Sentencia Social 1894/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 6937/2022 de 20 de marzo del 2023

PRIMERO.- Motivos del recurso.

Frente a la decisión del Juzgado de instancia que desestimó íntegramente la demanda, ahora, no conforme con esa decisión, la parte actora solicita la nulidad de la sentencia incumplimiento del deber de exhaustividad y por congruencia, incongruencia extensiva o extrapetita, vulneración de los artículos 218.1 y 408 LEC como del artículo 24 CE por indefensión manifiesta; y por negar el interrogatorio del representante de la mercantil empleadora, vulnerando los arts. 91.3 y 91.6 LRJS, 315 LEC, y del art. 24 CE.

Subsidiariamente, a través del apartado para la revisión de los hechos, se propone la modificación de los hechos 3º, 5º, 9º, 11º, así como se añada un nuevo el 16º bis.

Y, por último, en el apartado de censura jurídica denuncia la infracción del art. 14 y 35 CE, del art. 4.2 y 28 TRLET por discriminación por razón de la antigüedad de los trabajadores y doble escala salarial.

El recurso ha sido impugnado por la empleadora demandada.

SEGUNDO.- Nulidad.

A) Primer motivo:

i) Alega la parte recurrente, principalmente, que la presente sentencia es incongruente con la petición de las partes por cuanto ninguna de las partes, ni especialmente la parte actora, ha vinculado en ningún momento la reclaman salarial que sustenta este recurso al ajuste salarial del 4,5% LPGE 2010-2011.

ii) Opone la parte impugnante, tal y como consta en el acta digital del juicio: " Hemos de partir de la base de que la empresa ha abonado en todo momento a sus trabajadores el salario que legalmente ha correspondido, por aplicación de las normas de obligado cumplimiento. La empresa REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A., empresa cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Reus, es una empresa que pertenece al sector público y, por tanto, RTP está afectada por las limitaciones salariales impuestas por las Leyes Presupuestarias, señaladamente la LPGE de cada año. Y la parte actora no puede pretender que a los trabajadores se les apliquen incrementos retributivos del convenio del sector, que resulten superiores al incremento de la masa salarial permitido por la LPGE. Por el principio de jerarquía normativa, el convenio colectivo está supeditado a la Ley, en este caso, la LPGE y la no aplicación de los incrementos del convenio colectivo, por tal motivo, no suponen ninguna quiebra del derecho a la negociación colectiva. La doctrina es ya pacífica y ha sido constante en este punto: a las empresas del sector público le son aplicables plenamente las limitaciones salariales contenidas en las LPGE y no pueden aplicar los incrementos del convenio que se sitúen por encima de tales límites. ( SSTS 10-12-2020, rec. 4011/2017 ; 19-6-2012, rec. 129/2011 ; 29-11-2012, rec. 51/2012 ; entre muchas otras). LA EMPRESA NO ADEUDA A LOS ACTORES CANTIDAD ALGUNA DE LAS QUE RECLAMAN EN LA DEMANDA.

No son ciertas en absoluto las afirmaciones de la demanda en el hecho Sexto: De 2011 a 2015, el incremento fue 0, por cuanto la LPGE no permitía incremento de la masa salarial y en 2016, se iniciaron los incrementos permitidos.

Se aporta, de documento 6, un cuadro con todos los incrementos establecidos a lo largo de los distintos años desde 2009, en el convenio colectivo y en las LPGE para observar la diferencia y para observar y comprobar la actualización salarial que se ha producido en la empresa, permitida, lógicamente por las sucesivas LPGE.

Como vamos a demostrar con la documental que se aportará, no es cierta la afirmación de la demanda de que los trabajadores "han estado cobrando desde 2012 hasta marzo de 2020 las mismas cantidades": En el mes de marzo de 2020 se hizo una adaptación de los conceptos salariales, de acuerdo con la petición del Comité de Empresa, para que fuese más clara la nómina, con los incrementos efectuados. Durante estos años se hicieron las actualizaciones salariales permitidas por la LPGE:

En 2016: el 1% En 2017: el 1% En 2018: el 1, 75%

En 2019: en abril, un incremento del 2,25% + 0,25% adicional desde julio (se pagaron atrasos en el mes de diciembre).

En 2020: En junio, se incrementó un 2%.

Todos estos incrementos fueron informados debidamente al comité de empresa.

Los cuadros de percepciones que figuran en la demanda, en sus hechos Sexto y Séptimo, NO SON CORRECTOS, como se comprobará con los cuadros aportados por esta parte a los que antes nos hemos remitido y con las nóminas aportadas.

Los actores en el hecho SEPTIMO de su demanda aluden a un claro ESPIGUEO NORMATIVO, que como todos sabemos, está proscrito.

No puede pretender la parte actora aplicar las cantidades retributivas del convenio del sector, por cuanto ello supondría superar los límites permitidos en las sucesivas LPGE."

iii) Decisión de la Sala.

Como con acierto refiere la empresa impugnante, nuestro ordenamiento atribuye al órgano judicial de instancia la facultad de valorar libremente la prueba practicada con todas las garantías en el acto del juicio oral, en un momento anterior ( art. 78 LRJS), o en un momento posterior ( art. 88 LRJS), e igualmente, es soberano para justificar las razones que le llevaron a alcanzar dicha convicción, como aquellas otras, esta de naturaleza jurídica, alegadas o no por las partes, en virtud del principio iura novit curia ( SSTS 22/06/2022, rec. 51/2022, 5/10/1999, rec. 4773/1998 y de 8/11/2006, Rec. 135/2005 y STC 136/1998, de 29 de junio, entre otras), en las que se fundamente el fallo de la sentencia, pero lo que no puede hacer es alterar las pretensiones de las partes, ni resolver otras diferentes a las que estas decidieron ceñir el objeto del proceso, sin perjuicio de las consecuencias que lo no alegado por las partes pueda tener en otros procedimientos por aplicación del art. 400 LEC, relacionados con este.

