Sentencia Social 1223/2023 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha . Sala de lo Social, Rec. 1216/2022 de 21 de julio del 2023

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social número 3 de Toledo, con sede en Talavera de la Reina, dicto sentencia el 19.11.2021 en el procedimiento número 409/2021 instado por Dña. Estela frente a Sureste Seguridad SL en reclamación de cantidad, estimando parcialmente la pretensión instada, condenando a la parte demandada a abonar a la trabajadora la suma de 6.509,66 euros.

Frente a dicha resolución han formulado recurso de suplicación ambas partes. La parte demandada ha articulado el mismo en base a cuatro motivos destinados los dos primeros a la revisión fáctica y los restantes al examen normativo.

La parte actora ha alegado un único motivo destinado al examen de las infracciones de normas sustantivas.

Los recursos han sido respectivamente impugnados.

SEGUNDO.- Iniciando el examen del recurso formulado por la parte demandada, los motivos primero y segundo con amparo en el artículo 193 b) de la LRJS tienen por objeto la modificación de los hechos probados noveno y undécimo respectivamente y en concreto:

(I)Se solicita que el hecho probado noveno contenga y añada la afirmación: " Tras las dos resoluciones anteriores, el centro y lugar de trabajo de la actora quedo fijado en Toledo, no siendo por ello necesario fijar gastos que compensaran la medida adoptada por la empresa"; derivándose la misma del tenor de las dos sentencias que la propia Juzgadora dicto en sendos procedimientos judiciales (doc. 48 y 49 del ramo de prueba de la demandada)

(II) Adición al hecho probado undécimo del siguiente texto: " UNDECIMO- La trabajadora no ha acreditado ser titular de vehículo alguno o de haber utilizado alguno para desplazarse desde Talavera de la Reina a Toledo a prestar servicios".

Con carácter previo a resolver los motivos expuestos debemos señalar que la posibilidad de revisar el relato fáctico se hace depender de que el error que se denuncia cometido por el Juez "a quo ara resolver adecuadamente los motivos de recurso que nos ocupan, es preciso tener en cuenta que la posibilidad de revisar el relato fáctico se hace depender de que el error que se denuncia cometido por el Juez "a quo" quede fehacientemente acreditado en base a dos únicos medios probatorios, los documentos y las pericias, siempre y cuando a través de ellos se deduzca de forma inequívoca la evidencia del error cometido, sin necesidad de tener que recurrir a conjeturas, hipótesis o razonamientos interpretativos sobre el sentido que se pretenda extraer de aquellas pruebas, y en concreto, tanto la jurisprudencia como la doctrina, en orden a la interpretación de los arts. 193.b) y 196.2 y 3 de la LRJS vienen considerando como requisitos a tener en cuenta para la procedencia de la revisión fáctica:

1.-Imposibilidad de aducir cuestiones fácticas nuevas no discutidas en el procedimiento.

2.- Precisión y claridad en la concreción del hecho o hechos a revisar.

3.- Determinación explícita y concreta de las pruebas documentales o periciales que sirvan de sustento a su pretensión, no siendo viables las interpretaciones distintas de las mismas pruebas ya valoradas por el Juez "a quo".

4.- No pueden servir para la revisión la referencia genérica a las pruebas practicadas, ni la alegación de inexistencia de prueba de hechos declarados como acreditados, ni la mención de determinados medios probatorios desvirtuados o contradichos por otros también incorporados a las actuaciones.

5.- El error del Juzgador debe inferirse directamente de las específicas pruebas documentales o periciales aducidas, y no de hipótesis, conjeturas o razonamientos efectuados a partir de las mismas.

6.- Debe ofrecerse el correspondiente texto alternativo que se pretenda vaya a sustituir al llamado a ser suprimido.

7.- Por último, es necesario que la revisión propuesta, ya sea a través de la modificación, supresión o adición instada, resulte trascendente o relevante en orden al enjuiciamiento y resolución del tema litigioso objeto de debate.

La aplicación de los requisitos expuestos lleva a rechazar las modificaciones interesadas y así con respecto al hecho probado 9º, al pretender, la introducción de claras valoraciones jurídicas predeterminantes del fallo habiendo señalado al respecto el Tribunal Supremo en sentencia de 14-05-1990 (RJ 1990\4317), que " la relación fáctica de la sentencia ha de concretarse a los hechos sin incorporar conclusiones o elementos jurídicos que, como señala la Sentencia de 19 de mayo de 1988 de la Sala 2.ª de este Tribunal ( RJ 1988\3696), al trasponer el «iudicium» al «factum» provocan la confusión de las premisas y la anticipación de la conclusión."

