Sentencia Social 3817/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 7741/2022 de 13 de junio del 2023

PRIMERO.- La sentencia estimó parcialmente la demanda en la que articulaba acción el actor, ahora recurrido, y reconoció su derecho a percibir indemnización, en suma de 100.000 euros, por responsabilidad por incumplimiento respecto a accidente de trabajo que causó el daño condenando de forma exclusiva a su empleadora HOTEL BELVEDERE SALOU, S.L.

Acogiendo excepciones de falta de legitimación pasiva absolvió a las codemandadas MAPFRE SEGUROS GENERALES COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (en adelante MAPFRE), con quién la empleadora había concertado seguro de responsabilidad civil empresarial, con efectos de 01/04/2015, porque el accidente de trabajo causante de los daños a indemnizar se había producido en 14/09/2014, por tanto antes de la vigencia de la póliza.

Y a PLUS ULTRA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (en adelante PLUS ULTRA) aplicando cláusula de delimitación temporal de responsabilidad que limitaba la responsabilidad subrogada de la aseguradora por las reclamaciones posteriores a un año desde la extinción de la vigencia del contrato de seguro que lo fue en 01/04/2015. Y ello tras considerar y concluir la plena vigencia y virtualidad de la cláusula de delimitación temporal y que la noticia del siniestro se le hubiese transmitido a través de la ampliación de la demanda en 24/05/2021, mas de seis años después de la producción del accidente de trabajo.

Contra la anterior resolución se alza en suplicación exclusivamente la empleadora y en la parte en que absuelve a la codemandada PLUS ULTRA pretendiendo la inhabilidad de la que dice presunta cláusula de limitación temporal de responsabilidad de la misma.

El recurso ha sido impugnado por ambas compañías de seguro y por el trabajador, pretendiendo este su estimación en la parte en que postula la responsabilidad de PLUS ULTRA.

Con ello, a pesar de que el conflicto que enfrentó y resolvió el magistrado sentenciador tuvo múltiples aristas ha quedado en la vía del recurso a la potencial virtualidad de limitación temporal de responsabilidad en el contrato de seguro suscrito entre empleadora y la seguradora PLUS ULTRA.

SEGUNDO.- Sistemática lógica impone estudiar en primer lugar el motivo del recurso que se articula con amparo procesal en el apartado a) del artículo 193 de la LRJS y que interesa la declaración de nulidad de la sentencia por la que se dice incongruencia omisiva que se identifica en la circunstancia de que la sentencia no dio respuesta expresa a cuestión que la recurrente articuló como motivo de oposición a la demanda y, concretamente, que el contrato de seguro suscrito con PLUS ULTRA no contenía clausula limitativa de responsabilidad como era que se hubiese comunicado o conocido el siniestro dentro del periodo de vigencia de la póliza o en el plazo de 12 meses a partir de la fecha de extinción del contrato.

Concluye que la sentencia debió dar respuesta expresa al motivo de oposición y si no lo hizo la omisión impone incongruencia omisiva que determina la nulidad de la sentencia.

Para el éxito del recurso de suplicación por quebrantamiento de forma contemplado en el artículo 193 a) de la LRJS, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

1º) Que en el procedimiento de instancia se haya infringido una norma procesal o una de las garantías procesales explícitas en la Constitución, sobre todo en el artículo 24, pero no basta con que el órgano judicial haya incurrido en una irregularidad formal, sino que es además necesario, que tal infracción determine la indefensión del afectado, ( STC 158/1989, de 5 de octubre). Indefensión no en sentido puramente formal, sino también material, que suponga una vulneración del artículo 24 de la Constitución ( STC 161/1985 de 29 de noviembre; 158/1989 de 5 de octubre y 124/1994 de 25 de abril). La indefensión consiste en un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación en que se impide a una parte, por el órgano judicial en el curso del proceso el ejercicio del derecho de defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción ( STC 89/1986 de 1 de julio).

2º) Que se cite por el recurrente la norma o garantía cuya infracción se denuncia, ( SS del tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1.988y 6 de junio de 1.990).

3º) Que el defecto procesal sea invocado, por la parte que, sin haberlo provocado, haya resultado perjudicada por el mismo, ( sentencias del Tribunal Constitucional 159/1988 de 19 de septiembre y 48/1990 de 20 de marzo).

4º) Que se haya formulado protesta en tiempo y forma.