Por tanto, una sentencia será congruente en el supuesto en que el órgano judicial resuelva todas una cada una de las cuestiones que fueron sometidas a su consideración a través de la demanda o en el juicio, y serán incongruentes cuando tras confrontar la parte dispositiva de la sentencia con el objeto del proceso delimitado por sus elementos, subjetivos y objetivos, causa de pedir y "petitum", se observe que no se ha decidido sobre algún punto de debate (incongruencia omisiva), o se decide sobre una cuestión diferente (incongruencia extra petita), o se decide otorgar pretensión cualitativa o cuantitativa diferente (incongruencia petita o ultra petita), o se le conceda a la parte demandada más de lo pedido (incongruencia ultra petita partium), pero, la sentencia no incurrirá en incongruencia cuando el fallo se adecúe sustancialmente a lo solicitado y no se altere de modo decisivo los términos en que se desarrolla la contienda, siempre que no substraiga, a las partes, el verdadero debate contradictorio propuesto por ellas, y no merme sus posibilidades y derecho de defensa.

En el presente caso, es evidente, como alega la empresa demandada que el órgano judicial no superó ningún de los límites que la parte recurrente denuncia en cuanto que en el acto del juicio la parte demandada introdujo en el debate lo que ahora la parte quiere excluir -el efecto del ajuste salarial impuesto por la LPGE-, ni resolvió cosa distinta o diferente a las pretensiones y resistencias que se plantearon en la demanda o en el juicio, por tanto, procede desestimar este primer motivo.

B) Segundo motivo:

i) Se solicita la nulidad por considerar que la negativa del órgano judicial de instancia de permitirle interrogar al representante legal de la empresa demandada ha cercenado su derecho de defensa.

ii) Opone la empresa, que como es una sociedad mercantil pública municipal propiedad al 100% del Ayuntamiento de Reus, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 91.6 LRJS y 315.1 LEC, el interrogatorio debió practicarse por escrito, a través del correspondiente pliego de pregunta, y previa declaración de su pertinencia. Y como esta circunstancia fue puesta de manifiesto por el órgano judicial a través de providenciade 29/10/2020, que no fue recurrida por la actora, no solicitada la práctica de esta prueba en los términos exigidos por el órgano judicial, difícilmente puede ser causa de indefensión.

iii) Decisión.

Sin entrar a examinar la pertinencia o no de la decisión judicial, si la parte actora no impugnó en tiempo y forma la decisión del órgano judicial que rechazaba la práctica del interrogatorio del representante legal de la empresa en los términos que solicitaba, firme dicha decisión, no constando tampoco que en el acto del juicio mediara la necesaria protesta, como bien señala la empresa, ahora no puede pretender que su decisión sea la causa que sustenta la nulidad de la sentencia, porque si no pudo practicar el interrogatorio solo a su inactividad procesal es imputable.

Respecto al derecho a la tutela judicial efectiva que se denuncia infringido, en su vertiente del derecho a utilizar de los medios de prueba necesarios para su defensa reconocido en el art. 24.2 CE, el Tribunal Constitucional ha consolidado un cuerpo de doctrina que puede resumirse en los siguientes términos ( STC 86/2008, de 21 de julio, por todas):

a) Se trata de un derecho fundamental de configuración legal, en la delimitación de cuyo contenido constitucionalmente protegido coadyuva de manera activa el legislador, en particular al establecer las normas reguladoras de cada concreto orden jurisdiccional, a cuyas determinaciones habrá de acomodarse el ejercicio de este derecho, de tal modo que para entenderlo lesionado será preciso que la prueba no admitida o no practicada se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, y sin que en ningún caso pueda considerarse menoscabado este derecho cuando la inadmisión de una prueba se haya producido debidamente en aplicación estricta de normas legales cuya legitimidad constitucional no pueda ponerse en duda [por todas, SSTC 133/, 30 de junio , FJ 3 a)].

b) Este derecho no tiene carácter absoluto; es decir, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas.

c) El órgano judicial ha de motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas, de modo que puede resultar vulnerado este derecho cuando se inadmitan o no ejecuten pruebas relevantes para la resolución final del asunto litigioso sin alguna, o la que se ofrezca resulte insuficiente, o supongan una interpretación de la legalidad manifiestamente arbitraria o irrazonable.

d) No toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba puede causar por sí misma una indefensión constitucionalmente relevante, pues la garantía constitucional contenida en el art. 24.2 CE únicamente cubre aquellos supuestos en los que la prueba es decisiva en términos de defensa. En concreto, para que se produzca violación de este derecho fundamental este Tribunal ha exigido reiteradamente que concurran dos circunstancias: por un lado, la denegación o la inejecución de las pruebas han de ser imputables al órgano judicial ( SSTC 1/1996, de 15 de enero, FJ 2, y 70/2002, de 3 de abril, FJ 5, por todas); y, por otro, la prueba denegada o no practicada ha de resultar decisiva en términos de defensa, debiendo justificar el recurrente en su demanda la indefensión sufrida ( SSTC 217/1998, de 16 de noviembre, FJ 2, y 219/1998, de 16 de noviembre, FJ 3).

e) Esta última exigencia se proyecta en un doble plano: por una parte, el recurrente ha de demostrar la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no practicadas; y, por otra parte, ha de argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la controversia habrían podido tener una incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones; sólo en tal caso podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo solicita amparo constitucional (por todas, SSTC 133/2003, 30 de junio, FJ 3; 359/2006, de 18 de diciembre, FJ 2; y 77/2007 , de 16 de abril, FJ 3).

f) Finalmente, el art. 24 CE impide a los órganos judiciales denegar una prueba oportunamente propuesta y fundar posteriormente su decisión en la falta de acreditación de los hechos cuya demostración se intentaba obtener mediante no es que las pretensiones de la parte se hayan desestimado, sino que la desestimación sea la consecuencia de la previa conculcación por el propio órgano judicial de un derecho fundamental del perjudicado, encubriéndose tras una aparente resolución judicial fundada en Derecho una efectiva denegación de justicia ( SSTC 37/2000, de 14 de febrero, FJ 4; 19/2001, de 29 de enero, FJ 6; 73/2001, de 26 de marzo, FJ 4; 4/2005, de 17 de enero, FJ 5 ; 308/2005, de 12 de diciembre, FJ 4; 42/2007, de 26 de febrero, FJ 5 y 174/2008, de 22 de diciembre, FJ 2).

En el supuesto enjuiciado a tenor de la doctrina constitucional es evidente concluir que la decisión del órgano judicial no solo fue fundamentada, sino ajustada a derecho, pues solo se podía practicar del modo y forma que regula el art. 315 LEC, pero, además, en el presente caso, como venimos razonando, aunque no lo hubiere sido, al no oponer nada en contra la parte actora, difícilmente el órgano judicial de instancia pudo incurrir en el defecto procesal que se denuncia, por lo que procede rechazar este segundo motivo de nulidad.

