Sentencia Social 190/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 100/2022 de 08 de marzo del 2023

PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, al haberse desestimado los motivos de revisión fáctica planteados, por las razones que se expondrán en los siguientes fundamentos de derecho.

SEGUNDO.- Al demandante le fue reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en julio de 2019 la incapacidad permanente total para la profesión de cocinero (posteriormente, en sede judicial se reconoció el grado de absoluta). En la demanda rectora de los presentes autos, presentada en julio de 2020, pide que se le abone la indemnización de 15.000 euros prevista en el convenio colectivo de hostelería de Santa Cruz de Tenerife para el caso de reconocimiento de una incapacidad permanente en grado de total o superior. Después de presentada la demanda, la aseguradora procedió al pago del principal, manteniendo el actor su demanda para el pago de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro, más las costas procesales por no haber acudido la aseguradora al servicio de arbitraje, mediación y conciliación. La sentencia de instancia estima solamente en parte la demanda. Considera la magistrada acreditado que la aseguradora solo tuvo conocimiento del siniestro el 1 de julio de 2020, por lo que solo condena al pago de intereses desde esa fecha, y además rechaza imponer las costas a la aseguradora, por haberse estimado solo en parte la demanda. Disconforme con esta sentencia la recurre en suplicación la parte actora pretendiendo que sea revocada y en su lugar la Sala dicte otra que estime en su totalidad la demanda, para lo cual plantea un motivo de revisión de los hechos probados, por el 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y otro para el examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El recurso ha sido impugnado por la aseguradora demandada, la cual se opone al mismo, pide que se desestime, y se confirme la sentencia de instancia.

TERCERO.- Examinando en primer lugar el motivo de revisión de hechos, con carácter general debe recordarse que aunque el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permita a la Sala de Suplicación revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, este motivo de recurso está sujeto a una serie de límites sustantivos, como son:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible, como regla general, admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985). Todo ello exceptuando los casos en los que la valoración efectuada en instancia de tales documentos o periciales se evidencie como claramente irrazonable, por extraer hechos que de ninguna manera puedan sustentarse en los documentos que se supone han sido valorados, o haberse omitido sin justificación datos que resulten claramente de los mismos y no estén contradichos por otros medios de prueba, o haberse efectuado la valoración con apartamiento de las más elementales reglas de la lógica ( sentencias del Tribunal Constitucional 225/2005, de 12 de septiembre o 214/1999, de 29 de noviembre).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( Sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994). De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados, pues tales documentos se han de valorar conforme a las reglas de la sana crítica, puestos en relación con el resto de prueba y elementos de convicción, y no cabe atribuir a los mismos valoración tasada alguna ( artículos 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 1218 a 1230 del Código Civil).

4º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia.

5º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, en principio con potenciales efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico. No obstante, se puede admitir la revisión cuando la misma refuerza argumentalmente el pronunciamiento de instancia ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012, recurso 19/2011, o 15 de diciembre de 2015, recurso 34/2015, entre otras).

CUARTO .- Desde un punto de vista formal, es doctrina judicial consolidada que en la articulación del motivo de revisión fáctica del 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se han de cumplir los siguientes requisitos (en parte, ahora recogidos en el artículo 196.3 de la Ley):

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos. En cualquier caso, y al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto no puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas que sean predeterminantes del fallo.

3º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995), estando el recurrente obligado a determinar con exactitud y precisión el documento concreto y particularizado en que se apoya su pretensión revisora, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), así como la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que propone ( Sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001).

QUINTO.- La modificación de los hechos probados que pretende la parte actora afecta al ordinal 4º del relato fáctico, al cual interesa que se adicione que la empresa comunicó el siniestro a la aseguradora en cuanto tuvo conocimiento del mismo, y que la solicitud de la póliza de seguro realizada por el actor en junio de 2020 era para continuar con los trámites correspondientes a la reclamación contra la aseguradora, deduciendo de ahí que la tomadora del seguro ya había previamente comunicado a la aseguradora el siniestro. Para ello se ampara, presumiblemente -la designación de documentos es un poco confusa- en las impresiones de correos electrónicos que obran a los folios 10 y 11 de los autos, y en la papeleta de conciliación del folio 9, y defiende la pertinencia de la modificación porque, según el recurrente, evidenciaría que la aseguradora estaba notificada del siniestro con anterioridad al 30 de junio de 2020. El texto alternativo que propone es el siguiente: "La empresa, tomadora del seguro objeto del presente enjuiciamiento, comunica a la Compañía Aseguradora el siniestro de Don Marco Antonio en el momento en el que se produjo. Posteriormente, requirió al trabajador una serie de documentación adicional, que el trabajador aportó el 3 de febrero (folio 9).

