuestos al caso que nos ocupa debe desestimarse de plano este primer motivo del recurso que prescinde totalmente de los requisitos básicos para la prosperabilidad de la pretendida revisión fáctica. Ello es así porque por la recurrente no se concretiza propuesta alternativa de redacción alguna que pueda ser analizada por esta Sala contraviniendo lo dispuesto en el art. 193 b) y 196 de la LRJS.

En base a lo anterior , se desestima este motivo.

TERCERO.-En el motivo tercero del segundo motivo del recurso, con amparo en el art. 193.c) de la LRJS , se denuncia la infracción de normas sustantivas y jurisprudencia. Específicamente, se denuncia la infracción del art. 24.2 CE y se cita el art. 97.2 de la LRJS.

La recurrente literalmente manifiesta lo siguiente:

"la sentencia recurrida infringe lo dispuesto en relación a la tutela judicial efectiva, articulo 24 de la C.E., ya que como expone el propio juzgador, "dada la ausencia de conocimientos médicos específicos en este juzgador que le permitan suplir las valoraciones y diagnósticos contenidos en los informes clínicos que han formado la convicción judicial reflejados en la relación de hechos probados ex artículo 97.2 LRJS", debía haber acudido a medios externos que le facilitasen los conocimientos médicos a los que hace alusión, pero recordando a este tribunal que por esta representación letrada así como la anterior, se solicitó en tres ocasiones un perito designado por el juzgado, la primera vez reflejado en escrito dirigido al juzgado previo a la celebración de la vista, con el resultado que consta en autos, nuevamente se solicitó a la apertura del procedimiento, antes de proceder a la ratificación de nuestro escrito de demanda, insistiendo nuevamente en la proposición de prueba, la cual no se pudo impugnar pues la misma no fue ni tan siquiera inadmitida, lo cual plantea un problema de seguridad jurídica, al no poder realizar el correspondiente recurso contra la inadmisión dela prueba, y por último en las mismas conclusiones, donde se volvió a insistir en la necesidad del mismo informe, lo que daría lugar a que por parte del juez a quo, tuviese una prueba independiente, y no solo la propuesta pr la partes demandadas, obligando a un beneficiario de justicia gratuita a no poder usar todas las armas de defensa que pudiese optar por no poder pagar un informe privado, a la hora de desvirtuar las pruebas propuestas de contrario.

En el artículo 24.2 se recoge un listado de derechos relativos a la participación del ciudadano en los procesos judiciales, con especial referencia al procedimiento penal:

"Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia".

La mutua impugnante se opuso a este motivo destacando que la petición de médico forense efectuada por la actora fue denegada expresamente por el juzgador sin que por la parte actora se impugnase tal denegación , aquietándose por tanto con la decisión judicial.

Para resolver este último motivo debe aclararse previamente que no estamos ante la denuncia de una infracción de norma sustantiva sino procesal, que debiera haberse denunciado , en su caso , con amparo en el art. 193 a) LRJS.

No obstante lo anterior, debe darse preferencia al "principio pro actione" frente a los defectos formales sin transcendencia o que se subsanan a través del desarrollo del propio motivo del recurso. Ello es así porque no hacerlo puede comprometer la vulneración de un derecho fundamental ( art. 24 CE y acceso a la justicia), debiéndose evitar en estos casos una interpretación excesivamente rigorista . Así lo ha venido diciendo con nitidez el Tribunal Constitucional, entre otras , en su sentencia nº 112/1997 de 3 de junio de 1.997, en cuya fundamentación jurídica se recoge:

"Constituye un criterio reiteradamente mantenido por la jurisprudencia constitucional el de que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface también con una respuesta de inadmisión, si bien ésta ha de estar fundada en una causa legal apreciada razonablemente por el órgano judicial. Doctrina con la que este Tribunal ha controlado especialmente las respuestas de inadmisión que determinan el cierre del acceso al proceso ( SSTC 87/1986, 118/1987, 216/1987, 154/1992, 55/1995), ya que la tutela judicial efectiva conlleva, como primera y esencial característica, el derecho de libre acceso de los ciudadanos a los Juzgados y Tribunales ( SSTC 13/1981, 26/1983, 115/1984). El principio "pro actione" opera en este caso sobre los requisitos establecidos legalmente para acceder al proceso, impidiendo que determinadas aplicaciones o interpretaciones relativas a ellos eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida.