TERCERO.- Revisión de los hechos.

i) Propone la revisión del hecho tercero para que se le dé el siguiente contenido: "TERCERO.- La empresa demandada está reconocida como sociedad mercantil pública municipal cuya propiedad íntegra pertenece al Ajuntament de Reus y, por tanto, el 100% de sus participaciones corresponden a capital público.

(Hechos no controvertidos, que igualmente se desprenden del documento nº 12 del ramo de prueba de la parte demandada, folio 967).

La empresa demandada se encuentra registrada en el CET como Centro Especial de Empleo desde el 11 de diciembre de 1.998.

(Hechos no controvertidos, que igualmente se desprenden del documento nº 29 del ramo de prueba de la parte demandada, folio 1467) ".

En definitiva, lo que se solicita es la supresión del último párrafo, que recoge que: "La empresa demandada, al estar constituida como Centro Especial de Trabajo, otorga prioridad a la contratación, promoción y formación de personal discapacitado, realizando formaciones internas encaminadas a la obtención del permiso de conducir, con el consiguiente desembolso de la empresa. 1gualmente, se planifican los turnos de trabajo en formato de jornada partida para minimizar riesgos laborales derivados de posturas forzadas o estáticas, sobrecargas posturales y movimientos repetitivos durante tiempo prolongado." Y que según consta el órgano judicial de instancia lo obtuvo de la prueba de testigos, por lo que no siendo esta prueba una de las que permiten la revisión de los hechos, procede rechazar la modificación solicitada.

ii) Con relación al hecho quinto se proponer darle la siguiente redacción: "QUINTO.- En fecha 22 de diciembre de 2006 se suscribió entre los representantes de los trabajadores y los de la empresa un "Pacto de empresa" con el objetivo de adaptar, mejorar y complementar el Convenio Colectivo del Sector de Transportes que se encontraba vigente. En este pacto, que sustituía a otro anterior de 2000 que tenía vigencia hasta el 31/12/2007, se reconocían pluses salariales y acuerdos en materia de contratación.

El pacto tenía inicialmente un ámbito temporal de 1 de enero de 2007 hasta el 30 de junio de 2011, esto es, 4 años y medio, aunque se establecía un sistema de prórroga automática en el caso de que a la fecha de vencimiento no se denunciara con un mes de antelación, lo que dejaría sin efecto la totalidad de su contenido y dejarían de percibirse los pluses que en el mismo se reconocían.

El pacto ha sido prorrogado en tres ocasiones, en fecha 1 de julio de 2011, en fecha 1 de enero de 2016 y el 1 de julio de 2020, siendo las prórrogas de cuatro años y medio cada una, por lo que se encuentra en plena vigencia con relación al periodo reclamado en este procedimiento que abarca de septiembre de 2019 a marzo de 2022.

En cuanto al ámbito de aplicación personal, la cláusula primera establece que se aplicará a las categorías profesionales de conductor-perceptor y vigilante de mantenimiento, siempre que tengan una antigüedad ininterrumpida en la empresa superior a 18 meses en la prestación de servicios.

En la cláusula segunda, se recoge una jornada laboral de 40 horas semanales en jornada partida, con cómputo anual de l. 784 horas de trabajo efectivo.

En la cláusula cuarta del pacto de empresa, que se aportó como documento nº 13 del ramo de prueba de la parte demanda y que se da aquí por reproducido en su totalidad a fin de integrar el hecho probado, se reconocen una serie de complementos salariales respecto de los que se especifica que no tendrán el carácter de consolidables, estableciéndose las circunstancias que han de concurrir para que sean dejados sin efecto, cuya descripción se realiza en los términos siguientes:

Para conductores/perceptores:

a) plus de puntualidad, que premia la comparecencia del trabajador a la hora fijada por la empresa en el centro de trabajo. Se establece que aumentará anualmente a partir del 2008 con el incremento que se establezca en el Convenio Colectivo de aplicación.

b) plus de control de línea, que premia el cumplimiento de los horarios prefijados por la dirección de la empresa para cada línea. Se establece que aumentará anualmente a partir del 2008 con el incremento que se establezca en el Convenio Colectivo de aplicación

c) plus de regulación de suplencias, que premia la buena disposición para realizar suplencias de otros trabajadores que no puedan comparecer a prestar su turno por causas justificadas. Se establece que aumentará anualmente a partir del 2008 con el incremento que se establezca en el Convenio Colectivo de aplicación (82 '87€);

d) plus de disponibilidad que es de carácter totalmente discrecional por parte de la empresa y que no es consolidable y que requerirá la realización de las funciones que se describen que darán lugar a complemento de llamada, complemento de prolongación de jornada,

e) plus de coordinación, de carácter discrecional por parte de la empresa, que tiene por objeto la realización por parte de un trabajador de funciones de coordinación de un grupo o equipo de trabajo para la realización de unos objetivos determinados con unas funciones concretas encomendadas por la Dirección de la Empresa y bajo sus directrices.

j) plus de toma de libramiento y servicio, que tiene por objeto remunerar la prolongación de la jornada para llevar a término el recuento de la liquidación monetaria, traslado de vehículos desde el final de línea a la cochera y la prolongación de jornada motivada por el retraso acumulado en el servicio, por las causas que en dicho acuerdo se detalla. Se establecen las cuantías del plus para los años 2007 a 2009 y en cuanto al resto de vigencia, se establecen 12 5 euros mensuales+ el incremento del Convenio Colectivo. También se establecen causas de penalización por incumplimiento. g) plus por objetivos, retribución de carácter variable en función del grado de consolidación por parte del trabajador de los objetivos marcados, estableciéndose las reglas para su cálculo.

h) horas extraordinarias, no teniendo esta consideración las prolongaciones de jornada que ya se abonan a través del plus de disponibilidad y plus de toma y libramiento del servicio, pudiendo optar la empresa entre su abono o compensación por tiempo equivalente de descanso retribuido.

i) plus de navidad y fin de año (añadido en pacto de 31 de enero de 2007), referido a la prestación de servicios los días 25, 26 de diciembre y 1 de enero, a razón de 75€ a jornada completa.

Para limpiadores:

Plus de limpieza, con la finalidad de premiar el esfuerzo del personal de limpieza para que los autobuses puedan iniciar cada día el servicio en perfectas condiciones de uso, estableciéndose las causas por las que se podrá llevar a cabo una penalización. Se establece que aumentará anualmente a partir del 2008 con el incremento que se establezca en el Convenio Colectivo de aplicación.