Y con relación al hecho probado 11º, doctrina jurisprudencial reiterada establece que la mera alegación de prueba negativa(inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial) no puede fundar la denuncia de un error de hecho ( sentencias del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995, 26 de marzo de 1996, 20 de septiembre de 2005, rec. 163/04, y núm. 871/2019 de 17 de diciembre, rec. 127/2018 y las que en ellas se citan), sino que es preciso apoyarse en pruebas documentales y periciales que determinen la equivocación del Juzgador, de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, sin que en este caso la parte funde su solicitud en ningún tipo de prueba que pueda determinar la equivocación de la juzgadora, lo que determina que queden inalterados los hechos declarados probados por el órgano de instancia.

TERCERO.-Al amparo de lo previsto en el artículo 193 c) de la LPL alega aplicación errónea de lo dispuesto en el artículo 63, 80 y siguientes, 85 y siguientes de la LRJS así como la doctrina del Tribunal Supremo y doctrina judicial de los Tribunales Superiores de Justicia argumentando que la parte actora vario sustancialmente la demanda desde su petitum inicial , añadiendo, en la misma vista, la reclamación del periodo que va de mayo a octubre de 2021 con un incremento de cantidades reclamadas más que considerable, por lo que debe dejarse fuera de la reclamación de la misma toda las cantidades que van desde mayo de 2021 en adelante aunque se desestime el recurso respecto al resto de cantidades, dando por buenos el resto de fundamentos de la sentencia, debiendo fijar la condena en 2.483,68 euros correspondientes a los 76 días de kilometraje que estarían dentro de la primera demanda.

El artículo 80.1 de la LRJS establece en relación con la forma y contenido de la demanda: "La enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensión y de todos aquellos que, según la legislación sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas. En ningún caso podrán alegarse hechos distintos de los aducidos en conciliación o mediación ni introducir respecto a la vía administrativa previa variaciones sustanciales en los términos prevenidos en el artículo 72, salvo hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad". A su vez el artículo 85.1 del citado texto legal preceptúa que en el juicio el demandante ratificará o ampliará su demanda, aunque en ningún caso podrá hacer en ella variación sustancial.

El artículo 399.1 LEC, de aplicación supletoria, indica que en la demanda se fijará con claridad y precisión lo que se pida, precisando el artículo 219.1 LEC que "cuando se reclame en juicio el pago de una cantidad de dinero determinada o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase, no podrá limitarse la demanda a pretender una sentencia meramente declarativa del derecho a percibirlos, sino que deberá solicitarse también la condena a su pago, cuantificando exactamente su importe, sin que pueda solicitarse su determinación en ejecución de sentencia, o fijando claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista en una pura operación aritmética".

El Tribunal Supremo en sentencia de 22.03.2005 ha aclarado que " la variación sustancial debe estar referida a los elementos identificadores de la pretensión, de manera que, en última instancia, lo que se pretende con la prohibición de variaciones sustanciales, es el respeto de la situación de igualdad de las partes y del derecho a una adecuada garantía de defensa".

En el supuesto de autos la parte actora en la demanda reclama el abono de cantidades devengadas desde diciembre de 2020 a mayo de 2021 por los conceptos de mayor tiempo invertido en los desplazamientos hasta el centro de trabajo, Kilometraje y dietas, fijando la cuantía objeto de reclamación, recogiendo asimismo en el suplico " sin perjuicio de las cantidades que se devenguen hasta la celebración de la vista", y en el acto de la vista, tal y como consta en la propia sentencia tras ratificar la demanda especifico exactamente la cuantía de la reclamación formulada con las cantidades devengadas desde el momento de la presentación de la demanda hasta dicho acto, advirtiéndose de lo expuesto que la ampliación realizada en la vista no puede suponer una modificación sustancial de la demanda, dado que en primer lugar en la propia demanda ya se reflejaba que la reclamación abarcaría hasta el día del juicio , y en segundo lugar porque no se ha alterado la causa de la pretensión siendo objeto de reclamación los mismos conceptos que evidentemente han seguido generándose dado que la relación laboral se mantiene, sin que la cantidad en que se incrementa la pretensión puede generar indefensión a la parte demandada, al contar la misma o deber contar con los cuadrantes diarios de prestación de servicios de manera que debe tener un exacto conocimiento de los días en los cuales la demandante ha acudido a prestar servicios, y por lo tanto se producía la misma situación en base a la cual ha formulado la demanda, pudiendo y debiendo acudir al acto del juicio con los medios de defensa que su derecho convinieran, lo que determina la desestimación del motivo examinado.

CUARTO.- En el último de los motivos de recurso se denuncia infracción de lo dispuesto en el artículo 1244 CC y 46 A), 58 y 59 del Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad del Estatuto de los Trabajadores así como de la jurisprudencia que lo interpreta, considerando que no se dan en este caso la premisas que prevé el convenio para considerar que se desplaza del centro de trabajo para el que fue contratada cuando va desde Talavera de la Reina a Toledo, constituyendo además Talavera de la Reina y Toledo la macroconcentracion a la que se refiere el artículo 58 convenio al estar comunicadas entre sí por medio de transporte publico tanto a la entrada como a la salida de la trabajadora, habiendo percibido el plus de transporte; y en caso de no estimarse que hay macroconcentracion debería acreditar que acudió a prestar servicios los días reclamados en su vehículo particular.

