Sentencia Social 3109/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 5044/2022 de 16 de mayo del 2023

PRIMERO.- Motivos del recurso.

Frente a la sentencia que ha rechazado la demanda de extinción de contrato de trabajo del art. 50 del TRLET, ahora el actor no conforme con la misma, interpone el presente recurso por el que solicita la nulidad de las sentencia con reposición de los autos al momento inmediatamente posterior a la celebración del juicio para que el órgano judicial de instancia dicte una nueva sentencia en la que se subsane la falta de motivación denuncia (se denuncia la infracción de los artículos 120.3 CE, del 372.3 LEC, que no existe y del 97.2 de la LPL, que está derogada). Subsidiariamente, solicita la revisión de los hechos probados, cuarto, quinto, séptimo y décimo. Y por último a través del apartado de censura jurídica denuncia la infracción de los art. 50.1 a y c) del TRLET, con relación al art. 41 y 39 del mismo texto legal.

El recurso ha sido impugnado por la empresa.

SEGUNDO.- Cuestión previa.

Como recoge la sentencia impugnada la decisión que contiene nuestra sentencia se fundamenta en otro proceso paralelo donde el actor también impugnada, aunque lo fuere por vía del art. 138 de la LRJS la MSCT que en este proceso de extinción de su contrato de trabajo por vía del art. 50 del TRLET sustenta dicha petición, cuyos razonamientos desestimatorio de su petición recoge la sentencia que sustenta el presente recurso. Esa sentencia fue recurrida en suplicación, y por sentencia de esta Sala de 21 de abril de 2023, rec. 4823/2022, se decidió desestimar el recurso y confirmar la decisión del órgano judicial de instancia. Criterio, que ahora por razones de seguridad jurídica debemos mantener en nuestra sentencia en aquello que no difiera de los reclamado en nuestro recurso.

TERCERO.- Nulidad.

i) La sentencia de 21.4.2023 citada resuelve la misma censura sobre la infracción de la tutela judicial efectiva por vulneración de los art. 120.3 de la CE, y 97.2 de la LRJS, el art. 372.2 LE difícilmente puede ser vulnerado por no tener cobijo legal alguno. Por tanto, los argumentos del recurso son idénticos en ambos recursos, aquí debemos rechazar el primer motivo en igual sentido, es decir, alegando: "La recurrente considera que se infringe el primer precepto pues la sentencia dictada tras exponer los hechos que entiende probados omite mención alguna a la relación existente entre los medios de prueba y hechos probados; limitándose a consignar en los fundamentos de derecho (primero): consta documentado, pero sin identificar. Se infringe el segundo precepto por cuanto la sentencia deja sin resolver la mayoría de las pretensiones formuladas por aquélla en el escrito de demanda y reiteradas en el acto de juicio oral como causas que justifica la acción ejercitada, ni siquiera se relacionan los calendarios laborales de la empresa (años 2017 y hasta 2021) aportados por aquélla como prueba documental acreditativos de la modificación operada. Así (en los calendarios laborales (años 2017 y hasta enero de 2021), el actor aparece integrado en el organigrama empresa (sección resta) no en el departamento comercial; no siendo hasta junio de 2021 (y siguientes) que el actor