Plus de disponibilidad que es de carácter totalmente discrecional por parte de la empresa y que no es consolidable y que requerirá la realización de las funciones que se describen que darán lugar a complemento de llamada, complemento de prolongación de jornada,

Plus de coordinación, de carácter discrecional por parte de la empresa, que tiene por objeto la realización por parte de un trabajador de funciones de coordinación de un grupo o equipo de trabajo para la realización de unos objetivos determinados con unas funciones concretas encomendadas por la Dirección de la Empresa y bajo sus directrices.

En la cláusula quinta de este Pacto de Empresa, se dispone que todo lo previsto en el pacto de empresa no se aplicará en el supuesto de que el Convenio Colectivo aplicable a la empresa, o la entrada en vigor de una nueva normativa reguladora de los servicios de viajeros establezcan unas nuevas condiciones laborales que sumadas a las previstas en el pacto de empresa no pudieran ser asumidas por su onerosidad.

Añade que la empresa podrá no aplicar este pacto en el caso de que el Convenio Colectivo de aplicación determinara un incremento salarial superior en más de 2 puntos al 1PC estatal previsto para el año en curso o en el caso de que se establezcan en el convenio o en cualquier reglamento o acuerdo de obligada aplicación unas nuevas condiciones laborales que sumadas a las previstas en el pacto no pudieran ser asumidas por su onerosidad.

En el supuesto de que la entrada en vigor de un nuevo Convenio Colectivo estableciera la mejora de las condiciones retributivas previstas en el presente pacto de empresa, estos incrementos y mejoras quedarán absorbidos y compensados por las condiciones retributivas establecidas en el presente pacto.

(Documento nº 7 acompañado con la demanda, que no está completo (falta la cláusula quinta) y documento nº 13 del ramo de prueba de la parte demandada que, si está completo, folios 968 a 976)"

Razona la STS de fecha 5-7-17, recurso nº 244/16, a propósito de los motivos fundados por error en la apreciación de la prueba, "la constante jurisprudencia de esta Sala (sentencias de 6-7-04,rec 169/03, 18-4-05, rec. 3/2004, 12-12- 07, rec.25/2007 y 5-11-08, rec. 74/2007), entre otras muchas, respecto del error en la apreciación de la prueba, es inequívoca", precisando que "Para que la denuncia del error pueda ser apreciada, es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) Que se concrete con claridad y precisión el hecho que haya sido omitido o introducido erróneamente en el relato fáctico. b) Que tal hecho resulte de forma clara, patente y directa de la prueba documental obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas. c) Que se ofrezca el texto alternativo concreto que deba figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos. d) Que tal hecho tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia" (entre las más recientes, SSTS/IV 17-enero- 2011 -rco 75/2010-, 21-mayo-2012 -rco 178/2011-, 20-marzo-2013 -rco 81/2012 -dictada en Pleno, 16-abril-2013 -rco 257/2011-, 18- febrero-2014 -rco 74/2013-, 20-mayo-2014 -rco 276/2013-)"

Pretende el actor añadir dos nuevos párrafos para los limpiadores referidos al plus de disponibilidad, y de coordinación, y se basa, como bien refiere la impugnante en los mismos documentos que fue valorados por el órgano judicial, y a través de un proceso interpretativo, contrario a la convicción alcanzada por la instancia, llega a la conclusión contraria, cuando la juzgadora, valoró en pacto de la empresa, y consideró que son pluses diferentes, están regulados en el pacto de forma separada, y nada tienen que ver con el plus de limpieza.

En definitiva, no podemos aceptar la propuesta porque no se trata de un error valorativo, sino una valoración jurídica que no puede ser revisada a través de este apartado.

iii) Con respecto a la revisión del hecho noveno se propone que la Sala le dé la siguiente redacción: "NOVENO.- En Informe del Servicio de Intervención del Ajuntament de Reus de fecha 21 de agosto de 2012, por reproducido a fin de integrar el hecho probado, tomando como base las indicaciones de la Instrucción de Servicio conjunta de la Secretaría y la Intervención municipales de 10 de agosto de 2012, que hacía referencia a la adaptación de las retribuciones a las respectivas LPGE hasta el ejercicio 2011, se establece que en relación a la empresa Reus Transport Públic S.A., a las retribuciones fijas y periódicas que se liquiden en cada nómina, será necesario aplicar una reducción de un 4 '5%, entendiendo por retribuciones fijas las que no estén asociadas al cumplimiento de objetivos (incentivos, productividad, participación en beneficios), de la siguiente manera:

- Para los contratos firmados a partir del 1 de enero de 2009 que no se encuentren incluidos en el Convenio colectivo o tablas salariales pactadas, la reducción a aplicar será del 3,9%, siempre que este sea el incremento aplicado durante los ejercicios de 2010 y 2011. En caso de que sea superior, la reducción será equivalente a este incremento.

- Para los contratos firmados a partir del 1 de enero de 2010 que no se encuentren incluidos en el Convenio colectivo o tablas salariales pactadas, la reducción a aplicar será del 3,25%, siempre que este sea el incremento aplicado durante los ejercicios de 2010 y 2011. En caso de que sea superior, la reducción será equivalente a este incremento.

- Los contratos firmados a partir del 1 de enero de 2011 y que no se encuentren in incluidos en el Convenio colectivo o tablas salariales pactadas, no se verán afectados por esta reducción.

Llevándose a cabo la reducción a partir de la nómina del mes de septiembre de 2012. Esta circunstancia fue comunicada a los trabajadores."

Se ofrece los documentos obrantes a los folios 1011 a 1013.

Razona que la sustitución/exclusión afecta a la justificación de la demandada en relación con que la empresa ha aplicado de forma unilateral, sin seguir las presentes instrucciones de Intervención Municipal, la reducción de 4,5% que dio origen al concepto ajuste salarial 4,5 % LPGE 2010-2011 de manera uniforme sin distinción de ejercicio de contratación, siendo una situación consolidada a día del presente.

Por su parte, opone la empresa que como se base en el mismo informe del Servicio de Intervención Municipal, y la reducción se tuvo que aplicar a todos los contratos afectados por el convenio colectivo de acuerdo con las tablas salariases pactadas, el añadido es intrascendente.