El Convenio Colectivo de aplicación en el artículo 46 a) bajo el epígrafe Indemnizaciones o Suplidos establece: Plus de Distancia y Transporte. Se establece como compensación a los gastos de desplazamiento y medios de transporte dentro de la localidad, así como desde el domicilio a los centros de trabajo y su regreso...".

El articulo 58 regula el Lugar de Trabajo señalando: "Dadas las especiales circunstancias en que se realiza la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia, la movilidad del personal vendrá determinada por las facultades de organización de la Empresa, que procederá a la distribución de su personal entre sus diversos lugares de trabajo de la manera más racional y adecuada a los fines productivos dentro de una misma localidad. A estos efectos se entenderá por localidad tanto el municipio de que se trate, como a las concentraciones urbanas o industriales que se agrupen alrededor del mismo y que formen con aquél una Macro concentración urbana o industrial, aunque administrativamente sean municipios distintos siempre que estén comunicados por medios de transporte públicos a intervalos no superiores a media hora, a la entrada y/o salida de los trabajadores. El personal de las Empresas que desempeñen tareas de vigilancia podrá ser cambiado de un centro de trabajo a otro, de acuerdo con las facultades expresadas, dentro de una misma localidad, destinando a ser posible, para cada lugar de trabajo, a aquellos trabajadores del servicio de seguridad y vigilancia que residan más cerca de aquél.

Los trabajos realizados dentro de la zona definida como localidad no darán lugar a dietas para ninguno de los trabajadores de las Empresas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo, y sí a los correspondientes pluses de distancia y transporte pactados.

Se acuerda constituir Comisiones Paritarias a los efectos de determinar los límites de cada una de las Macro concentraciones urbanas o industriales a que se refiere este Artículo.

Tales Comisiones habrán de constituirse en el plazo de 1 mes a contar desde la fecha en que una de las partes requiera a la otra con tal finalidad, el domicilio a efectos de citaciones de la Comisión Paritaria será el de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad"

A su vez el artículo 59 establece: "Cuando un trabajador tenga que desplazarse por necesidad del servicio fuera de la localidad, entendida en los términos del Artículo 58 donde habitualmente presta sus servicios o cuando salga de la localidad para la que haya sido contratado, tendrá derecho al percibo de dietas salvo que dicho desplazamiento no tenga perjuicios económicos para el trabajador. En el caso de que no se desplace en vehículo de la Empresa, tendrá derecho a que se le abone, además el importe del billete en medio de transporte idóneo.

Si el desplazamiento se realizase en un vehículo particular del trabajador, se abonará, a razón de 0,30 euros el kilómetro."

Tal y como informa la sentencia de instancia la demandante con una antigüedad en la empresa de 16.06.2008 ostentando la categoría profesional de vigilante de seguridad prestaba servicios en el centro de trabajo sito en la oficina de SEPECAM de Talavera de la Reina. Con fecha 11.11.2020 la empresa le comunico el cambio de centro de trabajo por necesidades organizativas y productivas pasando a prestar servicios en la Consejería de Agricultura y en la Consejería de Hacienda ambas en Toledo. La trabajadora impugno dicha decisión, correspondiendo su conocimiento al mismo Juzgado, que dictó sentencia el 07.05.2021 desestimando la demanda. Entre la localidad de Talavera de la Reina y Toledo existe una distancia de 86 Km por autovía, no exigiendo cambio de residencia. La trabajadora presto servicios en el periodo de 13 de diciembre de 2020 a 31 de octubre de 2021 un total de 162 días, adquiriendo bono bus en los meses de septiembre y octubre de 2021 cada uno por un total de cuarenta viajes siendo el importe de los mismos de 160 euros cada uno. La trabajadora sale de puesto de trabajo a las 14:30 horas y en el horario de la línea de autobús que debe utilizar para regresar a su domicilio la hora de salida de Toledo es a las 15:30 horas (FJ 3º).

