Sentencia Social Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Social, Rec. 2057/2023 de 22 de enero del 2024

PRIMERO.- En sentencia dictada por el Juzgado de lo Social N.º 5 de VALLADOLID se estima la demanda planteada por DON Julián contra las empresas DAVOS PROTECCIÓN, S.L., y VASBE, S.L., declarando la improcedencia del despido de que había sido objeto. Frente a dicha sentencia se alza la empresa VASBE, S.L., por motivos tanto de índole procedimental como fáctica y jurídica. El recurso ha sido impugnado por el demandante y por la Empresa DAVOS PROTECCIÓN SL.

SEGUNDO.- Con carácter previo a entrar a resolver el recurso, hemos de contestar a la alegación efectuada por la empresa DAVOS PROTECCIÓN SL, en el sentido de que no se admita a trámite el recurso de suplicación porque la sentencia dictada por el Juzgado cumple con los requisitos legales de la Ley de Procedimiento Laboral (suponemos que quiere referirse a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social) y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto al contenido.

El razonamiento que se hace no justifica en ningún caso la inadmisión del recurso y, si la sentencia es ajustada a derecho en lo relativo al contenido, es algo que se resolverá al dar contestación a los motivos del recurso.

TERCERO.- Al amparo de lo dispuesto en la letra a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se denuncia por la parte recurrente la infracción de lo establecido en el artículo 107.a) de esa misma ley, denunciando que la sentencia recurrida no recoge en su relato fáctico de forma clara y precisa la antigüedad del actor ya que en el hecho primero de los declarados probados no se efectúa mención alguna a la antigüedad a considerar. Alega que en el hecho segundo "ab initio" se refleja la fecha de inicio de la relación laboral, 1/10/18, sin que en ninguno de los hechos declarados probados se establezca la antigüedad a tener en consideración como exige el precepto cuya vulneración se denuncia y considera que tampoco puede servir de excusa la reproducción que se efectúa en el hecho octavo del documento que se dice remitido al SEPE - donde se señala una antigüedad de 1/10/23-. En el presente caso, continúa diciendo, en el relato fáctico se establecen dos fechas de antigüedad una por constatación de una fecha que se infiere de la celebración de un contrato -hecho segundo-, donde se refiere una celebración de contrato de 1/10/18, y otra por vía de reproducción del documento remitido en su día Sepe en el hecho octavo donde se señala una antigüedad de 1/10/03, sin que se establezca cuál es la que la Juzgadora tendrá en consideración a los efectos económicos del cálculo de la indemnización. No es admisible, dice, establecer en la fundamentación jurídica (fundamento jurídico cuarto "in fine") cuál de las dos antigüedades reconoce, sino que tal circunstancia debió de establecerse en el relato fáctico de forma clara y precisa, por lo que en consecuencia denuncia que se produce una infracción de norma de derecho necesario cuyos efectos deben ser la declaración de la nulidad de la Sentencia y la retroacción de la actuaciones al momento de dictarse la misma, en la cual se establezca en el relato fáctico cuál es la antigüedad a considerar.

Se rechaza este primer motivo de recurso. La nulidad de actuaciones es una medida extrema a la que no se debe acudir si no es indispensable para evitar una indefensión ante un error procesal.

En este caso, la sentencia recoge datos en el relato fáctico que permiten resolver en la fundamentación jurídica sobre la antigüedad, que no es en este caso un dato pacífico, por lo que de recogerlo de forma directa se podría calificar de predeterminante. Por tanto, en un caso como este en el relato fáctico de la sentencia lo que debe constar son los datos probados que permitan resolver sobre la cuestión litigiosa en la fundamentación jurídica. En consecuencia, la Magistrada de instancia ha actuado correctamente. Pero, si así no se entendiera, la solución a tal carencia no pasa por la nulidad de actuaciones, sino por la revisión fáctica, como así se pretende a continuación por la parte recurrente.

CUARTO.- Al amparo de la letra b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se solicita la revisión del primero de los hechos declarados probados, proponiéndose la siguiente redacción alternativa:

"El demandante, D. Julián, cuyas circunstancias personales constan en el encabezamiento de la demanda, ha venido prestando servicios para la empresa DAVOS PROTECCION S.L., en virtud de contrato de trabajo indefinido a tiempo completo, con una antigüedad de 1/10/2018 y con la categoría profesional de jefe de Seguridad siendo susfunciones las de Delegado Territorial de la empresa ."

