Sentencia Social 5784/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 1446/2023 de 16 de octubre del 2023

PRIMERO.- Objeto del recurso.

La sentencia de instancia desestimó las acumuladas demandas interpuestas por SEAT, S.A. y su trabajadora Sra. Belinda, ratificando la imposición administrativa de un recargo del 40% sobre prestaciones derivadas del accidente de trabajo sufrido por la trabajadora.

Frente a la citada sentencia la empresa formula el presente recurso de suplicación, en el que solicita la revocación de la misma y la estimación de la demanda. Articula el recurso con arreglo a un motivo dedicado a la revisión fáctica, con varios apartados, y dos motivos de censura jurídica.

También formula recurso la trabajadora, únicamente por la vía del art. 193.c) LRJS.

Los recursos fueron impugnados por la empresa y la trabajadora.

SEGUNDO.- Recurso de la empresa. Motivo dedicado a la revisión de hechos probados.

El motivo de revisión fáctica se formula correctamente al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.b) LRJS y, en diferentes apartados, la recurrente solicita sustituciones, supresiones y adiciones.

Para la estimación de los motivos dirigidos a la modificación del relato fáctico de la sentencia de instancia, la doctrina de esta Sala, de la que es muestra la sentencia de 28.2.2020 (recurso 4672/2019), viene exigiendo de forma reiterada que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

En el primer apartado se solicita la supresión de los hechos probados tercero a octavo. Se justifica la pretensión en que " los hechos anteriores a 2016 están prescritos" y por ello " no tienen relevancia jurídica". No procede lo que se solicita por cuanto supone incurrir en dos errores conceptuales.

El primero consiste en afirmar que " los hechos" prescriben. Lo que podría haber prescrito, en este caso, sería la facultad administrativa para imponer el recargo de prestaciones, o la acción de los perjudicados para reclamar su imposición. Siendo ello así es incorrecto aludir a que hay "hechos" prescritos, porque de lo que se trata es de determinar a partir de qué fecha la entidad gestora perdió la facultad de establecer el recargo, lo que desde luego dependerá de la fecha de algunas circunstancias fácticas. La prescripción nunca podría justificar que determinados hechos quedaran expulsados del relato fáctico, porque no son los hechos los que prescriben.

En el segundo error se incurre al considerar que no deben figurar en el relato de hechos probados determinados datos de hecho si se acoge la prescripción. El registro fáctico de la sentencia debe incluir todos los elementos de hecho que puedan servir como premisa para cualquiera de las soluciones jurídicas posibles, sobre todo teniendo en cuenta que en caso de recurso el órgano superior deberá partir de ese registro para, en su caso, alcanzar una conclusión distinta de la alcanzada en el anterior grado de conocimiento jurisdiccional. En términos de la sentencia del TC nº 210/1991, de 11 de noviembre de 1991 " el juzgador de instancia está obligado a recoger en la declaración fáctica todos los hechos que pudieran tener interés para resolver la cuestión debatida y, en concreto, no sólo los que pudieran fundamentar la resolución que adopte, sino también todos los que sean necesarios para la resolución por el Tribunal Superior".

No incurrió por tanto la Magistrada de instancia en ningún error revisable por la vía del art. 193.b) LRJS al recoger todas las circunstancias de hecho que pudieran ser necesarias para resolver la controversia en caso de rechazarse, como hizo, la alegación de prescripción. Ello conduce a rechazar este primer apartado del motivo.

En el segundo apartado del motivo se solicita la adición de un hecho probado con base en el calendario laboral que fue aportado, de modo que se recojan los porcentajes de jornada trabajados los años 2016 a 2018 respecto de la jornada anual prevista en el Convenio Colectivo de empresa. Lo que se solicita, y del modo que se solicita, no encuentra adecuado engarce en las previsiones del art. 193.b) LRJS. El texto alternativo que se nos propone no resulta de forma clara, directa y patente del calendario laboral sin necesidad de argumentaciones. Por el contrario, alcanzar los porcentajes propuestos exige tomar los datos de hecho que sí resultan directamente de los calendarios (los días trabajados) y ponerlos en relación con una norma jurídica como es el Convenio Colectivo, lo que supone una operación ajena a la imprescindible asepsia del registro fáctico.

