Sentencia Social 6431/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 4247/2023 de 14 de noviembre del 2023

PRIMERO.- Contenido y objeto del recurso.

Se articula recurso por la representación de Santos contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social sobre la base de diferentes motivos: al amparo de la letra b) del artículo 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante, LRJS) pretende la revisión de los hechos declarados probados (en adelante, HDP); y en motivo al amparo de la letra c) de la misma norma, se alega infracción de los artículos 14 y 24.1 de la Constitución (en adelante, CE), el 4.2.g y 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET), y el 96.1 y 182.1 LRJS. Pretende la revocación de la sentencia y la consiguiente estimación de la demanda origen del proceso.

El recurso ha sido impugnado por la representación de TAISA LOGISTICS 1960, S.A. al entender que la sentencia ha valorado correctamente la prueba practicada y aplicado adecuadamente el derecho. Ha sido parte en el proceso el MINISTERIO FISCAL.

La demanda origen del presente procedimiento pretendía la declaración de existencia de vulneración del derecho fundamental a la igualdad en perjuicio de los trabajadores de transportes -colectivo del que forma parte el demandante- respecto a los trabajadores de la empresa, en administración del centro de Lleida, y respeto a trabajadores de transportes del centro de trabajo de Guadalajara, con indemnización por daño moral en cuantía de 5.000 euros.

La sentencia ahora recurrida entiende que no han quedado suficientemente acreditados hechos que puedan sustentar la existencia de la vulneración señalada, razón por la que desestima la demanda.

SEGUNDO.- Los Hechos declarados probados: Propuesta de modificación.

En cuanto a la pretendida modificación de HDP que propone el recurso, debe en primer lugar razonarse que, con carácter general, el órgano que conoce del recurso extraordinario de suplicación no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, pues es a quien ha presidido el acto del juicio en la instancia a quien corresponde apreciar los elementos de convicción para establecer la verdad procesal intentando que la misma se acerque lo más posible a la verdad material. Ahora bien, tal principio debe ser matizado en el sentido de que el Tribunal "ad quem" está autorizado para revisar las conclusiones fácticas cuando los documentos o pericias citados por la parte recurrente pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en el que ha incurrido la sentencia recurrida, o la irracionalidad o arbitrariedad de sus conclusiones: De otra forma carecería de sentido la previsión del artículo 193.b) de la ley procesal.

Además, debe señalarse que la jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de constituir doctrina pacifica, que para estimar este motivo es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto, el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Criterios estos que han sido reafirmados por la reciente sentencia 90/2022 del Tribunal Supremo, de 1 de febrero, Recurso 2429/2019.

El recurso propone que se modifique el HDP 7º para que el mismo tenga el siguiente contenido:

"SEPTIMO. - En fecha 20-7-2020 el delegado de personal reclamó a la dirección de la empresa la equiparación salarial de los conductores de Lleida con los conductores de Guadalajara. En fecha 8-2-2022 el actor y el Sr. Juan Miguel remiten escrito a la Dirección de Recursos Humanos manifestando la pérdida de vigencia del acuerdo suscrito en fecha 28-11-2015"

Sustenta la propuesta en prueba documental, consistente en un escrito, de 27-7-2020, en el que se solicita a la empresa el incremento salarial y la justifica en que pone de manifiesto la existencia de un desacuerdo en la materia, que entiende que está precisamente en el origen de la diferencia salarial.

El escrito de impugnación pone de manifiesto que la propuesta es totalmente intrascendente por cuanto la existencia de una petición no implica que la empresa deba obligatoriamente atender a la misma.

En la Sala entendemos que no procede la modificación propuesta por cuanto es totalmente intrascendente, dado que por sí misma no acredita la existencia del trato desigual, y tampoco -por ahora- la existencia de una vulneración del derecho a la indemnidad, en el sentido como el recurso alega que precisamente la petición de igualdad retributiva estaría en el origen de la denunciada desigualdad.

Propone también el recurso la adición de un nuevo HDP 8º con el siguiente contenido:

"OCTAVO.- El Sr. Agapito, del departamento de administración, en enero de 2018 tenía establecido un plus personam por importe de 2199,27 euros de carácter mensual. En el mes de diciembre de 202, el importe del plus ad personam era por importe de 2.377,30 euros con carácter mensual. La Sra. Esmeralda, del departamento de administración, en enero de 2018 tenía establecido un plus ad personam por importe de 850,83 euros de carácter mensual. En el mes de diciembre de 2022 el importe del plus ad personam era por importe de 1.009,80 eros con carácter mensual".