Se apoya dicha pretensión respecto a la antigüedad en los documentos acontecimiento 40 -ramo de prueba del actor- folios 80, vida laboral del actor, y 83, documento dirigido al SEPE (sin sello), acontecimiento 41 -ramo de prueba de la recurrente- documentos número 5,6,7,8 y 9 (folios 15, 17, 18,19,20 y 21), consistente en el contrato inicial del actor y su conversión en indefinido, así como en el documento obrante en el mismo acontecimiento 41, folio 17, consistente en un escrito dirigido al SEPE, asimismo en el acontecimiento 43, prueba codemandada, y en particular el documento 90, folio 71 del acontecimiento, consistente en un escrito dirigido al Sepe y que coincide con el documento anterior.

Se apoya dicha pretensión de revisión respecto de las funciones del actor en el acontecimiento 41, folio 1, correspondiente al correo que el actor remite a la recurrente, folio 2, perfil del actor en Linkendin y al acontecimiento 43 -ramo de prueba de la codemandada- documento número 9, folio 71.

Respecto a la antigüedad, no puede prosperar la modificación solicitada. Se trata de un dato controvertido, por lo que la Magistrada de instancia tuvo que valorar el conjunto de la prueba, producto de cuya valoración reflejó en el relato fáctico diferentes circunstancias o datos, como dijimos anteriormente, que le permitieron llegar a concluir que la antigüedad correcta es la reflejada en la fundamentación jurídica cuarta (1-10-2023) por los razonamientos y valoración de prueba que se hace por la Juzgadora en dicho apartado.

Lo que ahora se pretende por la parte recurrente es que la Sala valore un gran número de prueba para llegar a una conclusión contraria a la de la Juez a quo sobre la antigüedad reconocida. No se deduce la antigüedad pretendida de un documento concreto, sino que requiere valoración y conclusión, tarea propia de la Juez a quo y no de la Sala. Tampoco se han pretendido incluir datos concretos diferentes a los que constan en el relato fáctico que permitan estimar un error en la valoración de la prueba por parte de la Juzgadora.

Esta valoración nueva de la prueba a efectos de la antigüedad se deduce de los razonamientos que la empresa realiza en este motivo de recurso, que son propios de la instancia, pero no de la revisión en el recurso extraordinario de suplicación.

En cuanto a las funciones del actor, se pretende por la parte recurrente, como ocurría en el caso de la antigüedad, que la Sala admita sus alegaciones y haga una valoración general de lo actuado en la instancia, mencionando incluso prueba testifical, inhábil en el recurso de suplicación, para llegar a una conclusión contraria a la de la Magistrada de instancia. Por tanto, lo que se pretende realmente en este motivo de recurso es atacar una valoración de la prueba por parte de la Juez a quo plasmada en la fundamentación jurídica.

QUINTO.- Con el mismo amparo procesal se interesa la revisión del octavo de los hechos declarados probados, proponiéndose su supresión y la redacción alternativa siguiente.

" El actor y la codemandada DAVOS PROTECCION S.L. suscribieron dos documentos diferentes, ambos dirigidos al SEPE; el primero de ellos establece en su parte expositiva:

Primero: que D. Julián ha venido prestado sus servicios profesionales hasta la fecha de esta Pacto, a

través de contrato indefinido a tiempo completo desde el 1/10/2008.

Segundo: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores , mediante el presente escrito, le comunicamos que as partir del próximo 19 de mayo de 2022 pasara a formar parta de la empresa DAVOS PROTECCION S.L. con número de identificación fiscal B45890092 quien se subrogará en la relación laboral que Ud mantenía con pasando a partir de dicha fecha a la plantilla de la mercantil con una jornada laboral de 162 horas al mes.

Tercero.-La empresa se compromete con el trabajador a mantener la totalidad de derechos y obligaciones que ostentaba con la empresa anterior manteniéndole la antigüedad, salario y categoría profesional."

El segundo de los documentos establece en su parte dispositiva: Primero: que D. Julián ha venido prestado sus servicios profesionales hasta la fecha de esta Pacto, a través de contrato indefinido a tiempo completo desde el 1/10/2008 .