En el tercer apartado del motivo la recurrente postula también la adición de un hecho probado, esta vez encaminado a que consignar que los cinco puestos de trabajo ocupados por la trabajadora que se relacionan en el texto alternativo eran " puestos de trabajo denominados protegidos, especialmente pensados para personal con limitaciones físicas, conforme al art. 127 del XIX Convenio Colectivo de la empresa SEAT, S.A.". En apoyo de lo que se solicita alude la mercantil a cinco fichas de puesto de trabajo que aportó como medio de prueba en juicio. Esta vez los datos del texto alternativo sí resultan de los documentos de forma directa, y pudieran tener relevancia en la solución a la controversia, por lo que accederemos a lo que se solicita, aunque con supresión de la última alusión a la conformidad a la norma paccionada por ser valoración jurídica impropia del relato de hechos probados. Añadimos por tanto un nuevo hecho probado con el siguiente redactado:

" La Sra. Belinda ocupó los puestos de trabajo "salida coche ZP6 B a convergencia", "secado y limpieza línea 3", "conductor pit stop línea 3", "conductor salida lluvia línea 3" y " NUM000" siendo todos ellos puestos de trabajo denominados protegidos, especialmente pensados para personal con limitaciones físicas ".

En cuarto lugar, se solicita la inclusión de un hecho probado en el que se deje constancia de que desde el día 30/03/2010 " ha venido realizando una jornada de trabajo de 4 horas diarias". Es improcedente la adición porque de los documentos nº 4 y 5 que se señalan como pretendido sustento del texto alternativo no resulta el dato que se pretende incorporar. Del documento denominado " horario de la trabajadora" resulta que realizó una jornada de 4 horas algunos de los periodos trabajados desde el 30/03/2010, pero otros no, y así entre el 1 y el 24 de febrero de 2012 realizó 8 horas diarias, y entre el 9/11/2015 y la desconocida fecha en que se obtuvo el documento (posterior en todo caso al 21/07/2016) la jornada diaria fue de 6 horas.

Por último, la recurrente pretende que se incorpore otro hecho probado en el que, con base en el documento nº 36 aportado por la recurrente en juicio, se consigne que los puestos que la trabajadora ocupó lo fueron por recomendación del servicio de prevención. No podemos acceder a lo que se solicita porque el documento no es hábil a efectos revisorios por constituir lo que se conoce como una prueba testifical documentada, o manifestación testifical por escrito, ya que se trata de escritos firmados por un trabajador de la empresa (un supervisor), dirigidos al Departament de Treball, en los que dice " declarar" algunos extremos. Se trata de una forma de sustituir la testifical de quien conoce esos hechos de forma directa por un escrito preordenado, en este caso, al expediente administrativo. De ese modo el contenido de la declaración del supervisor se sustrae de la necesaria inmediación y contradicción, impidiendo al órgano judicial formular las generales de la ley e impidiendo a las restantes partes la formulación de preguntas.

TERCERO.- Primer motivo dedicado a la censura jurídica. Prescripción e irretroactividad de las normas.

En el motivo del recurso, correctamente formulado por el cauce del art. 193.c) LRJS, la mercantil denuncia la infracción del art. 9.3 CE, el art. 4 LPRL y " cualquier otra disposición normativa concerniente a la seguridad jurídica e irretroactividad de las disposiciones sancionadoras".

Afirma el recurrente que la sentencia reconoce que " no son sancionables" los hechos anteriores a octubre del año 2016 pero por otro lado fija la fecha del accidente en el día 30/03/2016, lo que considera implica que el accidente es " un hecho sucedido con anterioridad a octubre de 2016 y por lo tanto, a tenor de la propia inspección de trabajo, habría prescrito".

Son varias las razones que conducen a desestimar el motivo.

En primer término, ni el recurso explica, ni tampoco somos capaces de vislumbrar, de qué modo la sentencia habría infringido el art. 9.3 CE en cuanto a la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras a que específicamente se refiere la recurrente. La sentencia no ha aplicado ningún precepto con efectos retroactivos, sino que ha confirmado un recargo de prestaciones previsto en el art. 164 LGSS que no sólo estaba vigente en la fecha en que la mercantil señala como la del accidente, sino que es un precepto similar al que se contenía en el art. 123 de la LGSS de 1994. Lo que proscribe el art. 9.3 CE es la aplicación de una norma a hechos previos a su vigencia, cuando tiene naturaleza sancionadora, algo que no ha ocurrido en este caso.

