Sentencia Social 575/2023 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha . Sala de lo Social, Rec. 421/2022 de 14 de abril del 2023

PRIMERO: La demanda rectora del presente procedimiento, tenía por objeto la condena de la empresa demandada a indemnizar al actor por los daños y perjuicios sufridos con ocasión del accidente de trabajo (accidente de trafico), sufrido por el trabajador el 5-7-2011. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Albacete, desestimó la pretensión por entender que no existía responsabilidad empresarial.

Frente a dicha resolución, el trabajador formula recurso de suplicación para promover el examen del Derecho aplicado, solicitando la revocación de la sentencia recurrida y la estimación de la demanda.

De contrario, tanto la empresa empleadora MESATRANS S.L., como la aseguradora ASEFA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., formulan escrito de impugnación al recurso de suplicación.

SEGUNDO: En el primer motivo de recurso, se cita como preceptos infringidos los arts. art. 4.2 d) y 19.1 del ET, e igualmente el art.1101 del CC, en un argumento generalista, que denuncia error de la juzgadora al valorar la prueba, al determinar la excepción invocada por la entidad aseguradora, para sustentar la falta de cobertura de la póliza suscrita del siniestro que nos ocupa.

La parte sin modificar los términos fácticos de la sentencia, que en su hecho séptimo recoge los aspectos más significativos de la póliza de seguros, "Se hacía constar como "naturaleza del riesgo", lo siguiente: "Nave destinada a garaje privado para los camiones propiedad del tomador, con una oficina y recambios para los vehículos". Entre las coberturas de la póliza, se incluye responsabilidad civil, con un límite por siniestro de 600.000 euros, y de 150.000 euros por víctima, así como la responsabilidad civil patronal"; cuestiona la decisión de instancia, al entender que la responsabilidad civil patronal concertada cubre el riesgo del trabajador demandante, como conductor, en el accidente laboral de tráfico que nos ocupa.

La sentencia de instancia acoge la excepción planteada por la aseguradora, al aceptar que el riesgo asegurado, objeto del seguro, era la nave y la responsabilidad patronal de la actividad desarrollada en esta, que cubre como indica la aseguradora en su escrito de recurso, a los trabajadores auxiliares administrativos que prestan servicios en la oficina de la nave, sí asegurada, y no la actividad laboral desplegada por el trabajador, como conductor para la empresa.

Como se declara probado, el objeto de la póliza de responsabilidad civil suscrita, tiene por objeto identificado en la misma, como establece la sentencia la indicada " Nave destinada a garaje privado para los camiones propiedad del tomador, con una oficina y recambios para los vehículos", como el accidente laboral no acaeció en dicho lugar, tratándose de un accidente de tráfico sufrido por el actor en el desempeño de su trabajo como conductor de camión, no puede entenderse que los daños sufridos por el trabajador puedan tener cobertura en dicha póliza, ya que ni siquiera consta probado, ni se alega, que el trabajo ejecutado por el actor cuando ocurrió el accidente, constituyera una complementación sobre los servicios prestados en ese centro de trabajo objeto del seguro.

En tal sentido, el art. 1 de la LCS establece que "El contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas.". Y su art. 73 dispone que "Por el seguro de responsabilidad civil el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho.".

De tal forma que no puede considerarse errónea la apreciación de instancia al entender concurrente la excepción alegada por la aseguradora, motivo que ha de ser rechazado.

TERCERO: Los motivos segundo y tercero, con unidad argumental, denuncian la infracción de los preceptos ya expuestos, y los art. 14, 15, 17, 18, 19 y 22 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad civil del accidente de trabajo, con cita de la STS 30-6-2010. Motivos que encaminados a disentir de lo razonado y resuelto en la instancia, se examinarán de forma conjunta.

Argumenta, en síntesis, la parte recurrente que, conforme al artículo 19 de la LPRL correspondía al empresario acreditar que había adoptado todas las medidas de seguridad, formación e información al trabajador en materia de prevención de riesgos laborales, y vigilancia periódica de la salud del trabajador.