Segundo: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores , mediante el presente escrito, le comunicamos que as partir del próximo 19 de mayo de 2022 pasara a formar parta de la empresa DAVOS PROTECCION S.L. con número de identificación fiscal B45890092 quien se subrogará en la relación laboral que Ud mantenía con pasando a partir de dicha fecha a la plantilla de la mercantil con una jornada laboral de 162 horas al mes.

Tercero.- Antigüedad reconocida a todos los efectos:

El trabajador D. Julián, actualmente responsable de los servicios de seguridad que se realizan para el Cliente Ayuntamiento de Valladolid y teniendo en cuenta la aceptación por parte de esta administración de la cesión del contrato, atendiendo a que esta situación se ha producido por el buen ejercicio de las funciones realizadas, se le reconoce a todos los efectos incluidos los del cálculo de la indemnización por despido que procediera, una antigüedad en la empresa de fecha 1 de Octubre de 2.003. "

La empresa DAVOS PROTECCION S.L. en la documentación remitida a VASBE S.L. únicamente le remitió el primero de los escritos sin que conste que ninguno de los dos documentos fuese presentado ante el SEPE ."

Se apoya dicha pretensión en los documentos acontecimiento 40 -ramo de prueba del actor- folio 83 documento dirigido al SEPE (sin sello); acontecimiento 41- ramo de prueba de esta parte- documento número 1, folio 17 consistente en un escrito dirigido al SEPE, asimismo en el acontecimiento 43, -prueba codemandada- y en particular el documento 90, folio 71 del acontecimiento consistente en un escrito dirigido al Sepe y que coincide con el documento anterior.

Alega la recurrente en este motivo de recurso destinado a la revisión fáctica lo siguiente:

" La Sentencia de instancia recoge en el octavo de los hechos declarados probados que el 1/6/2022 se presentó ante el SEPE, extremos totalmente incierto que evidencia el error sufrido pues ninguno de los documentos, contiene sello de registro ni validación electrónica que acredite su

presentación.

Como se evidencia de los documentos, existe un primero, que es el aportado por el actor, donde la empresa partiendo de una antigüedad de 1/10/2008 (a todas luces incierta pues como se evidencia en el motivo anterior la antigüedad real es 1/10/18 (vida laboral y contrato inicial))le reconoce una antigüedad de 1/10/2003; el segundo de los documentos (que es el aportado por la codemandada y el que nos entregó la misma con los documentos a subrogar también parte (punto primero del documento) de la incierta antigüedad de 1/10/2008 sin que en el punto tercero del documento se reconozca otra antigüedad.

En el acto del juicio esta parte impugnó la antigüedad reclamada así como los documentos aportados en que se apoyase la antigüedad que se postulaba de contrario.

La modificación del hechos es trascendente, pues en primer lugar se evidencia el error sufrido en cuanto la real y efectiva presentación de los documentos ante el SEPE, se evidencia la contradicción entre ambos documentos, circunstancia que la Sentencia recurrida obvia pues solo se

refiere a uno de ellos en el hecho probado obviando cualquier referencia al segundo documento y en tercer lugar se evidencia que la codemandada DAVOS PROTECCION S.L. sólo remitió a mi principal el segundo de los documentos.

En definitiva, el motivo debe de prosperar y por ende el Recurso".

Se rechaza esta modificación por las mismas razones dadas al resolver el anterior motivo. Lo que se pretende con el texto propuesto, al menos en su final, es reflejar opiniones y valoraciones impropias de un recurso de suplicación, correspondiéndose en este punto más con un recurso de apelación. Por otro lado, la Juez a quo ya ha podido valorar dichos documentos obrantes en autos y de la impugnación del recurso no parece que sea discutido que no tenían sello pues son los originales enviados al SEPE.

SEXTO.- Al amparo de lo dispuesto en la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se denuncia por la parte recurrente la infracción de lo establecido en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y los artículos 14 Y 52 del Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad Privada vigente en ese momento (BOE 29/12/2021) y artículos 29.g) y k) del citado Convenio, en relación a dicho apartado g), con el artículo 95 del Reglamento de Seguridad Privada publicado en el BOE de 10/01/1995 y que obra unido a las actuaciones en el acontecimiento 41 -ramo de prueba de esta parte-, documento número 10, folio 99.