En segundo lugar, tampoco entendemos concurrente la infracción del invocado art. 4 LPRL, ya que el mismo se destina en la norma a establecer, en 8 apartados, las definiciones de conceptos que se manejarán después en la propia norma. Ni la recurrente indica qué concreto apartado se ha infringido, ni somos capaces de apreciar la relación del artículo con la discrepancia que plantea el recurso.

El principio iura novit curia no es alegable como fundamento de un motivo del art. 193.c) LRJS, puesto que a la Sala no le corresponde construir ex officio el recurso determinando qué normas del entero ordenamiento jurídico podría haber infringido la sentencia de instancia.

El desarrollo del motivo, sin denunciar en ningún momento que la sentencia rechazó inadecuadamente la prescripción invocada en la instancia, hace referencia a una suerte de contradicción interna en relación con la fecha del accidente y la prescripción. Ese alegato precisa de varias consideraciones.

La sentencia hace referencia a que la resolución administrativa data el accidente el día 30/03/2016, pero en ningún momento examina la concreta cuestión de cuál deba ser considerada la fecha del accidente, porque ello no es relevante en este pleito. La trabajadora sufrió un accidente de trabajo el día 13/10/2010, pues en esa fecha inició el primer proceso de incapacidad temporal de la larga lista de procesos que le fueron afectando con aquella contingencia laboral. Se le llegaron a reconocer lesiones permanentes no incapacitantes derivadas de ese accidente. Pero la lesión recidivó, y se produjo un progresivo empeoramiento. La incapacidad temporal iniciada el 30/03/2016, según consta en la sentencia de esta Sala de 20/10/2021 obrante en las actuaciones y dictada en relación con el grado de incapacidad de la trabajadora, era fruto de una recaída del largo proceso patológico iniciado en el año 2010 y el proceso era " derivado de aquel accidente a fin de que se practicara una nueva intervención quirúrgica, consistente en una reparación plástica de la cicatriz queloidea del antebrazo izquierdo" (hecho probado octavo). Por más que a efectos administrativos, y por ser la fecha de inicio de la última IT con contingencia laboral antes del expediente sobre incapacidad permanente, se señale en la resolución del INSS que el accidente ocurrió en fecha 30/03/2016, en realidad lo que se está enjuiciando en estos autos es si la empresa incurrió en deficiencias preventivas en relación con todo el curso patológico de la trabajadora iniciado en el año 2010 por una tendinitis y síndrome de Walember que fue intervenida ese año, y reintervenida en 2016, hasta terminar con una declaración de incapacidad permanente en el año 2018.

La conducta empresarial potencialmente relacionada, en términos de causalidad, con las secuelas que presenta la trabajadora abarca de forma continua desde el año 2010 hasta el año 2018, pues durante todo ese tiempo pudo estar expuesta a riesgos que fueran perjudicando el insidioso proceso patológico que afectaba a su muñeca izquierda, y de hecho durante todo ese tiempo se fueron alternando periodos de incapacidad temporal con trabajo efectivo. No se puede aceptar por ello el intento de señalar como relevante una fecha de marzo del año 2016, porque en esa fecha lo que tuvo lugar es el inicio de un proceso de incapacidad temporal que era recaída de los procesos anteriores, debiendo considerarse como un todo la progresiva afectación patológica sufrida por la trabajadora.

Cuestión distinta es la forma en que deba computarse el plazo prescriptivo. Superando discrepancias previas el Pleno del Tribunal Supremo dispuso, en su sentencia de 18/12/2015 (RCUD 2720/2014) que el cómputo del plazo de cinco años previsto en el art. 53.1 LGSS se vuelve a computar con cada una de las prestaciones reconocidas, en función de la agravación de las dolencias. Ello implica que en este caso en que la incapacidad permanente total se reconoció en el año 2018 el plazo prescriptivo no se había alcanzado cuando el 30/09/2020 se impuso el recargo de prestaciones cuestionado. En realidad, el recurso no denuncia infracción del art. 53.1 LGSS.