La sentencia recurrida entendió que aunque no consta acreditada la entrega al trabajador de EPIS, o de la documentación relativa a prevención de riesgos laborales, pues aportados tales documentos en el procedimiento por la empresa, al negar el trabajador su firma, dio lugar a un proceso penal en el que se acreditó no ser el autor de la rúbrica plasmada en los mismos, sí consta un certificado emitido por la empresa externa de prevención, que informa de la asistencia del trabajador a los correspondientes cursos de formación preventiva, e igualmente un certificado de aptitud laboral, de cualquier forma se resuelve que no había responsabilidad empresarial porque " no consta que influyeran en la producción del accidente, siendo requisito imprescindible para apreciar la acción ejercitada la existencia de relación causal entre la acción u omisión cometida por la empresa y el daño producido al trabajador.

El actor estaba en posesión de permiso de conducción adecuado para la conducción del vehículo que le había asignado la empresa, lo que implica que se presuponga que conocía las normas de circulación, y poseía la capacidad y destreza necesarias para desarrollar el trabajo que exige de ese permiso.

El accidente que se produjo... cuando el trabajador se encontraba desempeñando su trabajo conduciendo un camión de la empresa demanda y semirremolque. Ahora bien, todos los datos aportados, y que refleja el atestado de la Guardia Civil, ponen de manifiesto que el mismo se produjo por imprudencia del conductor, que conducía a una velocidad inadecuada, y que circulando en un tramo recto, se salió de la vía, sin que interviniera ni siquiera ningún otro vehículo. No se aprecia relación causal entre el incumplimiento, o falta de acreditación de las obligaciones preventivas, y las lesiones/daño producido por su inobservancia"

Debemos concretar las previsiones legales y doctrinales de aplicación, para resolver el debate que nos ocupa.

Así, la responsabilidad civil reclamada a través del presente procedimiento exige la concurrencia de culpa o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones, tal y como se desprende de los artículos 1.101 y 1.902 del Código Civil. En el ámbito laboral y con ocasión del accidente de trabajo, tradicionalmente se ha exigido la exigencia de responsabilidad subjetiva en el sentido más clásico y tradicional ( SSTS 02/02/98 -rcud 124/97 -; 18/10/99 -rcud 315/99 -; 22/01/02 -rcud 471/02 -; y 07/02/03 -rcud 1648/02 ). Modernamente, se ha venido superando aquélla concepción subjetiva de la responsabilidad pasándose a exigir la responsabilidad por culpa, con exclusión de la responsabilidad objetiva ( SSTS 18/07/08 - rcud 2277/07 -; 14/07 / 09 -rcud 3576/08 -; y 23/07/09 -rcud 4501/07 -).

La sentencia del TS de 11 de diciembre de 2018 , Recurso: 1653/2016 , en el mismo sentido que la sentencia de 4-5-2015, recopila la doctrina jurisprudencial recaída sobre la materia en los siguientes términos:

" Al respecto, conviene recordar que la doctrina de la Sala en relación con la responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo establecida en la SSTS de 30 de junio de 2010 (Rcud. 4123/2018 ) y seguida, entre otras en las SSTS de 16 de enero de 2012 (rcud 4142/2010 ); de 24 de enero de 2012 ( rcud 813/2011), de 30 de enero de 2012 ( rcud 1607/2011), de 1 de febrero de 2012 ( rcud 1655/2011 ); de 14 de febrero de 2012 (rcud 2082/2011 ); de 27 de enero de 2014 (rcud. 3179/2012 ) y de 4 de mayo de 2015 (rcud. 1281/2014 ) puede resumirse del siguiente modo:

a) la exigencia de responsabilidad necesariamente ha de calificarse como contractual, si el daño es consecuencia del incumplimiento contractual; y que tan sólo merece la consideración extracontractual, cuando el contrato ha sido únicamente el antecedente causal del daño, cuya obligación de evitarlo excede de la estricta órbita contractual, hasta el punto de que los perjuicios causados serían igualmente indemnizables sin la existencia del contrato. Y aún en los hipotéticos supuestos de yuxtaposición de responsabilidades, parece preferible aplicar la teoría -más tradicional, en la jurisprudencia- de la "absorción", por virtud de la cual el contrato absorbe todo aquello que se halla en su órbita natural [en general, por aplicación del art. 1258 CC ; y en especial, por aplicación de la obligación de seguridad] y el resarcimiento de los daños ha de encontrar ineluctable cobijo en la normativa contractual.

