Sentencia Social 1517/2023 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha . Sala de lo Social, Rec. 821/2023 de 02 de noviembre del 2023

PRIMERO: El juzgado de lo social nº 3 de Albacete dictó sentencia de 2-3-23 por la que, estimando la demandada presentada, declaraba la existencia de vulneración del derecho a la intimidad del demandante, con las consecuencias contenidas en su parte dispositiva. Contra tal resolución se alza en suplicación la parte demandada y ahora recurrente, esgrimiendo con correcto amparo procesal, un motivo orientado a la denuncia de infracción de normas o garantías del procedimiento al amparo de la letra a/, ocho motivos dedicados a la revisión de los hechos probados al amparo de la letra b/, y otros ocho motivos destinados a la revisión del derecho aplicado al amparo de la letra c/, en todo caso del art. 193 de la LRJS.

Además de lo anterior y con carácter previo, la parte recurrente promueve otras dos pretensiones, una relativa a la práctica por esta Sala de prueba mediante diligencias para mejor proveer, y otra a la admisión documental al amparo del art. 233 de la LRJS, sobre todo lo cual ha tenido oportunidad de pronunciarse la contraparte en su escrito de impugnación.

SEGUNDO: Como acabamos de indicar el recurso que ahora resolvemos contiene una petición previa de práctica de prueba en esta sede, mediante diligencias para mejor proveer, solicitando la realización de prueba pericial, ya fuera a instancia de parte o de oficio por la Sala, así como recabar informe de la inspección de trabajo y, finalmente, la testifical de todos los trabajadores de la plantilla del centro de trabajo de Hellín.

Se trata, como puede observarse, de una pretensión ciertamente sorprendente, e inatendible en cuanto pretende convertir esta alzada en un segundo grado de conocimiento pleno, remitiendo a nuestra sede la práctica de prueba ordinaria que solo corresponde, de manera exclusiva y precluyente, al juzgado de instancia. De este modo, si se estimara la petición se estaría, de un lado, rompiendo estrepitosamente los principios que rigen el proceso social y su diseño legal y, de otro lado y de manera congruente con lo anterior, permitiendo la construcción de un proceso nuevo a conveniencia de la parte.

Solo parece conveniente hacer notar que el recurso invoca como fundamento de su petición las SSTC 227/1991, de 28 de noviembre y 61/2002, de 11 de marzo, que apuntaron la posibilidad de que el órgano ad quem (el TCT en el primer caso y un TSJ en el segundo) acordara recabar una prueba documental como diligencia para mejor proveer, resoluciones inaplicables al caso, en cuanto en aquellas, de manera completamente excepcional, se indica la referida posibilidad para dos supuestos con idéntica significación, en los que el INSS había retenido o negado información que solo estaba a su disposición, en una actuación que integraba por sí misma una vulneración del art. 24.2 de la CE, en relación con la violación del derecho a la tutela judicial, y con la garantía de igualdad efectiva de las partes, al permitir una posición de supremacía o de privilegio de la entidad gestora, que debía ser corregida por el órgano decisor del recurso.

Huelga decir que en el presente caso no ocurre nada de lo antedicho, limitándose la parte a proponer un complemento de su prueba de manera reactiva al resultado de lo actuado y decidido en la instancia.

TERCERO: Por lo que respecta a la solicitada admisión documental, la misma no ha generado un trámite especifico de traslado y decisión considerando, primero, que la contraparte ya ha tenido oportunidad de realizar las alegaciones que ha estimado necesarias en su escrito de impugnación y, segundo, la palmaria falta de fundamento de la pretensión, que excusa de acordar cualquier otra diligencia que demorara la decisión del recurso.

Dicho lo anterior, debemos ahora recordar que la admisión documental solo es posible en esta sede, a tenor del art. 233 de la LRJS, cuando se trate de " alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental". Sin embargo, ninguna de la propuesta puede incluirse en las enunciadas en el precepto, por resultar todas ellas inútiles para la decisión del caso, con independencia de la fecha de los respectivos documentos.