Saldremos por último al paso de la alusión a que la ITSS apreció la prescripción recordando que lo hizo exclusivamente en relación con la sanción administrativa que, en aplicación de la LISOS, podría a su criterio haberse impuesto a la empresa por una infracción grave del art. 12.7. Sin embargo, la ITSS propuso el recargo de prestaciones haciendo expresa referencia a que la prescripción no afectaba al mismo con alusión específica en el último párrafo del informe al art. 53 LGSS.

En síntesis, reconocida la incapacidad permanente total en el año 2018 por unas secuelas en la muñeca izquierda que derivan de una lesión cuyo debut tuvo lugar con el proceso de IT derivado del accidente de 2010, y que precisó de reintervención quirúrgica en el contexto de la IT iniciada en marzo de 2016, el examen de la responsabilidad empresarial a la luz del art. 164 LGSS implica analizar el cumplimiento de las medidas preventivas por todo el periodo comprendido desde el inicio de la patología en 2010 hasta su definitiva estabilización en 2018. No existe por ello incongruencia o contradicción en el razonamiento de la sentencia, ni infracción del principio de seguridad jurídica o de la doctrina casacional relativa a la prescripción del recargo de prestaciones. Por lo expuesto el motivo también debe ser rechazado.

CUARTO.- Segundo motivo dedicado a la censura jurídica. Concurrencia de los presupuestos para la imposición del recargo de prestaciones.

En último término la empresa, sin alusión a precepto alguno, discrepa de la sentencia denunciando " vulneración de los presupuestos necesarios para imponer el recargo de prestaciones en un 40%" y " falta de la suficiente entidad del presunto incumplimiento" para imponer el recargo. Entenderemos, en aplicación del principio pro recurso, que por la vía del art. 193.c) LRJS la empresa quiso denunciar la infracción del art. 164 LGSS.

El Tribunal Supremo, entre otras en su sentencia de 30/6/2010 (RCUD nº 4123/2008), ha recordado que la deuda de seguridad es una de las obligaciones del empresario, recogida en el Estatuto de los Trabajadores al establecer el derecho del trabajador " a su integridad física" (art. 4.2 .d ) y a " una protección eficaz en materia de seguridad e higiene" ( art. 19.1). Esa obligación se desarrolla en la LPRL (Ley 31/1995, de 8 Noviembre) en los arts. 14.2, 15.4 y 17.1 LPRL, que han llevado al TS a señalar que " el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado" y que deben adoptarse por el mismo todas " las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran" ( STS 08/10/01 Rcud 4403/00).

Lo que se indica en el motivo es, utilizando la propia síntesis que efectúa la recurrente, que " el riesgo al que estuvo expuesto la Sra. Belinda era bajo ". Se hace esa afirmación con la premisa de que en el puesto de limpieza del Audi Q3 el riesgo de posturas forzadas era bajo o leve, en el puesto de conducción de vehículos el riesgo por manipulación de cargas era bajo o leve, y en la colocación de tacos el riesgo por movimientos repetitivos era " no aceptable, medio". A ello añade la consideración de que los cambios de puesto de trabajo fueron " refrendados por el Servicio Médico de SEAT así como por Prevención de Riesgos Laborales", que los puestos de trabajo que se le asignaron eran de los denominados " protegidos" y que la trabajadora " prestó servicios por un periodo de tiempo muy breve" y ello debe afectar a la determinación del porcentaje impuesto.

No podemos aceptar la mención al refrendo por parte de servicios médicos o prevención de riesgos porque rechazamos la revisión de hechos probados en este punto y por tanto no es un antecedente fáctico a considerar.

En cuanto a la exposición a los riesgos, la intensidad de los mismos, y la naturaleza " protegida" de los puestos la Sala no puede sino compartir el razonamiento de la Magistrada de instancia cuando aprecia que la responsabilidad empresarial deriva de la ausencia de una específica intervención empresarial desde el año 2010 que, partiendo de la concreta dolencia de la trabajadora (tendinitis en la muñeca) implicase un análisis médico-técnico de los riesgos ergonómicos de cada puesto asignado.