b) el Estatuto de los Trabajadores genéricamente consagra la deuda de seguridad como una de las obligaciones del empresario, al establecer el derecho del trabajador "a su integridad física" (artículo 4.2.d ) y a "una protección eficaz en materia de seguridad e higiene " ( artículo 19.1). Obligación que más específicamente y con mayor rigor de exigencia desarrolla la LPRL cuyos rotundos mandatos contenidos en los artículos. 14.2, 15.4 y 17.1 LPRL - determinaron que se afirmase que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado y que deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran ( STS de 8 de octubre de 2001 -rcud 4403/00 .

c) Existiendo una deuda de seguridad por parte del empleador, ello nos sitúa en el marco de la responsabilidad contractual y del art. 1.101 CC , que impone la obligación indemnizar los daños y perjuicios causados a los que "en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas".

d) No puede sostenerse la exigencia culpabilista en su sentido más clásico y sin rigor atenuatorio alguno, fundamentalmente porque no son parejas la respectiva posición de empresario y trabajador en orden a los riesgos derivados de la actividad laboral, desde el punto y hora en que con su actividad productiva el empresario crea el riesgo, mientras que el trabajador -al participar en el proceso productivo- es quien lo sufre; aparte de que el empresario organiza y controla ese proceso de producción, es quien ordena al trabajador la actividad a desarrollar y en último término está obligado a evaluar y evitar los riesgos, y a proteger al trabajador, incluso frente a sus propios descuidos e imprudencias no temerarias ( artículo 15 LPRL ), estableciéndose el deber genérico de garantizar la seguridad y salud laboral de los trabajadores ( artículo 14.1 LRPL e) La deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo [AT], para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá, incluso, de las exigencias reglamentarias.

f) Sobre el primer aspecto [carga de la prueba] ha de destacarse la aplicación -analógica- del art. 1183 CC , del que derivar la conclusión de que el incumplimiento de la obligación ha de atribuirse al deudor y no al caso fortuito, salvo prueba en contrario; y la del art. 217 LEC , tanto en lo relativo a la prueba de los hechos constitutivos (secuelas derivadas de AT) y de los impeditivas, extintivos u obstativos (diligencia exigible), cuanto a la disponibilidad y facilidad probatoria (es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que para el empresario demostrar la concurrencia de ésta).

g) El empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable, pero en todo estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente.

h) No procede aplicar en el ámbito laboral una responsabilidad plenamente objetiva o por el resultado, y no solamente porque esta conclusión es la que se deduce de los preceptos anteriormente citados y de las argumentaciones jurisprudenciales ofrecidas, sino por su clara inoportunidad en términos finalísticos, pues tal objetivación produciría un efecto desmotivador en la política de prevención de riesgos laborales, porque si el empresario ha de responder civilmente siempre hasta resarcir el daño en su integridad, haya o no observado las obligadas medidas de seguridad, no habría componente de beneficio alguno que le moviese no sólo a extremar la diligencia, sino tan siquiera a observar escrupulosamente la normativa en materia de prevención; y exclusivamente actuaría de freno la posible sanción administrativa, cuyo efecto disuasorio únicamente alcanzaría a la más graves infracciones."

Descendiendo al supuesto de autos, debe partirse de inmodificado relato fáctico conforme al cual:

1. El trabajador sufrió un accidente laboral, de tráfico, en horario laboral, al salirse de la vía por la que circulaba, el camión con semirremolque que conducía.

2. En el atestado emitido por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, tras analizar las circunstancias que rodearon el accidente, se concluye " que la causa principal o eficiente del presente evento circulatorio pudo ser: DISTRACCIÓN EN LA CONDUCCIÓN, POR PARTE DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO ARTICULADO MATRÍCULA ....DNG".

3. El conductor contaba con permiso de circulación de la clase CE, en vigor... El vehículo que conducía fue matriculado con fecha 22 de marzo de 2007 a nombre de la empresa MESATRANS S.L., y tenía la tarjeta de inspección técnica en vigor hasta el 5 de mayo de 2012.