Finalmente, en relación con la indefensión, debe recordarse que según el art. 238.3 de la LOPJ, para que proceda la nulidad de una resolución judicial es preciso que se prescinda de normas esenciales del procedimiento (audiencia, asistencia y defensa), siempre que de ello se derive efectiva indefensión para la parte recurrente. Por su parte, la doctrina constitucional exige que para decretar la nulidad de las actuaciones judiciales no basta con que se haya producido la infracción de una determinada norma procesal, sino que tal vulneración ha de producir una situación de indefensión, no meramente formal, sino material, requisito que en modo alguno se cumple en este caso.

No existe, por lo tanto, un derecho fundamental del justiciable a una determinada extensión de la motivación, puesto que su función se limita a comprobar si existe fundamentación jurídica y, en su caso, si el razonamiento que contiene constituye, lógica y jurídicamente, suficiente motivación de la decisión adoptada, cualquiera que sea su brevedad y concisión.

Ha concluido el Tribunal Supremo entre otras en las sentencias de 01/12/1998, o en la más reciente de 05/06/2000, que la obligación de congruencia que impone el art. 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, actual artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, debe valorarse siempre "en términos de comparación entre la pretensión procesal de las partes -lo que hace referencia a sus elementos integrantes de pedir, causa de pedir y hechos constitutivos- y la respuesta o Fallo judicial que debe guardar la debida correlación con la petición y causa de pedir del actor y con la "resistencia" del demandado.

Como reiteradamente ha afirmado el Tribunal Constitucional (entre otras muchas, STC 32/1992 , de 18 de marzo y 136/1998 de 29 de junio) al perfilar el alcance y contenido de la tutela efectiva judicial consagrada en el artículo 24 CE, el principio de congruencia obliga a los órganos judiciales a decidir conforme a lo alegado, sin que les sea permitido otorgar más de lo pedido, ni menos de lo resistido por el demandado, así como tampoco cosa distinta de lo solicitado por las partes.

Este segundo deber prohíbe a los jueces y tribunales modificar y alterar los términos del debate procesal, y, consecuentemente, asumir la iniciativa para pronunciarse sobre pretensión sobre las que la demandada no opuso resistencia". Y es que, en efecto, el instituto de la congruencia viene a definirse como la concordancia necesaria entre las pretensiones que constituyen el objeto de la contienda y la sentencia, a saber entre las acciones y medios de defensa o excepciones introducidas y opuestas en tiempo hábil por las partes, y los pronunciamientos del fallo o parte dispositiva de la sentencia, de forma que el Juez no puede introducir en el proceso cuestiones diferentes a las planteadas por los litigantes, bajo la sanción de incurrir en el vicio de incongruencia por abuso, exceso o desviación en el ejercicio de la jurisdicción, ni tampoco puede dejar de resolver todas las cuestiones planteadas en su momento por aquéllos, pues incurriría en la llamada incongruencia omisiva o por defecto.

Se dice que el juzgador incurrió en incongruencia omisiva cuando no dio respuesta a pretensión expresa de oposición a la demanda y sin considerar los argumentos desplegados en su fundamentación pero no le asiste la razón.

Es cierto que, respecto a este concreto extremo de la existencia y vigencia de la cláusula delimitadora del riesgo, la extensión del silogismo y la reflexión para rechazar el motivo es parca y transversal, pero el que esto sea así no permite el predicamento de ausente.

La reflexión para rechazar el motivo obstativo existe y el recurrente ha podido conocerla y como ya se ha dicho la dimensión de la respuesta judicial no esta obligada a ser mayor que la suficiente no se ha causado indefensión de clase alguna a la recurrente que ha podido, como efectivamente hace en los siguientes motivos del recurso, de censura fáctica y jurídica, la ausencia de la cláusula de delimitación temporal para la aseguradora en el contrato de seguro.

No se ha producido la incongruencia omisiva que se pretende, no se ha cercenado el derecho a la tutela efectiva y no se ha causado indefensión y, por tanto, procede la desestimación del motivo de nulidad.

TERCERO.- En el siguiente motivo del recurso se insta la revisión de los hechos probados, con fundamento en la letra b) del artículo 193 de la LRJS.

Conforme a la doctrina consolidada de esta Sala, para que prospere la revisión indicada de los hechos probados se requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

A) La existencia de un error del juzgador en la valoración de la prueba, de forma clara y precisa, no basado en conjeturas o razonamientos.