es incluido en el departamento comercial; a más abundamiento se limita a resolver las cuestiones objeto del procedimiento mediante declaraciones que carecen de apoyo probatorio y de fundamentación jurídica. El juez a quo no tiene en cuenta la prueba practicada por la recurrente: testifical y documental (audio), alegando para la testifical una falta de credibilidad y para la de audio considerando que se trata de un extracto y descontextualizado; nada más lejos de la realidad pues basta escuchar el contenido de la conversación para llegar a la conclusión contraria a la consignada por el juez en sentencia; privándonos de un elemento de prueba muy importante para la acción ejercitada por la recurrente. Se infringe también el tercer precepto pues la sentencia omite una declaración completa de todos los hechos que han sido objeto de debate en el proceso, limitándose a recoger los que el juzgador a quo estima bastantes para decidir en un determinado sentido, omitiéndose otros que por sí mismos son suficientes para revelarse como causa de admisión de la demanda: constan en autos calendarios laborales, correos electrónicos y conversaciones whatsapp aportadas por la recurrente que no han sido discutidas de contrario y no han sido tenidas en cuenta por el juez "a quo"; a más abundamiento éste indica que toma con especial cautela la declaración del legal representante empresa y testigos (ambas partes) al no ofrecerle ninguno de ellos especial credibilidad, sin embargo, si examinamos los hechos probados de la sentencia únicamente consigna datos y hechos de una sola de las partes (demandada) sin introducir elemento alguno derivado de la prueba practicada por aquélla. De todo ello, se desprende la indefensión causada al actor por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, es decir, obtener de los órganos judiciales respuesta a las pretensiones planteadas, motivadas y fundada en derecho, con infracción de los artículos 248.3 de la LOPJ, 372.3 de la LEC y 97.2 de la LRJS. Por todo ello, se solicita que se declare la nulidad de actuaciones debiendo reponerse los autos al momento inmediatamente posterior a la celebración del juicio oral para que por el juzgado de lo social se dicte nueva sentencia en la que se subsane la falta de motivación padecida.

No obstante, sus alegaciones no pueden ser estimados por cuanto la sentencia hacer constar en qué prueba se ampara en cada uno de los hechos probados, haciéndose constar en el fundamento de derecho primero, refiriéndose la frase "consta documentado" a que en el hecho probado se concreta de qué documento de autos se extrae el contenido que se fija en el hecho probado.

No se estima infringido el segundo precepto pues constituye doctrina reiterada de este Tribunal que el requisito de motivación de las sentencias, como parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, no impone que la resolución ofrezca una exhaustiva descripción del proceso intelectual llevado a cabo por el juzgador para resolver, ni una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, ni un determinado alcance o entidad en el razonamiento empleado, ni siquiera la corrección jurídica interna de la fundamentación empleada; basta que la argumentación vertida, con independencia de su parquedad o concentración, cumpla la doble finalidad de exteriorizar el motivo de la decisión, su "ratio decidendi" ( SSTC 122/1991, de 3 de junio, F. 2; 5/1995, de 10 de enero, F. 3; 184/1998, de 28 de septiembre, F. 2), excluyente de un mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad. Y en cuanto a la congruencia en las sentencias, viene a definirse como la concordancia necesaria entre las pretensiones que constituyen el objeto de la contienda y la sentencia, a saber entre las acciones y medios de defensa o excepciones introducidas y opuestas en tiempo hábil por las partes, y los pronunciamientos del fallo o parte dispositiva de la sentencia, de forma que el Juez no puede introducir en el proceso cuestiones diferentes a las planteadas por los litigantes, bajo la sanción de incurrir en el vicio de incongruencia por abuso, exceso o desviación en el ejercicio de la jurisdicción, ni tampoco puede dejar de resolver todas las cuestiones planteadas en su momento por aquéllos, pues incurriría en la llamada incongruencia omisiva o por defecto; y en el presente caso no justifica el recurrente en qué exceso u omisión ha incurrido la sentencia en relación a las pretensiones objeto de la contienda. Si bien el caso de autos, lo que parece desprenderse del recurso no es que el juez deje sin resolver la mayoría de las cuestiones planteadas (que no se concreta cuáles sean), sino que la recurrente no está conforme con la valoración de la prueba efectuada por el magistrado de instancia, al señalar que no se ha tenido en cuenta la prueba practicada por la misma, sin alegar infracción de las normas que regulan la valoración de esos medios probatorios utilizados.

Tampoco podemos estimar infringido el tercer precepto pues no podemos considerar que exista una insuficiencia de hechos probados causante de nulidad de la sentencia.