Con fecha 30/06/2020 la parte actora dirige email a la empresa empleadora Surlago, S.A. solicitando la copia de la póliza de seguro suscrita por la empresa a favor del trabajador A fin de continuar los trámites correspondientes para reclamar la indemnización asegurada por Convenio Colectivo, contestando la empresa el día 01/07/2020 indicando que la Compañía de Seguros, precisa únicamente para proceder al pago, certificado en el que figuren los períodos de baja por incapacidad temporal (folio 10 y 11)".

SEXTO.- Aunque una sola de las frases que se pretende adicionar al hecho probado consta de forma literal en el texto del correo electrónico, no se puede apreciar solo por esa circunstancia un error patente de la juzgadora en la valoración global de la prueba en general y de lo que se contiene en el hecho probado 4º en particular, hecho probado que, además, la juzgadora ha considerado acreditado partiendo de exactamente los mismos documentos invocados por el recurrente para solicitar la modificación, salvo el del folio 9, que forma parte de la papeleta de conciliación y que, como tal, es inhábil a efectos de revisar el hecho probado, ya que solo recoge manifestaciones del demandante. Y, en cualquier caso, del examen de los documentos no puede inferirse de forma directa y sin necesidad de ulteriores deducciones o suposiciones, todo el texto alternativo, y menos aún la alegada comunicación del siniestro por la tomadora del seguro. Aunque el demandante hiciera referencia a "continuar los trámites correspondientes para reclamar la indemnización" en su mensaje de 30 de junio de 2020, de ahí no se infiere, en modo alguno, que ya hubiera en la aseguradora un expediente abierto en base a notificación de siniestro llevada a cabo por la empresa, pues esa supuesta comunicación no se menciona en parte alguna de los documentos en los que se fundamenta la modificación. De hecho, ni siquiera puede considerarse como incuestionable que el demandante ya hubiera presentado una reclamación a la aseguradora antes del 30 de junio de 2020, basándose para ello tan solo en una mera manifestación del actor efectuada en tal fecha; e incluso que el demandante pidiera la póliza podría indicar que desconocía, a esa fecha, cual era la aseguradora, por lo que mal podría haber reclamado nada contra ella. Y aunque del tenor de la conversación entre actor y empresa a finales de junio y principios de julio de 2020, unido, sobre todo, a los términos en los que se contestó a la demanda por la aseguradora, pudieran hacer sospechar que la aseguradora en realidad sí que estaba enterada del siniestro antes del 30 de junio de 2020, esa valoración implica inferencias y deducciones propias de una valoración global de la prueba que no es posible efectuar en suplicación, y en todo caso incluso con esas inferencias sería imposible establecer la fecha concreta anterior al 1 de julio de 2020 en la que se produjo la alegada notificación del siniestro a la aseguradora. Todo ello obliga a desestimar el motivo.

SÉPTIMO.- En censura jurídica denuncia el recurrente infracción del artículo 20, apartado 6º, de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, así como la "jurisprudencia mayoritaria" (sin llegar a citar una sola sentencia), para que la fecha inicial de devengo de los intereses se fije en "la fecha del siniestro", fecha que, por otra parte, no se concreta por el recurrente. Tras reproducir parcialmente el precepto que se denuncia como vulnerado, y apoyándose la pretendida (y fracasada) revisión fáctica, alega el recurrente que "es evidente que el siniestro se comunicó en el momento en el que se produjo, por ser esta obligación de la empresa y que, a 3 de febrero era perfectamente conocedora del mismo puesto que, no sería lógico de lo contrario que el actor aportase documentación. Así, el único motivo lógico por el que una persona puede aportar la documentación que consta en el folio 9 (informe médico, resolución, dictamen, modelo 145.) es porque previamente le ha sido requerido por el interlocutor: la tomadora del seguro y empleadora del recurrente".

OCTAVO.- El invocado artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro establece las consecuencias de que la aseguradora incurra en mora en el cumplimiento de la prestación, disponiendo que la indemnización de daños y perjuicios por tal mora en el pago de la indemnización pactada, no obstante entenderse válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado, consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100, pero a partir de los dos años (desde la producción del siniestro, según dispone literalmente el apartado 4º) no podrá el tipo ser inferior al 20%, intereses que en todo caso se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial. El apartado 3º establece que "Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro", y el 6º comienza estableciendo que "Será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro", pero a continuación exceptúa que "si por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario no se ha cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o, subsidiariamente, en el de siete días de haberlo conocido, el término inicial del cómputo será el día de la comunicación del siniestro".

