Sentencia Social 2511/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 7150/2022 de 20 de abril del 2023

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social nº 2 de Terrassa ha dictado sentencia en fecha 22-7-2021 en los Autos 770/2021, en la que estima la pretensión subsidiaria de la demanda interpuesta por D. Faustino contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, declarando al actor en situación de incapacidad permanente absoluta, derivada de enfermedad común, con derecho a percibir una pensión vitalicia mensual del 100% de la base reguladora de 1.873,05 euros mensuales, más las mejoras y revalorizaciones; debiendo estar y pasar por el Instituto Nacional de la Seguridad Social por tal declaración, y siendo la fecha de efectos económicos la de extinción de la situación de IT.

Frente a dicha sentencia, la parte actora formula el presente recurso de suplicación, en el que alega un único motivo amparado en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, solicitando la revocación de la sentencia de instancia y la declaración del actor en situación de gran invalidez.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social, también ha formulado recurso de suplicación, en el que alega un único motivo, amparado en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, solicitando la revocación de la sentencia de instancia, absolviendo al Instituto Nacional de la Seguridad Social de los pedimentos de la demanda.

No se han presentado escritos de impugnación de los recursos de suplicación formulados.

SEGUNDO.- En los dos recursos formulados, se alega un único motivo, amparado en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, dirigido a la censura jurídico sustantiva.

La parte actora, en su recurso, pretende la declaración del actor en situación de incapacidad permanente, en grado de gran invalidez, en lugar del grado de absoluta que le ha declarado la sentencia de instancia; denuncia la infracción de los artículos 194.1.d) y 196.4 de la Ley General de la Seguridad Social, y el artículo 12.4 de la Orden Ministerial de 15-4-1969, así como la jurisprudencia relativa a dichos preceptos. Argumenta, en síntesis, que teniendo en cuenta el cuadro médico que presente el actor, declarado probado en la sentencia de instancia, se concluye que el mismo presenta una imposibilidad para realizar actos esenciales de la vida diaria, y no una mera dificultad, tanto por las frecuentes caídas que sufre de las que no puede levantarse por sí solo, y precisa ayuda para vestirse ducharse y para escaleras, por lo que no puede realizar dichos actos por sí solo.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social, en su recurso, pretende que el actor no es tributario de la incapacidad permanente absoluta que la sentencia de instancia le ha reconocido; se denuncia la infracción del artículo 194.5 de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con la Disposición Transitoria 26ª. Argumenta dicha entidad que, según las dolencias declaradas probadas, no se acredita limitación ni contraindicación para actividades livianas o sedentarias, y no se indica limitación para desplazamientos al puesto de trabajo.

TERCERO.- Para la resolución del recurso en los términos planteados, cabe recordar que la incapacidad en cualquiera de sus grados viene referida, según el artículo 193.1 de la LGSS aprobada por Real Decreto legislativo 8/2015, antes artículo 136.1 del TRLGSS de 1994, a la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral, no obstando a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Que el artículo 194 del TRLGSS de 2015, - antes artículo 137 del TRLGSS de 1994 -, establece: "1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados:

(....)

e) Absoluta

d) Gran invalidez.

(...)

2. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca.

A efectos de la determinación del grado de la incapacidad, se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional, en que aquella estaba encuadrada, antes de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente".

Que dicha regulación que se complementa con la Disposición transitoria vigésima sexta. Calificación de la incapacidad permanente, que dispone: "Uno. Lo dispuesto en el artículo 194 de esta ley únicamente será de aplicación a partir de la fecha en que entren en vigor las disposiciones reglamentarias a que se refiere el apartado 3 del mencionado artículo 194. Hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción: "Artículo 194. Grados de incapacidad permanente. 1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará con arreglo a los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual. b) Incapacidad permanente total para la profesión habitual. c) Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. d) Gran invalidez.

(...)

5. Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión y oficio"

6. Se entenderá por gran invalidez la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos."

Y en relación a dicha normativa, por lo que se refiere a la incapacidad permanente, en grado de gran invalidez, una reiterada doctrina jurisprudencial, ( SSTS 1 y 27 de abril, 9 de mayo, ll de junio, 2 de julio y 23 de diciembre de 1985, y 15 de febrero, 19 de marzo y 15 de diciembre de 1986, 24 de marzo de 1.987, 12 de julio de 1988 y 30 de enero de 1989 entre otras), ha declarado que ha de entenderse acto esencial para la vida, aquél que resulte imprescindible para la satisfacción de una necesidad primaria ineludible para poder subsistir fisiológicamente, o para ejecutar aquellas actividades indispensables en la guarda de la seguridad, higiene y decoro fundamentales en la convivencia humana. Admitiéndose también por la misma jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de 15 de diciembre de 1.986, 1 de octubre de 1.987, 18 y 23 de marzo de 1.988 y 30 de enero y 12 de julio de 1.989), que la enumeración que efectúa el citado precepto de los actos esenciales de la vida es meramente enunciativa y que ha de entenderse que basta la imposibilidad de realizar uno sólo de dichos actos para que, requiriéndose la necesidad de ayuda externa, sin que sea exigible que ésta sea continuada, concurran los presupuestos necesarios para la aplicación del precepto legal. Esos actos esenciales que la doctrina jurisprudencial ha caracterizado como "... los encaminados a la satisfacción de una necesidad primaria e ineludible para poder fisiológicamente subsistir o para ejecutar los actos indispensables en la guarda de la seguridad, dignidad, higiene y decoro fundamental para la humana convivencia..." (por ejemplo y por todas la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2004 ) Por otro lado, esa misma jurisprudencia también ha indicado que basta la imposibilidad del inválido para realizar por sí mismo uno sólo de los "actos más esenciales de la vida" y la correlativa necesidad de ayuda externa, como para que proceda la calificación de gran invalidez, siquiera se señale que no basta la mera dificultad en la realización del acto, aunque tampoco es preciso que la necesidad de ayuda sea constante (en tales términos, sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 30 de enero de 1989 o de fecha 19 de febrero de 1990). Por otra parte, la declaración ha de realizarse sobre la situación actual del trabajador y no a la futura, por probable que ésta sea ( TS 26-2-88).