La reiterada jurisprudencia en materia de anulación de sentencias por insuficiencia de hechos probados puede resumirse del siguiente modo TCo 66/1996; TS 7- 12-06, EDJ 331243; 1-10-90 , EDJ 8842; 19-11-91, EDJ 10973): - la anulación de la sentencia es un remedio último y excepcional operable únicamente cuando el tribunal no pueda decidir correctamente la controversia planteada;- la imposibilidad decisoria, por insuficiencia de hechos, puede provenir ya de carencia de actividad probatoria, ya de omisiones esenciales para el fallo;- son irrelevantes las omisiones en la declaración probatoria que no tienen repercusión en la situación del caso o que no causan indefensión;- la causa de la insuficiencia probatoria no ha de ser imputable a la parte;- un hecho probado deja de serlo si se redacta en términos dubitativos;- la declaración de hechos probados ha de comprender no solo los datos que el juzgador de instancia estime precisos para fundar su decisión, sino todos los necesarios para que el tribunal superior que conozca del recurso pueda pronunciarse con pleno conocimiento sobre la cuestión debatida.

Por ello para que tenga éxito una denuncia de indefensión por insuficiencia de hechos probados el recurrente debería: Concretar el hecho o hechos que la parte alegó oportunamente y tengan trascendencia en el enjuiciamiento. Precisar la

prueba que se ha practicado en relación con esos hechos y poner de relieve la idoneidad de ese medio probatorio para demostrar aquellos -lo que la doctrina constitucional denomina "prueba decisiva en términos de defensa"-. Poner de relieve que el juzgador, por omisión absoluta, no ha tomado en consideración en modo alguno tal medio de prueba, no bastando con la discrepancia en la valoración. Mostrar que no cabe integrar el relato fáctico por la vía de revisión de hechos de la LRJSP art.191.b sin necesidad del remedio extraordinario de la nulidad de actuaciones (TSJ Madrid 2-4-12, EDJ 84245).

Pero en el caso de autos, ninguna insuficiencia probatoria se ha cometido por cuanto la recurrente puede completar aquellos hechos probados que considera necesarios por la vía de revisión de hechos probados, considerando esta Sala suficientes los detallados en la sentencia, desprendiéndose de las afirmaciones de la recurrente que no está conforme con la valoración de la prueba efectuada en la sentencia de instancia."

CUARTO.- Revisión de los hechos.

En el recurso anterior se solicitaba la modificación de los hechos cuarto, quinto, séptimo y décimo. En el nuestro, los mismos hechos, que en las dos sentencias tienen idénticos contenidos, y se sustentan en los mismos argumentos destinados a conseguir su modificación, por tanto, de igual manera debemos rechazarlos. Las razones no son otras, con relación a los tres primeros que la sentencia de instancia fijó su contenido sobre la base de la prueba de testigos e interrogatorio, por tanto, ahora no se puede alterar por ser esos medios de pruebas ineficaces para conseguir dicho resultado.

Con relación al décimo, se propone con referencia a los documentos obrantes en autos a los folios 198 y 151 que se le dé el siguiente contenido: "Durante el primer semestre de 2021 el demandante ha disfrutado del permiso por nacimiento y cuidado de menor, en NUM002 de 2021 y hasta abril de 2021 (maternidad)."

Examinados dichos documentos, como ocurrió, en el recurso que nos sirve de referencia, el contenido de estos nada tiene que ver con las fechas que se pretende introducir en el relato fáctico, y de la misma forma que hicimos allí, ahora, aquí igualmente debemos rechazar la revisión postulada.

QUINTO.- Censura jurídica.

En esencia lo que denuncia es que la empresa le ha modificado las condiciones de su contrato de trabajo por haber disfrutado del permiso de paternidad, sin respetar lo previsto en el art. 41 del TRLET, y todo ello, a menoscabado su dignidad.