B) Que dicho error se base en documentos o pericias que consten en las actuaciones que lo pongan en evidencia.

C) Que el recurrente indique los párrafos a modificar, proponiendo una redacción alternativa que concrete su pretensión revisora.

D) Que los resultados que se postulen, aunque se basen en dichos medios de prueba, no queden desvirtuados por otras pruebas practicadas a lo largo del juicio, dado que en caso de contradicción ha de prevaler el criterio del juez de instancia, en tanto que la ley le reserva la función de valoración de las pruebas.

E) Que las modificaciones solicitadas sean relevantes y trascendentes para la resolución de las cuestiones planteadas.

La Sala de lo Social tiene una "cognitio" limitada de los hechos en el recurso de suplicación, y no puede valorar de nuevo toda la prueba practicada, debiéndose circunscribirse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, salvo que afecten al orden público procesal, por ejemplo, por incompetencia de jurisdicción, o por insuficiencia de los hechos declarados probados.

Concretamente el trabajador pretende nueva redacción para hecho probado sexto para que "in fine" se añada los siguiente:

"El contrato de seguro aportado por PLUS ULTRA SEGUROS al pleito, donde se recogen las condiciones particulares, especiales y generales, se encuentra sin firmar por la aseguradora y el tomador del seguro".

La modificación no ha de aceptarse porque a pesar de ver su certidumbre a la vista del contrato de seguro que aporta PLUS ULTRA y que figura a los folios 665 a 696 de las actuaciones de esta circunstancia ya da cabal noticia el hecho probado sexto que tiene, incluso, por reproducido el tenor de la póliza.

Lo propuesto contiene inasumible valoración jurídica sobre la naturaleza jurídica del contrato de seguro, sobre la interpretación de sus cláusulas generales o particulares y sobre el alcance de la responsabilidad de la aseguradora. Y sin perjuicio de la valoración jurídica que el contrato de seguro, obrante en los autos, merezca en el trámite de la censura jurídica que, al amparo del apartado c) del artículo 193 de la LRJS, realizan la parte recurrente y que obtendrá respuesta más adelante

CUARTO.- Como siguiente motivo del recurso, esta vez al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, plantea el recurso, con cita de infracción de los artículos 3, 16 y 73-2 de la LCS, en relación con el artículo 326-2 de la LEC, que la sentencia realiza incorrecta valoración de la circunstancia contractual temporal cuando concluyó que la responsabilidad de la aseguradora había extinguido, por transcurso del plazo fijado contractualmente, cuando trascurridos mas de seis años desde el accidente de trabajo la responsabilidad le fue exigida. Concretamente transcurrido el plazo de 12 meses a partir de la fecha de extinción del contrato de seguro, que se produjo, por llegada de su término de vigencia pactada, con efectos de 01/04/2015.

Plantea en esencia la parte recurrente como censura jurídica que la sentencia de instancia infringe los artículos 1001 y 1902 del Código Civil, en relación con la Ley 50/80, de 8 de octubre, de contrato de seguro y sostiene, en definitiva, que el contrato de seguro que suscribieron la tomadora recurrente y PLUS ULTRA no excluía expresamente, y con especial resalte como cláusula limitativa de responsabilidad, responsabilidad en el riesgo asegurado cuando se tuviese conocimiento de este después de transcurridos doce meses de la llegada de la vigencia temporal del contrato.

En definitiva la disputa se centra en la interpretación de las cláusulas especiales sobre la extensión de la cobertura de responsabilidad civil empresarial que las partes establecieron en el contrato.

Disputa que ha de resolverse partiendo del relato de la sentencia en el que sí se da noticia de cláusula del tenor pretendido por la recurrente.

Es cierto que estamos ante una cláusula limitativa y que, por tanto, no podría excluir la responsabilidad de siniestro que acece durante la vigencia de la póliza, aunque sus consecuencia se manifiesten o conozcan después. ¿Acaso ha asumido la aseguradora responsabilidad por siniestros que acaecieron antes de la suscripción del contrato por más el perjudicado reclame la reparación durante su vigencia?.

Por tanto habría de calificarse tal pacto como una cláusula limitativa, y no como una cláusula meramente "delimitadora", en el sentido establecido por las sentencias del TS de 30 de septiembre de 2005, 11 de septiembre de 2006, 26 de septiembre de 2008 y 23 de abril de 2009. Es decir, se trata de una cláusula que exclusivamente se dirige a establecer o delimitar el riesgo, en qué cuantía y durante qué plazo, cláusula que pertenece al ámbito de autonomía de la voluntad de las partes y que no está sometida a las exigencias del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro, sino que simplemente debe constar aceptada genéricamente.