Este especial rigor en el momento de valorar, desde la perspectiva constitucional, las decisiones judiciales que imposibilitan el conocimiento procesal de la cuestión de fondo ha sido aplicado, específicamente, en relación a algunas irregularidades formales de las demandas, que determinaron, en su día, su archivo. Supuestos éstos sobre los que, además, se proyecta otro consolidado criterio mantenido por este Tribunal que, con carácter general, ha rechazado que los requisitos formales tengan sustantividad propia y resaltado que constituyen medios orientados a conseguir ciertas finalidades en el proceso, de modo que sus eventuales anomalías no pueden ser convertidas sin más en meros obstáculos formales impeditivos de la continuación de aquél, sino que resulta obligada una interpretación de tales defectos guiada por un criterio de proporcionalidad entre la finalidad que cumple la exigencia formal y la entidad real del defecto observado en ella, atendiendo a las consecuencias que se siguen para la efectividad del derecho a la tutela judicial (entre la reiterada jurisprudencia constitucional, SSTC 17/1985, 29/1985, 110/1985, 49/1987, 174/1988, 2/1989, 240/1991).

Estos criterios han sustentado, en primer lugar, el respaldo de este Tribunal a la posibilidad de subsanar algunos de tales defectos en la demanda. En relación, concretamente, a la materia laboral, la STC 118/1987 (después reiterada, entre otras, en las SSTC 11/1988, 25/1991, 70/1992, 120/1993 y 335/1994) ya manifestó que el trámite de subsanación previsto en la Ley de Procedimiento Laboral "(...) se propone garantizar que los importantes derechos de fondo deducidos en una demanda laboral no resulten ineficaces por el juego riguroso y formalista de la falta o defecto de los requisitos formales que pudiera imputársele a aquélla, y si bien es claro que una demanda que olvide los requisitos esenciales no puede ser admitida a trámite, pues viciaría el propio debate de la litis, que ha de quedar delimitada en su aspecto nuclear claramente, también lo es que una interpretación del art. 72 ha de pasar por unos moldes espiritualistas y antiformalistas ínsitos en la propia legislación y exigidos por el mandato constitucional (...)" (fundamento jurídico 3º).(.)"

Por eso si del contenido del recurso -pese a posibles anomalías técnicas- pueden delimitarse las pretensiones de la parte, no cabe, sin más, su inadmisión "a limine", en tanto que lo relevante "no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido, esto es, que de forma suficientemente precisa exponga los hechos o razonamientos que estime erróneos y cuáles los que debieran ser tenidos por correctos" ( STC 230/2000).

O en términos similares: "cuando el contenido del escrito de formalización del recurso de suplicación es suficiente para llegar al conocimiento de la pretensión del recurrente y de la argumentación que la sustenta, la decisión de desestimar el recurso puede vulnerar el art. 24.1 CE al estar basada en un error material o ser arbitraria" ( SSTC 55/1993, de 15 de febrero, 37/1995, de 7 de febrero, 135/1998, de 29 de junio, 163/1999, de 27 de septiembre, 230/2000, de 2 de octubre, etc.)

Resolviendo la cuestión planteada aquí por la recurrente que denuncia el impacto en su derecho fundamental del art. 24.2 CE por la negativa judicial a admitir la prueba propuesta por la parte actora consistente en pericial médico forense, debemos destacar que de lo contenido en las actuaciones se extraen las siguientes conclusiones .

1º- Una vez presentada y admitida la demanda origen de estas actuaciones, la actora solicitó expresamente del juzgado de la instancia, prueba pericial forense, en su escrito fechado a 17 de noviembre de 2021.