Cuestión que ya ha sido resuelta por esta Sala en la sentencia anterior y cuyos argumentos aquí a continuación reproducimos:

"Consta probado que el actor al inicio de la relación laboral en enero de 2014 tenía la categoría técnico comercial, grupo 5 y salario bruto anual de 18.177,15 euros sin comisiones. Con el paso del tiempo el actor asumió funciones de categoría superior (adjunto gerencia integrado Departamento I+D) que llevaron aparejados incrementos salariales :35.554,89 euros año 2019 y 39.947,72 año 2020 con más comisiones: salario que según convenio sería propio del grupo profesional I. En el año 2019 se produce un cambio en la Gerencia de la empresa. A principios de 2021 el actor fue padre, disfrutando baja paternal; se reincorporó de su baja paternal y la empresa le hizo entrega en marzo de 2021 carta sanción (20 días cumplimiento 25/3 al 13/4/2021). El actor se reincorpora del cumplimiento de la sanción y la empresa le notifica verbalmente el cambio de sus funciones: pasando del Departamento de I+D al comercial y su nombre usuario: pasando de LOP a NEZ llevando implícito un recorte en los accesos y permisos que disfrutaba hasta ese momento. De todo ello se desprende que estamos ante conductas de la empresa en relación directa con la paternidad del actor (primero es sancionado empleo y sueldo y acto seguido es degradado de sus funciones); decisión adoptada de forma verbal (incumpliendo la normativa laboral vigente) y sin respetar la dignidad del trabajador, dado que el trabajador (de adjunto de gerencia) pasa a ser un simple comercial, decisión que no sólo afecta a su propia imagen y equilibrio psíquico (el actor consecuencia de todas las conductas de la empresa sufre una baja de IT por depresión laboral) y profesional al afectarse no sólo la imagen con sus encomiendas en su entorno profesional (compañeros de trabajo etc.) y con grave afectación a las tareas afectadas. De todo ello, se desprende que estamos ante un claro supuesto de represalia empresarial a la paternidad del actor, iniciada con sanción y seguida inmediatamente con una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo (funcional): modificación verbal (incumpliendo con la normativa legal no sólo en materia formal (escrito, preaviso, causas, etc.) contra la dignidad del trabajador con grave afectación personal (afectando a su propia imagen y su equilibrio psíquico: baja de IT) y profesional si ponemos en relación sus aptitudes, conocimientos y formación con el contenido tareas asignadas (comercial) con una grave afectación a la imagen transmitida con las nuevas encomiendas a su entorno profesional (compañeros de trabajo, subordinados clientes, etc. ). Y pide que se revoque la sentencia y se declare que la modificación de las condiciones laborales del actor operada por la empresa en junio de 2021 es de carácter sustancial, con vulneración y/o incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 del ET llevando aparejado la declaración de improcedencia con la obligación de reponer al actor en sus anteriores condiciones de trabajo.

No obstante, sus alegaciones no pueden ser estimadas por cuanto de los hechos probados no se infiere la existencia de una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, ni una represalia de la empresa motivada por su paternidad. El actor, trabaja para la empresa DIRECCION000 con categoría profesional grupo 5, técnico comercial. Desarrolló una especial confianza con el anterior gerente de la empresa D. Clemente, que progresivamente fue encomendándole tareas de mayor responsabilidad. En fecha no determinada, a principios del año 2019, se hicieron cargo de la empresa dos nuevos gerentes, que fueron progresivamente, asumiendo las funciones de dirección superior y encomendado las de dirección ordinaria a los responsables de los diferentes departamentos. La empresa demandada se encuentra inserta en un proyecto, denominado ERP, para el cambio del sistema informático de gestión. Hasta diciembre el actor ha estado colaborando activamente en el desarrollo del mencionado proyecto principalmente para el volcado de información y la adaptación de procesos propios del Departamento Comercial. Mientras colaboraba en el proyecto ERP el actor disponía de un ordenador portátil. Una vez finalizada su colaboración, el mencionado ordenador ha sido asignado al Departamento de Compras, que es el que actualmente está procediendo al cambio de sistema de gestión. En el ámbito de la empresa cada trabajador tiene un nombre de usuario. El del demandante era LOP (las tres primeras letras de su nombre y apellidos). Cada nombre de usuario tiene asociados unos permisos de acceso al sistema informático de gestión. Con el cambio de sistema de gestión se ha cambiado el nombre de usuario del demandante, siendo actualmente NEZ (últimas letras de su segundo apellido). Con el anterior sistema de gestión informática el demandante tenía asignada la cuenta de correo electrónico DIRECCION001. Actualmente se le ha asignado la cuenta " DIRECCION002".