Criterio que debemos compartir el criterio de la empresa, en cuanto que la Sala no encuentra que el órgano judicial haya incurrido en el error que se denuncia, otra cuestión es la valoración que de dicho documentos se pretende hacer, pero, incluso, en este caso, el añadido no tendría la relevancia suficiente como para alterar el sentido del fallo.

iv) Del hecho undécimo se pretende suprimir dos párrafos, que no podemos aceptar por cuanto el hecho se construyó con relación a la prueba de testigos, y que incluso aunque hubiere errado en su conclusión, la Sala al no poder considerar que el resultado alcanzado es absurdo, arbitrario o ilógico, no puede alterar.

v) Por último se pretende añadir un nuevo hecho el decimosexto bis, al que se debería dar el siguiente contenido: "DÉCIMO SEXTO BIS.- El plus presa y lliurament de servei solo se liquida por parte de la empresa en las doce mensualidades ordinarias, a pesar de que el Pacto de 2012 estableció un devengo en 15, por lo que la empleadora no incluye dicho concepto en las pagas extraordinarias, siendo debido a día del presente".

Ofrece los documentos obrante a los folios 870 a 913 de estos autos.

Es evidente que como indica la empleadora, que no habiendo sido combatido el decimosexto de los probados donde se declara que el "plus presa i lliurament del servei" donde recoge que el importe obedece a las limitaciones impuestas por la LGPE, y, por tanto, es correcto, impide que se pueda aceptar un hecho que lo contradice. Además, por otra parte, en el documento en cuestión, nada refiere que se liquide en doce mensualidades, y que no se incluye dicho concepto en las pagas extras es una cuestión de valoración jurídica que difícilmente puede tener encaje en el relato de hechos, por lo que procede desestimar este último motivo de revisión.

debemos decir que de estos requisitos únicamente se cumple en el caso de autos, el

CUARTO.- Censura jurídica.

i) Objeto de recurso.

Se denuncia por la parte actora la infracción de los arts. 14 y 35 CE, así como el art. 4.2 y 28 del TRLET, y se hace única y exclusivamente por considerar que la empresa está dando un trato retributivo menos favorable - discriminatorio- a unos trabajadores con relación a otros en función de un criterio de antigüedad y en aplicación del pacto de empresa del 2006 y el posterior de 2012.

ii) Impugnación.

En resumen opone la empresa, que la vista de la censura y de los argumentos que la sustenta el recurso, el objeto del recurso debe ceñirse únicamente a resolver sobre el abono de los pluses contenidos en el pacto de empresa de 2006 con relación a la diferenciación que hace la empresa entre trabajadores que acrediten más de 18 meses de antigüedad y los que no, y que la sentencia de instancia resuelve en su fundamento de derecho cuarto.

Con respecto al resto de las cuestiones que contiene la demanda, es decir, a las que se refiere los fundamentos de derecho quinto y sexto "sobre la solicitud de aplicación del convenio colectivo a toda la plantilla en lo que resulta más favorable, manteniendo los pluses contenidos en los pactos de empresa de 2006 y 2012 y las condiciones que sean más beneficiosas para el trabajador contenidas en los pactos, así como la reclamación de cantidad de cada uno de los trabajadores demandantes al abono de las diferencias salariales entre las cantidades abonadas y las que corresponderían en caso de prosperar la acción de reconocimiento de derecho, la parte impugnante las considera que son firmes por no haber sido atacadas en el presente recurso. Y concluye, sobre ese aserto, que en el hipotético caso de que el recurso sea estimado, las únicas cantidades a las que podría ser condenada la empresa serían las que recoge el folio 918 y 922 de estos autos, sin computar los incrementos salariales del convenio del sector, en cuanto que sobre esta cuestión la parte nada ha impugnado ni reclamado en el presente recurso.

En cuanto al fondo del asunto, se alega que la sentencia no ha incurrido en ninguna de la infracciones normativas y jurisprudenciales denunciadas, por lo que no procedería el abono de cantidad alguna por ningún concepto.

Sin embargo, ad cautelam, procede a examinar el resto de las cuestiones que examinadas en la sentencia sobre las que el recurso nada ha opuesto, como las cantidades reclamadas por cada uno de los trabajadores, impugnándolas; la aplicación de los incrementos salariales del convenio del sector y los derivados del pacto de empresa; la aplicación de los límites en los incrementos derivados de conformidad con la LPGE, como a la aplicación de otros conceptos retributivos.

iii) Criterio del órgano judicial de instancia.

Sobre la cuestión que sustenta el objeto del presente recurso, y que se ciñe en cuanto a la decisión que la sentencia de instancia contiene a lo razonado en el fundamento de derecho cuarto, el órgano judicial de instancia resolvió lo siguiente:

" CUARTO.- En relación con la petición relativa al abono de los pluses contenidos en el pacto de empresa de 2006 sólo a trabajadores de más de 18 meses de antigüedad en la empresa.

La actora solicita primeramente en el suplico de la demanda, el reconocimiento a los trabajadores con contrato de duración determinada del derecho a cobrar los pluses contenidos en el pacto de 2006 y 2012.

La actora afirma que la empresa no está abonando estos pluses, no ya por no haber alcanzado una antigüedad de 18 meses en la empresa, sino por el hecho de ser eventuales, lo que a todas luces constituye una situación clarísima de discriminación en los términos de la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 y reclama tanto el reconocimiento del derecho a su abono como el abono de las diferencias salariales devengadas por su impago, entre los meses de septiembre de 2019 y marzo de 2022 que es el periodo al que se ciñe la reclamación.

En relación a esta cuestión ha de partirse de la circunstancia de que el pacto de empresa de 2006 contiene en su cláusula cuarta una serie de pluses salariales de diferente naturaleza, pues entre ellos, se hallan algunos que tiene carácter discrecional para la empresa, como son el plus de disponibilidad, el plus de coordinador y el plus por objetivos y cuyo devengo no se realiza de forma automática sino por haber consolidado el trabajador las circunstancias que en cada uno de los pluses se especifican. Se trata de pluses que no cobran todos los trabajadores fijos según se desprende de las nóminas, sino sólo si se dan las circunstancias a las que se alude para cada uno de ellos en el pacto de empresa de 2006.