En particular, el auto del juzgado de instrucción nº 41 de Madrid que decreta el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones causadas como consecuencia de la denuncia del demandante, así como auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 20-4-23 que transforma el sobreseimiento en provisional, ninguna incidencia tienen en el caso ya que se refieren, no a la incidencia de la instalación de cámaras en el ámbito laboral con fines de vigilancia, sino a la comisión de eventuales delitos por haber sido vigilado, espiado, y escuchado con eventual interceptación de sus comunicaciones con intervención de sus medios de comunicación, todo ello relacionado con la sospecha de que los detectives contratos por la empresa hubieran utilizado medios ilícitos. En todo caso y con independencia de lo anterior, debe ahora recordarse el constante criterio en la materia sobre la falta de vinculación, en un caso como el presente, entre las conclusiones de la jurisdicción penal y la social (salvo para evitar contradicciones lógicas insolubles), en cuanto que ambas manejan distintos conceptos de culpa y responsabilidad, y disciplinan instituciones completamente distintas.

Por otra parte, todas las actuaciones referidas al previo despido del demandante que fue declarado nulo y luego improcedente en esta misma Sala (escrito de opción por la indemnización aceptado en la instancia, desistimiento del incidente de ejecución provisional), resulta igualmente inútiles en cuanto se refieren a un procedimiento que ninguna incidencia puede tener en el presente, al ser diferente la cuestión discutida y, como ya dijimos, haberse invocado la vulneración de un derecho fundamental (la garantía de indemnidad) distinto al que ahora se evalúa.

Finalmente, el informe técnico realizado por el administrador del sistema de las cámaras, de fecha posterior al acto del juicio, constituye, de nuevo, una propuesta reactiva al resultado del procedimiento en la primera instancia, con objeto de desvirtuar la prueba de la contraparte, actividad que debió realizarse en su momento, y no en esta alzada. No se trata, debe advertirse, de la afectación del derecho de defensa de la parte, sino más bien de la asunción por esta misma parte recurrente de las cargas procesales que corresponden a la diligencia exigible a cualquier interviniente en el proceso.

En consecuencia, no procede la admisión de ninguno de los documentos propuestos.

CUARTO: El motivo en el que se solicita la declaración de nulidad de la sentencia de instancia, con cita de infracción de los arts. 1 y 416 de la LECv., 178, 184, 283 y 284 y 280 ap.1 y 281 de la LRJS. Sobre este aspecto debemos realizar una primera observación, ya que la cita de la LEcv. carece de aplicación al caso al referirse a una mera mención a un criterio general el primero, y a la decisión de excepciones procesales el segundo. Mientras que los preceptos de la LRJS se refieren a la acumulación de acciones en el procedimiento especial de vulneración de derechos fundamentales, sobre lo que luego nada se dice en el motivo, y al desarrollo de la fase ejecutiva en materia de despido que, en este caso sí, se relaciona con lo que luego se dirá.

Hecha esta primera observación, el motivo en cuestión tiene por objeto en realidad el planteamiento de tres excepciones procesales: la inadecuación de procedimiento, la falta de acción del actor tras extinguirse la relación laboral y la litispendencia al estar pendiente la firmeza de la previa decisión sobre el despido. Ahora bien, como puede comprobarse por la lectura de la sentencia de instancia, y por la constatación de lo necesario en el acto del juicio, que como acontecimiento procesal y no hecho sometido a las reglas sobre la carga de la prueba es de libre acceso para la Sala, tales cuestiones no fueron planteadas en la instancia, y por tanto no se resolvieron en la resolución ahora combatida. En efecto, la inadecuación de procedimiento ni siquiera se menciona en el acto del juicio. La falta de acción del demandante se plantea ahora porque se dice que la relación laboral existente entre las partes ya se habría extinguido, lo que equivale a plantear la desaparición del objeto del litigio, mientras que en el acto del juicio se utilizó el concepto de falta de acción para afirmar que no se habría producido ninguna vulneración de derecho fundamental; y, finalmente, la litispendencia no se menciona tampoco expresamente, aunque se argumenta en el acto del juicio que la primera sentencia de despido estaba recurrida, aunque en relación con la eventual existencia de una efectiva relación laboral y, en consecuencia, con una eventual incompetencia de la jurisdicción. La parte recurrente parece en gran medida consciente de esta situación, y por ello propone la estimación "de oficio" por la Sala de tales excepciones.