Sentado lo anterior, no podemos considerar que haya existido una modificación sustancial de condiciones de trabajo pues no queda probado que el actor haya sido degradado en sus funciones pasando del Departamento de I+D al comercial, ni que haya ejercido las funciones de adjunto de gerencia, sino que, lo que queda acreditado es que ejerciendo funciones de técnico comercial, se fue ganando la confianza el anterior gerente y por eso le fue encomendando tareas de mayor responsabilidad ( que no consta que correspondan a una categoría superior), que fue progresivamente perdiendo cuando se hicieron cargo de la empresa dos nuevos gerentes. Tampoco consta acreditada la existencia de un claro supuesto de represalia empresarial a la paternidad del actor, que se iniciase por haber impugnado judicialmente su sanción y seguida por una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo (funcional) pasando del Departamento de I+D al comercial y su nombre usuario: pasando de LOP a NEZ llevando implícito un recorte en los accesos y permisos que disfrutaba hasta ese momento. En efecto, el día veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno la empresa impuso al demandante una sanción de veinte días de suspensión de empleo y sueldo por dos supuestas faltas muy graves consistentes en malos tratos de palabra y acoso moral a cumplir entre el 25 de marzo y el 13 de abril de 2021. Estas sanciones han sido impugnadas por el actor presentando demanda el día 3 de mayo de 2021. Durante el primer semestre de 2021 el demandante ha disfrutado del permiso de nacimiento y cuidado de menor en fechas no concretadas por las partes. Tras el disfrute del anterior permiso y del cumplimiento de la sanción, el actor se reincorporó a la empresa en el mes de julio de 2021 en el Departamento Comercial para desarrollar funciones propias de comercial. Pero no ha quedado acreditado que haya existido modificación sustancial de condiciones de trabajo, pues el actor antes y después de su permiso de paternidad ha venido desempeñando funciones en el mismo grupo profesional propias de comercial, por lo que ninguna represalia puede haber llevado a cabo la empresa por el desempeño de funciones que son de su mismo grupo. Es cierto que se cambió al actor de usuario y de cuenta de correo electrónico, si bien ello vino motivado por el cambio de sistema informático de gestión fruto de la inserción en la empresa del proyecto ERP y no consta tampoco acreditado que ello se haya producido con posterioridad a la reincorporación del actor en la empresa con motivo de su paternidad. Y respecto a que tras su paternidad, el actor fue sancionado judicialmente, ello tampoco ha sido acreditado en este procedimiento, pues no se ha probado la proximidad de fechas y la secuencia temporal se las mismas, sin perjuicio de lo que se resuelva en el pleito en el que se ha impugnado por el actor las sanciones que han sido impuestas por la empresa, que no corresponde enjuiciar en este procedimiento que versa sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo y tutela de derechos fundamentales, que se ha centrado en conocer de la supuesta modificación sustancial de condiciones de trabajo (no acreditada) consistente, según la parte actora, en una degradación funcional, pasando de adjunto de gerencia a simple comercial."

En consecuencia, por las mismas razones, este recurso al igual que el que resolvió la sentencia de 21 de abril 2023 profusamente citada, debe ser rechazado.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.