Por otra parte, tanto el plus de limpieza como el plus de toma y libramiento del servicio, en virtud de lo acordado en el pacto de empresa de 2012 suscrito para dejar sin efecto una convocatoria de huelga, estos dos pluses, perdieron a través de este último pacto su afección a una determinada antigüedad, y pasaron a constituir un derecho de todos los trabajadores, con independencia de su antigüedad. No expresa el pacto de 2012 los motivos por los que su abono dejó de estar sujeto a la consolidación de una determinada antigüedad, desconociéndose si fue una cuestión que fue tratada en las negociaciones que tácitamente pasó a formar parte del pacto o fue fruto de las eventualidades que pueden rodear a un pacto de urgencia dirigido a desconvocar una huelga, pero la cuestión es que a partir del año 2012, se abonan estos pluses de toma y libramiento del servicio y limpieza a todos los trabajadores con independencia de su antigüedad, el primero a los conductores/perceptores y el segundo a los limpiadores. Tampoco existe limitación al abono a trabajadores con menos de 18 meses de antigüedad del pacto añadido en enero de 2007 que se refiere al plus desempeño de actividad laboral en navidad y fin de año, concretamente, los días 25 y 26 de diciembre y 1 de enero.

A la vista de esta circunstancia que resulta del propio pacto y de las nóminas de los trabajadores, ha de decirse que no se acaba de comprender la petición contenida en el suplico de la demanda en relación a la extensión a los trabajadores temporales de los pluses contenidos en el pacto de 2012 como son el plus de toma y libramiento del servicio y el plus de limpieza, pues no se realizó exclusión de trabajador alguno en cuanto a su abono, con independencia de la duración de su contrato o de su antigüedad y no se discute por la parte actora el hecho de su abono. Se añadirá que el plus de toma y libramiento del servicio, también se contenía en el pacto de 2006, con la limitación a la antigüedad de 18 meses, pero dejó de tener esa afección en 2012.

Por tanto, dejando al margen los pluses de carácter discrecional, respecto de los que ni siquiera los trabajadores de más de 18 meses de antigüedad tienen consolidados y dejando fuera también los que acaban de referirse que son reconocidos a todos los trabajadores en el pacto de 2012, serían únicamente objeto de reivindicación para para los trabajadores eventuales, los pluses de puntualidad, control de línea y regulación de suplencias, para los que continúa vigente la limitación de su abono a trabajadores con más de 18 meses de antigüedad.

Así las cosas, estamos ante un pacto fruto de la negociación colectiva que como afirma la parte demandada se acordó en atención a un fundamento concreto. Así, al ser la empresa demandada un Centro Especial de Trabajo, prioriza la contratación de trabajadores con discapacidad en riesgo de exclusión social, lo que hace necesaria su adaptación al puesto de trabajo. Por este motivo, la empresa planifica jornadas de trabajo partidas para minimizar los riesgos laborales derivados de posturas forzadas y estáticas, sobrecargas posturales y movimientos repetitivos durante un tiempo prolongado. Los pluses aludidos hacían referencia a estos aspectos, entendiéndose en el momento de la negociación que la aplicación prematura de los mismos suponía un incremento de los riesgos relacionados con la carga psíquica y el estrés de los trabajadores que no tenían todas las competencias adquiridas debido a su poca experiencia laboral.

Se trata en concreto del plus de puntualidad, que premia la comparecencia del trabajador a la hora fijada por la empresa en el centro de trabajo, del plus de control de línea, que premia el cumplimiento de los horarios prefijados por la dirección de la empresa para cada línea y del plus de regulación de suplencias, que premia la buena disposición para realizar suplencias de otros trabajadores que no puedan comparecer a prestar su turno por causas justificadas. Manifestó el testigo Sr. Jenaro que esta circunstancia, la del abono de estos tres pluses a trabajadores con más de 18 meses de antigüedad, se remonta al año 1.999 y fue ratificada en los pactos de empresa posteriores, como el de 2006 y el de 2012.

Y desde esta perspectiva, entiendo que se trata de un pacto asumido por las partes que tiene un fundamento legítimo y que se encuentra arraigado en la empresa y que no resulta en modo alguno discriminatorio que los trabajadores con una antigüedad inferior a 18 meses, no consoliden los derechos económicos que se derivan del cobro de estos tres pluses de puntualidad, control de línea y regulación de suplencias, pues el fundamento por el que en pacto de empresa de 2006 se excluyó a determinados trabajadores del cobro de estos pluses, no resulta ilógico ni irracional, atendiendo a las características de la empresa como centro especial de trabajo que ocupa a personas a las que forma ya que además, en el caso de algunos trabajadores tienen reconocido un determinado porcentaje de discapacidad, con la necesaria y obligada adaptación al puesto de trabajo, que repercute económicamente en la empresa en cuanto a su formación y que beneficia la integración de estos trabajadores, por lo que resulta lógico que no sólo sea la empresa quien haya de soportar las circunstancias que rodean a esa adaptación al puesto de trabajo. Esta exclusión de abono de estos pluses tiene su fundamento igual que lo tienen otros conceptos retributivos que se abonan a los trabajadores en sentido contrario, esto es, cuando alcanzan una determinada antigüedad, como pueden ser los complementos retributivos cuando se ha alcanzado una determinada antigüedad, o reconocimiento de días adicionales de vacaciones.

Por tanto, ha de concluirse que los motivos por los que se excluyeron de su abono estos tres pluses no son discriminatorios sino que más al contrario se fundaron en la protección de los propios trabajadores y su mejor adaptación a los puestos de trabajo, pues además se trata de tres concretos pluses, cuyo abono está directamente relacionado con una mayor exigencia en el desempeño del puesto de trabajo, como son la puntualidad del trabajador en presentarse al puesto de trabajo, la puntualidad en la realización del mismo y cumplimiento de objetivos durante el turno de trabajo y el hecho de ofrecer una determinada disponibilidad en atender un turno de trabajo al que otro trabajador no ha podido acudir, lo que puede significar una acumulación de tareas para un trabajador cuyo adaptación total al puesto de trabajo no se ha consolidado.

Por tanto, ha de denegarse la pretensión formulada por la actora que supondría la modificación del acto de empresa de 2006 en el sentido de incluir a los trabajadores con antigüedad inferior a 18 meses en la empresa en el cobro de los tres pluses mencionados.

Pero la parte actora va más allá y afirma que no se abonan estos pluses por el hecho de tratarse de trabajadores eventuales y no indefinidos.

Más esta circunstancia no es lo que resulta de la prueba practicada.

Así, ha de apuntarse que, desde la interposición de la demanda hasta la fecha, se da el caso de algún trabajador que tenía la condición de eventual que ahora ya ha adquirido la condición de indefinido. También se da el caso de trabajadores que, según la prueba practicada, cesaron en la empresa antes de consolidar los 18 meses de antigüedad, como son Eufrasia, Obdulio, Nicanor, Onesimo y Jose Pedro.