Pues bien, en primer lugar, debemos recordar que las cuestiones nuevas no tienen cabida en el seno del recurso de suplicación, como señala, entre otras, la STS de 26/9/01 (rec. 4847/00):

" Es doctrina de esta Sala, contenida de forma y reiterada en tan numerosas sentencias que excusa de su concreta cita, que las cuestiones nuevas, al igual que ocurre en casación, no tienen cabida en suplicación. Y ello como consecuencia del carácter extraordinario de dicho recurso y su función revisora, que no permiten dilucidar en dicha sede una cuestión ajena a las promovidas y debatidas por las partes y resueltas en la sentencia de instancia, pues en caso contrario, el Tribunal Superior se convertiría también en Juez de instancia, construyendo "ex officio" el recurso, y vulnerando los principios de contradicción e igualdad de partes en el proceso, que constituyen pilares fundamentales de nuestro sistema procesal. Amén de que si se permitiera la variación de los términos de la controversia en sede de suplicación, se produciría a las partes recurridas una evidente indefensión al privarles de las garantías para su defensa, ya que sus medios de oposición quedarían limitados ante un planteamiento nuevo".

Y de manera más reciente, la STS de 21-12-16 (rec. 451/2015) dice sobre esto mismo aunque en relación al recurso de casación, al que se aplica en esta materia iguales criterios que al de suplicación:

"... nos hallamos ante una « cuestión nueva» de inadmisible enjuiciamiento en este trámite, porque «... si bien en toda clase de recursos se impone ya la doctrina de inadmisibilidad de « cuestiones nuevas», que tiene su fundamento en el principio de justicia rogada del que es consecuencia (epígrafe VI de la EM de la LECc; art. 216 del mismo cuerpo legal), con mayor motivo se ha mantenido la aplicación de tal criterio cuando se trata del recurso de casación, habida cuenta de su carácter extraordinario y de la necesaria garantía de defensa de las partes»".

Con independencia de lo anterior, parece conveniente reseñar, aun de manera sucinta, los siguientes aspectos:

- no existe base alguna para sostener que una reclamación por una pretendida vulneración de derechos fundamentales, que tiene entidad propia, deba encauzarse por el trámite del incidente de readmisión irregular del despido previamente producido, que no resulta un cauce posible ni útil para el ejercicio de tal acción en cuanto no está previsto para ella. La pretensión relativa a las consecuencias de unos hechos sucedidos y existentes, como veremos más tarde, después del despido, pero en el momento de recomponerse la relación laboral por la readmisión derivada de una previa declaración de nulidad (luego transformada en improcedencia), no se encuentra sometida a otras reglas de vigencia que las propias de la prescripción o la caducidad.

- De igual modo, y por esto mismo, el objeto del procedimiento se mantiene, se extinga o no la relación laboral dependiendo de la opción ejercitada en su momento por la sobrevenida declaración de improcedencia, y exista o no una ejecución pendiente en el procedimiento de despido, en cuanto lo que define la concurrencia de interés y acción, es si la previa realización de ciertos actos por la empresa constituyó o no una vulneración de derechos fundamentales y si, en consecuencia, se produjeron o no los efectos vinculados a aquella hipotética vulneración, cuando, como ya dijimos, la relación laboral se había recompuesto y desplegaba todos sus efectos entre trabajado y empleadora.

- No existe interferencia alguna entre el primer proceso por despido y el este segundo, en cuanto aun siendo idénticas las partes, la pretensión ejercitada es distinta. En particular, y tal como se deriva de la sentencia de esta Sala de 18-11-22, que estimó en parte el recurso contra la sentencia de instancia para declarar el despido improcedente en lugar de nulo que, por obvias razones, es conocida por la Sala, la alegación de incompetencia de la jurisdicción social en relación con la naturaleza de la relación entre las partes (laboral o mercantil), que es la única que podría plantear dudas en cuanto a una eventual litispendencia, fue objeto de expreso abandono por la empresa recurrente, haciéndose notar en la resolución de la Sala que " En cuanto a la "alegada" falta de competencia de jurisdicción social por tratarse de una relación mercantil y no laboral, la propia parte recurrente no formula un motivo en forma al respecto, reconociendo que pese a no estar conforme se va a limitar a combatir la calificación del despido". Esto es, tal cuestión quedó firme, y por tanto no podía incidir ya en el presente debate.