Cabe citar, también la sentencia de esta Sala e 5 de junio de 2020 (rec. 448/2020), donde se señala: " Sobre la gran invalidez tiene dicho la doctrina que requiere: 1) que el trabajador presente unas disminuciones anatómico-funcionales determinadas y 2) que las secuelas de las mismas tengan la entidad suficiente de impedirle la satisfacción de necesidades primarias e ineludibles y es esta segunda exigencia la que definiría claramente el grado de gran invalidez.

-En cuanto al concepto de actos esenciales de la vida, se trata de actos dirigidos a satisfacer una necesidad permanente e ineludible para subsistir fisiológicamente o para ejecutar actos indispensables en el cuidado de la dignidad, higiene y decoro que corresponde a la convivencia humana ( STS 14 marzo 1972 , 30 enero 1987 , 10 abril 1989 , 20 marzo 1980 , 19 febrero 1990 ).

- No es preciso que la persona no pueda realizar todos los actos esenciales que enumera el art.137.6 LGSS , sino que basta la imposibilidad de realizar uno cualquiera de dichos actos ( STS 29 marzo 1980 ; RJ 1980570).

- Lo que caracteriza la gran invalidez no es el tener dificultad ("dificultad a la incorporación y para el aseo..."), sino la imposibilidad para los actos más esenciales de la vida. ( SSTS de 12 julio 1989 RJ 1989464 ; 13-7-1983 (RJ 1983, 3777) En idéntico sentido se ha pronunciado esta Sala en sentencia de 14-5-1994 . Por esta razón se excluyen de la gran invalidez los supuestos en que siendo difícil realizar los actos vitales, puede llevarlos a cabo el propio interesado ( STS 15 de enero de 1987 (RJ 19872.)

- El grado de gran invalidez no exige una permanencia futura en la necesidad de la asistencia de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida, sino la simple constatación de la necesidad presente de asistencia de una tercera persona, por lo que se ha entendido que puede concurrir tal grado en personas con enfermedades terminales ( STS de 12 mayo 2003 RJ 2003076; STS de 11 octubre 2004 RJ 2004071). Por otro lado, de los actos que pueden considerarse como más esenciales de la vida, hay que incluir los relativos a la guarda de la propia vida e integridad física o a la de terceros como el elemento que sirve de base a los demás, de forma que en casos de trastornos mentales que conllevan intentos de autolisis o episodios no controlados de heteroagresividad que hacen precisa la vigilancia y cuidado de un tercero. En definitiva, entre los actos esenciales de la vida, no pueden comprender exclusivamente el deambular, comer, vestirse, etc., sino que cabe incluir aquellos otros que tiendan a la garantía de su integridad física, en evitación de autolesiones, así como la de terceras personas ( STSJ 04 de Noviembre del 2010 (ROJ: STSJ CAT 8390/2010) Recurso: 1141/2010 ; STSJ Catalunya de 20 de Febrero del 2006 (ROJ: STSJ CAT 731/2006) Recurso: 9097/2004 , entre otras)".