NOVENO.- En el presente caso, dado que el derecho a la indemnización surge con el reconocimiento de la incapacidad permanente en grado de total o superior, la "fecha del siniestro" sería en principio la de efectos económicos de la incapacidad permanente total reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el 3 de julio de 2019 según el hecho probado 3º, aunque debe señalarse que difícilmente podría el trabajador asegurado o la empresa tomadora tener conocimiento de esa fecha de efectos hasta que se les hubiera notificado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social la resolución de reconocimiento de la incapacidad permanente total, fecha de notificación que no consta porque ni siquiera el demandante ha intentado plantear cual fue. De acuerdo con el segundo párrafo del apartado 6º del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, una vez recibida la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de reconocimiento de la incapacidad permanente total, el demandante, como asegurado, o la empresa, como aseguradora, tenían que haber comunicado a la aseguradora la producción del siniestro asegurado, en el plazo fijado en la póliza, que no consta si se pactó ni cual fuera si se pactó, o en todo caso en el plazo de siete días desde que asegurado o tomador hubieran conocido la producción del siniestro. Y de haberse comunicado a la aseguradora el siniestro en ese plazo de la póliza o de siete días, si la aseguradora no hubiera hecho frente al pago de la indemnización en tres meses (artículo 20.3º), incurriría en mora, y se computarían los intereses desde la fecha del siniestro. Pero si ni tomador ni asegurado cumplen con su deber de comunicar el siniestro en los plazos señalados en el artículo 20.6º, entonces los intereses de mora de la aseguradora solo pueden iniciarse en el día en que conste que se le comunicó el siniestro.

DÉCIMO.- Realmente, por los concretos términos de la oposición de la aseguradora en juicio, su rechazo al devengo de intereses desde la fecha del siniestro pretendía fundamentarse más en las causas excepcionales contempladas en el apartado 8º del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (que ha sido objeto de reiterada interpretación jurisprudenciaL, en un sentido muy restrictivo de los casos en los que puede considerarse que hay "causa justificada no imputable a la aseguradora", por ejemplo, sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2022, recurso 1108/2019, y las que en ella se citan), que en la causa contemplada en el artículo 20.6º, segundo párrafo, porque tampoco llegó a afirmar la aseguradora que el siniestro solamente se le hubiera comunicado en determinada fecha, y pasado mucho tiempo desde el reconocimiento de la incapacidad permanente. Pero habiendo aplicado la juzgadora, de oficio, la previsión del artículo 20.6º, segundo párrafo, y no habiéndose denunciado por el recurrente incongruencia, sino que ha centrado su recurso en la aplicación de tal precepto, y en unos concretos términos, afirmando la existencia de una previa reclamación o notificación de fecha indeterminada, una vez rechazado el motivo de revisión fáctica, y no pudiendo realizarse la nueva valoración global de la prueba que en el fondo pretende el demandante, la Sala solamente puede confirmar el pronunciamiento de instancia a la vista de los hechos probados, de los cuales no es posible deducir que la aseguradora estuviera notificada de la producción del siniestro protegido antes del 1 de julio de 2020, y esto en buena medida deriva, como apunta la aseguradora en su impugnación, del escaso esfuerzo probatorio llevado a cabo por el demandante, que pese a mantener su demanda exclusivamente para que se condenara a la aseguradora al pago de intereses desde la fecha del siniestro, no ha acreditado que se hubiera producido la necesaria comunicación del siniestro a la aseguradora antes del 1 de julio de 2020, y ni siquiera se molestó en postular la concreta fecha en la que supuestamente se habría producido esa comunicación del siniestro. Lo expuesto determina que el motivo, y el recurso, haya de ser desestimado, pues aunque el suplico del recurso insiste en la condena en costas a la aseguradora, no se deduce ninguna censura jurídica en forma sobre esta cuestión.

UNDÉCIMO.- Gozando la parte vencida de beneficio de justicia gratuita por disposición legal al ser trabajador o beneficiario de seguridad social ( artículo 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita), de conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede la imposición de costas, ni siquiera si el mismo hubiera incurrido en la temeridad manifiesta que se alega en el escrito de impugnación, temeridad que, por lo demás, no se aprecia por la Sala.