2º- Mediante auto de 23 de noviembre de 2021 el magistrado de la instancia dictó auto resolviendo la petición de la actora en estos términos:

"Se inadmite la diligencia de preparación de prueba consistente en pericial médico forense, sin perjuicio de lo que pueda acordarse como diligencia final".

La actora no recurrió el citado auto que adquirió firmeza.

3º-Visionado el acto del juicio, se aprecia como la parte actora en la fase de prueba manifiesta que "reitera" su petición de prueba pericial médica , contestando el juzgador que se remite a lo acordado en el auto de 23 de noviembre de 2021. No se hace protesta alguna por la parte actora.

Y en fase de conclusiones , de nuevo la parte demandante literalmente "reitera su solicitud de qur se acuerde como diligencia final, la prueba pericial médica forense" .

4º-Las diligencias finales son actuaciones potestativas del juez/a o tribunal, tal y como establece el art. 88 LRJS.

Debemos recordar aquí lo contenido en nuestra sentencia de 24 de abril de 2019 (Rec. 79/2019), en cuya fundamentación jurídica decíamos:

"Expuesto lo anterior hay que tener en cuenta que en relación con la prueba pericial esta Sala viene manteniendo el criterio que se expresa en las sentencias de 15 diciembre 2014, rec. 536/2014, y 8 octubre 2018 (PROV 2019, 129694), rec. 503/2018:

"...En el proceso laboral es dable distinguir tres modalidades en prueba pericial: 1. La practicada por perito designado y elegido por el propio interesado, que debe ratificar su dictamen en el acto del plenario, siendo interrogado por las partes, y, en su caso, por el propio Juez, respecto a los puntos que estimen adecuado esclarecer ( LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) art. 347 ). 2. La propuesta por la parte en su condición de beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita. En cuanto a su proposición, admisión y práctica, se rige por lo dispuesto en el art. 339.1 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) y 6.6 L1/96. Para su admisibilidad es preciso que la parte especifique su objeto, y, únicamente es rechazable judicialmente en los supuestos de impertinencia o inutilidad de la actividad probatoria ( STS 25/01/07 (RJ 2007, 2877) , rec. 4908/05 ). 3. La acordada judicialmente ( LRJS art. 93.2 ): Constituye un medio de prueba potestativa para el Juez que se sitúa fuera del derecho a la prueba que integra el art. 24 CE (RCL 1978, 2836) en interés de las partes. Es practicada por un médico forense en los casos en que se considere necesario su informe, y, para su admisibilidad se requiere también que la parte determine su objeto, art. 283 LEC ( SSTS 7/02/07 (RJ 2007, 2196) , rec. 2450/05 ; 29/05/07 )...". Desde este planteamiento la misma ha dictado sentencias con soluciones diferentes, según que se haya formulado o no protesta contra la decisión de su no practica en el juicio. Así: supuesto de petición en demanda; reiteración en juicio, denegación por el juez al considerar que se trataba de una prueba potestativa suya, y formulación de protesta. En este caso el recurso ha prosperado, razonando la Sala lo que sigue: "...Dª Nieves es titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y en el otrosí segundo de su escrito de demanda interesó "que se explore a la demandante por médico forense adscrito al Juzgado a fin de que emita informe sobre sus diagnósticos y grado de discapacidad y que dicho médico forense sea citado para comparecer en el acto de la vista a fin de explicar el informe por éste emitido, así como cualquier pregunta que se formule en relación con el historial clínico de la demandante". El magistrado no admite la prueba por dos razones: 1. Se trata de prueba "potestativa" para el órgano judicial . 2. En el expediente administrativo no existe indicio, por leve que sea, de que el INSS no haya valorado alguna deficiencia o limitación. Tribunal Superior de Justicia 29 de julio de 2023 © Editorial Aranzadi SAU 4 Las razones ofrecidas no se comparten por la Sala. La prueba en este caso es "preceptiva", siempre que no sea impertinente o inútil. La parte está en su derecho a practicar prueba dirigida a desvirtuar la valoración de sus padecimientos y limitaciones por la Entidad Gestora en el expediente administrativo e inclusive para intentar desvirtuar los hechos de los informes incorporados a ese expediente que considere incorrectos y contrarios a sus intereses. Este derecho se ha visto cercenado con la persistente denegación de la prueba en los distintos momentos de tramitación del procedimiento en los que se ha pedido, reiterado y mostrado en forma oposición a la decisión judicial a través de recurso y protesta. La fundamentación del pronunciamiento desestimatorio que ya hemos reproducido- es muestra de que la sentencia misma es el mejor argumento de la trascendencia que la inadmisión de la prueba pericial tuvo en la decisión final del pleito y consecuentemente de la indefensión que la denegación produce a la recurrente. (.)