- No se discute en esta alzada ninguna otra cuestión que pueda reconducirse a los aspectos anteriormente reseñados.

El motivo por tanto debe ser desestimado.

QUINTO: Como ya anunciamos, el recurso contiene ocho motivos de revisión fáctica.

1.- En el primero, se solicita la adición de un nuevo ordinal que tendría por objeto, en lo esencial, hacer constar las incidencias procesales posteriores al dictado de la sentencia de 2-5-22 en materia de despido, en aquel procedimiento, en base a los documentos que se identifican.

El motivo debe ser rechazado en cuanto a/ se refiere, en gran medida, a datos cuya incorporación se ha rechazado previamente al no poder ampararse en el art. 233 de la LRJS y b/ como ya explicamos, tales datos son irrelevantes para la decisión del caso.

2.- En el segundo se quiere igualmente introducir un nuevo ordinal, en este caso para hacer constar, en lo esencial, la existencia de una denuncia del demandante ante la inspección de trabajo sobre la instalación de cámaras de seguridad, e incidencias posteriores, así como que no constan otras actuaciones posteriores, en base a los documentos que se identifican.

Debe rechazarse esta pretensión por su inutilidad, ya que la inexistencia, hasta el momento, de actuaciones o decisiones de la inspección de trabajo al respecto ni vincula a los órganos judiciales, ni determina de manera necesaria que aquellas no pudieran producirse en el futuro.

3.- En el tercero se quiere introducir un nuevo ordinal para hacer constar, en lo esencial, que la empresa activó el protocolo de acoso, que encargó la instrucción del procedimiento a un profesional externo, y que este emitió un informe en el que concluía que la implantación de las cámaras de vídeovigilancia se habían seguido los requisitos legalmente establecidos, y que la cuestión había sido objeto de denuncia ante la inspección de trabajo que era la competente para determinar si se ha producido infracción, designando los documentos que se identifican.

Debe rechazarse este intento por igual causa de inutilidad, en cuanto resulta irrelevante que se activara el protocolo de acoso, o la opinión del instructor sobre la entidad e incidencia de la instalación de cámaras.

4.- En el cuarto se quiere introducir un nuevo ordinal para hacer constar, en lo esencial, quién instaló el sistema de videovigilancia, algunas de las características del sistema, y que su ubicación se corresponde a vistas generales de salas que comprenden oficinas, sin afectar a aseos, vestuarios o puestos de trabajo, designando a tal efecto los documentos que se identifican.

Debe rechazarse esta pretensión por basarse en un informe técnico que, como se deriva de su propia naturaleza, implica un juicio valorativo sobre las condiciones del sistema y su instalación, que puede ser sometido a contradicción y ampliación de las cuestiones de interés, esto es, constituye un auténtico informe pericial, o cuando menos de un testigo-perito, que sin embargo no se propuso como tal, y por tanto no fue objeto de ratificación y de contradicción en el acto del juicio, como se deriva de las propias manifestaciones del recurso, que pretende hacer pasar dicho informe como un simple "informe de instalación" con naturaleza de documental, señalando igualmente que se disponía del número de teléfono del firmante " para, en su caso, si la parte contraria lo considerase necesario, se pudiera contactar durante el juicio con el instalador" (sic). Se trata, con toda evidencia, de una prueba inidónea, desde el momento en que, aunque se diera por cierta la afirmación de que las cámaras eran fijas, deja en la oscuridad el hecho relativo a si era posible alguna manipulación, y de qué tipo, en el hardware o en el software, para permitir su movilidad. Y por lo demás, el texto propuesto contiene un juicio valorativo predeterminante cuando se refiere a que no se identificó " que las ubicaciones elegidas para las cámaras incumplieran con la proporcionalidad de su uso".

5.- En el quinto se quiere introducir un nuevo ordinal para hacer constar, en lo esencial, que una empresa certificó que la empresa demandada estaba " cumpliendo con la normativa vigente en materia de protección de datos para el uso de cámaras de videovigilancia en sus instalaciones", designando a tal efecto el informe en cuestión que se identifica en las actuaciones.