Sustenta la propuesta en prueba documental y la justifica en el sentido de que vendría demostrar la existencia de distinto trato en materia retributiva entre los conductores y el personal de administración.

El escrito de impugnación viene a señalar nuevamente la intrascendencia de la propuesta.

En la Sala entendemos que no puede prosperar la pretensión porque es totalmente intrascendente en tanto que no aporta elementos que pongan de manifiesto la existencia de un trato desigual en materia retributiva carente de justificación.

Se desestiman los motivos de recurso relativos a los HDP.

TERCERO.- La normativa aplicable al caso.

Por cuanto aquí interesa, el ET establece:

Artículo 4. Derechos laborales.

2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:

g) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo.

Artículo 17. No discriminación en las relaciones laborales.

1. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con la empresa y lengua dentro del Estado español.

Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.

El incumplimiento de la obligación de tomar medidas de protección frente a la discriminación y la violencia dirigida a las personas LGTBI a que se refiere el artículo 62.3 de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI dará lugar a la asunción de responsabilidad de las personas empleadoras en los términos del artículo 62.2 de la misma norma.

La LRJS establece:

Artículo 96. Carga de la prueba en casos de discriminación y en accidentes de trabajo.

1. En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón de sexo, orientación o identidad sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, acoso y en cualquier otro supuesto de vulneración de un derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Artículo 182. Sentencia.

1. La sentencia declarará haber lugar o no al amparo judicial solicitado y, en caso de estimación de la demanda, según las pretensiones concretamente ejercitadas:

a) Declarará la existencia o no de vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, así como el derecho o libertad infringidos, según su contenido constitucionalmente declarado, dentro de los límites del debate procesal y conforme a las normas y doctrina constitucionales aplicables al caso, hayan sido o no acertadamente invocadas por los litigantes.

b) Declarará la nulidad radical de la actuación del empleador, asociación patronal, Administración pública o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada.

c) Ordenará el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales o a libertades públicas, o en su caso, la prohibición de interrumpir una conducta o la obligación de realizar una actividad omitida, cuando una u otra resulten exigibles según la naturaleza del derecho o libertad vulnerados.

d) Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos señalados en el artículo 183

La LEC establece:

Artículo 217. Carga de la prueba.

1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.

2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.

3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.

4. En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente.

5. En aquellos procesos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del sexo, la orientación e identidad sexual, expresión de género o las características sexuales, y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar informe o dictamen de los organismos públicos competentes.

6. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes.

7. Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio.

CUARTO.- Análisis del derecho aplicado por la sentencia. Recurso e impugnación.

1.- Por cuanto ahora interesa, la sentencia, tras explicar la jurisprudencia sobre la igualdad en materia salarial, razona que:

"... de acuerdo con la doctrina de las citadas sentencias del Tribunal Constitucional 34/1984 , 2/1998 y 107/2000 que "en la medida en que la diferencia salarial no posea un significado discriminatorio por incidir en alguna de las causas prohibidas por la Constitución o el Estatuto de los Trabajadores, no puede considerarse como vulneradora del principio de igualdad".

En el presente caso respecto a los trabajadores de transporte del centro de Guadalajara no se produce diferencia de trato puesto que a ambos centros les es de aplicación el CC de sector en el ámbito de su provincia, y el hecho de que el abono de las dietas -en ambos casos de abono superior al convenio, sea superior en el caso de los trabajadores de Guadalajara, la empresa ha justificado que dicho importe superior derivaba de que los trabajadores procedían de la empresa AGUAS SOLAN DE CABRAS y mantenían como derecho adquirido el importe de las dietas que se les abonaba en su empresa de procedencia, lo que no ha sido controvertido por la parte actora.

Respecto al colectivo de administración del centro de Lleida tampoco se ha producido diferencia de trato en el sentido que afirma la parte actora, conforme se les han ido aplicando incrementos salariales de 2017, habida cuenta que de la prueba practicada se consta que no ha habido ningún incremento entre 2018 y octubre de 2022, y que los atrasos de noviembre de 2022 también lo han percibido el colectivo de transportes. Asimismo, la diferencia de trato alegada no tiene carácter discriminatorio ni se ha alegado la presencia del móvil discriminatorio en el sentido del inciso final del art. 14 CE . Se trata de una diferencia establecida por la empresa, la exclusión de la aplicación del CC a los trabajadores de administración y su sujeción al Sistema de Gestión Personalizada que se ha instrumentalizado mediante un acuerdo voluntario con los trabajadores afectados ( art. 31.1c) ET )."