La genérica previsión de que un puesto de trabajo supone un riesgo bajo o leve de posturas forzadas no excluye que pueda implicar un riesgo superior, específicamente a nivel de la muñeca izquierda, debido por ejemplo a la exigencia de movimientos repetitivos o la sobrecarga. Ello se pone de relieve de forma muy evidente observando las fichas de los puestos protegidos. El puesto de secado y limpieza se contempla como protegido, pero ello sólo para un determinado perfil de limitaciones funcionales de la persona trabajadora. La ficha contempla unos valores en relación con los requerimientos que implica el desempeño en ese puesto, y en concreto se asigna un 3 a la posición, un 6 a la postura, un 2 al miembro superior derecho, un 5 al miembro superior izquierdo y un 2 al esfuerzo. El puesto es protegido en el sentido de que se entiende que no perjudica a quien presenta reducciones anatómicas en aquellos aspectos en que el puesto no implica exigencias o exposiciones, como son el manejo de pesos, la exposición a ruido, vibraciones, temperaturas muy altas o muy bajas, etcétera. Pero lo que no resulta de esa ficha es que el puesto fuera protegido en relación con la concreta dolencia de la trabajadora, y de hecho la asignación de un valor 5 al apartado de la extremidad superior izquierda parece apuntar a que era un puesto exigente a ese nivel.

De forma más evidente aún la ficha del puesto NUM000, que se corresponde con la tarea de colocar tacos, se corresponde con un puesto protegido, pero la propia recurrente acepta que el riesgo por movimientos repetitivos estaba calificado como " no aceptable". Era un puesto protegido que debía asignarse a aquellas personas trabajadoras cuya problemática no tuviese nada que ver con el riesgo que implica la exposición a movimientos repetitivos, pero nunca debía asignarse a una trabajadora como la Sra. Belinda que no sólo arrastraba un historial relevante de bajas médicas por una dolencia (tendinitis de Quervain) directamente asociada con ese riesgo, sino que cuando fue asignada a ese puesto justamente se acaba de reincorporar de uno de esos procesos de incapacidad temporal. Se le asignó un puesto calificado como protegido, pero que para ella en concreto no suponía ninguna protección, por más que para otros perfiles de trabajador especialmente sensible sí pudiera serlo.

Esa persistente e inadecuada asignación a puestos de trabajo sin comprobar técnicamente que eran compatibles con la específica dolencia en la muñeca izquierda supuso la infracción de los arts. 16.3 y 25 LRPL, de los arts. 14 y 16 de la misma norma en relación con los artículos 4 y 5.1 RD 39/1997.

Por cuanto hemos razonado no advertimos que la sentencia de instancia infringiese el art. 164 LGSS al confirmar la imposición del recargo.

QUINTO.- Motivos dedicados a la censura jurídica en ambos recursos. Porcentaje aplicado.

En cuanto al porcentaje fijado la jurisprudencia ha venido estableciendo que, en materia de graduación del porcentaje de recargo, esto es, entre el mínimo del 30% y el máximo del 50% que prevé el artículo 164 LGSS , se confiere al juez de instancia un amplio margen de apreciación, si bien revisable en fase de recurso. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 19.1.1996 (RCUD 536/1995) señala lo siguiente:

"El art. 93.1 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social de 1974 -LGSS 74-, que es el aplicable al caso (y la misma redacción tiene el art. 123.1 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social de 1994 -LGSS 94-) establece un recargo "de un 30 a un 50 por 100" de las prestaciones económicas por riesgos profesionales cuando ha existido infracción de las normas preventivas de tales riesgos. El precepto no contiene criterios precisos de atribución, pero sí indica una directriz general para la concreción del referido recargo que es la "gravedad de la falta". Esta configuración normativa supone reconocer un amplio margen de apreciación al juez de instancia en la determinación de la citada cuantía porcentual, pero implica también que la decisión jurisdiccional es controlable con arreglo a dicho criterio jurídico general de gravedad de la falta, pudiendo revisarse cuando el recargo impuesto no guarde manifiestamente proporción con ésta directriz legal. Así sucede al menos cuando se fija la cuantía porcentual mínima para infracción muy grave, o cuando el porcentaje establecido es el máximo y la falta cometida, por su entidad o por sus circunstancias, no merece el máximo rigor sancionador."