Alega la empresa recurrente lo siguiente:

" La Sentencia recurrida determina que el actor debe de ser subrogado sin efectuar mención alguna, ni en los fundamentos de derecho ni en el relato fáctico no combatido

a las funciones que realiza el actor y si estaba o no realmente adscrito a la contrata; señala la Sentencia que el hecho de no figurar en el pliego de condiciones técnica no supone,"per se" y en base a la reciente Jurisprudencia de la Sala que no debe de ser subrogado; ahora bien, dicho esto, si el actor no figura en el listado de personal a subrogar es preciso determinar cuáles son las funciones que realizaba para concluir si el mismo estaba adscrito o no a la contrata. La Sentencia no determina las funciones del actor limitándose a señalar que, como por un lado fue subrogado de Gomsegur a Davos y por otro aun cuando sus funciones son las Jefe de Seguridad, ha realizado sustituciones ello determina que el mismo es subrogable.

En cuanto a la actividad que el actor realiza como vigilante, sólo acredita la realización de 24 horas en total los días 24, 25 y 26 de diciembre, 1 hora, 6 horas y 1 hora el día 16 de diciembre en diferentes servicios del Ayuntamiento, siendo el total anual que acredita de 32 horas tal y como consta en el vigésimo segundo de los hechos declarados probados en el cual la juzgadora toma en consideración los cuadrantes de mayo a diciembre aportados por esta parte. Si conforme establece el artículo 52 del Convenio Colectivo del sector, la jornada anual asciende a 1782 horas del actor sus funciones en el servicio han ascendido al porcentaje del 1,80 % de la jornada anual por lo que resulta imposible la adscripción del actor al servicio de vigilancia, o, en todo caso como se verá en un motivo posterior su adscripción será en el porcentaje de la real y efectiva prestación de servicios.

En cuanto a la realización de otros servicios, resulta probado, hecho décimo de los declarados probados, la existencia de un coordinador de los servicios de vigilancia de las dependencias municipales, es decir, la persona encargada de realizar los cuadrantes, proveer las sustituciones en el servicio y en definitiva resolver las incidencias que en el mismo se produjese, coordinador del servicio, D. Calixto que con tal carácter figura en las prescripciones técnicas del personal a subrogar junto con otros 17 vigilantes de seguridad, folios 7 y 116 del acontecimiento 41.

El actor, en definitiva no resulta probado que realizase función alguna como miembro de una unidad productiva autónoma de la empresa como la contrata que tenía con el Ayuntamiento de Valladolid, sino que al contrario, era el interlocutor de la empresa con el Ayuntamiento de Valladolid, circunstancia que no le integra en dicha unidad productiva.

Conforme establece el apartado k) del artículo 29 del Convenio Colectivo bajo el epígrafe personal directivo y titulado, las funciones del Delegado-Gerente "Es el trabajador que actúa como máximo representante de Empresa en un ámbito geográfico, funcional o en un área de negocio y asume las funciones de dirección, representación y organización en su ámbito de responsabilidad "funciones que realmente realizaba el actor pues como delegado-gerente figuraba en la antefirma de los correros que remitía, así figura en su perfil profesional y así lo reconoce la empresa expresamente en sus escrito al Ayuntamiento(acontecimiento 41 Folios y 2 acontecimiento 43 folio 71).

Como se evidencia del soporte audio/video la codemandada insiste en que el actor es la persona de la encargada del seguimiento del contrato con el Ayuntamiento, lo que corrobora la tesis de esta parte; la prueba testifical practicada con el Jefe de personal, minutos 47:29 al 48:11 determina que era el actor el interlocutor de la empresa con el Ayuntamiento lo que evidentemente no implica su integración en el servicio, antes al contrario, el actor efectúa el seguimiento del mismo en nombre de la empresa, pero es que además el actor era el interlocutor de la empresa con otros clientes y quien realizaba el seguimiento del resto del servicios de la empresa codemandadas -al menos, en la provincia de Valladolid - minuto 50:45 al minuto 51:45 como expresamente reconoce el Jefe de Personal, así teniendo reconocido que el actor era el encargado del seguimiento del contrato e interlocutor de la empresa con otros clientes como la Real Chancillería, algunas bodegas, Intel y otros servicios, evidenciándose el error de la Juzgadora - dicho sea con los debidos respetos- al asimilar al Interlocutor de la empresa con un integrante de la contrata; como se deprende del hecho décimo de los declarados probados, el número de empleados que prestaban servicio para el Ayuntamiento eran 18 mientras que el número de vigilantes que prestaban servicios en toda la provincia de Valladolid -hecho vigésimo primero de los declarados probados- fueron 55, 52 y 53 trabajadores en los meses de Octubre, noviembre y diciembre de 2022; tal y como ha quedado acreditado y expresamente reconocido por el Jefe de personal, el actor era el interlocutor de la codemandada no solo con el Ayuntamiento sino con todos los servicios que la empresa tenía en la provincia de Valladolid, por lo que evidentemente no existía adscripción alguna a la contrata del Ayuntamiento pues