Debe rechazarse este intento por su inutilidad, en cuanto el parecer de una empresa sobre el extremo en cuestión resulta innecesario en el caso, y no vincula al órgano judicial.

6.- En el sexto se quiere introducir un nuevo ordinal para hacer constar, en lo esencial, que todos los trabajadores del centro de trabajo fuero informados de la existencia de un sistema de videovigilancia, aunque solo del demandante mostró su disconformidad, designando a tal efecto los documentos que se identifican.

Debe rechazarse tal intento y por igual causa de inutilidad, primero, porque tal dato consta ya en la sentencia de instancia y, segundo, en cuanto el hecho de que se conociese la existencia del sistema de videovigilancia, por lo demás apreciable directamente por su propia naturaleza, o que solo reclamara el demandante, no altera en nada el juicio de valor relativo a si dicho sistema vulneraba o no derechos fundamentales.

7.- En el séptimo se quiere introducir un nuevo ordinal, encaminado a hacer constar que "Las fotografías aportadas por el actor como Documentos 6 y 7 de su ramo de prueba documental, acreditan donde están situadas las cámaras, pero no lo que están grabando", designando a tal efecto documental, pericial e incluso testifical que, como es bien sabido, no puede hacerse valer en el seno del recurso de suplicación.

En todo caso, la indicada pretensión debe ser rechazada. De un lado, por su inutilidad, ya que, aunque no se diga de manera expresa en los hechos probados, es obvio que unas fotos sobre la colocación de unas cámaras indican dónde se sitúan estas, no lo que graban. Y de otro lado, porque dar por sentado que no se graban ciertos ámbitos o lugares físicos, no es ya una constatación fáctica, sino el resultado de una valoración jurídica más compleja, propia de la fundamentación jurídica.

8.- Finalmente, en el octavo se quiere introducir un nuevo ordinal con objeto, en lo esencial, de introducir una mención al contenido de la reunión del consejo de administración de la codemandada de 9-9-19, y algunas de las expresiones intercambiadas entonces (" que no vaya mucho por El Bonillo porque las consecuencias pueden ser tremendas", "esta empresa no se hundió en su momento por dos personas, pero que hoy hará todo lo que esté en su mano para que se hunda. Que solo hay una persona en esta empresa a la que profesa lealtad..."), designando a tal efecto el acta de la reunión.

Debe rechazarse esta pretensión por su completa inutilidad, en cuanto no se evidencia qué relación pueda tener el contenido de la indicada reunión con la cuestión debatida en el procedimiento.

SEXTO: De los ocho motivos dedicados a la revisión jurídica, los siete primeros presentan una indudable unidad conceptual, en cuanto todos ellos se orientan a sostener que no se ha producido irregularidad alguna con la instalación del sistema de videovigilancia cuestionado. En efecto, en el primero de ellos se invoca la infracción de los arts. 20.3 y 20 bis del ET, para hacer valer las facultades de control del empresario; en el segundo, lo arts. 22 y 89 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación con los anteriores, para hacer valer la facultad de tratamiento de datos de los empresarios en las condiciones normativamente previstas; en el tercero, el art. 18 de la CE, para afirmar que en el proceso solo se discute la eventual vulneración del derecho a la intimidad del trabajador, y no del derecho al tratamiento de datos; en el cuarto, del art. 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en este caso para afirmar que la empresa no tiene obligación de nombrar un Delegado de Protección de Datos; en el quinto, de la STC 119/22 de 29 de septiembre, en cuanto a los criterios para la grabación de imágenes de los trabajadores incluso sin previo aviso; en el sexto, la jurisprudencia que se cita ( SSTS de 1 de febrero de 2017, 22 de julio de 2022 y 8 de febrero de 2018), de nuevo, sobre la validez de la prueba de grabación de imágenes; y, finalmente en el séptimo, la STS de 21 de julio de 2021 reiterando los criterios sobre validez de la prueba de videovigilancia. Como puede observarse, en todos ellos se plantea una misma cuestión en sus diversos matices e incluso segregando invocaciones de infracción de idéntico o similar alcance, razón por la cual serán decididos de manera conjunta.