El riesgo por responsabilidad civil de la tomadora del seguro estaba asegurado por el tenor literal del contrato de seguro. Tenor literal que no necesita de mayor complemento en cuanto la interpretación literal es la primera a la que ha de acudir el interprete y que utiliza con corrección el magistrado de instancia cuando concluye que el evento estaba asegurado.

Así hemos concluido con igual sustrato fáctico jurídico de partida que el que ahora nos ocupa en nuestra sentencia de 23/07/2013 (REC. 2821/2013), en la que puede leerse:

"En aras a dirimir la cuestión objeto de controversia, relativa a la interpretación del artículo 1.3 de las condiciones generales de la póliza suscrita entre la empleadora y la entidad aseguradora, procede reproducir su tenor literal, conforme al cual "el contrato de seguro surte efecto por daños ocurridos por primera vez durante el período de vigencia, cuyo hecho generador haya tenido lugar desde la fecha de efecto del contrato y cuya reclamación sea comunicada al asegurador de manera fehaciente en el período de vigencia de la póliza o en el plazo de doce meses a partir de la fecha de extinción, anulación o resolución del mismo".

La primera de las cuestiones suscitadas se refiere a la propia naturaleza de la cláusula a que nos venimos refiriendo, por cuanto por la entidad empresarial, al impugnar el recurso, se opone que aquélla resulta limitativa, lo que exigiría el cumplimiento de determinados requisitos para su aplicabilidad. Tal como recuerda la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2.007, la más reciente doctrina de dicha Sala (con referencia a sentencias de 16 de octubre de 2.000, 17 de abril de 2.001, 29 de octubre de 2.001 y 23 de noviembre de 2.004), "partiendo de la distinción entre las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado -sujetas al requisito de la específica aceptación por escrito por parte del asegurado que impone el artículo 3 Ley de Contrato de Seguro-, y cláusulas delimitadoras del riesgo, -susceptibles de ser incluidas en las condiciones generales y respecto de las cuales basta con que conste su aceptación por parte de dicho asegurado-, considera como cláusulas limitativas, y sujetas por tanto al requisito de aceptación escrita, aquellas cláusulas mediante las cuales se establece la suma asegurada como cantidad máxima a la que puede ascender el importe de la indemnización. Como señala la Sentencia de esta Sala de fecha 30 de diciembre de 2005, "del art. 8 LCS se desprende que en el régimen del contrato de seguro son conceptos distintos la "naturaleza del riesgo cubierto" ( art. 8.3 LCS) y la "suma asegurada o alcance de la cobertura " ( arts. 8.5 LCS). La fijación de la suma asegurada (elemento esencial de la póliza), cuando se establece como una restricción en relación con el alcance o valor real del daño producido por el siniestro, tiene carácter limitativo de los derechos del asegurado, dado que, con arreglo al artículo 27 LCS "la suma asegurada representa el límite máximo de la indemnización a pagar por el asegurador en cada siniestro", según explica la STS de 11 de febrero de 2002. Dichas cláusulas, en efecto, restringen el derecho del asegurado a la indemnización una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido".

Ahora bien, en el presente supuesto, tratándose de cláusula que exclusivamente se dirige a delimitar el riesgo, en qué cuantía y durante qué plazo, no se trata de cláusula limitativa, sino que pertenece al ámbito de autonomía de voluntad de las partes, no sometidas a las exigencias del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro , bastando con su aceptación genérica (doctrina contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2.005, 11 de septiembre de 2.006, 26 de septiembre de 2.008 y 23 de abril de 2.009). En el presente supuesto, ninguna duda ofrece el que la cláusula había sido expresamente aceptado por la tomadora del seguro, si bien concurren circunstancias fácticas específicas que conviene ponderar en aras a resolver el motivo formulado.