Respecto de estos trabajadores, tal y como se ha hecho constar en el apartado correspondiente de los hechos probados, de la prueba practicada no resulta acreditado que superaran los 18 meses de antigüedad en la empresa. No resulta que su relación laboral superara ese periodo de la documental aportada por la actora ni de la aportada por la empresa a requerimiento de la actora.

A pesar de tratarse de una demanda colectiva, que por interponerse finalmente en nombre de 28 personas la actora no puede resultar eximida de acreditar (bien directamente o bien a través de requerimiento documental a la parte demandada) determinados hechos relativos a la existencia de la relación laboral de cada uno de los trabajadores demandantes. En este sentido, la demanda es muy escueta y relaciona al lado de cada trabajador sus circunstancias contractuales particulares de antigüedad, salario, tipo de contrato o contratos suscritos, etc., circunstancias estas cuya facilidad probatoria está en manos de los demandantes. La actora, en relación a la probanza de estas cuestiones, se limitó a requerir a la demandada de la aportación de los contratos de trabajo y de las nóminas de todos los trabajadores. De su examen resulta que no se da el caso de ningún trabajador con antigüedad superior a 18 meses al que no se le abonen los tres repetidos pluses de puntualidad, control de línea y regulación de suplencias de los que estamos tratando. Del examen de algunos de los contratos aportados referidos a trabajadores que la actora menciona como eventuales, se desprende la fecha de inicio de la relación laboral, pero no la fecha de finalización, ya que se trataba de contratos temporales de interinidad para sustituir a trabajadores que se encontraban en situación de incapacidad temporal, haciéndose referencia en su clausulado que la finalización de la relación laboral del trabajador se producirá en el momento en que se produzca el fin de la situación de IT del trabajador sustituido, motivo por el cual, del examen únicamente de los contratos de trabajo, en algunos casos no se conoce exactamente la duración de la relación laboral. En este sentido, la demandada ha aportado los contratos de trabajo, que fue de lo que se le requirió a instancias de la actora para el anterior señalamiento que se encontraba previsto para el día 3 de noviembre de 2021 y cuya suspensión se acordó por las causas que constan ene I acta levantada al efecto. Además, la actora, en atención al principio de facilidad probatoria, no ha aportado informes de vida laboral de estos trabajadores de los que se desprendería el inicio y fin de la relación laboral en cada caso particular. En concreto, no ha aportado informes de vida laboral de ningún trabajador, lo que hubiera sido de gran utilidad probatoria, a efectos de estos trabajadores como también en el supuesto de otros en los que concurren otras circunstancias de las que se tratará más adelante. Tampoco solicitó requerimiento a la empresa de la vida laboral de esta, de donde también podrían extraerse estos datos.

Por ello, el análisis de la prueba practicada nos lleva a determinar que no han resultado acreditadas las alegaciones de la parte actora relativas a que se produzca esta discriminación en el impago por tratarse de trabajadores temporales, pues con independencia de que la empresa en algún momento determinado y respecto a algún caso concreto haya podido incurrir en este incumplimiento y sin perjuicio de lo que luego se dirá haya dejado de abonar o reconocer a determinados trabajadores el abono de estos pluses, lo que se reclama y reivindica en este procedimiento, es que se reconozca el derecho al cobro de estos pluses con independencia de la antigüedad y una vez reconocido, el abono de las cantidades no pagadas. Y ya se ha determinado que se considera que ello tiene un fundamento justificado y que fue el resultado de un acuerdo entre las partes. Por otra parte, no resulta tampoco acreditado que entre los trabajadores demandantes se dé el caso de algún trabajador eventual que superados los 18 meses de antigüedad siga sin abonar las cantidades correspondientes a estos tres pluses, tal y como pasamos a exponer a continuación.

Como se ha hecho constar en el apartado de hechos probados, son 9 los trabajadores demandantes que tendrían la condición de eventuales. De ellos, 5 habrían finalizado su relación laboral antes de haber cumplido 18 meses en la empresa, se insiste, según la prueba practicada, pues si bien en el caso de algunos contratos no se desprende de los mismos en qué fecha terminó la relación laboral por incorporación del trabajador sustituido, al haberse requerido a la empresa de la aportación de las nóminas emitidas durante la relación laboral de cada trabajador, de estas nóminas es de las que resulta que determinadas relaciones laborales de trabajadores eventuales, habrían finalizado antes de los 18 meses.

En cuanto al trabajador eventual Jose Ignacio tuvo contrato con la empresa desde el 11/12/2018 al 10/12/2020, si bien en el mes de julio de 2020 pasó a cobrar la prestación de incapacidad temporal, tal y como se deprende de las nóminas aportadas, siendo aproximadamente en este mes de julio cuando hubiera consolidado los 18 meses de antigüedad, si bien, al percibir una prestación de IT con cargo a la Seguridad Social, la empresa no pudo actualizar su abono, según alega la empresa demandada, entendiendo que ha de ser acogida esta alegación.

Por otra parte, de la prueba practicada y en concreto, del examen de las hojas de salario resulta acreditado que en el caso de tres trabajadores eventuales se les comenzaron a abonar los pluses de puntualidad, control de línea y regulación de suplencias derivados del Pacto de Empresa de 2006, una vez consolidada la antigüedad de 18 meses. Se trata de Saturnino, que los percibe desde el mes de noviembre de 2021, de Teodosio, que tiene ya la condición de indefinido y que comenzó a cobrar los pluses desde el mes de febrero de 2019 (antigüedad 4/9/2017) y de Luis Miguel, que los cobra desde el mes de diciembre de 2021.

Y en relación a los pluses variables, como se decía, su abono no está vinculado con una relación laboral temporal o indefinida, sino en el cumplimiento de otros condicionantes que se desprenden del pacto de empresa, cuya concurrencia no ha acreditado la actora. Es decir, la actora no ha acreditado que se dé el caso de trabajadores que aun no alcanzando la antigüedad de 18 meses hayan cumplido todas las condiciones necesarias para que les sean abonados los pluses de carácter discrecional. De hecho, de las nóminas del Sr. Nicanor, trabajador temporal, se desprende que llegó a cobrar un plus discrecional (folio 47), dándose la circunstancia de que este trabajador, según resulta de la prueba practicada, no alcanzó en la empresa una antigüedad de 18 meses.