La correcta decisión del debate así planteado hace necesario un breve resumen de los hechos y antecedentes relevantes para el caso. Como informa la sentencia de instancia, el demandante venía prestando servicios para las empresas codemandadas desde el 1-11-17 como gestor/agente comercial, cuestión que ya no se discute, hasta su despido de 16-9-19 que fue declarado primero nulo mediante sentencia del juzgado de lo social nº 1 de Albacete de 2-5-22, y luego improcedente mediante sentencia de esta misma Sala de 18-11-22 que revocó en parte la previa.

En todo caso, el demandante se incorporó a su puesto de trabajo el 1-6-22, le fueron entregadas herramientas de trabajo consistentes en ordenador portátil y teléfono móvil, a la vez que se le comunicaba las condiciones de uso del mencionado equipamiento (uso estrictamente profesional, posibles controles periódicos y registros, posibilidad de acceso al equipo informático en ciertos casos, monitorización de los acceso a internet, etc), todo ello en los términos que se describen en la instancia, y que no reiteraremos al contar en los antecedentes de esta misma resolución y para evitar inútiles reiteraciones.

Con independencia de lo anterior, el 14-6-22 se presentó al demandante un escrito en el que se le informaba de que las instalaciones del centro de trabajo estaban protegidas por un sistema de videovigilancia con respecto al cual se decía: "el personal es consciente y acepta expresamente con la firma del presente documento, que están instaladas cámaras de vigilancia", que cumplían con los requisitos exigidos por la normativa vigente, que en todo caso respetarían el derecho a la intimidad, a la propia imagen, la vida personal y el derecho fundamental a la protección de datos, y que se utilizarían para el ejercicio de funciones de control de los trabajadores en el cumplimiento de sus obligaciones laborales de acuerdo con el art. 20.3 del ET. El resto de los trabajadores firmaron la indicada comunicación pero no el demandante que hizo constar su disconformidad, en relación con dicha comunicación y en posteriores correos electrónicos, en los términos que igualmente se describen en la instancia.

Se dice igualmente en la instancia que en el Portal del Empleado se incluyó el Procedimiento de Protección de Datos que incluía la mención al derecho de acceso, de rectificación, supervisión (-el derecho al olvido-), a la limitación del tratamiento, a la portabilidad de los datos, de oposición, a no ser objeto de decisiones individualizadas incluida la elaboración de perfiles; el protocolo, los plazos y la posibilidad de pedir copia, todo ello en los términos detallados en la sentencia de instancia.

En particular, se informa de que, además de las cámaras perimetrales exteriores, que ya estaban instaladas antes, las nuevas habían situado, además, en zonas desde las que se veían las taquillas, vestuario, acceso baños, comedor social, zona de agua, despacho del actor. Resulta relevante reseñar que no se declara expresamente probado si, con independencia de las reseñadas ubicaciones, las cámaras enfocaban de manera concreta y directa espacios de descanso, aseo o taquillas, como tampoco se declara expresamente probado si dichas cámaras podían o no girarse.

A.- Partiendo de estos presupuestos esenciales, debemos acotar de manera precisa los términos del debate. En primer lugar, no se trata de evaluar la licitud de la utilización de cámaras de videovigilancia que hayan detectado, o para detectar, la comisión de irregularidades por parte del trabajador, supuesto que ha sido considerado tanto por el TC como por el TS a los efectos de determinar la licitud de la prueba aportada a tal efecto por la empresa en un procedimiento en el que se cuestionan las medidas sancionadoras adaptadas contra el empleado. Por el contrario, lo que aquí se cuestiona es el hecho de la instalación del propio sistema de videovigilancia, por entender que el mismo vulnera la intimidad de los trabajadores, en este caso el demandante. En consecuencia, carecen de utilidad para el caso, excepto en lo que contengan de doctrina general, las resoluciones invocadas en el recurso que tienen por objeto calificar la prueba aportada por la empresa en las indicadas condiciones.

B.- Del mismo modo, carece de fundamento la distinción que quiere realizarse en este caso concreto entre el derecho a la intimidad, y el tratamiento de datos. No cabe duda de que se trata de instituciones distintas, con normativa y desarrollos jurisprudenciales específicos para cada una de ellas, como se pone de manifiesto en el dictamen el Ministerio Fiscal, pero tampoco es dudoso que un incorrecto tratamiento de datos, puede acarrear una afectación del derecho a la intimidad. Como tampoco lo es que el tratamiento de datos incluye su recogida, y desde el momento en que la videovigilancia es un sistema de recogida de datos, los términos de su instalación no son irrelevantes para evaluar la eventual afectación del derecho a la intimidad.