4. El atestado también informa que:

-Inició la jornada a las 06:11 horas. Se puede observar un período de conducción de 10 minutos, y otro de 42 minutos hasta la hora del accidente, realizando un total de 53 kilómetros.

-De las velocidades registradas, hay una reducción progresiva de velocidad entre las 09:42:03 y las 09:42:10 horas, ya que reduce de 89 km/h, a 0 km/h, en seis segundos, debido al accidente de circulación. En el momento en que se produce el accidente, circulaba a 89 km/h.

5. Obra en autos parte de asistencia del demandante a un curso básico de prevención de riesgos laborales (documento nº 4 de la parte actora y 7 del ramo de prueba de MESTRANS); control de entrega de EPIs consistentes en calzado de seguridad, chaleco reflectante, y guantes contra impactos mecánicos (documento nº 4 de la parte actora y 10 del ramo de prueba de MESATRANS); y documento certificando la entrega al trabajador de información sobre los riesgos de seguridad y salud y las medidas y actividades de protección aplicables (documento nº 4 de la parte actora y nº 11 del ramo de prueba de MESATRANS). Todos ellos están fechados el 20 de junio de 2011.

Documentos que fueron impugnados, y que en proceso penal seguido por falsedad documental contra el representante legal de la empleadora, terminó por sentencia absolutoria, en la que se declaró probado " .... documentos en los que aparecían firmas que eran una imitación de la firma del referido trabajador, que no habían sido grafiadas por el mismo... No ha sido probado que tales firmas fueran elaboradas por el acusado ni por una tercera persona que actuase en connivencia con el mismo".

6.- Se recoge certificado emitido por Técnico en Prevención de Riesgos Laborales de la empresa CLIPESAL S.L., en donde señala que el actor asistió a las jornadas de formación sobre riesgos laborales celebradas el 20 de junio de 2011, con una duración de dos horas, en donde se impartieron los siguientes contenidos: Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales; ergonomía en el lugar de trabajo; primeros auxilios; manejo de medios de extinción en la empresa; manejo de carretillas elevadoras y transpaletas eléctricas; formación sobre el riesgo eléctrico; riesgos en la conducción de vehículos; riesgos específicos y medidas preventivas a adoptar específicas del puesto de trabajo de conductor.

7.- Con esa misma fecha se declaró al trabajador apto para su puesto de trabajo.

Ciertamente, dispone el artículo 96.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social " En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira."

En el supuesto que nos ocupa, atendiendo a lo ilustrativo del relato fáctico de la sentencia, que el actor no ha cuestionado, entendemos, al igual que la sentencia recurrida, que el empresario ha aportado elementos que exoneran su responsabilidad en la causación del accidente lesivo para el trabajador, pese a que los documentos aportados no fueron firmados por el trabajador, si que se certifica la asistencia del actor a los correspondientes cursos de formación, en materia preventiva relacionada con su puesto de trabajo, sin que se haya evidenciado que la no acreditación de la entrega de EPIS, -que consistían en calzado de seguridad, chaleco reflectante, y guantes contra impactos mecánicos- , hayan influido en modo alguno en el accidente acaecido, el atestado no refleja que llevara calzado inadecuado para la conducción.

Por tanto no observamos, ningún incumplimiento empresarial del que se haga derivar la causación del accidente y sin que en términos de razonabilidad, pueda imputársele una "culpa in vigilando" por la falta de supervisión efectiva de la actividad que desarrolla el trabajador a cada momento, pues además de que nos llevaría a situaciones absurdas y poco productivas ( en nuestro caso el trabajador conductor debería ir acompañado y vigilado por otros y estos, a su vez, por otros), supondría desconocer las obligaciones que pesan sobre el trabajador relativas a "usar adecuadamente... cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad" ( artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ), en este caso verificar una conducción del vehículo de trabajo adecuada a las normas de tráfico concurrentes, pues consta que circulaba a mayor velocidad que la permitida en la vía, y que la causa del accidente ante la inexistencia de otras circunstancias concurrentes, se debió a una distracción en la conducción, causa que difícilmente puede vigilar y prevenir la empresa.

Por todo lo expuesto, no apreciándose las infracciones denunciadas, procede la desestimación de los motivos de recurso, sin que proceda fijar indemnización alguna por la responsabilidad reclamada.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.