1) fuera de los mismos tenía bajo su dependencia y supervisión prácticamente tres veces más trabajadoras

2) y por otra parte las funciones que realizaba no estaban integradas en la contrata sino que eran funciones de control de todos los servicios de la empresa sirviendo de interlocutor en nombre de la empresa con el cliente, existiendo, al menos en el servicio del Ayuntamiento un coordinador de los vigilantes distinto del actor.

Como ya hemos visto las funciones que realmente realizaba eran las de Delegado, pero aun cuando nos atuviésemos a las de la categoría que formalmente ostentaba -jefe de seguridad, tampoco ello supone adscripción alguna al servicio. el Convenio Colectivo define en el artículo 29, y bajo el epígrafe personal directivo, titulado y técnico en su apartado g al Jefe de Seguridad como sigue g) Jefe de Seguridad. Es de quien, dependen los servicios de seguridad y el personal operativo de la Empresa, siendo además el responsable de la preparación profesional del personal operativo habilitado. Debe contar con la habilitación exigida por el Ministerio del Interior.

De la lectura del mismo se evidencia con palmaria claridad que el Jefe de Seguridad no estás adscrito a un servicio sino que sus funciones están integradas en el ámbito general de la empresa siendo de quien dependen los vigilantes y los servicios -servicios en plural- siendo en consecuencia un único Jefe de Seguridad por empresa el que realiza esas funciones y que exceden del ámbito de una contrata determinada; en cuanto la regulación legal la misma viene establecida en el Reglamento de Seguridad privada aprobado por el Real Decreto 2364/1994 de 9 de octubre -toda vez que el Reglamento al que se refiere la vigente ley de Seguridad Privada - Ley 5/2014 de 4 abril, no ha desarrollado aún el reglamento previsto en la misma, resultando vigente el anterior. El citado Reglamento define en su artículo 95 Funciones.

1. A los jefes de seguridad les corresponde, bajo la dirección de las empresas de que dependan, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y programación de las actuaciones precisas para la implantación y realización de los servicios de seguridad.

b) La organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad privada.

c) La propuesta de los sistemas de seguridad que resulten pertinentes, así como la supervisión de su utilización, funcionamiento y conservación.

d) El control de la formación permanente del personal de seguridad que de ellos dependa, proponiendo a la dirección de la empresa la adopción de las medidas o iniciativas adecuadas para el cumplimiento de dicha finalidad.

e) La coordinación de los distintos servicios de seguridad que de ellos dependan, con actuaciones propias de protección civil, en situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad pública.

f) Asegurar la colaboración de los servicios de seguridad con los de las correspondientes dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

g) En general, velar por la observancia de la regulación de seguridad aplicable.

h) La dirección de los ejercicios de tiro del personal de seguridad a sus órdenes, si poseyeran la cualificación necesaria como instructores de tiro.

2. A los directores de seguridad les corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los apartados a), b), c), e), f) y g) del artículo anterior.

Incluso el Reglamento recoge otra figura inferior a la que formalmente ostenta el actor que es el Director de Seguridad, con las mismas funciones que el Jefe de Seguridad de la empresa excepto el control de la formación de los vigilantes y la dirección de los ejercicios de tiro.