Por eso mismo el art. 89 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece que " los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo". Añadiendo, por lo que ahora interesa, que " en ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos".

En fin, en el caso de sistemas de videovigilancia, su instalación y los términos y condiciones de su operatividad, conciernen tanto al tratamiento de datos como al derecho a la intimidad.

C.- Sentado lo anterior, el art. 20.3 del ET, permite al empresario " adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad". Lo anterior implica una habilitación a la empresa para adoptar un amplio abanico de medidas de control, tanto por motivos de estricta seguridad, como para comprobar, como ya vimos, el cumplimiento de sus deberes por parte de los trabajadores.

Sin embargo, esta posibilidad no es ilimitada, y debe ser valorada en cada momento para evaluar su necesidad y proporcionalidad en cuanto, como señala la STC 186/2000, de 10 de julio " el empresario no queda apoderado para llevar a cabo, so pretexto de las facultades de vigilancia y control que le confiere el art. 20.3 LET, intromisiones ilegítimas en la intimidad de sus empleados en los centros de trabajo".

D.- Partiendo de los antedichos presupuestos, y en lo que atañe, en primer lugar, al ámbito más estrictamente referido al tratamiento de datos, consta que, con carácter previo a la instalación del sistema de videovigilancia, la empresa comunicó a todos los trabajadores dicha circunstancia, tal como exige tanto en la normativa en la materia, como el IV Convenio General del sector de la industria, las nuevas tecnologías y los servicios del metal (BOE de 12-1-2022) aplicable al caso, así como la información suficiente sobre los derechos de los trabajadores asociados al tratamiento de datos, en el Procedimiento de Protección de Datos que aparece en el Portal del Empleado. Del mismo modo, a tenor del art. 34.1 y 2 de la LO 3/2018, no consta que la empresa sea una de las obligadas a nombrar delegado de protección de datos. Aunque, al mismo tiempo, no consta tampoco de manera expresa qué persona era el encargo del tratamiento a los efectos de los arts. 28 y ss de la LO 3/2018, y de los 24 y ss. del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016; como tampoco consta que la empresa cumpliera lo previsto en el art. 120 del Convenio Colectivo ya reseñado, en cuanto a la obligación de " informar con carácter previo a la instalación de cualesquiera de los sistemas no prohibidos a la representación de los trabajadores, expresando las causas que concurren para su instalación, así como, sus características y funcionamiento".

Ahora bien, si bien un incumplimiento en materia de obligaciones formales y de protección de datos podría tener incidencia en la afectación del derecho de intimidad de los afectados, ese no es el caso, en cuanto de las carencias enunciadas no se deriva que se produjera aquella afectación. O dicho de otro modo, ciertos incumplimientos formales o en materia de tratamiento de datos pueden acarrear consecuencias en otros órdenes, pero ser irrelevantes a los efectos que ahora nos ocupan si la instalación del sistema de videovigilancia se ha realizado de manera plenamente respetuosa con la intimidad de los trabajadores.

E.- Lo último que quedaría entonces por determinar es si la instalación del tan citado sistema de videovigilancia se ha realizado en el caso concreto en condiciones materiales respetuosas con el derecho a la intimidad de los trabajadores.

A estos efectos, la empresa contaba ya con un sistema de videovigilancia exterior perimetral que era la que de manera más directa atendía a la seguridad del centro de trabajo. Al margen de esto, la implantación de las cámaras interiores podía atender también a razones de seguridad, pero es evidente, y tal aspecto no es cuestionado en el procedimiento, que su finalidad era más extensa y se encaminaba al control de los trabajadores. En este punto, es claro que el control del rendimiento material y efectivo no se va a derivar de la videovigilancia, sino más bien del control de los productos del trabajo por medio del chequeo de los instrumentos informáticos de trabajo, y del propio resultado de dicho trabajo en cada momento temporal considerado (cantidad y calidad de documentos cumplimentados, contactos con clientes, gestiones realizadas etc). Fuera de esto, es igualmente claro que la videovigilancia puede poner de manifiesto si un trabajador abandona con demasiada frecuencia su puesto de trabajo, y se dedica en mayor o menor medida a actividades no productivas, siendo esta una finalidad legítima. Esto es, la instalación de un sistema de videovigilancia en el interior de un centro de trabajo debe entenderse útil por sí mismo a tales efectos.