En cuanto a la incapacidad permanente absoluta, según declara la jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral, de forma que la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando al trabajador no le reste capacidad alguna ( STS 29-9-87), debiéndose de realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87), sin que puedan tomarse en consideración las circunstancias de tipo económico y social que concurran, que no pueden configurar grado de incapacidad superior al que corresponda por razones objetivas de carácter médico, exclusivamente ( STS 23-3-87, 14-4.88 y muchas otras), debido a que tales circunstancias pueden tomarse exclusivamente en consideración para la declaración de la invalidez total cualificada, debiéndose valorar las secuelas en sí mimas ( STS 16-12-85); pues como mantiene la jurisprudencia, deberá declararse la invalidez absoluta cuando resulte una inhabilitación completa del trabajador para toda profesión y oficio, al no estar en condiciones de acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo económico para concertar alguna realización de trabajo retribuida ( STS 18-1 y 25-1-88), implicando no sólo la posibilidad de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y permanecer en él durante toda la jornada ( STS 25-3-88) y efectuar allá cualquier tarea, sino la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, en régimen de dependencia con un empresario durante la jornada laboral, sujetándose a un horario y con las exigencias de todo orden que comporta la integración en una empresa, dentro de un orden establecido y en interrelación con otros compañeros ( STS 12-7 y 30-9-86, entre otras), en tanto no es posible pensar que en el amplio campo de las actividades laborales exista alguna en la que no sean exigibles estos mínimo de capacidad y rendimiento, que son exigibles incluso en el más simple de los oficios y en la última de las categorías profesionales, y sin que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el empresario ( STS 21-1-88). No se trata de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). En consecuencia, habrá incapacidad permanente absoluta siempre que las condiciones funcionales médicamente objetivables del trabajador le inhabiliten para cualquier trabajo que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral ( STS 23-3-88, 12-4-88). Es en tal sentido que se ha declarado que lo establecido en dicho precepto, al definir la incapacidad absoluta para todo trabajo, no debe ser objeto de una interpretación literal y rígida, que llevaría a una imposibilidad de su aplicación, sino que ha de serlo de forma flexible (TS 11-3-86).

CUARTO.- Expuesta la normativa, así como la doctrina jurisprudencial, ha de resolverse el caso enjuiciado.

Para ello ha de partirse relato fáctico de la sentencia de instancia, que permanece inalterado, al no haberse combatido por ninguno de los recurrentes, y que damos por reproducido por constar en los antecedentes de hecho de la presente resolución.

En concreto, en cuanto a las patologías que presenta el actor, se describen en el Hecho Probado Tercero, y son las siguientes:

" SINDROME DE GUILLAIN BARRE EN PACIENTE AFECTO DE SECUELAS DE POLIOMELITIS, CON ALTERACION DE LA MARCHA E INESTABILIDAD. AMIOTROFIA GENERALIZADA.

MARCHA CON COJERA CON UN BASTÓN EN TRAYECTOS DE MENOS DE 500 METROS; CON CAÍDAS FRECUENTES E IMPOSIBILIDAD PARA LEVANTARSE POR SÍ SOLO.

ACTUALMENTE, PRESENTA DIFICULTADES Y NECESITA AYUDA PARA VESTIRSE, BAÑO Y EN LAS ESCALERAS."

Además, en el Fundamento de Derecho Tercero, se señala, con valor de hecho probado:

<<...en el informe de fecha 29.10.2020, en donde se refiere que el actor "Actualmente requiere de un apoyo exteriores (no en interiores) hasta 1h sin parar, con lumbalgia que le limita. No es capaz de subir un tramo de escaleras por dificultades motoras. Hipoestesia ambas manos. Inestabilidad marcada, requiere ayuda en domicilio para acciones complejas como ducha".

Por su parte, y completando este cuadro secuelas, el informe asistencia de Mutua de Terrassa de fecha 31.02.2021 (documento 4), pone de relieve que el trabajador "Actualmente precisa ayuda para el vestido y en las escaleras. Dependiente para el baño.

Marcha con cojera con un bastón en trayectos de menos de 500 metros.

Presenta múltiples caídas (4 caídas en últimos 6 meses).

Imposibilidad para levantarse sin ayuda después de las caídas.

Exploración: Amiotrofia generalizada.>>

Del cuadro patológico y secuelar descrito, contrariamente a lo concluido por el Magistrado de instancia, sí se constata la necesidad, por parte del actor, de ayuda de tercera persona para los actos esenciales de la vida diaria. Pues, teniendo en cuenta sus dificultades para la deambulación, y la inestabilidad marcada, que le producen imposibilidad para subir escaleras, así como múltiples caídas, de las que no puede levantarse por sí solo, y es evidente que necesita ayuda de tercera persona para los desplazamientos fuera del domicilio; por otra parte, también consta probado que el actor precisa ayuda para los actos complejos como ducharse y vestirse. Esta ayuda, tanto fuera como dentro del domicilio, no puede considerarse puntual ni de mera supervisión, sino que el actor presenta una imposibilidad de realizar dichos actos por sí solo. En consecuencia, sí se aprecia, en este caso, la necesidad de ayuda de tercera persona para los actos esenciales de la vida, que se relacionan con la subsistencia, así como aquellos relacionados con la guarda de la seguridad, higiene y decoro fundamentales en la convivencia humana.

Razones que llevan a desestimar el recurso de suplicación formulado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y a estimar el recurso de suplicación formulado por el actor.

QUINTO.- Por todo lo expuesto, y en virtud de los artículos 201.1 y 202.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debe desestimarse el recurso de suplicación formulado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y estimarse el recurso de suplicación formulado por la parte actora. Y, en consecuencia, debe estimarse la pretensión principal de la demanda interpuesta, declarando al actor en situación de incapacidad permanente, en grado de gran invalidez, derivada de enfermedad común, con el derecho a percibir una pensión mensual, consistente en el 100% de la base reguladora de 1.873,05 euros mensuales, más el complemento de gran invalidez de 1.142,55 euros, con fecha de efectos económicos la de extinción de la situación de incapacidad temporal (Hecho Probado Quinto).

SEXTO.- Conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede realizar imposición de costas.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,