Atendiendo a lo expuesto y aplicando los preceptos transcritos se advierte que el articulo 58 permite a la empresa distribuir a su personal en centros de trabajo sitos en diferentes localidades, definiendo lo que a dichos efectos se considera localidad, y en concreto y atendiendo a las alegaciones realizada en el recurso, considera como tal a lo que denomina "macro concentraciones urbana o industrial" aunque administrativamente sean municipios distintos, pero para ello establece como requisito que deben estar comunicados por medios de transporte públicos a intervalos no superiores a media hora, a la entrada y/o salida de los trabajadores, de forma que los trabajos realizados dentro de la zona considerada como localidad no dan derecho al devengo de Kilometraje sino al abono del plus de distancia y transporte, advirtiéndose que en la sentencia de instancia no existe dato alguno del que pueda deducirse que Talavera de la Reina y Toledo constituyan una macro concentración a los efectos del precepto citado, sino que por el contrario lo que se desprende es precisamente lo contrario, al no cumplir el requisito que se exige con respecto al intervalo horario para la comunicación por transporte publico entre las distintas localidades, pues la propia resolución expresamente constata que el mismo es de una hora entre la salida del trabajo y el horario de salida del autobús hacia su localidad, por lo tanto constando que entre el lugar donde prestaba servicios, según el contrato celebrado y donde reside, Talavera de la Reina, y el lugar donde presta servicios tras la modificación operada , Toledo, hay 86 Km procede por aplicación del artículo 59 del convenio el derecho al devengo de Kilometraje, debiendo indicar con respecto a la manifestación realizada en el recurso relativa a la necesidad de acreditar que acudió a prestar servicios en su vehículo particular, que la trabajadora, tal y como consta en el HP 8º, acudió a prestar servicios en el periodo objeto de reclamación un total de 162 días de los cuales en los meses de septiembre y octubre de 2021 adquirió un bono bus para realizar el desplazamiento en autobús urbanos, lo que indudablemente supone que los meses anteriores el desplazamiento lo llevo a cabo en vehículo, devengando el derecho anteriormente indicado, pues el citado precepto en ningún momento exige que el desplazamiento sea en vehículo propio, lo que comporta la desestimación del recurso examinado.

QUINTO.-El recurso formulado por la parte actora instrumentado al amparo del apartado c) del artículo 193 de la LRJS denuncia la infracción por falta de aplicación de los artículos 40.1 y 6 del Estatuto de los Trabajadores, artículos 59 y 60 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, en cuanto a los conceptos reclamados no reconocidos , en concreto el tiempo empleado en los desplazamientos (3 horas más al día) ni las dietas -comida- ( 10 €/ comida).

En orden a la resolución del motivo expuesto debemos indicar que el artículo 59 del Convenio dispone que se tendrá derecho al percibo de dietas, salvo que dicho desplazamiento no tenga perjuicios económicos para el trabajador, y el articulo 60 a su vez fija el importe de la dieta, lo que comporta que debe ser el trabajador el que acredite que efectivamente se han derivado algún perjuicio, es decir que ha tenido que realizar desayuno, comidas o pernoctas, fuera de la localidad, prueba que aquí no consta que se haya llevado a cabo, y dado que la distancia entre Toledo y Talavera de la Reina es de 88 Km por autovía, y que el horario de trabajo de la demandante finaliza a las 14,30 horas, existe una duda razonable sobre que haya tenido que soportar gastos que deban ser atendidos mediante el abono de la dieta que reclama, siendo conforme a lo establecido en el artículo 217 de la LEC la parte que reclama la que debe acreditar los perjuicios causados, prueba por otra parte de fácil realización bastando para ello con haber aportado los tickets de las comidas realizadas.

Con respecto a la cuestión relativa a la falta de reconocimiento por parte de la sentencia del tiempo empleado en los desplazamientos , que estima en tres horas, a los efectos de considerarlo como tiempo de trabajo lo que daría lugar a que la jornada de trabajo pase de cinco a ocho horas diarias con las consiguientes diferencias salariales , debemos señalar que el Convenio Colectivo ni en los preceptos citados como infringidos, ni en ningún otro precepto prevé el supuesto de que el mayor tiempo empleado en ir y volver cuando se traslade al trabajador de su centro de trabajo pueda ser considerado como un exceso de jornada y por lo tanto sea computado como horas trabajadas y si bien es cierto que la demandante emplea más tiempo al desplazarse a Toledo, que el que antes empleaba al prestar servicios en Talavera de la Reina, donde reside, la realidad es que durante ese tiempo no está prestando servicios sino que está efectuando un desplazamiento lo que le genera el derecho al abono de los gastos de Kilometraje o de dietas, por lo que no existe conforme al convenio colectivo obligación por parte de la empresa de compensar el mayor tiempo empleado en el desplazamiento como horas de trabajo, tal y como acertadamente ha considerado la Magistrado de instancia, cuyo criterio en consecuencia va a ser compartido por esta Sala con la consiguiente desestimación del recurso presentado.

SEXTO.- - El artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social determina la imposición de las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando la misma goce del beneficio de justicia gratuita, supuesto que no concurre en el presente caso, lo que conlleva la condena en las costas ocasionadas a la parte impugnada que se fijan en 400 euros, así como la pérdida del depósito y consignación que hubiera podido constituir para recurrir.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,