Ahora bien, con independencia de lo anterior, la intensidad de la videovigilancia no es cuestión secundaria. En efecto, siendo claro que la videovigilancia no puede afectar, como ya vimos, a los lugares donde se desarrollan los momentos de mayor privacidad de los trabajadores (vestuarios, aseos, comedores y análogos), tal limitación no es por sí misma suficiente, dado que, una cosa es que se pueda tener un control suficiente del interior del centro de trabajo, y en particular de las entradas y salidas del mismo, así como una visión general de los puestos de trabajo, y otra muy distinta que se produzca un seguimiento exhaustivo de todos o la mayor parte de los movimientos o incluso gestos de los trabajadores. A nuestro juicio, el punto de inflexión debe situarse en el límite entre un control general del cumplimiento de los deberes laborales, y una monitorización de los trabajadores cuya exhaustividad y detalle desborden los límites de tal control, afectando, entonces sí, su derecho a la intimidad.

En nuestro caso, y por lo que parece derivarse de las afirmaciones de la instancia, las cámaras estaban instaladas en zonas en las que se veían taquillas, vestuario, acceso baños, comedor social, zona de agua y despacho del actor. Somos conscientes de que uno de los factores relevantes en el caso, se refiere a si dichas cámaras, aun estando en las zonas indicadas, o con acceso visual a las mismas, se encontraban enfocadas o no a las áreas de mayor privacidad, o podían orientarse a las mismas. En este punto, debemos ahora recordar que, como se derivaba de nuestra anteriores consideraciones a la hora de rechazar el intento extemporáneo de completar la prueba de la parte demandada y recurrente en esta alzada, no existe una evidencia disponible para esta Sala de que dichas cámaras no enfocaran, o pudieran enfocar con una manipulación simple, a las tan citadas áreas de privacidad, siendo tal ausencia de certidumbre debida únicamente a la imperfecta labor probatoria de la parte en la instancia, que, por su propia naturaleza, no puede ser suplida ni corregida en esta sede. Es más, aunque se aceptara que las cámaras se instalaron con una orientación fija, no existe indicio alguno de que dicha fijeza no pudiera variarse con un simple accionamiento, tanto de hardware como de software.

En fin, en las condiciones indicadas no cabe sino concluir que el sistema de videovigilancia, tal como fue instalado, resultaba desproporcionado y por ello implicaba una intromisión en la privacidad e intimidad de los trabajadores y, en particular, del reclamante. Y, en consecuencia, deben rechazarse todos los motivos considerados.

SÉPTIMO: Mención aparte merece el último motivo del recurso, en el que se invoca la infracción de la STS de 5 de octubre de 2017 (rec. 2497/2015), para afirmar, ya de manera sucinta que, como los daños morales resultan indisolublemente unidos a la vulneración del derecho fundamental, y en el caso la parte recurrente entendía que no se había producido la mentada vulneración, entonces no procedía acordar el abono de cuantía alguna en concepto de indemnización por daños y perjuicios, no causados, a su juicio, en el caso.

Como puede observarse sin mayores esfuerzos, la declaración de existencia de afectación de la privacidad e intimidad del reclamante, hace decaer por sí sola la transcrita alegación, y deja sin objeto ya el motivo. Otra cosa hubiera sido que se cuestionara la cuantía de la indemnización acordada en la instancia (de 30.001 €), en atención al conjunto de circunstancias concurrentes. Pero la parte recurrente no ha considerado oportuno hacer tal cosa, y nosotros no podemos suplir tal opción procesal reconstruyendo el recurso.

En fin, a la vista de cuanto antecede no queda sino confirma íntegramente la sentencia de instancia, previa desestimación del recurso presentado.

Vistos además de los citados, los demás preceptos de general y pertinente aplicación