Valga como punto de partida que no compartimos las reflexiones de la juzgadora de instancia entorno a la inoponibilidad de la referida cláusula al tercero beneficiario de la póliza, así como en relación al dies a quo del plazo para efectuar aquella reclamación, considerando como tal la fecha de determinación de las secuelas definitivas, a partir de las cuales considera que sería dable exigir la responsabilidad objeto de cobertura. Así, en relación al primero de tales extremos, estimamos que la vigencia temporal de la póliza es aplicable a las reclamaciones de responsabilidad civil a causa de reclamaciones por accidentes de trabajo que dieran lugar a daños, y que fueran presentadas por los trabajadores. Ahora bien, nótese que lo que impone la cláusula a que nos venimos refiriendo es la comunicación de la reclamación a la aseguradora, por parte del obligado en virtud de la póliza, esto es, del tomador del seguro, lo que obliga a dirimir sobre la dinámica de las relaciones entre las partes que suscribieron la póliza una vez acaecido el accidente de trabajo.

Y tampoco estimamos que el dies a quo para efectuar la reclamación sea la fecha de consolidación de las secuelas, en aplicación de la jurisprudencia unificadora, que, tratándose de incapacidades permanentes derivadas de accidentes de trabajo y mejora voluntaria pactada en convenio colectivo y asegurada con póliza mercantil, superando anterior doctrina (entre otras muchas, sentencias del Tribunal Supremo de 28 de enero y 12 de junio de 1.997 , 12 de febrero , 18 de marzo y 6 de octubre de 1.998 , y 2 de febrero de 1.999), a partir de la sentencia del Alto tribunal de 1 de febrero de 2.000 , ha declarado que la fecha del hecho causante es aquélla en que acontece el accidente de trabajo, distinguiendo entre el accidente como riesgo asegurado (coincidente con la fecha de su producción, que determina la aseguradora) y el efecto dañoso o daño indemnizado o efectos de la actualización del riesgo (la incapacidad o la muerte) que puede aparecer con posterioridad ( sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2.010, con cita de las sentencias de la Sala Primera de 17 de junio de 1.993 y 6 de febrero de 1.995, y de la Sala Cuarta de 25 de junio de 2.001, 15 de diciembre de 2.003, 12 y 24 de mayo , y 25 de septiembre de 2.006, 30 de abril de 2.007, 24 de septiembre de 2.008, 19 de enero de 2.009).

En aplicación de esta doctrina, estimamos que si la fecha del hecho causante de la incapacidad permanente, en aras a delimitar el riesgo asegurado, es la fecha del accidente, teniendo la cláusula que venimos interpretando el carácter asimismo de delimitadora de aquel riesgo, debe contextualizarse en aquel momento temporal, que, siendo el referente para dirimir sobre la cobertura del riesgo (problema éste no suscitado en la presente litis), debe asimismo serlo para la fijación del dies a quo del plazo para la reclamación a la aseguradora. A ello cabe añadir, a los meros efectos dialécticos, que aunque se entendiese que el dies a quo para la reclamación comenzaba en la fecha de consolidación de las secuelas -tesis que no compartimos-, habiéndose reconocido al trabajador en situación de incapacidad permanente total en fecha 10 de marzo de 2.011, la reclamación tampoco se habría producido hasta transcurrido más de doce meses desde aquélla, por lo que el argumento esgrimido por la juzgadora de instancia exoneraría a la aseguradora de responsabilidad.

(...).

A mayor abundamiento, hemos tenido ocasión de pronunciarnos sobre un supuesto similar al que nos ocupa, en que se trataba de interpretar idéntico clausulado al que resulta objeto del recurso. En concreto, en la sentencia de 14 de febrero de 2.011 ( sentencia 1181/2011), en relación a la cláusula en que se establecía la cobertura de los daños ocurridos por primera vez durante el período de vigencia, cuyo hecho hubiese tenido lugar "después de la fecha de efecto del contrato y cuya reclamación fuese comunicada al asegurador de manera fehaciente en el período de vigencia de la póliza o en el plazo de doce meses a partir de la fecha de extinción del contrato", concluimos que habiéndose producido la reclamación transcurrido en exceso el referido período temporal, no procedía declarar la responsabilidad de la entidad aseguradora. En el mismo sentido, cabe citar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, Burgos, de 15 de marzo de 2.011

Con ello el recurso en este ámbito también ha de rechazarse.

QUINTO.- El íntegro rechazo del recurso de la condenada así formulado determina, junto a la pérdida del depósito y consignación efectuados, la condena en costas del recurrente en cuantía de 400,00 euros ( artículos 203 y 235 de la LRJS) para atender el pago de los honorarios del letrado del trabajador que impugnó el recurso.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.