En este caso la solución dada por la Sala ha sido desestimatoria del recurso, al no constar protesta alguna, y aceptar la parte que se tratase como una diligencia final del juez (así se afirma en el recurso de suplicación 503/2018 (sentencia de fecha 8 de octubre de 2018 ) donde se afirma): "...En el caso de autos la parte actora, con derecho a justicia gratuita al tratarse de beneficiaria de la seguridad social ( art 2.d) de la Ley 1/1996, de 10 de enero , de asistencia jurídica gratuita), solicitó antes de la vista de juicio, el 27 de diciembre de 2017, la práctica de pericia forense para que se acreditase el grado de discapacidad que sufría, con desglose para baremo. Por Providencia de 12 de enero de 2018, se denegó la solicitud "sin perjuicio de que ésta sea acordada como diligencia final".

Llegada la fecha del juicio, en fase de conclusiones la parte demandante reiteró la solicitud de prueba pericial Médico forense como diligencia final. La sentencia deniega la misma esgrimiendo la motivación antes expuesta, en el primer párrafo de este fundamento. La prueba propuesta antes de juicio reunía los requisitos que el art. 339.1 de la LEC exige para ser acordada. Indicaba su objeto y era pertinente en relación con el objeto del litigio. Sin embargo, denegada la misma por Providencia, la parte consintió la decisión que le perjudicaba sin presentar recurso o reiterar la propuesta en fase de prueba en la vista oral, por lo que al solicitarla como diligencia final dejó al criterio judicial su práctica. (.).".

En el caso de autos estamos en la segunda de las situaciones, pues la parte, ante la negativa de la Juez, ni inicialmente, ni en el juicio formula protesta alguna y acepta que se haga como diligencia final, dejando al criterio judicial la decisión acerca de la práctica o no de la misma. El artículo 87.2 de la LRJS dispone: "...El juez o tribunal resolverá sobre la pertinencia de las pruebas propuestas y determinará la naturaleza y clase de medio de prueba de cada una de ellas según lo previsto en el artículo 299 del la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la presente Ley.

Asimismo resolverá sobre las posibles diligencias complementarias o de adveración de las pruebas admitidas y sobre las preguntas que puedan formular las partes. La parte proponente podrá hacer constar su protesta en el acto contra la inadmisión de cualquier medio de prueba, diligencia o pregunta, consignándose en el acta la pregunta o la prueba solicitada, la resolución denegatoria, la fundamentación razonada de la denegación y la protesta, todo a efectos del correspondiente recurso contra la sentencia. Una vez comenzada la práctica de una prueba admitida, si renunciase a ella la parte que propuso, podrá el órgano judicial, sin ulterior recurso, acordar que continúe...".

No habiendo protestado la parte contra la decisión de la Juez de no aceptar la prueba en el momento procesal oportuno, no puede ahora pretender la nulidad de la sentencia, lo que obliga a la desestimación del recurso."

Aplicando la doctrina expuesta al caso que nos ocupa debemos desestimar también este motivo, pues habiéndose denegado a la actora la prueba pericial del médico forense mediante auto de 23/11/21 , no fue recurrido y tampoco en el acto del juicio se alzó protesta alguna aceptando la parte que el juzgador adoptara potestativamente diligencia final en los términos expuestos.

Por todo ello se desestima el recurso de suplicación planteado.

CUARTO.- En base a lo previsto en el art. 235 de la LRJS, no procede la imposición de costas .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.