En aplicación de dicha doctrina jurisprudencial, esta Sala, a la hora de fijar los criterios que deben servir para graduar el recargo, ha acudido a los que figuran en el artículo 39.3 LISOS para graduar las sanciones en materia de prevención de riesgos laborales (por ejemplo, sentencias de 26.7.2013 -recurso 65/2013-, referida a la recurrente de autos , y 19.6.2014 -recurso 2294/2014 -), pero rehuyendo implícitamente cualquier automatismo entre el escalado de las faltas laborales (leves, graves y muy graves) y el porcentaje de recargo. En este último sentido, pueden citarse las sentencias de 25.7.2013 (recurso 4607/2012), 24.2.2014 (recurso 5857/2013 ) y 29.4.2014 (recurso 239/2014 ), que gradúan el recargo sin automatismo alguno y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso.

Esos criterios de graduación previstos en la LISOS son los siguientes: a) la peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro de trabajo; b) El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas actividades; c) La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias; d) El número de trabajadores afectados; e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención de riesgos; f) El incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos a que se refiere el artículo 43 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; g) La inobservancia de las propuestas realizadas por los servicios de prevención, los delegados de prevención o el comité de seguridad y salud de la empresa para la corrección de las deficiencias legales existentes; y h) La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales.

La empresa sostiene que merece un porcentaje inferior porque debido a la jornada de la trabajadora la exposición al riesgo fue limitada en el tiempo. La trabajadora considera que merece el máximo legal ya que " la conducta de la mercantil en el present cas ha estat completament negligent, no realitzant cap tipus d'activitat preventiva".

El recurso de la trabajadora no puede prosperar porque parte de un dato que no se ajusta a lo probado. La total ausencia de actividad preventiva supondría que no existiera ninguna medida de prevención en la empresa, ni evaluación de riesgos, ni EPIs, ni vigilancia de la salud, etcétera. Ese no es, en absoluto, el caso de autos. El recargo se impone por una causa muy concreta, como es que, pese a que tras la IT la trabajadora fue asignada a puestos que estaban calificados como "protegidos", ello no garantizaba totalmente la protección frente a su dolencia específica. No consta ausencia de evaluación de riesgos, ni de formación e información ni de entrega de EPIs, ni de reconocimientos relacionados con vigilancia de la salud. La actividad no puede calificarse de peligrosa, tampoco el riesgo afectaba a otra persona que a la trabajadora (pues derivaba de su singular afección física), ni existía riesgo vital ni se mediaron requerimientos previos que fueran desatentidos. No concurren las circunstancias que podría conducir al máximo porcentaje.

En cuanto al recurso de la empresa, a nuestro juicio cuando la ITSS propuso un porcentaje arreglado a la graduación teórica de la sanción como grave ( art. 12.7 LISOS), y la sentencia confirmó ese criterio previamente asumido por el INSS, no se incurrió en una valoración adecuada de los parámetros modificadores reseñados en el párrafo anterior. Desde la reincorporación al trabajo tras la primera baja por accidente del año 2010, la trabajadora prestó servicios efectivos para SEAT un total de 1.463 días. La circunstancia de que en buena parte de los periodos la jornada contratada fuera de 4 horas no permite afirmar que la exposición al riesgo fuera anecdótica, puntual u ocasional. Existió una exposición al riesgo suficiente, lo que excluye la solicitada reducción del porcentaje impuesto a su mínimo, ya que deben ponderarse el resto de circunstancias, y entre ellas apreciamos como singularmente relevante la ineficaz actividad preventiva de la empresa frente a la singular recurrencia de los procesos de incapacidad temporal a lo largo de más de seis años.

No siendo apreciables las infracciones denunciadas en los recursos, sólo cabe su desestimación y consecuente confirmación íntegra de la sentencia.

Ello implica la condena en costas a la recurrente, ya que se formuló impugnación ( art. 235 LRJS) y la pérdida del depósito constituido para recurrir ( art. 230 LRJS).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,