2.- El recurso denuncia la infracción de los artículos 14 y 24.1 CE, el 4.2.g y 17.1 ET, y 96.1 y 182.1 LRJS. Se centra ahora en explicar qué ha sido vulnerado el artículo 24 CE, vertiente de vulneración de la indemnidad, en la medida en que entiende que la diferencia de trato salarial deriva precisamente de haber reclamado en varias ocasiones la igualdad, en tanto que -dándose la circunstancia de que no existieron incrementos salariales del convenio colectivo aplicable- se aumentó la retribución de aquellas personas que no reclamaron directamente a la empresa, mientras que se mantuvo congelado el salario de quienes formularon reclamación. Ello implicaría un trato desigual sin justificación alguna de carácter objetivo, por lo que la única que se puede entender como razonable es la respuesta a la actitud reivindicativa del demandante y sus compañeros.

3.- El escrito de impugnación razona que el recurso plantea ahora de manera intempestiva y extemporánea la vulneración del derecho a la indemnidad, lo que no había sucedido ni en la demanda ni en el acto del juicio, y ello impide que se plantee en sede de suplicación. Pone de manifiesto que el demandante ha recibido atrasos en el mes de noviembre de 2022, y percibe retribuciones que están por encima del convenio colectivo aplicable, existiendo un complemento ad personam, y existe un acuerdo salarial aplicable al centro de trabajo que mejora las dietas y las horas de disponibilidad. No existe en consecuencia congelación salarial. Las personas del centro de Guadalajara tienen su relación laboral regulada por un convenio colectivo distinto, lo cual implica diferencias en la resolución.

Recuerda que en materia retributiva la desigualdad para ser relevante tiene que estar fundamentada en alguna de las causas torpes previstas por el art 14 CE. Termina señalando que no puede ser estimado el recurso en tanto que no concreta las cantidades que deberían ser objeto de condena y ni siquiera introduce parámetros de cálculo para las mismas.

Por fin señala que no procede indemnización alguna en concepto de daños.

QUINTO.- La posición de la Sala.

En la Sala entendemos que debemos desestimar el recurso.

En primer lugar, debemos dejar constancia de que ni la demanda, ni el recurso concreta su pretensión más allá de una declaración genérica de existencia de trato desigual, y ello por sí mismo, ya impediría la estimación de la pretensión. Pero es que además no existe ningún elemento de prueba que lleve a nuestra convicción la idea de que existe diferencia salarial basada en causa de discriminación. Ciertamente nos ha sorprendido que se plantee en esta sede el tema de la vulneración del derecho a la indemnidad, pues no hemos visto referencia a la misma en la demanda, ni tampoco en la sentencia se hace referencia a que haya sido un tema planteado en el acto del juicio: ello como apunta el escrito de impugnación implica que no puede ser analizado ahora pues no existe ningún tipo de pruebas, ni siquiera indicios, de qué tal vulneración haya sucedido.

Lo cierto es que el proceso alcanza unos niveles de inconcreción desde el punto de vista de la demanda y de las pretensiones de la parte actora que hace difícil un pronunciamiento. Continuamente nos recuerda los conflictos de intereses que, por mandato legal, quedan lejos de la posibilidad de acudir a la jurisdicción por la vía del conflicto colectivo: en el presente caso todo apunta a que se trata más de un conflicto que subyace en la empresa en el sentido de que una parte de la plantilla desearía estar mejor retribuida, que a una situación real de vulneración del principio de igualdad: no olvidemos que existen distintas retribuciones derivadas de distintas normas convencionales e incluso existe un pacto de empresa (o mejor, dos, uno para el personal administrativo y otro para el resto) en el que se ha acordado un sistema que mejora el convenio colectivo.

En definitiva, no existe prueba en el proceso sobre la que pueda construirse el convencimiento de la existencia de vulneración del derecho a la igualdad, o del derecho a la indemnidad.

En razón a ello entendemos que debemos ratificar la decisión alcanzada por la sentencia recurrida y desestimar el recurso planteado contra la misma.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.