Como consecuencia de todo lo anterior, no puede sino desestimarse íntegramente la primera de las peticiones contenidas en el suplico de la demanda en cuanto al reconocimiento del derecho de los trabajadores eventuales demandantes a cobrar los pluses del pacto de empresa de 2006 que no tienen carácter discrecional con independencia de si los mismos han alcanzado o no los 18 meses de antigüedad.

En cuanto a los pluses del pacto de empresa de 2012, de la prueba practicada se desprende que los mismos se abonan a todos los trabajadores con independencia de su antigüedad en la empresa, por lo que existe una falta de acción en relación con esta petición."

iv) Decisión.

a) Sobre el objeto de este recurso, debemos compartir el criterio que mantiene la empresa impugnante en cuanto que este se ciñe, únicamente a la solicitud que el órgano judicial de instancia resolvió en el fundamento de derecho cuarto.

b) A partir de ello, es de observar, en síntesis, que la juzgadora de instancia examinando la cláusula 4ª del Pacto de 2006, así como la correspondiente del 2012, y valorando la documental presentada por ambas partes, llega a la conclusión que con relación a los pluses variables (disponibilidad, coordinación y objetivo) que estos solo los cobran determinados trabajadores, que son los que han consolidado el derecho a percibirlos a tenor de los establecido en el Pacto de 2006, pero en contra de lo que afirma la parte recurrente, no se devengan de forma automática, no son discriminatorios, para su devengo no es necesario acreditar una antigüedad en la empresa de 18 meses, ni la condición de tener un contrato fijo o eventual en la empresa, pues, la parte actora, no ha conseguido probar en estos autos que haya trabajadores que no hayan alcanzado esa vinculación con la empresa que sean titulares de un contrato eventual y, la empresa no se los abone, o que se les haya exigido acreditar una determinada antigüedad.

Con respecto a los pluses limpieza, toma y libramientos, estos se abonan de acuerdo con lo pactado en el 2012, y se retribuyen al margen de su antigüedad en la empresa.

Los pluses de desempeño en navidad, fin de año y uno de enero, tampoco se devengan en función de ostentar una determinada antigüedad, aunque recuerda, que, si bien es cierto, que si era un requisito en 1999, este se suprimió tras el Pacto de 2006.

Por lo que afecta a los pluses de puntualidad, control de línea y de regularización de suplencias, la forma de su devengo viene recogida tanto en el Pacto de 2006 como de 2012, y si bien es cierto, que para su devengo se exige acreditar una determinada antigüedad, en concreto de 18 meses, la razón tiene que ver con la condición de centro especial de empleo público que acredita la empresa, en el que prestan servicios y se contrata a trabajadores con diferentes grados de discapacidad, y que por esa circunstancia necesitan determinada formación y experiencia, así como la necesaria y obligada adaptación al puesto de trabajo, circunstancia que repercute económicamente en la empresa en cuanto a su formación y que obviamente beneficia la integración de estos trabajadores, por lo que resulta lógico que no sólo sea la empresa quien haya de soportar las circunstancias que rodean a esa adaptación al puesto de trabajo.

Por tanto, inalterado el relato de hechos, examinado los pactos que se citan, teniendo en cuenta la falta de prueba para acreditar la diferencia de trato que se denuncia, como la falta absoluta de indicios de vulneración de derechos fundamentales en cuanto a los pluses variables, ya sea en relación a la exigencia de una determinada antigüedad, como por naturaleza de su contrato (temporal o indefinido) y, eso incluso, a pesar de que conste acreditado que los pluses de puntualidad, control de línea y de regulación de suplencias, solo se abonan a los trabajadores que acrediten una antigüedad de 18 meses en la empresa, dado que ese trato diferenciado obedece a una causa cierta que lo justifica, relacionada con que la empresa sea centro especial de empleo, y con la contrata a trabajadores discapacitados y no discapacitados.

Sobre la diferencia de trato salarial, la doctrina contenida en la STS de 7 de octubre 2020, recud 863/2020 y las que esta cita, señala que: "...para que la diferencia salarial fundada en el concepto de antigüedad pueda ser conforme al principio de igualdad es necesario que, en el seno del convenio, se introduzca algún tipo de compromiso empresarial que conlleve una "contraprestación a los afectados que pueda hacer potencialmente compatible la medida con el art. 14CE "; y, de otro lado, que "con base en pautas de compensación o reequilibrio, determinen el establecimiento de la diferencia de modo transitorio, asegurando su desaparición progresiva">> --, como de la jurisprudencia referida de esta Sala de casación - que señala << no puede incurrir el Convenio Colectivo en el establecimiento de diferencias en el trato de los trabajadores, "a menos que tales diferencias sean razonables, objetivas, equitativas y proporcionadas, estando el convenio colectivo facultado para establecer determinadas diferencias en función de las particulares circunstancias concurrentes en cada caso, sin que cuando se trata de la retribución del trabajo quepan las generalizaciones, de manera que el principio general a tener en cuenta es el de igual retribución a trabajo de igual valor, como ordena el art. 28 del ET, y en principio está desprovista de toda fundamentación razonable la inclusión en el convenio colectivo de diferencias salariales en atención únicamente a la fecha de la contratación".

En el presente caso, concurriendo como hemos expuesto los presupuestos que justifican que determinados trabajadores no perciban unos concretos plus porque su devengo esta vinculado a la necesidad de alcanzar una determinada formación o especialización que se adquiere tras prestar servicios durante un determinado periodo de 18 meses, no constando tampoco acreditado que los pluses variables se devenguen en función de unos parámetros que pudieren ser atentar contra el principio de igualdad, sino por razón de función, la diferenciación salarial y de trato que aquí se denuncia, y que hemos examinado, puede ser conforme al principio de igualdad, por lo que, no teniendo ningún otro elemento a partir del cual podamos llegar a la conclusión que el órgano judicial de instancia erró a la hora de interpretar las cláusulas del pacto que fue sometida a su consideración, debe prevalecer la interpretación que este hizo, sobre la que ahora propone la parte recurrente, lo que nos obliga a desestimar el recurso ya confirmar la sentencia recurrida.

VISTOS los anteriores, y obligados por el artículo 120.3 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1978, razonamientos y argumentos, así como los mencionados preceptos y los demás de general y debida aplicación, los Ilmos. Sres. Magistrados referenciados en el encabezamiento de esta sentencia, previos los actos de dación de cuenta por quién de ellos fue designado Ponente, y conjuntas deliberación, votación y fallo.