Queda también claro, al igual que con el texto del Convenio, que el Jefe de Seguridad tiene funciones de generalidad en el ámbito de la empresa y no está adscrito a ningún servicio ni puede estarlo por la propia naturaleza de las funciones que tanto el Convenio como el Reglamento le atribuye, pero no sólo él, sino ninguno de los puestos definidos en el artículo 29 del Convenio- Personal directivo, titulado y técnico- siendo evidente que el actor no pude ser Jefe de Seguridad de una contrata concreta, máxime con una plantilla que supone menos de una tercera parte de la plantilla de La empresa en la provincia de Valladolid, provincia en la que, al menos, desempeña el control de las distintas contratas.

En consecuencia, ni por las funciones que realiza (delegado) ni por la categoría que formalmente ostenta (Jefe de Seguridad), puede adscribirse al actor a una contrata (máxime cuando en la misma ya existe un coordinador de servicios), sin que haya acreditado la realización de otras funciones -amen del esporádico servicio de 32 horas que exclusivamente en el mes de Diciembre realizó como Vigilante-, distintas a las de interlocutor de la empresa con el Ayuntamiento, junto con el resto de clientes de la empresa al menos en la provincia de Valladolid por lo que se produce la infracción denunciada debiendo de prosperar el motivo y por ende el Recurso.

Por último señalar, de forma subsidiaria, que en caso de estimarse la subrogación únicamente cabria en el porcentaje de 1,89% al ser el porcentaje de jornada anual de 1782 horas (artículo 52 del Convenio del sector) resultante de las 32 horas trabajadas adscrito al servicio como vigilante en el año.

Este motivo de recurso va a ser desestimado. Partimos de que el actor ostentaba la categoría de Jefe de Seguridad y que, como se valora en la sentencia de instancia, la normativa vigente no prohíbe que exista un jefe de seguridad en la empresa para algunos servicios o actividades de seguridad, tal y como prevé el artículo 35 de la Ley de Seguridad Privada, aunque no haya habido un desarrollo reglamentario. Igualmente hemos de tener en cuenta que el actor, tal como consta en el hecho probado vigésimo segundo, sí realizaba en ocasiones servicios de vigilancia. En el fundamento de derecho tercero se recoge una de las conclusiones a las que llega la Juez tras la valoración del conjunto de la prueba, entre ella la prueba testifical, cuya valoración es exclusiva de la Juez a quo, que " el actor -cuyas funciones eran las de jefe de seguridad- realizaba sustituciones de los vigilantes cuando el servicio lo requería (documento 8 del acontecimiento 41 del expediente digital)". Aunque en el relato fáctico se hayan citados unas horas concretas de sustitución de vigilantes, lo cierto es que en la fundamentación jurídica se habla de forma más genérica sobre la sustitución de vigilantes y, constando que la jornada del actor era del 100%, la subrogación debe ser en dicho porcentaje.

Esta circunstancia llevó a DAVOS a incluirlo entre los trabajadores subrogables por la empresa que se iba a hacer cargo del servicio, al entender que estaba adscrito al servicio de vigilancia del Ayuntamiento de Valladolid.

La categoría de Jefe de Seguridad no consta excluida expresamente a los efectos que nos ocupan (subrogación) y, por el contrario, el Convenio Colectivo de aplicación en su artículo 14 establece al tratar la subrogación de servicios lo siguiente: " En virtud de la subrogación del personal, la nueva adjudicataria está obligada a integrar en su plantilla, subrogándose en sus contratos de trabajo, a los trabajadores de la empresa cesante en el servicio, cualquiera que sea la modalidad de contratación y/o nivel funcional de los trabajadores ".

En consecuencia, no se aprecia la infracción de normas denunciada en el recurso, debiendo desestimarse el recurso por las propias razones expuestas en la sentencia de instancia, que la Sala estima conforme a la legislación aplicable.

SÉPTIMO.- Al amparo de lo dispuesto en la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, de forma subsidiaria y partiendo de que la antigüedad del actor data de 1/10/2018, se denuncia por la parte recurrente la infracción de lo establecido en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores y dice que, tomando como base la cantidad de 100,18 € diarios que fija la Sentencia recurrida (penúltimo párrafo del fundamento jurídico cuarto), la indemnización correspondiente ascendería a 8.849,23 €, y no la fijada en Sentencia.

Este motivo de recurso se desestima, dado que no se ha modificado la fecha de la antigüedad en el motivo de recurso destinado a la revisión fáctica.

Por lo expuesto

EN NOMBRE DEL REY,